Samir Flores, uno de los opositores al proyecto de la termoeléctrica La Huexca, fue asesinado en la comunidad de Amilcingo, en el Municipio de Temoac, Morelos.
De acuerdo con los informes, Flores fue baleado durante la madrugada afuera de su domicilio, y fue trasladado a un hospital, donde falleció.
Desde Monterrey, el Presidente López Obrador condenó el crimen y ofreció una investigación para esclarecerlo.
No descartó que este asesinato podría tener como móvil afectar la consulta ciudadana que se llevará a cabo este fin de semana sobre la operación de la planta.
La primera línea de investigación en que se trata de una ejecución relacionada con delincuencia organizada, informó el fiscal de Morelos, Uriel Carmona.En entrevista con Ciro Gómez Leyva, el funcionario señaló que hasta el momento “no tienen un dato” de que el motivo de su asesinato esté vinculado por su oposición a la termoeléctrica en Huexca.
Refirió que todo apuntaría a obra del crimen organizado por el modus operandi, pues previamente “hubo un mensaje escrito en una cartulina”.
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Se incendia ducto de Pemex en Puebla
Un incendio debido a una toma clandestina se registra en el ducto Tuxpan-Tula, que se ubica en la Colonia Beristaín, en el Municipio de Ahuazotepec, en Puebla,
A las 10:00 horas, autoridades informaron que bomberos realizaron un segundo intento para bajar la temperatura en el ducto con el fin de controlar la conflagración.
El lugar está custodiado por elementos de la Sedena, Marina y Policía Federal...
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Ofrecerá disculpas a Reforma?
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La mañana del miércoles, 20 de febrero de 2019, el Comité Organizador de la Reunión sobre ‘La protección de los menores en la Iglesia’ se reunió con un grupo de representantes de víctimas de abusos por parte de miembros del clero.En la reunión han participando 12 personas, hombres y mujeres, provenientes de diferentes áreas del mundo y pertenecientes a diferentes organizaciones. La reunión duró poco más de dos horas, ha informado el director ad interim de la Oficina de Prensa de la Santa Sede.
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Las columnas políticas, a 20 de febrero de 2019.
Templo Mayor/ Reforma
¿NO QUE el presidente de México todo lo sabe y de todo se entera? Como que no sonó muy creíble eso de que Andrés Manuel López Obrador no conocía los detalles de la reforma a la Ley de Pemex.
ASÍ QUE una de dos: o mintió o en serio no sabía. Si como jefe del Ejecutivo no estaba enterado, malo, pues significaría que no anda concentrado en los asuntos importantes y que, además, su equipo le oculta información. Y si lo que dijo fue una mentira, pues habrá que sumarla a la lista.
COMO SEA, lo central en todo esto es reconocer que el gobierno federal dio marcha atrás en una reforma muy cuestionada y que, además, le habría traído fuertes problemas a Pemex tras la pérdida de confianza de inversionistas y calificadoras.
DICEN QUE esto fue un triunfo para los técnicos del gabinete, como Carlos Urzúa y Alfonso Romo; y una derrota para los rudos, como Rocío Nahle y Octavio Romero Oropeza.
DE PASO, los que quedaron colgados de la brocha fueron Zoé Robledo, que es el enlace del gobierno con el Poder Legislativo; y Mario Delgado, que fue quien empujó la iniciativa y ahora lo obligaron a guardarla en la congeladora.
LOS PANISTAS se van a tener que morder la lengua, pues aprobarán en Guanajuato lo que tanto criticaban a nivel federal: la imposición de un fiscal carnal, al gusto del gobernador Diego Sinhué Rodríguez.
LOS DIPUTADOS del PAN en el Congreso local sacarán adelante el nombramiento, con lo cual Carlos Zamarripa acumularía en ese cargo... ¡19 años! Y el problema no es la experiencia, sino la falta de resultados, pues ha ocupado esa posición en los gobiernos de Juan Manuel Oliva y Miguel Márquez y hoy los guanajuatenses padecen una de las peores crisis de inseguridad.
DE AHÍ que a Zamarripa nadie le cree... excepto su jefe.
ALGO IMPORTANTE se está cocinando en Campeche, pues a la sesión del Consejo Político Estatal del PRI, que se llevará a cabo el próximo lunes, están invitadas varias figuras tricolores, incluidos algunos gobernadores.
