REVISTA R
Narco: el salto explosivo
Reforma, 13 septiembre 2026
Benito Jiménez, reportero.
El automóvil permaneció abandonado frente a la comandancia de la Policía Municipal de Ojocaliente, Zacatecas, hasta que una agente se aproximó para revisarlo.
Entonces fue detonado a distancia.
Prácticamente en la antesala de la presentación del Segundo Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la explosión sacudió el centro del municipio alrededor de las 19:50 horas del domingo 30 de agosto. Dejó 11 personas lesionadas -entre ellas dos policías- y confirmó que las organizaciones criminales encontraron en los explosivos una nueva forma de atacar, controlar territorios y desafiar a las autoridades.
Las primeras diligencias de la Fiscalía de Zacatecas estimaron que fueron utilizados aproximadamente 200 kilos de material explosivo. La detonación provocó daños severos en 10 viviendas, afectaciones menores en otros 53 inmuebles y en 15 vehículos.
Posteriormente, el Gabinete de Seguridad reportó tres detenidos relacionados con el atentado y trabajos para ubicar a otros integrantes de la célula criminal involucrada.
El atentado fue atribuido por el Gobierno estatal al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), como represalia por la captura de uno de sus integrantes en los límites con Aguascalientes.
El vehículo utilizado había sido robado en Jalisco y, según las primeras investigaciones, fue estacionado frente a la corporación y activado cuando los policías se acercaron.
´Especialistas militares comenzaron a analizar los restos para establecer qué tipo de explosivo fue colocado en la unidad.
Ojocaliente es el episodio más visible, pero no el único.
En cinco días, Zacatecas registró tres ataques con explosivos contra corporaciones de seguridad, uno con dinamita dirigido a patrullas estatales en el Municipio de Tabasco; otro mediante una motocicleta preparada para estallar en Villa García, y el coche bomba frente a la comandancia de Ojocaliente.
Los tres municipios se encuentran al sur del estado y forman un corredor hacia Aguascalientes, disputado por células vinculadas con el CJNG y grupos cercanos a la facción del Cártel de Sinaloa encabezada por Ismael Zambada Sicairos, "El Mayito Flaco".
La escalada llevó al Gobernador David Monreal a reconocer que el crimen modificó sus formas de operación.
En 2024, Zacatecas registró un ataque de este tipo; en 2025 fueron seis y durante los primeros ocho meses de 2026 sumaron 10, de acuerdo con el Secretario de Seguridad estatal, Arturo Medina.
La detonación de Ojocaliente mostró apenas una parte de una transformación criminal mucho más amplia.
Registros de la Secretaría de la Defensa Nacional obtenidos vía Transparencia revelaron que militares aseguraron 21 mil 75 artefactos explosivos improvisados entre febrero de 2020 y agosto de 2026.
La dimensión del fenómeno cambió radicalmente durante los últimos dos años.
De ese arsenal, 15 mil 452 explosivos fueron localizados entre enero de 2025 y agosto de 2026: 73 por ciento de todo lo registrado por Defensa durante más de seis años.
En 2020, los militares reportaron dos artefactos y en 2021 solamente uno. La cifra aumentó a mil 375 en 2022, mil 610 en 2023 y 2 mil 635 en 2024.
Pero en 2025 se disparó a 9 mil 804, un incremento de 272 por ciento en un solo año.
Hasta agosto de 2026 habían sido asegurados otros 5 mil 648.
Los datos no representan únicamente bombas detonadas ni ataques consumados, incluyen artefactos encontrados en vehículos, casas de seguridad, campamentos, laboratorios, caminos, cuevas y zonas serranas, así como minas neutralizadas antes de estallar y cargas preparadas para ser transportadas por drones.
Pero muestran que el explosivo dejó de ser una pieza excepcional dentro de los arsenales del narcotráfico.
Pasó a formar parte de sus pertrechos habituales.
Explica Sinaloa el salto
La guerra entre Los Chapitos y La Mayiza, iniciada en septiembre de 2024, explica buena parte de la explosión estadística registrada por la Defensa.
Sinaloa pasó de 107 artefactos asegurados durante 2024 a 5 mil 298 en 2025.
El incremento nacional entre ambos años fue de 7 mil 169 explosivos. De esa diferencia, 5 mil 191 correspondieron únicamente a Sinaloa.
