5 ago 2008

Gobierno colombiano condena filtración a RCN


Reacciones de la Casa de Nariño a la filtración a la cadena RCN
Así fue la operación Jaque
Vídeo
(www.rcn.com.co)
Deja mal parado al Presidente Uribe. Queda como mentiroso, con respecto al uso de los símbolos de la Cruz Roja.
Comunicado de prensa de tan sólo cuatro líneas, leído por el secretario de Prensa del Gobierno colombiano, César Mauricio Velásquez (en la foto), desde el Aeropuerto de Catam.
El Presidente reitera la necesidad de permitir que todos los medios de comunicación tengan igual y oportuno acceso a las noticias más importantes.
Es grave que integrantes de las Fuerzas Armadas filtren noticias de manera clandestina y sin coordinación con sus superiores.
Además, es grave que en las primeras investigaciones sobre la Operación no haya salido a relucir toda la verdad.
Bogotá, 5 de agosto de 2008
Juan Manuel Santos, ministro de Defensa se mostró hoy indignado con los responsables que entregaron el material al canal RCN, ya que han puesto "en peligro" a sus compañeros.
El Ejército ya tiene indicios de las personas que cometieron la infracción; dijo que serán sancionadas "drásticamente".
Nota de la agencia AP., publicada en El Nuevo Herald on line, 5 de agosto de 2008;
La comunicación oficial salió al paso de nuevas imágenes del operativo de rescate, divulgadas el lunes (4 de agosto) por la noche por el noticiero del canal colombiano RCN, que sólo indicó que las obtuvo de forma exclusiva, pero sin ofrecer otros detalles.
En las escenas difundidas por la televisora se puede observar como uno de los miembros del comando militar de rescate, que pretendía ser parte de una misión humanitaria, vestía un peto del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) frente a todos sus compañeros de misión y antes de abordar el helicóptero en el que emprenderían, desde un paraje selvático, el viaje a recoger a los rehenes a otra zona del sur del país.
Ya el 16 de julio pasado, en un discurso en una sede militar en Bogotá, el presidente Alvaro Uribe había admitido el uso del distintivo del CICR por parte de un miembro de la misión, se disculpó por ello, asumió la responsabilidad de la utilización indebida, pero asegurando que fue un uso contrario a instrucciones dadas por los mandos castrenses y producto del temor del militar dentro del helicóptero, al notar que aterrizaban en un paraje selvático rodeado de rebeldes con fusiles, mientras el comando estaba desarmado.
Uribe dijo que el uso de ese distintivo fue descubierto y confesado por el militar al abrirse una investigación castrense para aclarar versiones que habían surgido días antes en la prensa sobre la utilización de los signos del organismo humanitario.
En las imágenes divulgadas por la televisora, sin embargo, pareció quedar claro que el militar ya llevaba el peto del CICR desde el comienzo del operativo. Dos días después del rescate, el Ministerio de Defensa divulgó algunas imágenes editadas de la operación, mostrando un paraje rodeado de insurgentes y más tarde la alegría de los secuestrados al descubrir que estaban libres, pero en ninguna de ellas se observa el logo del CICR.
Ni los mandos militares ni el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos -quien ha sido cuestionado en el pasado por supuestamente ofrecer notas exclusivas a medios de prensa propiedad o en los que laboran parientes- se pronunciaron de inmediato sobre el caso. Santos tenía previsto en la jornada viajar a una base al sur del país para informar sobre la acción militar antiguerrilla y contra narcóticos en los últimos meses.
Comunicado de la Cruz Roja:

Brasil y las FARC

El reportaje de Revista Cambio empieza a agotar la vida política de Brasil al revelar que hasta cinco ministros eran mencionados en correos del difunto guerrillero Raúl Reyes.
El diputado Raul Jungmann del Partido Popular Soocialista( PPS)
pidió al Congreso que indague al respecto. Pidió a la mesa directora de la Cámara de Diputados que además se investigue la situación jurídica en que se encuentra en el país el ex cura Antonio Cadena Collazos, conocido como "Oliverio Medina" o "Cura Camilo", y considerado hace años como "embajador" de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en Brasil.
Cadena Collazos estuvo detenido en Brasil durante dos años, hasta que a mediados de 2006 obtuvo el estatus de refugiado, a cambio de su desvinculación del grupo guerrillero.