RESULTA EXTRAÑA tal convocatoria para un asunto tan pequeño a menos, claro, que ahí se vaya a destapar, ahora sí de manera formal, Alejandro Moreno como candidato a la dirigencia nacional priista.
APENAS EL LUNES estuvo entre los mandatarios tricolores que acudieron a Gobernación y se tomaron la foto con Olga Sánchez Cordero. Habrá que ver si el campechano se anima a dejar la gubernatura para irse a revivir al difunto.
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Detrás de la desbandada amarilla
Confidencial/ElFinanciero
A los diputados que abandonaron el PRD, “sabemos que los compraron con ofrecimientos muy tentadores y los deslumbraron”, dicen los últimos que se quedaron en la bancada amarilla en San Lázaro. Luego de que nueve legisladores del sol azteca se fueron –en los hechos– a Morena, nos comentaron que al excoordinador, Ricardo Gallardo, le ofrecieron la candidatura al gobierno de San Luis Potosí; a Carlos Piña, la de Michoacán; a Emmanuel Reyes y Lilia Villafuerte, repetir como diputados locales en Guanajuato. Lo concreto es que Mario Delgado y su bancada morenista tendrán ahora mayoría calificada.
Las últimas horas
Y hablando de la desbandada de diputados del PRD, más allá de la oferta que les pudo haber hecho Morena, hay otro origen de la fractura en la bancada: la lucha interna en el partido. Por un lado están los pocos de la tribu de ADN que quisieran conservar al sol azteca en sus formas, pese a todo. En el otro bando está Héctor Bautista, Silvano Aureoles y Los Chuchos, quienes se empeñan en que se le cambie nombre, logo y colores al PRD y que surja algo distinto. Se aferran al registro, pero lo cierto es que esto huele a funeral del partido que fundaran AMLO, Cárdenas, Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez.
Frenar a Alito
El que le anda dando cuerda al gobernador de Campeche, Alejandro Moreno, es el exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco. A lo que la nomenclatura del PRI, encabezada por Beltrones, Osorio y Gamboa, ya cerró filas al grito de ¡no pasará! a la dirigencia priista.
Alfaro y Dante miden fuerzas en San Lázaro
En San Lázaro quedó ayer marcada la medición de fuerzas del primer gobernador de MC, el jalisciense Enrique Alfaro, y del dirigente histórico y fundador de este partido, Dante Delgado. De los 28 diputados que son, 16 recibieron la indicación desde Guadalajara de votar a favor de la reforma constitucional que amplía la prisión preventiva oficiosa a más delitos, entre ellos el del huachicol. El resto dejó en claro su voto en contra. Incluso su propio coordinador, el jalisciense Tonatiuh Bravo, reconoció en tribuna el diferendo. Otros revelaron que la indicación de Dante Delgado fue ir en contra. La disciplina partidaria sí conoce fronteras.
Apuesta doble para aprobar la Guardia
En los corrillos del Senado circulan dos escenarios que podrían presentarse en la sesión del jueves: 1) Con el respaldo de la oposición, Morena logra la mayoría calificada para crear la Guardia Nacional con un mando civil y un plazo de cuatro años para que la milicia abandone las calles; y, 2) Morena logra las dos tercer partes de los votos de los presentes en el pleno para aprobar la creación de la Guardia en los términos que la pidió el presidente López Obrador. Todo indica que la balanza se inclina al segundo escenario, para lo cual sería necesario que el líder de Morena en la Cámara alta, Ricardo Monreal, logre endulzar el oído de algunos senadores de oposición, dicen que entre ocho y nueve.
Reaparece César Duarte
El exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, quien tiene 21 órdenes de aprehensión en su contra, reapareció… Al menos en una carta que hizo llegar al TEPJF, a través de su apoderado legal, Ricardo Antonio Sánchez Reyes Retana, para impugnar su expulsión definitiva como militante del PRI. El político chihuahuense promovió un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.
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Tlahuelilpan, Moreno Valle, Martha Erika Alonso… y el silencio/Pablo Hiriart
Uso de Razón
El Financiero,
El lunes de esta semana se cumplió un mes de la explosión en Tlahuelilpan en que murieron 130 personas debido a la negligencia del gobierno.