Es decir, la entidad aportó el 72 por ciento de todo el crecimiento registrado en el País durante 2025.
Ese año, más de la mitad de los 9 mil 804 explosivos asegurados a nivel nacional fueron encontrados en territorio sinaloense.
El mes más crítico fue abril de 2025. El Ejército registró 3 mil 992 artefactos en todo México durante ese mes; 3 mil 211 aparecieron en Sinaloa y 2 mil 889 fueron asentados solamente en Mazatlán.
Así, ocho de cada 10 explosivos contabilizados en el País durante abril de 2025 correspondieron a Sinaloa.
El registro no precisa si la cifra de Mazatlán fue resultado de un solo arsenal o de distintos aseguramientos acumulados, pero exhibe el volumen de material que comenzó a aparecer en la región sur del estado conforme avanzó la confrontación criminal.
Durante todo 2025, Mazatlán acumuló 3 mil 199 artefactos; Culiacán, 866; el municipio de Sinaloa, 282; Badiraguato, 236; Elota, 136; Escuinapa, 129; Rosario, 115, y Concordia, 103.
Para 2026, la geografía cambió.
Aunque Mazatlán permaneció como una de las zonas de mayor actividad, los aseguramientos se desplazaron hacia los corredores serranos utilizados por las facciones criminales.
Entre enero y agosto, Badiraguato encabezó el registro con mil 229 artefactos; Rosario acumuló 795; Mazatlán, 442; Culiacán, 341; San Ignacio, 210; Concordia, 151; Escuinapa, 135, y Elota, 90.
La ruta dibujada por los datos atraviesa la sierra de Badiraguato, desciende hacia Culiacán y se extiende por la franja sur formada por Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa, con ramificaciones hacia Durango y Nayarit.
Justamente otro estado que destaca en este rubro es Nayarit. Reportó mil 73 artefactos explosivos asegurados entre septiembre de 2025 y junio de 2026, una cantidad equivalente a 52 por ciento de los 2 mil 64 decomisados a nivel nacional durante ese periodo.
La entidad forma parte de un corredor criminal que conecta las zonas serranas de Sinaloa, Durango y Jalisco.
Minan Michoacán
Antes de la explosión sinaloense, Michoacán era el principal laboratorio del crimen para el uso de drones y minas artesanales.
La Defensa contabilizó 4 mil 587 artefactos asegurados en esa entidad entre 2020 y agosto de 2026.
Apatzingán concentró mil 537; Buenavista, 934; Zitácuaro, 254; Cotija, 251; Chinicuila, 208; Aguililla, 180; La Huacana, 161, y Tepalcatepec, 138.
La distribución sigue las zonas de confrontación entre el CJNG y organizaciones integradas o vinculadas con Cárteles Unidos, principalmente Los Viagras, el Cártel de Tepalcatepec y el Cártel de Los Reyes.
Los artefactos fueron utilizados para proteger campamentos, bloquear brechas rurales, atacar vehículos blindados y lanzar cargas desde drones contra poblaciones, rivales y corporaciones de seguridad.
En enero de 2025, un helicóptero militar que sobrevolaba Apatzingán fue atacado con disparos y un dron cargado con explosivos.
En abril de ese año, elementos federales localizaron 68 artefactos dentro de un vehículo en ese municipio. Un mes después, en Cotija, fueron asegurados otros 51 pertenecientes a una célula criminal.
La amenaza alcanzó su punto más grave el 27 de mayo de 2025, cuando seis elementos del Ejército murieron tras la explosión de una mina artesanal en Los Reyes.
Michoacán registró 918 explosivos asegurados en 2024 y 2 mil 12 durante 2025. Aunque la cifra descendió a 475 en los primeros ocho meses de 2026, siguió ocupando el segundo lugar nacional.
Sinaloa y Michoacán acumularon juntos 13 mil 422 artefactos, casi 64 por ciento de todos los asegurados por el Ejército.
Del tajo minero al campo criminal
El arsenal hallado por las autoridades incluye granadas modificadas, minas improvisadas, cilindros metálicos cargados con metralla, pólvora, mecha, cordón detonante, fulminantes, estopines eléctricos y de retardo, iniciadores, baterías, receptores y sistemas de activación remota.
También fueron encontrados hidrogeles explosivos como Tovex y Detagel, presentados en cargas cilíndricas conocidas como "salchichas".