Según los correos electrónicos descubiertos en la computadora de "Reyes", algunas autoridades del Gobierno brasileño tuvieron contactos políticos con Cadena Collazos e incluso intercedieron ante la justicia para mejorar sus condiciones de reclusión en Brasil.
Gilberto Carvalho, jefe de gabinete del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, admitió que hizo gestiones en favor del ex sacerdote, pero aclaró que fueron de carácter humanitario. "Se deben garantizar condiciones adecuadas a los presos políticos y fui buscado para interceder ante la situación infrahumana en que estaba preso", declaró Carvalho la semana pasada.
Jungmann, pidió que sea citado el ministro de Justicia, Tarso Genro, para aclarar la situación jurídica de Cadena Collazos, quien no pudo ser extraditado a Colombia porque tiene una hija nacida en Brasil y la Constitución nacional lo ampara.
"En principio, creemos que las declaraciones de las autoridades brasileñas negando vínculos con las FARC son dadas de buena fe, pero tenemos a un ciudadano de otro país viviendo en Brasil y, al parecer, en contacto con grupos guerrilleros", declaró Jungmann.
El subjefe de la bancada del PT en la Cámara de Diputados, Luiz Couto, calificó la iniciativa de Jungmann como "pirotecnia" y dijo que sólo apunta a usar en el juego político interno una información "vacía y sin ningún contenido".
En opinión de Couto, la oposición brasileña pretende "ensuciar a personas que tienen una vida dedicada a la defensa de la democracia", que han condenado en diversas ocasiones "el terrorismo" y que ya han negado sus alegados vínculos con las FARC.
Fuente agencia EFE:

¿Pena de muerte a secuestradores?

La criminalidad y su contexto/ Editorial
Publicado en La Jornada, 5 de agosto de 2008;
El secuestro y asesinato de Fernando Martí Haik, hijo del empresario Alejandro Martí, cuyo cadáver fue encontrado el viernes pasado en un automóvil abandonado al sur de esta capital, es un hecho lamentable e inadmisible que ha detonado la indignación y la consternación ciudadanas, frente al claro ascenso de los índices de criminalidad en todo el país, como muestran el mayor número de secuestros en el Distrito Federal, así como las ejecuciones y levantones de policías en entidades como Guerrero, Nuevo León, Michoacán y San Luis Potosí.
Aunado al grado de barbarie que crecientemente exhiben las organizaciones delictivas, por añadidura resulta alarmante que esta situación se inserte en una profunda descomposición institucional. Al respecto, las declaraciones del titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, en el sentido de que la banda que secuestró al adolescente de 14 años estaba compuesta, al menos en parte, por policías, así como los resultados de las pesquisas en torno al asesinato de la familia Campos Cárdenas –ocurrido la semana pasada en Guadalajara y cuyo presunto autor intelectual es un agente de la fiscalía antisecuestros en Jalisco– configuran el esbozo de una realidad nacional que genera motivos justificados de alarma, temor y zozobra en una sociedad atrapada entre dos fuegos: el de las organizaciones criminales y el de las corporaciones policiacas que, se supone, deberían protegerla. En ese sentido, las distintas vertientes de la delincuencia, desde las que implican algún grado de violencia física hasta los llamados “delitos de cuello blanco”, comparten el impulso de la añeja mancuerna entre la corrupción que campea en todos los niveles de la administración pública y la impunidad de que suelen disfrutar los funcionarios que atropellan a la población.
Asimismo, en la actualidad, las crecientes manifestaciones de criminalidad y violencia ocurren con el telón de fondo de una profunda descomposición del tejido social, alimentada por factores sociales y económicos, como la miseria, la desigualdad, la falta de empleo y de educación, la ausencia de oportunidades de desarrollo y los ínfimos niveles de vida de grandes sectores de la población. Este panorama plantea un terreno propicio para el hampa y acaba por involucrar a las sociedades en dinámicas que destruyen la convivencia ciudadana, la normalidad de la vida pública y la confianza en las instituciones.
Por lo demás, la indignante muerte de Fernando Martí ha acabado por reabrir la discusión sobre la aplicación de castigos más severos para los delincuentes, en particular, sobre la pena capital. Al respecto, el coordinador de los diputados del PRI, Emilio Gamboa Patrón, se ha pronunciado –“a título personal”– en favor de la condena a muerte para los secuestradores. Existen sobradas consideraciones jurídicas, humanitarias y filosóficas contra esta pena, pero acaso convenga hacer hincapié en su falta de efectividad. Las llamadas políticas de mano dura no han demostrado en forma cabal su carácter disuasivo, lo cual no es de extrañar si se toma en cuenta que para evitar que se cometan delitos no es tan importante la severidad de la sanción como la certeza de que no habrá impunidad; esto, por desgracia, es lo que ha faltado en el país.
