Narcoterror en Zacatecas…
Por Fred Alvarez Palafox...
La noche en que Ojocaliente dejó de ser un pueblo para convertirse en una zona de guerra, algo se rompió muy hondo en el pulso de este país. No hablamos de una cifra fría en un parte oficial: fueron doscientos kilos de dinamita abriéndose paso en plena verbena popular, en una hora donde la gente camina tranquila por la calle.
Lo que ocurrió ahí —la noche del domingo 30 de agosto— marca una escalada que no podemos normalizar. Que un auto bomba robado estalle frente a una comandancia dejando once heridos y decenas de hogares devastados nos obliga a mirar de frente una realidad incuestionable: la violencia en México está mutando hacia tácticas de terrorismo urbano que no distinguen entre uniforme y vida civil.
Por supuesto, hay que reconocer cuando la respuesta institucional no se queda de brazos cruzados. Las capturas anunciadas por Omar García Harfuch —como la de Juan Pedro "N", Hipólito Miguel "N" y otro más— demuestran que la inteligencia sigue sirviendo para atrapar a los autores materiales y buscar debilitar las estructuras financieras en los corredores clave.
Pero días antes, la postura oficial dejó un sabor a desconexión. Cuando se le preguntó a la presidenta de la República sobre el ataque, su respuesta sonó a trámite administrativo, catalogando el hecho como un caso aislado bajo el argumento de que ya había ocurrido antes en otros sexenios.
Mmm.
Minimizar un auto bomba con esa coartada es voltear hacia otro lado; un explosivo de esta magnitud es una línea que se cruza, un salto inaceptable en la barbarie que no puede archivarse bajo la etiqueta de lo cotidiano.
A esta vulnerabilidad se suman las advertencias de actores políticos locales como el senador Saúl Monreal, quien ha puesto el dedo en la llaga sobre la realidad que se vive en los municipios. Monreal señala que esta región —que conecta Zacatecas con Aguascalientes y San Luis Potosí— es un corredor estratégico en disputa entre cárteles, y advierte sobre el peligro real de que los gobiernos locales queden rehenes o colapsen ante la presión del crimen, rebasados por la falta de capacidad operativa frente a delitos de orden federal.
Seamos críticos: apagar el fuego con más patrullas no es lo mismo que evitar que se vuelva a encender. Las estadísticas oficiales palidecen ante una pregunta que —como diría Bob Dylan— flota en el viento sin encontrar respuesta: ¿cómo es posible que doscientos kilos de explosivos se movilicen con tanta impunidad por nuestras carreteras? ¿De dónde provienen?
El verdadero examen para este gobierno no va a resolverse minimizando los hechos ni ignorando la fragilidad de los municipios. La prueba de fuego será cortar la raíz del negocio, blindar a las autoridades locales y frenar una impunidad que le permite al crimen organizado ensayar con la vida de la gente.
Porque si permitimos que un auto bomba sea la postal de un domingo cualquiera y que el poder responda con displicencia, lo que habremos perdido no es solo la seguridad de una región, sino el país entero.
¿Qué sigue?
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