Se trata de productos concebidos originalmente para minería, construcción y voladuras industriales, con capacidad para fracturar roca y desplazar grandes cantidades de material mediante la liberación súbita de energía.
Su presencia en campamentos criminales planteó dos problemas: el posible desvío desde actividades legales y la capacidad de los grupos para adaptar materiales comerciales a artefactos de uso ofensivo.
Es decir, las organizaciones no necesitan fabricar todos los componentes desde cero.
Pueden utilizar cargas industriales, añadir iniciadores, metralla o mecanismos de activación y colocarlas dentro de recipientes metálicos, vehículos o estructuras diseñadas para ser transportadas por drones, según las pesquisas.
En marzo pasado, fuerzas federales y estatales localizaron en un campamento de Villanueva, Zacatecas, dos artefactos improvisados, 44 kilogramos de pólvora, cuatro detonadores, cinco metros de cordón detonante, 200 metros de cable y una batería de automóvil.
En enero, también en Villanueva, fueron aseguradas 26 granadas después de que civiles armados atacaron a elementos de seguridad desde una zona donde mantenían 12 puestos de observación camuflados.
Villanueva acumuló 328 artefactos desde 2020, la mayor cifra de Zacatecas.
El estado sumó 742 y se colocó detrás de Sinaloa, Michoacán, Nayarit, Sonora y Chihuahua.
Sin embargo, el caso zacatecano mostró una diferencia entre acumulación y utilización.
Mientras en Sinaloa fueron descubiertos arsenales de cientos o miles de piezas, en Zacatecas grupos criminales emplearon cantidades menores en ataques dirigidos contra policías, instalaciones y vehículos.
El coche bomba de Ojocaliente no figuró en la base entregada por Defensa porque ocurrió al cierre de agosto, cuando la relación estadística ya había sido elaborada.
Complementa al fusil
El crecimiento explosivo ocurrió sobre un arsenal convencional de decenas de miles de armas.
En una base independiente de la Defensa, entregada por transparencia, refiere que los soldados aseguraron 80 mil 363 armas de fuego entre enero de 2016 y agosto de 2026. Más de la mitad fueron fusiles.iiiiiiiiiiiiiii
Los militares decomisaron 42 mil 919 fusiles, 24 mil 744 pistolas, 3 mil 288 escopetas, 2 mil 690 revólveres, 2 mil 479 rifles y mil 904 carabinas.
La relación incluyó además 818 ametralladoras, 142 lanzagranadas, 55 lanzacohetes, así como obuseros, cañones y un mortero.
También en ese rubro 2025 marcó un máximo.
Defensa aseguró 14 mil 150 armas durante ese año, 44.6 por ciento más que las 9 mil 787 decomisadas en 2024.
Hasta agosto de 2026 fueron encontradas otras 8 mil 193.
En 20 meses, las fuerzas federales aseguraron 22 mil 343 armas de fuego, incluidas 11 mil 295 fusiles y 327 ametralladoras.
El explosivo no desplazó al fusil. Lo complementó.
A las armas largas, ametralladoras, lanzagranadas, convoyes y vehículos con blindaje artesanal, el crimen agregó minas para contener tropas, drones para atacar desde el aire y cargas capaces de convertir automóviles en bombas.
El cambio también amplió el riesgo para civiles.
Una mina puede permanecer activa después de que los delincuentes abandonaron un campamento; un artefacto lanzado desde un dron puede caer fuera de su objetivo, y un coche bomba colocado frente a una instalación policial extiende la onda expansiva hacia viviendas, negocios y transeúntes.
Eso ocurrió en Ojocaliente.
La carga iba dirigida a una corporación de seguridad, pero alcanzó a habitantes, casas y automóviles situados alrededor de la comandancia.
La escena dejó claro que el poder de fuego criminal ya no puede medirse solamente por el número de fusiles o vehículos blindados.
Entre 2020 y 2021, Defensa registró tres artefactos explosivos improvisados en todo el País. En 2025 fueron 9 mil 804. En los primeros ocho meses de 2026, otros 5 mil 648.
Esto significa que casi tres de cada cuatro explosivos asegurados desde 2020 fueron encontrados durante los últimos 20 meses.
Una alerta "explosiva" para las autoridades.