La indulgencia hacia las nuevas autoridades llega a tal punto que nadie quiere recordar la responsabilidad que tuvieron en la muerte de ciento treinta hombres, mujeres y niños, que hoy deberían estar vivos.
Al mes de la tragedia, no hay una sola explicación del gobierno federal ni del estatal acerca de qué detonó la conflagración.
Peor aún: nadie se los demanda.
Cero detenidos.
Las autoridades tuvieron conocimiento de la fuga casi cinco horas antes de que ocurriera el hecho mortal.
Fueron, vieron y no hicieron nada.
Si ello hubiera ocurrido en el gobierno de Meade o de Anaya, hoy los medios en su mayoría estarían hablando de los muertos de Meade o de Ricardo Anaya.
Como hicieron con Calderón en la muerte de 49 niños en la guardería ABC de Hermosillo.
O como hicieron con Peña Nieto cuando la policía de un gobierno de izquierda, en Iguala, entregó a 43 normalistas a un grupo criminal de Guerrero, asociado a ese gobierno municipal.
Ahora nadie reclama nada. No quieren ver la negligencia oficial que provocó 130 muertes en un solo evento.
O en el más inocente de los casos, no hay reacción ante el silencio y la indiferencia del gobierno hacia ese numeroso grupo de mexicanos calcinados.
Los pobladores de Tlahuelilpan acudieron a llenar bidones y cubetas porque en ese pueblo y en sus alrededores no había gasolina, debido a que supuestamente el gobierno “luchaba contra el huachicol”.
¿Eso fue verdad? ¿O nos quedamos temporalmente sin gasolina porque las importaciones cayeron 50 por ciento como documentó The Wall Street Journal?
Silencio. Y una sociedad adormecida deja hacer y deja pasar.
Las instituciones del Estado no están para dilucidar ese tipo de muertes, sino para espiar y perseguir gente insumisa al gobierno, como el titular de la CRE y su familia.
Este domingo se cumplirán dos meses de la muerte del líder del PAN en el Senado, Rafael Moreno Valle, la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, dos pilotos y un ayudante, sin que haya una explicación del desplome del helicóptero.
La única versión oficial que tenemos se dio a un mes de la tragedia, cuando se informó que fue “un desplome inusual” y el secretario de Comunicaciones y Transportes expuso que “no sabemos qué pasó”.
A dos meses de esas muertes, seguimos sin saber qué ocurrió.
Y no hay quién demande conocer la verdad.
El presidente del Colegio de Pilotos Aviadores, capitán Heriberto Salazar, informó que en el desplome no hubo error humano.
Dijo que tanto el piloto como el copiloto cumplían con sus certificados médicos y adiestramiento, y que el mantenimiento del helicóptero estaba en orden.
¿Entonces?
Esta semana se cumplen dos meses, y nada. Cero información.
Ahí murió el principal dirigente opositor al gobierno de Morena.
Murió la gobernadora a la cual el gobierno hizo todo lo posible porque no llegara al cargo y se repitieran las elecciones.
No pudieron frenarla por la vía legal y provocaron la destitución de la presidenta del Tribunal Electoral de la Federación.
¿De veras no es una prioridad nacional saber qué pasó?
Las investigaciones que debió emprender el gobierno brillan por su ausencia.
Y buena parte de la sociedad guarda un silencio irresponsable.
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¿No es para tanto?/Jorge G. Castañeda
Amarres/ El FinancieroLa embestida del gobierno de López Obrador contra Guillermo García Alcocer, titular de la Comisión Reguladora de Energía, recuerda mucho la del gobierno de Peña Nieto contra Ricardo Anaya. Con dos pequeñas diferencias: Anaya, como candidato presidencial, disponía de un arsenal de defensa mayor al de García Alcocer, pero lo que estaba en juego también era muy superior: la presidencia de la República.
La semejanza de ambos casos es evidente. El Estado escoge a un adversario, por una razón u otra; utiliza todos su recursos para buscar posibles infracciones a la ley (de cualquier índole: fiscal, lavado de dinero, conflicto de interés); enuncia sus acusaciones en público, con la mayor difusión posible; una vez herida la presa, y obtenido el resultado esperado, se archiva/olvida/esfuma el expediente.
