Medio siglo de pensamiento penal: El INACIPE entre la historia y el futuro
Por Fred L. Álvarez Palafox
Este 22 de junio, el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) cumplió cincuenta años. La celebración, acogida entre los muros de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, trascendió el protocolo; para mí, se convirtió en un viaje personal a través del tiempo. Al ver al Dr. Jorge Nader Kuri al frente de la institución, inevitablemente la memoria me transportó a aquel periodo entre 2009 y 2012, cuando compartimos las trincheras en la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal (Setec).
Recordar aquellos años es reencontrarse con una vocación compartida. Fue una etapa formativa de calado profundo, forjada bajo el liderazgo de mis queridos amigos, Moisés Moreno Hernández y Felipe Borrego Estrada. Formar parte de ese equipo no fue solo un ejercicio administrativo; fue un compromiso vital con la construcción de un nuevo paradigma de justicia en México. Ver hoy a Nader liderando el INACIPE y manteniendo vivo aquel espíritu me da la certeza de que la semilla que sembramos en años de incertidumbre sigue germinando en terreno fértil.
El INACIPE ante la adversidad: Una lucha por la memoria
Existen instituciones que, más allá de sus leyes orgánicas o decretos fundacionales, se convierten en la conciencia crítica de una nación. El INACIPE es, sin duda, una de ellas. Sin embargo, su historia reciente ha sido un campo de batalla donde se libró una disputa fundamental: decidir si el Estado debe caminar acompañado por la luz de la ciencia o si prefiere, por comodidad o ceguera, hacerlo a ciegas.
Es preciso recordar: en marzo de 2021, el Instituto se asomó al abismo. Durante la discusión legislativa de la nueva Ley de la Fiscalía General de la República (FGR), una propuesta de último minuto —atribuida al entonces fiscal Alejandro Gertz Manero— amenazaba con desmantelar cuatro décadas de prestigio académico. La intención, apenas velada, era reducir sus funciones al mínimo y forzar su virtual desaparición como centro de pensamiento independiente.
La supervivencia del Instituto no fue obra del azar, sino de la tenacidad. Fue una victoria —parcial, sí, pero contundente— que se gestó gracias a la intervención oportuna de voces como las de los senadores Heriberto Galindo, Beatriz Paredes Rangel, Ricardo Monreal y Miguel Ángel Mancera, junto al respaldo académico inquebrantable de Moisés Moreno. Juntos, lograron que la sensatez detuviera la prisa legislativa, asegurando que el INACIPE conservara su autonomía técnica y su vínculo esencial con la defensa de los derechos humanos.
A pesar de los intentos de erosión y del voto particular del senador Galindo, la ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2021 preservó la esencia del Instituto. El Artículo 17 estableció finalmente que:
"El Instituto Nacional de Ciencias Penales será un órgano con personalidad jurídica y patrimonio propio, que gozará de autonomía técnica y de gestión, dentro del ámbito de la Fiscalía General, que se encargará de impartir educación superior, capacitación técnica y profesional, realizar investigación académica, científica y tecnológica, contribuir en la formulación de políticas públicas en materia de justicia penal y seguridad pública."
Una retrospectiva necesaria
Para comprender la magnitud de lo que estaba en juego, debemos mirar hacia atrás. Creado en 1976 por decreto de Luis Echeverría Álvarez y bajo el impulso visionario de Sergio García Ramírez, el INACIPE nació con una brújula clara: ser el faro de la justicia penal en México.
Su trayectoria ha estado marcada por claroscuros. Tras un primer periodo de excelencia, en 1993, la decisión de Jorge Carpizo disolvió la estructura original para convertirlo en un simple centro de capacitación. No fue sino hasta 1996, bajo la gestión de Antonio Lozano Gracia y la solvencia académica de Moisés Moreno, que el Instituto resurgió, expandiendo su oferta y consolidándose como un referente internacional ineludible.
La incomodidad necesaria
Aunque en 2021 no se logró recuperar el estatus de Centro Público de Investigación Conacyt —que el Instituto ostentaba desde 2012—, el artículo 17 de la nueva ley le otorgó personalidad jurídica y patrimonio propio. No fue el escenario ideal, pero es una trinchera desde la cual el INACIPE sigue cuestionando, educando y, sobre todo, pensando las ciencias penales.
Al reflexionar sobre su devenir, queda claro que el mayor peligro no es una ley que cambia, sino el olvido de las razones por las cuales se fundan estas instituciones. Guardo con gratitud mi etapa como maestro invitado durante la gestión de Rafael Estrada Michel; aprendí de derecho penal gracias a Moisés, a Francisco Galván y a Rodolfo Félix, entre otros colegas, y compartí aulas con alumnos brillantes como Tomás Mundo Arriaza.
El INACIPE no debe ser una oficina más en el engranaje burocrático; su función es ser esa "instancia incómoda" que analiza, que cuestiona y que ayuda al Estado a rectificar el rumbo. México necesita una justicia penal que piense antes de actuar. Defender al INACIPE no es un acto de nostalgia, es un imperativo de responsabilidad, porque la justicia sin ciencia es apenas un simulacro.
Enhorabuena, INACIPE, por estos cincuenta años de resistencia intelectual. Un saludo afectuoso a todos los miembros de la Academia que preside mi amigo Miguel Ontiveros., y que vengas 50 años más…
Salud!
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