Adicionalmente, la aplicación de la pena de muerte implicaría para México un doble retroceso: para su propia historia y respecto de las tendencias de su abolición en muchos países. Debe tenerse cuidado, pues, con declaraciones de este tipo, que parecen obedecer, más que a una legítima preocupación por la seguridad de los mexicanos, a un oportunismo político ante una sociedad que se siente agraviada –con justa razón– por hechos tan lamentables como dolorosos.
Editorial de EL UNIVERSAL
La muerte del joven Martí
5 de agosto de 2008
Si un minuto de silencio por el secuestro y asesinato de Fernando Martí, de 14 años, quizá baste para acallar las conciencias de los burócratas incapaces de dar seguridad, no es suficiente para aliviar el profundo dolor de una familia irracionalmente cercenada ni la cólera de una sociedad cada vez más a merced del crimen impune.
En ningún país del mundo la autoridad puede evitar que se cometan delitos, pero sí está obligada a someter a juicio y a castigar a los malhechores. Aquí, la ola criminal avanza irremisiblemente por la fragilidad de lo que llamamos estado de derecho, la ineficiencia policiaca y la corrupción.
El plagio y asesinato del joven Martí, tan tristes, dolorosos e indignantes como otros muchos, marcan un exceso por acumular todas las agravantes imaginables: secuestro, cobro del rescate de millones de dólares que exigían y asesinato. La ofensa no conoce límites.
Las huecas reacciones oficiales carecen de sentido. El caso es “del más alto interés” para el jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard; los secuestradores “merecen la pena de muerte”, para el diputado priísta Emilio Gamboa Patrón; la Comisión Permanente “guarda un minuto de silencio”...
La que no calla es la sociedad. México Unido contra la Delincuencia, asociación civil formada hace más de un decenio por la madre de otro plagiado asesinado, acusa a las autoridades de complicidad con plagiarios y homicidas, por no cumplir con sus obligaciones. Es peor aún: en este caso, como en muchos otros, hay policías entre los implicados.
Cada año, cerca de 600 personas son secuestradas en México. Casi la mitad de los secuestros ni siquiera se denuncian. Pero cuando en 2004 una multitud vestida de blanco desfiló para protestar contra la violencia, el entonces jefe del DF, Andrés Manuel López Obrador, los llamó pirruris conspiradores.
No se trata del reclamo de un grupo, sino de una demanda social para políticos y representantes electos —municipales, estatales y federales—, para quienes sin embargo la idea de seguridad pública parece más allá de sus capacidades e intereses políticos y personales.

Opiniones sobre el caso de Fernando Marti

Salvador García Soto, Carlos Loret, Martín Moreno y Joaquín López Doriga.
Con respecto a la columna de Salvador el último negociador en la crisis del secuestro de Fernando Marti, a decir de su descripción puede ser el Almirante Wilfrido Robledo. ¡Me late!
¿Pero quien es la empresa especialista en negociar secuestros que recomendó Alfredo Harp? Porque al parecer ese "negociador" fue el que fracasó, a decir del columnista de Serpientes y Escaleras.
También lo confirma la declaración de la Presidenta de México Unido contra la Delincuencia, María Elena Morera, quien exigió "que se detenga a los culpables. No sólo a los plagiarios, sino también a los grupos de seguridad privada que sin ser autoridad ni tener conocimientos suficientes se meten a asesorar a las familias".
Dice Loret que "las autoridades “le traen ganas” a Mendieta, un negociador privado que aconseja a las familias de secuestrados no dar información a la autoridad y que, queda claro, no siempre tiene éxito en rescatar con vida a la víctima. Le quieren integrar una averiguación previa."
¿Ese negociador es Ernesto Mendieta?
Todo mundo fracasó.
Hay muchos culpables en este asunto, empezando por las autoridades locales y federales.
Aunque bueno, hay en este momento tres detenidos, entre ellas un comandante y un agente de la policía judicial del Distrito Federal. ¡Caray!
Por cierto. ¿cuantas empresas negociadoras de crisis existen en México?