Se trata de la utilización del Estado para fines políticos de un gobierno. Van de por medio PGR (antes), SAT, Función Pública, Unidad de Inteligencia Financiera, y desde luego, los medios de comunicación estatales o afines al régimen. Es el más puro estilo priista de años anteriores, reproducido por Peña Nieto y ahora por López Obrador. No debe extrañar que el presidente actual no haya considerado que su predecesor intervino en el proceso electoral al atacar a Anaya. Hoy hace lo mismo con García Alcocer, y mantiene una innegable congruencia: no cree que la utilización del Estado para fines políticos sea indebida, a menos de que sea en contra suya.
La diferencia es que, si con Anaya el gobierno priista supuso, con razón, que nadie salvo sus adeptos lo defenderían, en el caso actual uno podría esperar que poco a poco entraran en juego defensas gremiales, políticas, institucionales y de simple decencia. Por desgracia, no es del todo el caso. A juzgar por las reacciones que ya se han dado (o más bien, no dado) en casos anteriores –por ejemplo, los ataques de Grupo Salinas contra Alejandra Palacios de la Cofece– el espíritu de cuerpo brilla por su ausencia.
He allí el meollo del problema. En los medios, en los entes autónomos, en las universidades, en ciertos círculos profesionales o de antiguos funcionarios, desde luego en las organizaciones no gubernamentales (ONG) o de la sociedad civil (OSC), se ha producido una reacción ambigua, aún tibia o atemorizada, ante los embates de la 4T. La comentocracia en general ha respondido bien a los ataques a terceros, aunque no necesariamente contra la ofensiva de anunciantes y medios contra ella misma. Pero hasta allí.
Los exfuncionarios no han recibido el respaldo de otros exservidores públicos. Los 'autónomos' atacados no han sido objeto de defensa por parte de otros reguladores, consejeros, vicepresidentes o vicegobernadores. Las ONG que ya no van a obtener fondos públicos difícilmente obtienen el apoyo de las que sí, o del gremio como tal. Los medios fifí no son defendidos por los no-fifí o por los consorcios de mayores dimensiones y recursos.
No se trata del síndrome de Brecht o del rey de Dinamarca, pero hay algo preocupante en este tipo de respuestas. Lo más grave es que se convierten en un gran aliciente para que la 4T siga adelante con su ofensiva. Si García Alcocer cae, se irán contra otros. Si los medios ceden al argumento del 53 por ciento o los 30 millones de votos, vendrá después la tesis del 80 por ciento de aprobación. Si la sociedad civil y los 'expertos' no merecen ser tomados en cuenta, pronto seguirán los partidos de oposición, por ejemplo a la luz del resultado de la Guardia Nacional.
Los poderes fácticos no van a actuar por ahora. La nueva sumisión de los empresarios –atestiguada anteayer en el Salón Tesorería– advierte que de allí no nacerá la resistencia. La vieja clase política se encuentra desacreditada y dividida. La Iglesia no peleará ni por lo suyo o los suyos. No queda más que confiar en un funcionariado, una intelectualidad, y un activismo de la sociedad civil que cometieron el error o bien de apoyar a AMLO en julio pasado, o bien de pensar después que no era para tanto. Sí es.
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¿No es para tanto?/Jorge G. Castañeda
Amarres
El Financiero
La embestida del gobierno de López Obrador contra Guillermo García Alcocer, titular de la Comisión Reguladora de Energía, recuerda mucho la del gobierno de Peña Nieto contra Ricardo Anaya. Con dos pequeñas diferencias: Anaya, como candidato presidencial, disponía de un arsenal de defensa mayor al de García Alcocer, pero lo que estaba en juego también era muy superior: la presidencia de la República.
La semejanza de ambos casos es evidente. El Estado escoge a un adversario, por una razón u otra; utiliza todos su recursos para buscar posibles infracciones a la ley (de cualquier índole: fiscal, lavado de dinero, conflicto de interés); enuncia sus acusaciones en público, con la mayor difusión posible; una vez herida la presa, y obtenido el resultado esperado, se archiva/olvida/esfuma el expediente.
