Demanda senadora Adriana
Dávila(PAN) cumplir con disposiciones de la Ley General de Víctimas en el caso Florence Cassez
Este martes 12 de marzo la Senadora por Tlaxcala hizo una propuesta
de punto de acuerdo, solicitado de urgente resolución; se turnó a la Comisión de Seguridad
Pública, al no ser aprobado para su discusión por el Pleno.
Señaló
que luego de lo acontecido con Florence Cassez, la Ley General de Víctimas debe
surtir efectos para reparar integralmente el daño que sufrieron las víctimas:
restituir, rehabilitar, compensar, satisfacer y garantizar la no repetición del
delito en sus dimensiones individual, colectiva material y moral. “En
este escandaloso caso de la justicia mexicana, los ministros de la Corte han
reconocido que nunca se sabrá si la secuestradora era o no culpable”. Sin
embargo, hay víctimas lastimadas por la decisión política con tintes
diplomáticos, más que jurídicos, donde la intención era legitimar y quedará la
duda si el fin era cumplir con un compromiso o proteger a los ciudadanos
mexicanos.
Por ello,
planteó que en el marco de la Ley General para Prevenir y Sancionar los
Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del Artículo
73 de la Constitución Política y de la Ley General de Víctimas, el Ejecutivo
Federal informe al Senado de las acciones que se están llevando a cabo para
atender y resarcir los daños que sufrieron las víctimas de secuestro vinculados
con el caso Cassez.
Adriana resaltó
que la justicia debe ser implacable ante el respeto del principio de presunción
de inocencia, mismo que no aplica porque fue reconocida por las víctimas. “El
tono de voz con español afrancesado es difícil de olvidar y más para una
víctima que fue humillada y lastimada”.
“No
es acto menor haber sido identificada por las victimas y por los participantes
del delito”, añadió.
El
Senado --expuso-- debe pronunciarse a favor de las víctimas y a su debido
tratamiento y protección a través de los medios legales que existen, pero
también para que las instituciones cumplan con su deber.
Además,
explicó que los argumentos jurídicos que la Suprema Corte de Justicia de la
Nación emitió ante la sociedad fue “la violación al debido proceso”, es decir,
que su detención no siguió los protocolos establecidos en el marco normativo,
entre ellos, no estar comunicada en tiempo y forma con su embajada.
A
la liberación, dijo, le siguieron una serie de acontecimientos, en su mayoría
ofensivos para los mexicanos: su salida apresurada a su país de origen y
escoltada por las fuerzas de seguridad mexicanas, su recepción con alfombra
roja en Francia, así como entrevistas con medios nacionales e internacionales
que la presentaban como heroína y publicaciones en México que hablaban de sus
amores.
Conferencia
de prensa:
Adriana Dávila Fernández (ADF): Buenas tardes a todos. Sólo
presentarme aquí ante ustedes para lamentar la posición de algunos compañeros
senadores, respecto de la solicitud que hiciera el Partido Acción Nacional en
este Grupo Parlamentario para solicitar información al Ejecutivo Federal
respecto de lo que ha sucedido con las víctimas vinculadas al caso Florence
Cassez.
Nos
parece fundamental que si una firma de un Pacto por México, cuyos objetivos
principales en el área de procuración de justicia tienen que ver justamente con
la atención a víctimas de delito, hoy nosotros estemos dando un paso atrás
respecto de lo que ha sucedido con estas víctimas de las que no sabemos nada.
Planteamos
en el punto de acuerdo la posibilidad de que el gobierno federal, el Ejecutivo
federal, después de anunciar con bombos y platillos, en spots televisivos, en
el informe de los primeros 100 días del gobierno de Enrique Peña Nieto, hoy se
nieguen a dar una información que debe ser obligación del gobierno federal para
saber qué se ha hecho y cómo se ha atendido a las víctimas que sufrieron este
secuestro por parte de la banda de los “Zodiaco” y por supuesto de la francesa.
Nos
parece también lamentable que mientras al tema de Florence Cassez se le da una
cobertura importantísima, se hacen incluso miles de entrevistas, se le recibe
con alfombra roja en su país, se da prioridad a un asunto de carácter diplomático;
hoy las víctimas del secuestro de Florence Cassez no sean prioridad para el
gobierno federal.
