El dardo de Alcalde: del caso Ruffo al Tribunal de Disciplina

El dardo de Alcalde: del caso Ruffo al Tribunal de Disciplina

Por Fred Alvarez Palafox

Durante el reciente ejercicio de derecho de réplica en Palacio Nacional —el miércoles 22 de julio—, la pregunta del reportero Gaspar Vela, de Milenio, tocó el nervio político de la semana: ¿es el cerco contra el exgobernador bajacaliforniano una persecución política? La respuesta de la consejera jurídica, Luisa María Alcalde, fue mucho más allá del simple desmentido; se convirtió en una clase de esgrima discursiva que aprovechó un solo expediente para asestar un golpe a múltiples destinatarios.

Por un lado, Alcalde desarticuló la narrativa opositora de la "cortina de humo" exponiendo la magnitud del presunto delito contra Ruffo.. Sin embargo, el punto más crítico del intercambio no fue el combustible, sino la Reforma Judicial.

De manera muy hábil, la Consejería Jurídica utilizó el caso del exgobernador como un caballo de Troya para legitimar el nuevo orden de los tribunales. Al relatar cómo un juez de amparo frenó indebidamente una orden de aprehensión por un delito que, por ley, exige prisión preventiva oficiosa, Alcalde construyó al villano perfecto para justificar el cambio de régimen judicial.

No se quedó en la anécdota. El verdadero mensaje político llegó con la advertencia directa de que el recién creado Tribunal de Disciplina tiene facultades para actuar contra este tipo de juzgadores..

El intercambio en el atril lo dejó claro:

—¿Se emprenderá alguna acción legal en contra de este juez que otorgó esta suspensión, aun cuando era un delito grave? —lanzó Vela.

La respuesta de la consejera fue letal:

—Pues mira, eso es tarea del Tribunal de Disciplina. (…) Claro que, ante quejas, o incluso de oficio, pueden evaluar cuál fue la actuación del juez. Y en este caso, como en otros, porque no es el único (…) claro que se trata de responsabilidades graves en donde debería actuar el Tribunal. Si hay o no actualmente una investigación en específico, no lo sé. Yo creo que sería importante que el Tribunal de Disciplina informara.

lE mensaje que se envía desde el poder es nítido, un arma de doble filo. Por una vía, el gobierno intenta vender la imagen de una cruzada implacable contra las redes de contrabando operadas por viejos nombres de la política; un espejismo, claro está, pues la barredora justiciera extrañamente nunca voltea hacia los de casa ni toca a los de su partido. Por la otra, la advertencia es fría: la nueva maquinaria punitiva está aceitada y lista para estrenarse contra cualquier juzgador que intente interponerse en su camino.

¡Vaya forma de darle la vuelta al tablero!

En esta nueva narrativa, el juez de amparo que otorga la suspensión es el blanco a sancionar, mientras que el juez que giró la orden de aprehensión original es quien "hizo bien su trabajo". Alcalde no solo defendió a la Fiscalía; le recordó a los juzgadores de todo el país que las reglas del juego ya cambiaron, y que el nuevo árbitro tiene dientes.

¿Y qué hay de la presunción de inocencia? Ese principio jurídico, al parecer, se ha transformado en un privilegio exclusivo para los de casa, un manto protector a la medida para nombres como el de Rubén Rocha Moya.

De este capítulo, lo único que queda por agradecerle a Luis es su prudencia al omitir el nombre del juez, un dato que la Consejera no habría tenido reparo en revelar, es público.

Sin embargo, la historia inmediata exige memoria. Hay que registrar que el juzgador que tuvo el criterio de negar originalmente la orden contra Ruffo y sus coimplicados fue Mario Elizondo Martínez, desde su juzgado en el Estado de México. La balanza judicial solo se inclinó después, cuando la jueza de guardia, Alejandra Ramírez de la Vega, tomó el relevo tras el primer rechazo y decidió conceder la aprehensión y la dura medida de prisión preventiva oficiosa.

Para la historia inmediata.