El Presidente Calderón envió al Senado un paquete de cuatro reformas para combatir el crimen organizado.
El paquete de reformas incluye ajustes a Ley de Seguridad Nacional; Código de Justicia Militar, Código Penal Federal, Código Federal de Procedimientos Penales, Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y de Armas de Fuego y Explosivos.
Plantea, entre otros
El paquete de reformas incluye ajustes a Ley de Seguridad Nacional; Código de Justicia Militar, Código Penal Federal, Código Federal de Procedimientos Penales, Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y de Armas de Fuego y Explosivos.
Plantea, entre otros
Los proyectos fueron recibidos la noche del martes 21 de abril y se prevé que el pleno del Senado les dé entrada este jueves durante la sesión ordinaria.
La reforma a la Ley de Seguridad Nacional plantea la creación de la figura denominada "declaración de existencia de una afectación a la seguridad interior" (¿una especie de estado de excecpión?)-, con la que se justifica la participación de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado. En el documento se establece que la declaratoria aplicará en caso de sublevación interior en una entidad, agresiones directas contra las autoridades que integran el Consejo Nacional de Seguridad, actos que pongan en peligro el orden, la paz o la seguridad pública de un municipio, estado o región.
El paquete incluye una reforma al Código de Justicia Militar para sancionar hasta con 60 años de prisión a los desertores que se incorporen a las filas de la delincuencia organizada.
La tercera propuesta de reforma establece modificaciones al Código Penal Federal, al Código de Procedimientos Penales, a la Ley Orgánica del Poder Judicial y a la Ley Contra la Delincuencia Organizada.
En este proyecto, el Ejecutivo pide hasta 20 años de cárcel para quien atente contra la seguridad de funcionarios públicos y candidatos a cargos de elección popular.
Las modificaciones también buscan combatir los denominados "levantones" y convertir la extorsión en un delito grave.
La cuarta reforma plantea adiciones y cambios a la Ley de Armas de Fuego para frenar su tráfico y tratar de erradicar este fenómeno con penalidades de hasta 24 años de cárcel.
Por otro lado los integrantes de las comisiones unidas de Salud, Justicia y Estudios Legislativos Segunda del Senado avanzaron en la dictaminación de la Ley para combatir el narcomenudeo. De hecho se declararon en sesión permanente para alcanzar una “solución intermedia” que les permita aprobar la ley, que prevé sanciones y tratamientos para la reincidencia en el uso de estupefacientes.
En conferencia de prensa, el presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República, Alejandro González Alcocer, aclaró que no es la intención de los legisladores criminalizar el uso de drogas.
“Esperamos alcanzar en las próximas horas un acuerdo que le dé a los adictos a sustancias prohibidas una alternativa real para su tratamiento”, dijo.
Por su parte, Ernesto Saro Boarman, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Alta, aseguró que el debate está en el tipo de tratamientos y la sanción penal en caso de reincidencia hasta en tres ocasiones o la renuncia a aceptar un tratamiento, lo cual se estipula en el artículo 478 de la minuta a discusión.
Aclaró que en dicha normatividad se suspende la acción penal en caso de posesión de sustancias menores a los consumos estipulados en la tabla de orientación de dosis máximas de consumo personal e inmediato (artículo 479).
El senador Saro reiteró que la posición no es llevar a nadie a la cárcel, “queremos una sanción que sea un incentivo para que se acuda a un tratamiento o programa preventivo”, aclaró.
A la reunión de comisiones acudieron también los senadores panistas Ema Larios Gaxiola, María Serrano Serrano, Ricardo García Cervantes, Ulises Ramírez Núñez, Guillermo Tamborrel Suárez, Santiago Creel Miranda y Guillermo Anaya Llamas.
En tanto, el senador priísta, Jesús Murillo Karam, informó que ya llegaron a un acuerdo en cuanto a la corresponsabilidad, por lo que los estados y la Federación podrán perseguir esos delitos, a excepción de los que tengan que ver con delincuencia organizada, que serán de competencia federal.
En conferencia de prensa, el presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República, Alejandro González Alcocer, aclaró que no es la intención de los legisladores criminalizar el uso de drogas.
“Esperamos alcanzar en las próximas horas un acuerdo que le dé a los adictos a sustancias prohibidas una alternativa real para su tratamiento”, dijo.
Por su parte, Ernesto Saro Boarman, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Alta, aseguró que el debate está en el tipo de tratamientos y la sanción penal en caso de reincidencia hasta en tres ocasiones o la renuncia a aceptar un tratamiento, lo cual se estipula en el artículo 478 de la minuta a discusión.
Aclaró que en dicha normatividad se suspende la acción penal en caso de posesión de sustancias menores a los consumos estipulados en la tabla de orientación de dosis máximas de consumo personal e inmediato (artículo 479).
El senador Saro reiteró que la posición no es llevar a nadie a la cárcel, “queremos una sanción que sea un incentivo para que se acuda a un tratamiento o programa preventivo”, aclaró.
A la reunión de comisiones acudieron también los senadores panistas Ema Larios Gaxiola, María Serrano Serrano, Ricardo García Cervantes, Ulises Ramírez Núñez, Guillermo Tamborrel Suárez, Santiago Creel Miranda y Guillermo Anaya Llamas.
En tanto, el senador priísta, Jesús Murillo Karam, informó que ya llegaron a un acuerdo en cuanto a la corresponsabilidad, por lo que los estados y la Federación podrán perseguir esos delitos, a excepción de los que tengan que ver con delincuencia organizada, que serán de competencia federal.
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