¿Sabrá la Secretaría de Seguridad Pública Federal?
Sé que desde hace tiempo, están en México las principales trasnacionales, encabezadas por Kroll Inc. Y muchos polícias han montado oficinas de ese tipo.
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Columna Serpientes y Escaleras/Salvador Garcia Soto
Publicado en El Universal (www.eluniversal.com.mx), 5 de agosto de 2008;
Secuestros “de alto impacto”

Ante la ineptitud de los gobiernos federal y capitalino, los familiares recurrieron a un ex funcionario que en días averiguó lo que las policías no pudieron en meses
Antes del trágico y lamentable desen-lace del secuestro de Fernando Martí, el hijo de 14 años del empresario Alejandro Martí, que apareció muerto el viernes pasado, se hablaba en el gobierno federal de “dos secuestros de alto impacto”.
Así se refieren a los secuestros que involucran a personajes de alto perfil de la vida política, económica o social. En ambos casos, las instancias oficiales —llámese PGR, Procuraduría capitalina, AFI— fueron inútiles y ante las torpezas oficiales y por temor a perder a sus familiares, los empresarios involucrados optaron por buscar a consultores o negociadores privados.
La familia Martí, después de haber pagado un rescate de varios millones de dólares sin recibir a cambio la liberación de su hijo, y ante la ineptitud mostrada por las instancias de gobierno a las que recurrieron desesperados tras el fracaso de un negociador privado, optaron por recurrir a un ex funcionario público, experto en temas de seguridad y hoy dedicado a la consultoría privada.
A principios de la semana pasada buscaron al ex funcionario y le pidieron que les ayudara a saber qué había sido de su hijo y por qué los secuestradores no habían vuelto a contactarse con ellos. No fue sino hasta que este personaje tomó el caso en sus manos que empezaron a surgir pistas y a arrojar resultados las investigaciones. Lo que no pudieron lograr los actuales funcionarios de la AFI o la SIEDO o la PGJDF en meses, lo hizo el ex funcionario en unos cuantos días.
Fue este consultor el que sugirió a la familia la publicación del desplegado aparecido el miércoles 30 de julio, en el que se dirigían al “Grupo de la Flor” y les ofrecían “2 millones de razones para que nos regresen a nuestro hijo”. El ofrecimiento era de 2 millones de dólares, adicionales a los 6 millones que ya habían pagado, si los secuestradores entregaban con vida al muchacho al que se llevaron a finales de mayo de los rumbos de Ciudad Universitaria.
Las pesquisas realizadas por el asesor contratado por la familia Martí, que incluyeron la posible participación de personal de seguridad de la familia o la participación de ex policías, llevaron al funesto desenlace del viernes 1 de agosto, cuando se logró identificar el cuerpo sin vida del joven de 14 años, que apareció en la cajuela de un auto abandonado en Coyoacán y que tenía más de un mes fallecido.
La mecánica de esta Banda de la Flor, bautizado así porque deja crisantemos amarillos junto a los cadáveres de sus víctimas, fue la misma con la que el 5 de junio, unos días después de cometido el secuestro, abandonaron los cuerpos sin vida del chofer Jorge Palma Lemus, de 61 años, y el guardaespaldas Cristian Salmones Flores, de 25 años, quienes habían sido secuestrados junto con Fernando cuando se detuvieron en un falso retén de la AFI. Al conductor lo torturaron y le arrancaron todos los dientes y al guardaespaldas lo ahorcaron, y creyéndolo muerto lo metieron a la cajuela del auto donde los peritos del MP aún lo encontraron con vida, aunque murió días después en el hospital.
Al parecer todo lo que no lograron indagar las instancias de seguridad oficiales, lo ha logrado el ex funcionario policiaco en apenas unos días, aunque la muerte del joven Fernando Martí ya había sucedido.
Sobre el otro secuestro “de alto impacto” que aún queda sin resolverse, tiene que ver con una historia igual de dramática e indignante que la de la familia Martí y la de muchas otras familias, quizá no “de alto impacto”, que viven el infierno de un secuestro. Es también un joven hijo de un prominente empresario y ex funcionario público que lleva varias semanas secuestrado sin que hasta el momento las autoridades hayan logrado avanzar en las indagatorias o detener a los secuestradores. ¿Qué esperan las autoridades para acabar con los funcionarios ineptos? ¿O tendrá también que recurrir esta familia al ex policía que ha resultado mucho más eficiente que todo el aparato de seguridad federal y de la ciudad?
