La CNDH solicitó medidas cautelares por el caso Iguala

 Por emitir opiniones que descalifican y ponen en riesgo la labor de defensores de derechos humanos y familiares de las víctimas del caso Iguala, la CNDH solicitó medidas cautelares a la Secretaría de Gobernación y al Gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega, por el caso Iguala

Según el organismo, el pasado 19 de diciembre envió oficios solicitando medidas cautelares, a fin de que los servidores públicos a nivel federal y estatal se abstengan de formular expresiones que revictimicen y pongan en riesgo a defensores, familiares y víctimas.

COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

“2014, Año de Octavio Paz”

Comunicado de Prensa CGCP/356/14 México, D.F., a 22 de diciembre de 2014

COMUNICADO DE PRENSA

CNDH SOLICITA MEDIDAS CAUTELARES A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN Y AL ESTADO DE GUERRERO POR EL CASO IGUALA

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó a la Secretaría de Gobernación y al Gobierno del Estado de Guerrero dictar medidas precautorias, consistentes en que instruyan, en el ámbito de sus competencias, a los servidores públicos de ambos niveles de gobierno, en especial a los encargados de las fuerzas de seguridad, para que se abstengan de formular opiniones y expresiones que revictimicen y pongan en riesgo la seguridad e integridad personal de los defensores civiles de derechos humanos, víctimas y familiares de los involucrados en el Caso Iguala; instruyéndoles además a que garanticen un trato digno y respetuoso a los mismos.

Mediante sendos oficios, dirigidos el pasado viernes 19 del presente, a la maestra Lía Limón García, Subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, y al licenciado Salvador Rogelio Ortega Martínez, Gobernador del Estado de Guerrero, se les hace saber que en fechas recientes se han dado a conocer a través de los medios de comunicación diversas opiniones y expresiones de servidores públicos de los diferentes ámbitos de gobierno, en torno a la problemática que prevalece en el estado de Guerrero y especialmente al asunto conocido como “Caso Iguala y/o Ayotzinapa”, en que se descalifica el trabajo que realizan tanto defensores civiles de derechos humanos como los familiares de las víctimas, en la búsqueda y localización de las personas desaparecidas y en sus reclamos de Justicia.

Las medidas cautelares de protección solicitadas a dichas instancias tienen su fundamento en los artículos 1o, párrafos primero, segundo y tercero; 102, apartado B, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6o, fracción XV; y, 40 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 116, 117 y 118, de su reglamento interno, y se emiten sin prejuzgar sobre la veracidad de los hechos y con el propósito de evitar la consumación irreparable de violaciones a derechos humanos o la producción de daños de difícil reparación y salvaguardar los derechos de las víctimas.

Como antecedente de las mismas se establece que a raíz de los hechos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre de 2014, en el Municipio de Iguala de la Independencia, Guerrero, en los cuales estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, e integrantes del equipo de futbol “Los Avispones de Chilpancingo”, fueron agredidos dando

como resultado que 6 personas perdieran la vida; 30 lesionadas; y que 43 personas se encuentren en condición de desaparecidas, a raíz de lo cual esta Comisión Nacional el 27 del citado mes y año, inició el pasado día 27 de ese mes el expediente CNDH/1/2014/6432/Q, por tales acontecimientos.

Además, el pasado 4 de octubre de este año se localizaron 6 fosas clandestinas con un número indeterminado de cadáveres en el municipio de Iguala, Guerrero; ante ello, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos acordó continuar el citado expediente como una investigación de violaciones graves a derechos humanos, bajo el número CNDH/1/2014/6432/Q/VG.

La investigación de la CNDH se efectúa en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales, verificando que las autoridades de dichos órdenes de gobierno cumplan su labor de brindar seguridad y protección a las personas, en el ámbito de sus respectivas competencias, y evitar al mismo tiempo que hechos como los acontecidos queden impunes.