El caso Zambada: los primeros días/Raymundo Riva Palacio

 Confieso que, hasta ahora, no me había detenido a desmenuzar con la pausa necesaria la columna de ayer de Raymundo Riva Palacio en El Financiero: Caso Zambada los primeros días..

Es una lectura obligada. Raymundo reconstruye cómo la captura —o más bien, la entrega pactada— de Ismael Zambada y Joaquín Guzmán López, aquel lejano jueves 25 de julio, detonó una profunda crisis y un amargo sentimiento de traición en la administración de López Obrador.

Riva Palacio relata la asfixiante atmósfera de esos primeros días. Contrario a la narrativa que el embajador Ken Salazar vendió en Univisión —quejándose de que el presidente le negaba el teléfono—, la realidad en las entrañas de Palacio Nacional, armada por exfuncionarios con acceso privilegiado, apunta a que fue el estadounidense quien se atrincheró en el silencio.

Si bien Salazar tenía derecho de picaporte, su enlace natural era el fiscal general Alejandro Gertz Manero. Tras la sorpresiva noticia, el fiscal lo buscó con desesperación. Fueron cinco llamadas. Cinco intentos sin respuesta ni mensaje de vuelta. En paralelo, López Obrador bombardeaba a Gertz con preguntas que este, huérfano de información, solo podía capotear con generalidades.

Cuando al fin llegó el primer dato sustantivo, fue un balde de agua fría: no había sido una captura fortuita, sino un pacto cimentado a espaldas de México, directamente con el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional. ¿La ironía? El propio gobierno estadounidense le ocultó la operación a Salazar por miedo a que este alertara a López Obrador.

El texto expone también el frustrado intento de control de daños. López Obrador quiso vender el episodio como un trabajo conjunto "inédito", pero fue frenado en seco por la amenaza de Washington de desmentirlo públicamente. A la par, ante la brutal evidencia de que al menos 35 mandos de seguridad mexicanos presuntamente colaboraban con el Cártel de Sinaloa, Gertz Manero tuvo que negociar con Salazar para mantener el lodo bajo la alfombra y evitar un incendio diplomático.

Pero la difusión de aquella carta del "Mayo" el 10 de agosto, acusando de traición al gobernador Rubén Rocha Moya, voló la tapa de la olla y le hizo comprender al presidente la verdadera magnitud del escándalo. El pánico se instaló en el círculo presidencial por lo que Zambada pudiera revelar en Estados Unidos buscando venganza o beneficios. La salida de López Obrador fue exigir un "informe completo" para intentar desmarcarse y, acto seguido, viajar a Culiacán para blindar políticamente al gobernador.

Para ello, el expresidente obligó a la entonces mandataria electa, Claudia Sheinbaum, a participar en un multitudinario acto de respaldo. A pesar de su evidente molestia en privado, Sheinbaum se vio forzada a ceder ante su nulo margen de maniobra, heredando así las tóxicas secuelas políticas de este episodio.

Interesante y reveladora la columna de Raymundo. 

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El caso Zambada: los primeros días/Raymundo Riva Palacio

Estrictamente Personal

El Financiero, julio 16, 2026 

La captura de Ismael El Mayo Zambada el 25 de julio de hace dos años fue el peor golpe que recibió el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su sexenio. El sentimiento en Palacio Nacional era el de una traición de Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos, porque no les anticipó lo que venía. El enojo en Palacio Nacional fue tan grande como las precauciones que le sugirieron tomar a López Obrador, porque con el paso de los primeros días los oscuros nexos entre su Presidencia y el Cártel de Sinaloa se fueron corroborando. Aquel episodio es un fantasma que sigue acosando al régimen y arrancándole la iniciativa a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Una reconstrucción de aquel momento elaborada por exfuncionarios con acceso privilegiado muestra la frustración con Salazar, que a diferencia de lo que declaró a Ilia Calderón de N+ Univisión, que López Obrador nunca le tomó la llamada para darle explicaciones, fue él quien se escondió de los mexicanos. Aunque el embajador tenía derecho de picaporte en Palacio Nacional, su enlace permanente era el fiscal general Alejandro Gertz Manero, que tras la captura de Zambada y Joaquín Guzmán López, su ahijado e hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, lo llamó insistentemente.

En las cinco ocasiones que lo hizo, Salazar no le respondió el teléfono, ni devolvió las llamadas. López Obrador bombardeaba a Gertz Manero con preguntas sobre lo que había sucedido, que no podía responder salvo con generalidades, por la falta de información. Poco después pudo aportar el primer dato sustantivo: la captura había sido pactada directamente por los dos con el gobierno de Estados Unidos, tras acceder a sus términos y condiciones.

