Acusan al Ejecutivo de dilatar reformas
Leticia Robles
Leticia Robles
Publicada en Excélsior, 9 de marzo de 2009;
Desde la perspectiva de las bancadas de PRI y PRD en el Senado, el gobierno federal es el único responsable de que los diez paquetes de reformas en materia de seguridad y justicia aprobados en este sexenio aún no generen resultados, pues ha sido omiso en la expedición de reglamentos, disposiciones administrativas, impulso de acciones y políticas públicas, así como en la instalación de nuevos organismos de coordinación en materia de seguridad.
En dos extensos documentos de análisis, a los cuales Excélsior tuvo acceso, las bancadas comandadas por Manlio Fabio Beltrones y Carlos Navarrete recuerdan al gobierno de Felipe Calderón y al PAN que a lo largo de todo el sexenio, la oposición le ha aprobado diez paquetes de reformas para dotarlo de “un poder inconmensurable, jamás visto, para atacar al crimen organizado, lo cual ha llevado incluso al Poder Legislativo a ser acusado de fomentar un Estado policíaco y poner en riesgo las garantías individuales de los mexicanos”, precisan ambas fuerzas políticas.
Los documentos dan cuenta de la aprobación de diez paquetes de reforma en materia de seguridad y justicia, que incluyen dos cambios constitucionales, 21 a leyes secundarias, cinco al Código Federal de Procedimientos Penales y cinco más al Código Penal Federal, pero el Ejecutivo federal, en contraste, todavía no emite los reglamentos o no ha instalado los grupos de coordinación, amén de haber rebasado con mucho los plazos constitucionales para promulgar reformas, como fue el caso más reciente del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.
Ambas fuerzas políticas tienen planeado leer estos análisis durante la “audiencia pública” donde el Senado analizará con expertos los alcances de la Ley de Extinción de Dominio, programada para el próximo miércoles. El propósito es demostrar que la oposición política ha asumido un papel serio, responsable y de compromiso con el país, sin importar el signo político de quien encabeza el gobierno federal.
El análisis del PRD, supervisado por el equipo del senador Tomás Torres, secretario de la Comisión de Justicia, y quien ha encabezado siempre el equipo perredista en materia de reformas de seguridad y justicia, habla de seis paquetes de reformas.
Después de nueve meses de discusión, recuerda el PRD, el 6 de marzo de 2008 se logró la aprobación de la reforma a la Constitución, publicada en el Diario Oficial el 18 de junio de ese mismo año y gracias a la cual “ahora existen herramientas constitucionales y legales aprobadas por el Congreso, pero falta que el Ejecutivo implemente políticas públicas que atiendan las demandas de la población en esta materia”.
El Congreso, recuerda, ya aprobó la Ley Federal para el Control de Sustancias Químicas “y el Ejecutivo Federal todavía no la promulga en el DOF”.
Por su parte, el equipo de los priistas, comandado por Jesús Murillo Karam y Fernando Castro Trenti, tienen un análisis donde incluyen cuatro reformas más a las consideradas por el PRD: para castigar el terrorismo, en vigor desde el 28 de junio del 2007; Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, en vigor desde el 27 de noviembre del 2007 y cuyo Reglamento se expidió “con fallas”, después de un año de retraso.
En dos extensos documentos de análisis, a los cuales Excélsior tuvo acceso, las bancadas comandadas por Manlio Fabio Beltrones y Carlos Navarrete recuerdan al gobierno de Felipe Calderón y al PAN que a lo largo de todo el sexenio, la oposición le ha aprobado diez paquetes de reformas para dotarlo de “un poder inconmensurable, jamás visto, para atacar al crimen organizado, lo cual ha llevado incluso al Poder Legislativo a ser acusado de fomentar un Estado policíaco y poner en riesgo las garantías individuales de los mexicanos”, precisan ambas fuerzas políticas.
Los documentos dan cuenta de la aprobación de diez paquetes de reforma en materia de seguridad y justicia, que incluyen dos cambios constitucionales, 21 a leyes secundarias, cinco al Código Federal de Procedimientos Penales y cinco más al Código Penal Federal, pero el Ejecutivo federal, en contraste, todavía no emite los reglamentos o no ha instalado los grupos de coordinación, amén de haber rebasado con mucho los plazos constitucionales para promulgar reformas, como fue el caso más reciente del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.
Ambas fuerzas políticas tienen planeado leer estos análisis durante la “audiencia pública” donde el Senado analizará con expertos los alcances de la Ley de Extinción de Dominio, programada para el próximo miércoles. El propósito es demostrar que la oposición política ha asumido un papel serio, responsable y de compromiso con el país, sin importar el signo político de quien encabeza el gobierno federal.
El análisis del PRD, supervisado por el equipo del senador Tomás Torres, secretario de la Comisión de Justicia, y quien ha encabezado siempre el equipo perredista en materia de reformas de seguridad y justicia, habla de seis paquetes de reformas.
Después de nueve meses de discusión, recuerda el PRD, el 6 de marzo de 2008 se logró la aprobación de la reforma a la Constitución, publicada en el Diario Oficial el 18 de junio de ese mismo año y gracias a la cual “ahora existen herramientas constitucionales y legales aprobadas por el Congreso, pero falta que el Ejecutivo implemente políticas públicas que atiendan las demandas de la población en esta materia”.
El Congreso, recuerda, ya aprobó la Ley Federal para el Control de Sustancias Químicas “y el Ejecutivo Federal todavía no la promulga en el DOF”.
Por su parte, el equipo de los priistas, comandado por Jesús Murillo Karam y Fernando Castro Trenti, tienen un análisis donde incluyen cuatro reformas más a las consideradas por el PRD: para castigar el terrorismo, en vigor desde el 28 de junio del 2007; Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, en vigor desde el 27 de noviembre del 2007 y cuyo Reglamento se expidió “con fallas”, después de un año de retraso.
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