Se trata de la utilización del Estado para fines políticos de un gobierno. Van de por medio PGR (antes), SAT, Función Pública, Unidad de Inteligencia Financiera, y desde luego, los medios de comunicación estatales o afines al régimen. Es el más puro estilo priista de años anteriores, reproducido por Peña Nieto y ahora por López Obrador. No debe extrañar que el presidente actual no haya considerado que su predecesor intervino en el proceso electoral al atacar a Anaya. Hoy hace lo mismo con García Alcocer, y mantiene una innegable congruencia: no cree que la utilización del Estado para fines políticos sea indebida, a menos de que sea en contra suya.
La diferencia es que, si con Anaya el gobierno priista supuso, con razón, que nadie salvo sus adeptos lo defenderían, en el caso actual uno podría esperar que poco a poco entraran en juego defensas gremiales, políticas, institucionales y de simple decencia. Por desgracia, no es del todo el caso. A juzgar por las reacciones que ya se han dado (o más bien, no dado) en casos anteriores –por ejemplo, los ataques de Grupo Salinas contra Alejandra Palacios de la Cofece– el espíritu de cuerpo brilla por su ausencia.
He allí el meollo del problema. En los medios, en los entes autónomos, en las universidades, en ciertos círculos profesionales o de antiguos funcionarios, desde luego en las organizaciones no gubernamentales (ONG) o de la sociedad civil (OSC), se ha producido una reacción ambigua, aún tibia o atemorizada, ante los embates de la 4T. La comentocracia en general ha respondido bien a los ataques a terceros, aunque no necesariamente contra la ofensiva de anunciantes y medios contra ella misma. Pero hasta allí.
Los exfuncionarios no han recibido el respaldo de otros exservidores públicos. Los 'autónomos' atacados no han sido objeto de defensa por parte de otros reguladores, consejeros, vicepresidentes o vicegobernadores. Las ONG que ya no van a obtener fondos públicos difícilmente obtienen el apoyo de las que sí, o del gremio como tal. Los medios fifí no son defendidos por los no-fifí o por los consorcios de mayores dimensiones y recursos.
No se trata del síndrome de Brecht o del rey de Dinamarca, pero hay algo preocupante en este tipo de respuestas. Lo más grave es que se convierten en un gran aliciente para que la 4T siga adelante con su ofensiva. Si García Alcocer cae, se irán contra otros. Si los medios ceden al argumento del 53 por ciento o los 30 millones de votos, vendrá después la tesis del 80 por ciento de aprobación. Si la sociedad civil y los 'expertos' no merecen ser tomados en cuenta, pronto seguirán los partidos de oposición, por ejemplo a la luz del resultado de la Guardia Nacional.
Los poderes fácticos no van a actuar por ahora. La nueva sumisión de los empresarios –atestiguada anteayer en el Salón Tesorería– advierte que de allí no nacerá la resistencia. La vieja clase política se encuentra desacreditada y dividida. La Iglesia no peleará ni por lo suyo o los suyos. No queda más que confiar en un funcionariado, una intelectualidad, y un activismo de la sociedad civil que cometieron el error o bien de apoyar a AMLO en julio pasado, o bien de pensar después que no era para tanto. Sí es.
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Cacería de brujas
Reforma, 20 Feb. 2019
"A todo el mundo le gusta una cacería
de brujas siempre y cuando sea
alguien más el que está siendo cazado”. Walter Kirn
Para un Presidente que afirmó que no lanzaría cacerías de brujas, que dijo que "no queremos venganza", sorprende la saña de la persecución contra Guillermo García Alcocer, presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
La acción la inició el propio Andrés Manuel López Obrador, quien no ha ocultado su desprecio por los organismos autónomos, "en la mayoría de los casos subordinados a una manera de pensar, a la política de privatizaciones", los cuales "mantenían relaciones con los particulares que se beneficiaban de contratos, tanto en la Comisión Federal de Electricidad como en Pemex" (18.2.19).