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Columna Historias de reportero/Carlos Loret de Mola
Publicado en El Universal (http://www.eluniversal.com.mx),%205/ de agosto de 2008;
¿Quién no tiene miedo?
El cobro a plena luz del día resultó una señal inequívoca de que policías estaban coludidos con los plagiarios
Cuando los secuestradores del niño Fernando Martí fijaron a la una de la tarde la cita para recibir el dinero del rescate, las autoridades del DF se dieron cuenta de que estaban infiltrados.
El cobro a plena luz del día, con la mayor impunidad, les resultó una señal inequívoca de que policías de la capital del país, del estado de México y federales estaban coludidos con los plagiarios.
Los criminales prometieron comunicarse en la noche para decir dónde entregarían a la víctima. Nunca más lo hicieron.
En diciembre, el respetado empresario Alejandro Martí anunció que había vendido la prestigiada tienda de artículos deportivos que lleva su apellido por 561 millones de dólares. Los que lo conocen aseguran que arrancó ahí una de las temporadas más felices de su vida.
Cualquier festejo posible se vio interrumpido cuando el 6 de junio, camino a la escuela, su hijo de 14 años fue raptado por una banda que, según las primeras investigaciones, inició dedicándose a robar camionetas de lujo y ahora también secuestra, ambos delitos, en el sur del DF.
Quién iba a pensar que el hombre a quien vendió sus tiendas terminaría siendo su consejero en los momentos más ácidos de su vida. El comprador, Alfredo Harp Helú, lo puso en contacto con una empresa privada especialista en negociar secuestros, con la que ha mantenido una relación de confianza desde que en 1994 estuvo secuestrado más de 100 días por la guerrilla del EPR.
Las cosas comenzaron a complicarse y el señor Martí optó por recurrir a otro buen amigo: Marcelo Ebrard. La Procuraduría del DF hizo suya la investigación.
Lo primero que le llamó la atención fue la voz del secuestrador encargado de negociar por teléfono: un tonito como de quien padece algún retraso mental o finge padecerlo, y el uso recurrente de frases infantiles como “ja, ja, ja, te la creíste”. Lo ligaron de inmediato a otros casos.
La autoridad capitalina decidió no compartir esta información con el gobierno federal… hasta que la familia entregó el dinero y no hubo rastro del niño por días.
Fue entonces cuando una tercera mano fue urgida a entrar en el rescate: el departamento antisecuestros de la SSP federal. Ya no hubo comunicación con los delincuentes. Hacía rato que habían asesinado al adolescente.
El viernes, los padres de Fernando, cuya muerte nos enluta y atemoriza a todos, tuvieron que reconocerlo por la dentadura. Su cadáver, confundido inicialmente con el de un hombre de 40 años, está irreconocible, al grado que el forense no sabe cómo murió.
Esta semana alguien va a tener que pagar al confirmarse que varios de los secuestradores estuvieron en la cárcel por robo y lograron salir… para reagruparse.
SACIAMORBOS
Las autoridades “le traen ganas” a Mendieta, un negociador privado que aconseja a las familias de secuestrados no dar información a la autoridad y que, queda claro, no siempre tiene éxito en rescatar con vida a la víctima. Le quieren integrar una averiguación previa.
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Columna Archivos del poder/Martín Moreno
Excelsior, 5 de agosto de 2008;
Martí: terror y fracaso
Vencidos. Masacrados. Humillados.
Así estamos ante el carnaval de secuestros y asesinatos cometidos contra civiles, en cualquier lugar y hora, bajo un manto de impunidad sujetado por los extremos debido a la demagogia de nuestros gobernantes y la indolencia de jueces blandengues, bajo la complicidad corrupta de las policías y la indiferencia criminal de las cabezas de la seguridad pública.
Estamos inermes ante el desmoronamiento de la seguridad pública federal y la capitalina. Es el fracaso del sistema de seguridad del país.
N
adie está a salvo. No lo estuvo el niño Fernando Martí, plagiado y victimado, de un tiro en la cabeza, por una banda de secuestradores. ¿Por cual? ¿Por La Familia? ¿Por La Banda de la Flor? Da lo mismo. Todas son encubiertas por policías en funciones y ex policías que se saben todos los trucos legales e ilegales para no ser detenidos.