Equipo especializado
Ante la presencia de artefactos explosivos en operaciones contra el crimen organizado, la Defensa comenzó a desarrollar herramientas especializadas para su reconocimiento y neutralización.
El Segundo Informe indicó que en enero de 2026 inició el proyecto "Binomio de reconocimiento y neutralización de artefactos explosivos improvisados".
Al 30 de junio, el desarrollo presentaba un avance de 68 por ciento.
La dependencia puso en marcha también un simulador para la operación de drones y sistemas antidrones destinados a proteger a las tropas, cuyo avance era de 25 por ciento.
Ambas herramientas forman parte de cinco proyectos de investigación científica y tecnológica emprendidos por las Fuerzas Armadas para reducir la dependencia de tecnología extranjera en áreas estratégicas.
La Marina, en tanto, inició el ensamblaje de dos vehículos tácticos blindados tipo "Escualo", en versión de combate, diseñados para resistir ataques con artefactos explosivos improvisados y drones.
Las Fuerzas Armadas reforzaron así sus capacidades de detección, neutralización y protección frente al empleo de explosivos por parte de organizaciones criminales.
Advierten evolución hacia 'narcoterrorismo'
Crédito: Archivo
La detonación de un coche bomba con unos 200 kilos de material explosivo frente a la comandancia de Ojocaliente, Zacatecas, exhibió la evolución de organizaciones criminales que, pese a la reducción oficial de homicidios, mantienen capacidad para elevar su poder de fuego y desafiar al Estado, advierten especialistas.
David Saucedo, consultor en seguridad, considera que el atentado formó parte de una tendencia de "narcoterrorismo" que el Gobierno federal omitió reconocer en su Segundo Informe.
Mientras que Eduardo Vázquez Rossainz, especialista en seguridad nacional, alerta que México puede registrar menos asesinatos y al mismo tiempo enfrentar organizaciones con mayores capacidades tecnológicas, logísticas y armadas.
Para Saucedo, episodios como el de Ojocaliente, Zacatecas, deben analizarse bajo el concepto de narcoterrorismo, que diferenció del terrorismo tradicional.
"En primer término, hay un incremento innegable del narcoterrorismo en México. Me refiero a ataques de los cárteles a la población civil", sostiene.
El especialista explica que mientras el terrorismo tradicional persigue objetivos políticos, ideológicos o religiosos, el narcoterrorismo busca objetivos económico-criminales, pero comparte métodos destinados a generar temor entre la población.
Saucedo ubica dentro de esa evolución criminal el empleo de coches bomba, artefactos explosivos improvisados y minas antipersona, cuyo uso se ha extendido en distintas regiones del País.
"Ya hay métricas () de cuántas bombas, en qué ubicaciones geográficas, por qué saldos, coches bomba, minas antipersona. Es decir, son actos de narcoterrorismo", afirma.
El especialista compara esa tendencia con fenómenos registrados décadas atrás en países como Perú y Colombia, aunque el concepto y su aplicación al caso mexicano continúan siendo materia de discusión jurídica y política.
Endurece Estado respuesta
Para Vázquez Rossainz, el fenómeno de aumento en el uso de explosivos ocurre paralelamente a un cambio en la política federal de seguridad.
Considera que la Administración de Sheinbaum mantuvo la atención a las causas como componente preventivo, pero abandonó en los hechos la idea de que la política social podía sustituir la acción coercitiva del Estado.
Como muestra citó las 63 mil detenciones, entre ellas 207 objetivos prioritarios; 32 mil 824 armas aseguradas; 519 toneladas de drogas decomisadas y 2 mil 725 laboratorios y áreas de concentración destruidos, cifras incluidas en el balance gubernamental.
"El Segundo Informe confirma que 'abrazos, no balazos' terminó, porque el Estado volvió a ejercer sus capacidades operativas", señala.
La Presidenta reportó además una reducción de 51 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y julio de 2026, equivalente a 44 asesinatos menos cada día.
Sin embargo, Vázquez Rossainz plantea que los resultados no debían medirse exclusivamente mediante homicidios, detenciones y decomisos.
"El atentado, junto con otros ataques recientes mediante explosivos y drones, constituye un recordatorio de que el crimen organizado continúa siendo una variable crítica de riesgo para la gobernabilidad y la seguridad nacional con capacidades e intención de enfrentarse con el Estado", indica.
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