La andanada ha estado a cargo de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, quien afirmó este 18 de febrero que García Alcocer ocultó el otorgamiento por la CRE de un permiso para transporte de gas a la empresa Femarca, con la que él mismo reconoció tener un conflicto de interés. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, presentó, a su vez, información sobre una indagatoria en la que una empresa para la que trabaja Mario Barreiro, cuñado de García Alcocer, realizó transferencias internacionales por 47 millones de pesos y 148 millones de dólares, pese a que presentó declaraciones bajas al Sistema de Administración Tributaria. Además, dijo, Barreiro realizó dos viajes a Guatemala y nueve a El Salvador, lo cual es una "práctica común" para quienes lavan dinero.
García Alcocer ha señalado que en su declaración de posibles conflictos de interés asentó que tiene dos parientes, uno en segundo grado y otro en cuarto, en empresas del sector energético, una regulada y otra no. Afirma que se excusó de participar en la sesión de la CRE en la que se dio una concesión a Femarca. "Está asentado en actas", dijo, y presentó el acta de sesión. Afirmó además que las empresas en las que trabaja "un pariente por afinidad en segundo grado", su cuñado, no están reguladas por la CRE.
La secretaria Sandoval sugirió que sería "bueno" que el presidente de la CRE pidiera licencia a su cargo mientras se llevan a cabo las pesquisas. "Evidentemente la ley como está hoy todavía le permite estar ahí, pero estamos caminando y eso tenemos que dejarlo muy claro", dijo.
En su conferencia de prensa de ayer el presidente López Obrador negó que haya ordenado la investigación para castigar a García Alcocer por sus críticas a las ternas enviadas por el Presidente para la CRE. "Ya existía una investigación sobre conflicto de intereses", dijo. "Ya Inteligencia Financiera tenía toda la información".
El acta de sesión y la información presentada por García Alcocer, sin embargo, sugieren que las acusaciones presentadas públicamente por la secretaria Sandoval son incorrectas. El que el titular de Inteligencia Financiera haya dado a conocer los elementos de una investigación, por otra parte, sería violatorio de la secrecía de las averiguaciones previas y violatorio de las garantías individuales de los investigados.
El actual gobierno conoce y entiende la importancia de la secrecía. La Fiscalía General de la República, que encabeza Alejandro Gertz Manero, ha iniciado averiguaciones sobre una presunta complicidad de funcionarios de Pemex en robo de combustible. Hasta la fecha, sin embargo, no han revelado los nombres con el fin de no violar su presunción de inocencia. Este cuidado no se aplicó en el caso de García Alcocer, a quien al parecer se pretende acosar públicamente.
· DESDE LA BARRERA
No sorprende que mientras los legisladores federales se resisten a una Guardia Nacional bajo mando militar, los gobernadores le manifiestan preponderantemente su apoyo. Es la diferencia entre quienes ven el problema desde la barrera y quienes tienen que torearlo.
@SergioSarmiento
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¡Ya extrañan a Peña Nieto…!/Ricardo Alemán...
El Debate..,
Dicen los estudiosos de la conducta humana que entre lo más difícil de aceptar por los seres humanos —además de la fatalidad de la muerte—, es la equivocación.Es decir, que pocos seres humanos son capaces de reconocer, de manera clara, una equivocación y mucho menos capaces de corregir o mudar de ruta.
Por eso la pregunta: ¿cuántos de los 30 millones de mexicanos que votaron por Obrador han sido capaces de reconocer que se equivocaron?
Si nos atenemos a las encuestas está claro que pocos aceptan como un error y hasta un horror su voto por AMLO. Más aún, los sondeos dicen que hasta 80 por ciento de los consultados aplauden el nuevo gobierno.
Por eso, para evitar el conflicto del arrepentimiento, cambiamos el sentido de la pregunta.
¿Cuántos ciudadanos, a 82 días del nuevo gobierno, extrañan la gestión del presidente Peña Nieto?
La respuesta está a la vista de todos, porque aparece por todos lados; resulta que extrañan a Peña Nieto desde ciudadanos de a pie, pasando por burócratas, empresarios, políticos y hasta uno que otro intelectual que por años apaleó a Peña Nieto. Pero vamos por partes.
1.- Seguramente extrañan a Peña Nieto miles de burócratas federales, de todos los niveles y todas las dependencias, que han sido despedidos por la purga emprendida por el gobierno de Obrador. Qué harán esas familias, muchos de ellos mexicanos con un elevado nivel de calificación profesional.
