Revista Proceso # 1870, 2 de septiembre de 2012
Enraizado por décadas como uno
de los grandes males de la nación, el desperdicio de las oportunidades que
ofrece el andamiaje judicial mexicano volvió a manifestarse en un momento que
exigía haber puesto a la Constitución como el referente más alto del interés
público. Con su fallo cómodo y legalista y, lo peor, plegado a los intereses
del círculo en el poder, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación que calificaron la elección presidencial del 1 de
julio pasado prefirieron ser jueces de barandilla y renunciar a la prerrogativa
de investigar a fondo los delitos denunciados por el Movimiento Progresista
–como la compra masiva del voto a favor de Enrique Peña Nieto, la triangulación
de recursos de procedencia dudosa para financiar su campaña y el favoritismo
evidente en las pantallas de Televisa–. Desdeñaron, además, cumplir su función
primordial: ser garantes, como miembros de un tribunal de plena jurisdicción,
del cumplimiento cabal de la Constitución mexicana.