La operación, comentó al presidente, debía de leerse como un fracaso del gobierno mexicano, que había quedado expuesto por una operación, confirmó Gertz Manero en subsecuentes comunicaciones con la Embajada de Estados Unidos, que fue planeada y ejecutada por el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional. Fue hasta ese momento en que les quedó claro que el embajador, como aseguraba, no sabía nada de la operación, ante el temor de que alertara a López Obrador de lo que se preparaba.

Para controlar el daño, López Obrador expresó a su equipo cercano su intención de declarar que la detención de Zambada y Guzmán López había sido resultado de un trabajo conjunto “inédito”, pero lo contuvieron por la advertencia de Washington de que si intentaba colgarse de la operación, el Departamento de Justicia o el de Seguridad Nacional lo desmentirían. Salazar les reiteró entonces que, contra la exigencia de López Obrador de que informaran lo que había pasado, Estados Unidos no tenían ninguna obligación de hacerlo, ni les debía nada, porque al ser una entrega pactada, no constituía ningún involucramiento o uso de recursos de su gobierno, que es la versión oficial hasta la fecha.

Lo único que sabían por Salazar era que su gobierno estaba decidido a asegurar 16 mil millones de dólares de activos de Zambada en empresas mexicanas y estadounidenses, que es una suma que coincide con el pago en reparación que pidió la fiscalía en la Corte del Distrito Sur de Brooklyn esta semana, que esperan conceda el juez cuando dicte la condena al exjefe del Cártel de Sinaloa del próximo lunes.

En esos días, Gertz Manero le dijo al presidente que estaba negociando con Salazar que toda la información que obtuvieran los departamentos de Estado y de Justicia sobre el involucramiento de su gobierno o de altos funcionarios con Zambada y el Cártel de Sinaloa, no se hiciera pública para evitar, como describió en Palacio Nacional, que “se incendiara la casa” y para encontrar una narrativa que evitara una crisis diplomática de dimensiones no previsibles.

Gertz Manero le dio información al presidente sobre el alcance de los nexos de las autoridades mexicanas con el Cártel de Sinaloa. Al menos 35 mandos altos y medios de la Secretaría de Seguridad –en ese entonces encabezada por Rosa Icela Rodríguez, actual secretaria de Gobernación–, y de la propia Fiscalía General de la República, le daban protección a Zambada y colaboraban con el Cártel de Sinaloa para el trasiego de drogas a la frontera con Estados Unidos, le dijo. Pero no fue sino hasta la difusión de una carta de Zambada el 10 de agosto, acusando al gobernador Rubén Rocha Moya de traición y aportando detalles de la operación, que inicialmente pensó que no le darían crédito por tratarse de un narcotraficante, que comprendió la dimensión de lo que había sucedido.

López Obrador cayó en cuenta de que iba a quedar sembrado en la cabeza de los mexicanos y los estadounidenses que El Mayo Zambada contaba con la protección de su gobierno. Ese golpe de realidad lo llevó a otra reflexión en su círculo cercano, según los exfuncionarios: su preocupación por el tipo de información que pudiera proporcionar Zambada al gobierno estadounidense para lograr una reducción de su pena, impunidad para su familia o, incluso, como venganza si sentía que su gobierno lo había traicionado o no le había dado el apoyo suficiente. Esto coincide con lo que escribió Salazar en su libro de memorias de próxima aparición, citando a un empresario que le confió la misma inquietud del expresidente.

A partir de ahí surgieron declaraciones repetidas de López Obrador de que él no estaba enterado de la operación para capturar al jefe del Cártel de Sinaloa, en un deslinde sobre lo que había sucedido en el rancho en Culiacán de donde lo extrajeron. El expresidente subió el tono de sus demandas de explicación, y pidió a Estados Unidos un “informe completo” sobre la captura.

Varias veces utilizó la mañanera para ventilar que su gobierno no había sido informado de que detendrían a Zambada y a Guzmán López, dejando claro, para sus audiencias mexicanas, que ellos también habían sido engañados.

Para entonces, López Obrador ya había tendido un velo de protección para Rocha Moya, y viajó a Culiacán para hacerse cargo personalmente del manejo de la crisis, obligando a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, a acompañarlo junto con la alta jerarquía de Morena para un acto multitudinario donde el gobernador leyó un discurso escrito por el equipo del vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas. Sheinbaum expresó en privado que estaba molesta por el espaldarazo a Rocha Moya, pero admitió que su espacio de maniobra era muy reducido para enfrentar las peticiones directas de López Obrador. Igual que hoy.