¿Qué nos va a decir ahora el presidente Calderón? Seguramente escucharemos su trillada frase de “no vamos a permitir que los criminales nos derroten”. Pero si ya nos derrotaron. El fracaso está en la cajuela del auto donde se encontró el cadáver de Fernando Martí y en el miedo de casi todos los mexicanos.
¿Qué nos va a decir ahora el procurador general de la República, Eduardo Medina-Mora? Seguramente, que “vamos ganando la batalla, aunque no lo parezca”. Hay noticias, procurador: la mayoría sabe, siente y sufre las consecuencias de una batalla perdida.
¿Qué nos va a decir ahora el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna? Sin duda, escucharemos nuevamente su promesa de que “el gobierno federal asume su responsabilidad de proteger a la sociedad”, como lo dijo el 22 de enero de 2007. También hay noticias, secretario: su promesa fue hecha pedazos por secuestradores sanguinarios y policías federales corruptos.
¿Qué nos va a decir ahora el jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, gobernante de una de las ciudades más inseguras del mundo? Seguramente volveremos a escucharlo decir que aspira a ser Presidente en 2012 y ofender personalmente a ciudadanos, como lo hizo el viernes pasado en Churubusco, cuando un automovilista le gritó que ya se pusiera a trabajar. “En eso estamos, güey…”, le respondió un enfurecido y descompuesto Ebrard. Esa no es la respuesta que merecen los capitalinos, ahogados en inseguridad, secuestros, asesinatos, robos y ejecuciones. Ningún jefe de Gobierno o jefe del Departamento del DF había insultado como Ebrard lo ha hecho a los habitantes de la Ciudad de México. Ocurrió con los ambulantes del Centro Histórico —“aquí no van a vender, cabrones”— o con el ciudadano al que llamó güey hace cuatro días.
Y, como en la mayoría de los secuestros, policías o ex policías están involucrados en el caso Martí. El comandante de la Policía Judicial, José Luis Romero, así como el agente Marco Antonio Moreno Jiménez, “pudieran tener relación con este asunto”, dijo ayer el procurador capitalino, Miguel Mancera, a Martín Espinosa, en Reporte 98.5.
No basta con palabrería. Mancera, recién llegado al cargo, tuvo en sus manos, durante varios días, el asunto de Martí y solamente reaccionó hasta que fue informado del asesinato del jovencito, quien fue secuestrado desde el 4 de junio. Se pagó el rescate y aun así lo mataron, así como a su chofer y a su escolta.
Tenemos una Policía Preventiva del DF, corrompida y desprestigiada. Es la herencia de Joel Ortega.
Tenemos a judiciales del DF secuestrando, asesinando y protegiendo a criminales profesionales. Es la consecuencia de tener un jefe de Gobierno empeñado en instalar pistas de hielo, playas artificiales o apadrinar a quinceañeras, en lugar de haber dedicado recursos e inteligencia, en un año nueve meses de gestión, a construir policías más eficaces y confiables.
Y allí, también, está el resultado de que, cuando era jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador desdeñara la marcha contra la inseguridad y llamara “pirrurris” a sus participantes, en vez de mostrar más sensibilidad y procurar mejor justicia.
No estuvo a salvo Fernando Martí, como tampoco lo estuvo Hugo Alberto Wallace Miranda, secuestrado y muerto a golpes por la banda de asesinos encabezada por el ex policía César Freyre y de la cual casi todos sus integrantes están ya tras las rejas. Pero no nos equivoquemos: están presos por la lucha personal y valiente de Isabel Miranda de Wallace y no debido a una investigación acertada que haya efectuado la policía.
Tenemos una Agencia Federal de Investigación (AFI) desarticulada. De momento, al frente de la Dirección de Secuestros está Luis Cárdenas Palomino, quien ya demostró su ineficacia en el caso Wallace. Nadie mueve un dedo para encontrar a Jacobo Tagle, prófugo de la justicia, o localizar el cuerpo de Hugo Alberto, a pesar de que hay una orden presidencial de por medio.
Allí está también, secuestrada, la hija de uno de los responsables del deporte mexicano durante el sexenio pasado.