Lamentamos
esta situación. Exigimos pues también, que esta información se le dé, no al
Grupo Parlamentario de Acción Nacional, sino a los ciudadanos que hoy están
esperando que el tema de justicia y que por supuesto los acuerdos del Pacto por
México, sean una realidad.
Se
anuncia como un logro la promulgación de la Ley de Víctimas, se plantea también
que esta Ley de Víctimas está prácticamente con muchas deficiencias y hoy, aún
con ese marco legal, lo que nosotros estamos pidiendo es que se establezca, que
se cumpla y que se haga justicia para quienes hoy están esperando que el
gobierno federal volteé a verlos, porque han sido, por supuesto, considerados
como anónimos e invisibles y han desaparecido ante la mirada del Ejecutivo
federal.
Pregunta
(P): Senadora, ¿considera que es una consigna el hecho de que no se haya
aprobado el punto de acuerdo como de urgente y obvia resolución?
ADF: Lo
que considero es la falta de voluntad del PRI, de poder llevar a cabo acciones
que dejen de ser mediáticas, que sean más bien un asunto real, un asunto de una
acción concreta que establezca cuáles son los mecanismos que están usando para
resarcir el daño a víctimas. Eso es lo que lamento.
P: ¿El
gobierno lo trata de tapar, senadora?
ADF: Yo
más bien creo que el gobierno trata de evadir lo que es una responsabilidad que
es cumplir básicamente con una obligación que tiene. Hay una Ley de Víctimas ya
promulgada, eso es lo que planteó el Presidente Peña Nieto. Además lo anuncia
en spots televisivos y en sus 100 días de gobierno, pues hoy lo que nosotros
queremos es que se les haga justicia a esas víctimas con esa ley.
P: ¿Qué
intereses políticos ve detrás de esta decisión de…?
ADF: Lo
que veo básicamente, más que un interés político, esto es una insensibilidad
respecto a un tema que es tan lamentable y del que han querido hacer caso
omiso. Hoy, en este país no pasa nada, ya no hay muertos, ya no hay violencia,
ya no hay nada y se está centrando la atención en algunos otros temas que son
interés del Ejecutivo federal. Yo espero que el Ejecutivo federal también tenga
interés en las víctimas del delito.
P: ¿Tapan
el sol con un dedo, senadora?
ADF: Me
parece que se está convirtiendo esto en logros de gobierno mediáticos y no en
acciones concretas de un gobierno federal que tiene esa obligación de hacerlo,
que además es como lo ha prometido.
P: ¿En
ese caso se tendría también que llamar a declarar a García Luna?
ADF: Se
tiene que llamar a quien sea, a García Luna, a quien tenga que llamarse y el
tema no es sólo a quien se llama a declarar, los cauces legales tienen que
darse y que llamen a él y a quien sea. Lo que se tiene que hacer es saber qué
está pasando con las víctimas del secuestro, cómo se les está pagando el daño y
cómo se está resarciendo el daño que ellos sufrieron por haber sido víctimas
del delito.
P:
Senadora, ¿nada más es importante ponerle atención a esto o también deberían
estar exigiendo sanciones a quienes incurrieron en ilícitos e irregularidades
como el Secretario de Seguridad Pública en ese momento?
ADF: Por
supuesto que lo que nosotros hemos solicitado en el punto de acuerdo es contar
con la información. Eso es lo que le estábamos pidiendo al gobierno federal,
sólo contar con información respecto de lo que ha pasado con las víctimas. Y si
en esa información que el gobierno federal está planteando, hay que hacer
algunas acciones de…por supuesto castigar a quienes sean responsables, me
parece que son dos vías las que hay que tomar.
Un asunto
es cómo se llevó el debido proceso, pero otra vez estaríamos protegiendo los
intereses de una francesa que ya está en su país muy cómodamente viviendo; pero
hoy lo que nosotros estamos pidiendo es la obligación del Estado de resarcir
esos daños.
Muchas
gracias.
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