2.- También extrañarán a Peña Nieto miles de trabajadores de todos los ramos industrial y de servicio —de la iniciativa privada—, que empiezan a perder sus empleos, además de muchos jóvenes que no tendrán el empleo prometido. En el gobierno de Peña se crearon 4 millones de empleos y en 82 días de AMLO se han perdido más de 500 mil puestos de trabajo.
3.- Extrañan a Peña Nieto miles de padres que debieron cambiar su vida, su empleo y hasta su futuro por la cancelación de las estancias infantiles que atendían a millones de niños en una etapa crucial de su desarrollo. ¿Qué harán esas familias y cuál será el futuro de esos niños?
4.- Extrañan a Peña Nieto los millones de usuarios del transporte aéreo, que por años deberán seguir padeciendo el deficiente servicio de una terminal aérea saturada y que no ven cercana la posibilidad de un nuevo aeropuerto, moderno y funcional.
5.- Extrañan a Peña Nieto decenas de miles de trabajadores especializados que tenían su futuro puesto en la construcción del NAIM y que hoy están desempleados y sin un futuro claro.
6.- Extrañan a Peña Nieto sectores fundamentales para la economía, como el de la construcción, que empiezan a ver una vertiginosa desaceleración que, muy pronto, llevará al colapso a industrias como las del cemento, el acero, el aluminio… y al final se vendrá abajo la industria inmobiliaria.
7.- Extrañan a Peña Nieto los millones de trabajadores del sector del turismo, cuya efectos negativos empiezan a ser visibles en la desocupación hotelera y, por consecuencia, la pérdida de miles de empleos. México ya estaba en el lugar seis de turismo mundial y pronto perderá competitividad.
8.- Extrañarán a Peña Nieto los mexicanos que empiezan a sentir la inseguridad y la violencia desbordadas a causa de la claudicación del Estado a una de sus responsabilidades fundamentales: velar por la vida, la seguridad y los bienes de los ciudadanos; claudicación ordenada por AMLO.
9.- Extrañarán a Peña Nieto los estudiosos de la democracia mexicana; políticos y líderes de partidos que con Peña Nieto vivieron el fortalecimiento democrático, el respeto a la división de poder y la vigencia de los contrapesos institucionales. Hoy ven la destrucción de la democracia y el florecimiento de la mediocridad en el gobierno y el partido en el poder.
10.- Y también extrañarán a Peña Nieto todos aquellos que veían para México un futuro de crecimiento y desarrollo y que con Obrador confirman no solo una regresión autoritaria y populista, sino una potencial dictadura, con una Guardia Nacional represora y un Estado sin contrapesos.
Y es que hasta hace pocos meses hablar de una potencial dictadura en el caso de AMLO era “un pecado capital”. Hoy, cada vez son más los mexicanos que advierten sobre el riesgo del presidente-dictador López Obrador.
Y, en efecto, AMLO tiene 80 por ciento de aceptación, la misma que llegó a tener Carlos Salinas.
Pero también es cierto que Salinas dejó el gobierno con 80 por ciento de repudio.
Al tiempo.
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Desentrañando al presidente/Raymundo Riva Palacio
El Financiero..
El debate sobre la militarización, que está en el corazón de la creación de la Guardia Nacional, volvió a crear un cisma político en Morena. Para que pudiera aprobarse ese nuevo cuerpo, los senadores de Morena tuvieron que aceptar el mando civil y un límite para que las Fuerzas Armadas realizaran tareas de seguridad pública, como lo hicieron los diputados de Morena para pasarla semanas antes. Pero como protestó con los diputados, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a inconformarse con sus legisladores, exigiendo implícitamente que corrigieran la iniciativa antes de votarse el jueves. “Con todo respeto a los legisladores, no acepto como titular del Ejecutivo la simulación”, dijo durante su comparecencia matutina en Palacio Nacional.
Para el presidente, de aprobarse una ley en los términos como se está pactando, donde todas las partes ceden algo para darle un marco jurídico a las Fuerzas Armadas -que es lo que llevan años pidiendo-, es como reeditar a la Policía Federal, que según López Obrador, no ha funcionado. Las razones que expuso para esa afirmación no mencionaron aspectos como los resultados de la Policía Federal en su lucha contra los delincuentes, sino la temática que baña su gobierno, la honestidad. Por eso subrayó la corrupción en compras de equipos y en suministro de alimentos, que afirma, le heredaron. Si se viera sólo en ese plano, probablemente no se entendería lo que dijo el presidente, o se podría alegar que está desviando la discusión de fondo. Sin embargo, no es así.