Nadie se encuentra a salvo. Como la familia Bautista Campos, ejecutada la semana pasada en Jalisco. O los plagiados y asesinados en Baja California, Coahuila y Oaxaca. Y con el miedo llegan las cifras de la vergüenza: de cinco secuestros, solamente uno es denunciado. En lo que va del año se ha tenido conocimiento, oficialmente, de 438; es decir, realmente han ocurrido, en promedio, alrededor de dos mil en todo el país. Y más: únicamente 0.7% de estos casos son sentenciados.
La lucha contra el narco ha recaído en el Ejército, con todos sus altibajos. Pero ni la SSP ni la PGR ni la AFI han dado resultados.
Es hora de que, ante la derrota contra la criminalidad, Calderón decida si Medina-Mora y García Luna deben seguir o no en sus puestos. Y si el Presidente cree que se trata de una presión injustificada de los medios, que se asome a la cajuela donde encontraron el cadáver de Fernando Martí.
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Columna En Privado/Joaquin López Doriga
Lo hicieron esos desalmados
Milenio Diario (www.milenio.com)
, 5 Agosto, 2008
Empezar a vivir y empezar a morir son sinónimos. Florestán
El viernes pasado escribía aquí No tengo palabras, sobre un secuestro que hasta ese momento, aunque desesperado, estaba en progreso, me decían. Y se lo contaba a usted así:
Yo ya conocía del caso por personas cercanas a la familia que cuentan, y he confirmado que hace unas diez semanas unos agentes hicieron el alto a un automóvil en el que viajaba un joven acompañado de un chofer y un escolta.
Se trataba de un retén de la Policía Federal (sic), por lo que el conductor se detuvo. Una agente uniformada se acercó, mostró su identificación, y el ayudante abrió la puerta.
En ese momento, la mujer y otros agentes los encañonaron y se los llevaron. Era un secuestro y los federales unos delincuentes.
A los pocos días encontraron ejecutados a los dos acompañantes del joven y los secuestradores entraron en contacto con la familia, que recurrió a un negociador. Se fijó el monto del rescate y se pagó.
Por comentarios de cercanos, supe de su drama: pasaban los días y no devolvían al secuestrado, a pesar de haber cobrado el rescate.
Seguí el caso y estuve al tanto del desarrollo del secuestro: para desesperación de la familia seguían sin saber nada de su hijo.
Así llegué al martes cuando por la mañana, al abrir el periódico, encontré un inusual aviso de un cuarto de plana que decía:
“Grupo de la Flor. Yo les cumplí. Llevamos dos meses esperando a nuestro hijo. Tenemos dos millones de razones para ustedes si nos lo regresan. COMUNÍQUENSE”.
Por la desesperación, de inmediato supe de quién se trataba y de qué caso. Era el mismo secuestrado en el falso retén de la Policía Federal.
Yo, desde aquí, no encuentro palabras para decir lo que siento, y menos para describir lo que debe estar viviendo esa familia desvastada.
Pero sí las tengo para denunciar una vez más, y lo haré todas las veces que sea necesario, la forma en que se han disparado los secuestros, para los que escucho muchas teorías de las autoridades y muchas estadísticas oficiales, pero ninguna solución.
Y que se lo pregunten a las víctimas. Obviamente que sabía de quién se trataba y de lo que estaba pasando la familia. Y por un respeto me reservé el nombre.
Al día siguiente viajé a Beijing y lo primero que me enteré aquí fue que habían encontrado el cuerpo del pequeño Fernando Martí, muerto por sus secuestradores que antes habían recibido el pago del secuestro.
Y si la noticia me devastó, no puedo siquiera imaginar lo que deben estar pasando sus padres, sus hermanos, su familia; que unos criminales hayan raptado y asesinado a un joven, casi un niño de 14 años, es imperdonable.
Y si el viernes pasado le decía que no tenía palabras, hoy no sé qué decirle ante este drama, esta injusticia, este crimen, esta vileza.
Nos vemos mañana, pero en privado.

Sobre las casas de "seguridad del gobierno"

Comunicado de la COMISION DE PRENSA Y PROPAGANDA DEL
PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO-EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR-EPR.
Año 44
República mexicana, a 19 de febrero de 2008.
[Nota del CEDEMA: Esta información también fue publicada en la revista Proceso, No. 1644 del 4 de mayo del 2008, págs. 14-20, con el título "Revela el EPR las casas de seguridad del Gobierno" y firmada por José Gil Olmos.]
AL CEDEMA
PRESENTE.