Como describió la semana pasada la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, hay que desentrañar lo que dice López Obrador. Una vez más, es cierto, el presidente confunde personas con instituciones, pero no por ello deja de ser altamente relevante lo que esbozó. Las razones que empleó para fustigar a la Policía Federal se refieren a la época de opacidad que vivió ese cuerpo durante los dos primeros tercios del gobierrno del presidente Enrique Peña Nieto, cuando el comisionado de seguridad era Manuel Mondragón -su asesor en la materia y quien realizó el primer plan que le presentó Alfonso Durazo, actual secretario de Seguridad-, quien dependía del entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Mondragón recibió una capacidad de fuerza de 36 mil 940 policías federales, todos con control de confianza, y rápidamente comenzó su desmantelamiento. Apagó Plataforma México, la mayor base de datos de inteligencia criminal de América Latina, corrió a los expertos en telemática -que manejaban los drones y decodificaban su información-, y desmanteló las operaciones de largo aliento que se llevaban a cabo contra los cárteles -recuperadas por la Marina-. Cuando entregó cuentas el gobierno de Peña Nieto al de López Obrador, le dieron una capacidad de fuerza prácticamente idéntica, con mayores gastos de operación, sin controles de confianza, y con una inteligencia mermada.
El colapso del sistema policial no es atribuible exclusivamente a Mondragón, sino a lo que hizo la Secretaría de Gobernación, durante la gestión de Osorio Chong, que absorbió todo lo que era la Secretaría de Seguridad Pública y escondió el destino de los recursos. La persona que por sus acciones y decisiones, está detrás de las imputaciones de López Obrador, es Frida Martínez Zamora, muy cercana a uno de los hermanos del actual coordinador de la bancada del PRI en el Senado, y que habia sido directora general de Recursos Materiales y Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Hidalgo, cuando Osorio Chong era gobernador. Al iniciar el sexenio peñista, el secretario de Gobernación la nombró jefa de la Unidad de Administración, Finanzas y Desarrollo Humano del Cisen, de donde la trasladó a la Policía Federal, como secretaria general. Desde ese cargo manejo un creciente prespuesto donde hay fuertes sumas de dinero que se desconocen porque fueron manejados dentro del rubro de seguridad nacional, por lo que no tenían que rendir cuentas a nadie.
Bajo su administración en la Policía Federal se canceló el pago de equipos y sensores de vigilancia en el penal de El Altiplano, aprovechado por Joaquín El Chapo Guzmán para fugarse en 2015, se dejaron de proporcionar uniformes a los federales, a quienes también los abandonaron muchas veces al no pagar su hospedaje cuando estaban de comisión, obligándolos a dormir en la intemperie. El problema de los contratos de alimentos se ubica sobre todo en el campo de las cárceles, que el gobierno de López Obrador está arrastrando porque actualmente no han podido pagar la alimentación en los penales.
Las explicaciones de López Obrador del porqué quiere acabar con la Policía Federal y desea una Guardia Nacional manejada y controlada por militares tiene nombre y apellido, aunque el presidente no los haya mencionado. La percepción que tiene de aquellos años cuando la Policía Federal estaba bajo el mando superior de Osorio Chong, es de una gran corrupción. Pero como ya se planteó, el presidente confunde personas con instituciones. No va a cambiar, ni modificará su postura de querer entregar a los militares la seguridad pública del país. Tampoco se sabe aún cómo quedará finalmente la ley que crea la Guardia Nacional.
Pero López Obrador abrió sutilmente una vena de lucha contra la corrupción en la Policía Federal.
Hasta ahora no ha sido claro en este tema en esa área, pese a que en diversas ocasiones ha deslizado la punta de lo que conoce. No puede seguir en el campo de las ambiguedades, acusaciones incompletas, o de las simulaciones, como él mismo dice. Qué sucedió en el campo de la seguridad pública durante el gobierno de Peña Nieto, es un túnel que necesita luz. El presidente haría bien en alumbrarlo.
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