Sr. Jorge Lolfredo le estamos haciendo llegar información delicada, que consiste en la ubicación de casas de seguridad de las fuerzas, para nosotros represivas, de donde hace varios años se desplazan para reprimir y espiar a los luchadores sociales, no dudamos que esas casas sean utilizadas como cárceles clandestinas en donde estén algunos desaparecidos.
Como siempre le pedimos de la manera más respetuosa que la presente sea publicada en su página electrónica para el conocimiento de nuestro pueblo, de los luchadores sociales y de los medios de comunicación que deseen profundizar sobre el accionar anticonstitucional de los cuerpos de inteligencia.
Una de las casas está en la calle Barranca del Muerto número 516 de color grisáceo, entre el número 520 y el 514 al lado de una compañía que se llama Servimed, en la colonia los Alpes, delegación Alvaro Obregón.
Enfrente hay dos calles pequeñas: Otoño, y Estío, donde está la casa con el número 507 y 525 de la cual sale personal que mantiene comunicación con la casa antes mencionada. Esta otra casa está en la colonia Merced Gómez, en donde se reúnen policía militar, miembros del CISEN y PFP, todos de civil, quienes hacen los trabajos sucios de la maquinaria represiva gubernamental.
De estas casas, entre otras, salen “equipos” de cuatro individuos para posicionarse en áreas estratégicas de la ciudad para observar los movimientos de luchadores sociales y ciudadanos que a ellos les parecen sospechosos.
En la colonia Héroes de Padierna en la calle Concal hasta la cerrada donde ya no hay otra salida porque están las vías de ferrocarril, se reúnen para planificar lo que deben hacer con personas que tienen una bodega de distribución de cerveza que es atendida por una mujer de aproximadamente cuarenta años de edad.
En esa misma colonia, se reúnen en la calle Seye número 27, esquina con Xoccel en los billares que se llaman “Club de Billares Red” y que por cierto es un edificio, que puede también ser una casa de seguridad.
También se reúnen en la Colonia El Mirador segunda sección, delegación Tlalpan, en la calle Volcán Kiska, Lote 8, Manzana 25, casi esquina con volcán Ontake, donde arriba del portón hay un águila de piedra. También lo hacen en la calle de prolongación de Dalia y Mirasol, en San Pedro Mártir, delegación Tlalpan. En una esquina donde está un restaurante llamado “Churros Capuchino”. Permanecen en la esquina de Mirasol, utilizando taxis volkswagen ecológicos o automóviles particulares de la marca Tsuru.
La otra casa está en la calle Pirineos número 8, de la colonia Banjidal, delegación Iztapalapa, casi esquina con la avenida Plutarco Elías Calles, cerca del eje 8 sur, donde está un Sanborns en la esquina de eje 8 sur y Plutarco Elías calles, lugar donde se reúnen para luego irse a Pirineos número 8. Tienen fachadas mercantiles.
También se reúnen en la avenida Imán y Tlalpan, aproximadamente 20 gentes para distribuirse en sus zonas de espionaje.
Todos estos individuos fueron dirigidos por Francisco Garduño Juárez de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
Por lo regular, sus automóviles tenían en 1999, 2000 y 2001, las letras HRV, y entre sus actividades visitaban a viejos miembros de la DFS. Tememos que en algunas de estas casas o similares puedan tener a los diferentes detenidos-desaparecidos del país.
Quien conozca la información y de serle posible podría investigar para saber si siguen siendo casas de seguridad porque eso es anticonstitucional y extrajudicial y son grupos paramilitares que sirven tanto al narcotráfico como a la policía, siendo miembros de ésta. Todos estos individuos ocupaban niñas de 14 a 17 años como espías, a las cuales las inducían a inhalar cocaína, sobre todo atrás del hospital los Angeles, donde está una pirámide.
Nosotros ubicamos aproximadamente a 25 de estos sujetos en sus direcciones, familias e identidades, pero en ningún momento hacemos una lucha que sea personal, sino es una lucha contra un régimen que se sirve de estos individuos desechables para él, de nuestra parte contamos e intentamos firmemente llevar una ética revolucionaria que nos impide cobrarnos personalmente los agravios.
Le suplicamos que si tiene posibilidad de hacerlo y publicarlo sería para bien de todo el país.
COMISION DE PRENSA Y PROPAGANDA
DEL
PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO-EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR-EPR.
Año 44
República mexicana, a 19 de febrero de 2008.
Fuente : Cedema.org.

Narco: el salto explosivo

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