General
Sánchez León el antihéroe/JORGE
CARRASCO ARAIZAGA
Revista Proceso N0. 2011, 16 de mayo de 2015
Tras
el fracaso de la ofensiva lanzada desde la Presidencia y el alto mando militar
para capturar al capo Nemesio Oseguera Cervantes, salieron a la luz las
deficiencias de planeación y tácticas. Entre los responsables de éstas destaca
un militar asignado a la lucha contra el narcotráfico y que parece dejar sólo
dudas y sombras por donde pasa: es el general José Luis Sánchez León. Alguien
en la Sedena lo sacó de Tlatlaya cuando las indagatorias por las ejecuciones
extrajudiciales del 30 de junio de 2014 casi lo alcanzaban. Alguien en la
Sedena le encargó a él que apoyara desde tierra a los helicópteros militares en
la Operación Jalisco.
El
desastre con que se inició la Operación Jalisco, incluida la pérdida del
helicóptero Cougar EC725 de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), tuvo un actor
central: el general de brigada José Luis Sánchez León, jefe de Estado Mayor de
la 5ª Región Militar, el mismo mando que está bajo escrutinio por la masacre de
Tlatlaya, Estado de México, cometida por soldados el 30 de junio del año
pasado.
Sánchez
León llegó a Guadalajara a principios de octubre pasado, tras ser removido como
comandante de la 22ª Zona Militar, en medio de las investigaciones por la
ejecución sumaria de 22 personas a manos de efectivos del 102 Batallón de
Infantería bajo su mando.
Como
jefe de Estado Mayor de la 5ª Región Militar, el pasado viernes 1 tenía la
función de dar apoyo táctico en tierra durante la fallida operación puesta en
marcha desde el Estado Mayor de la Defensa Nacional (EMDN), en la Ciudad de
México, para detener a Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, jefe del Cártel
de Jalisco Nueva Generación.
El
general Sánchez León es quien le pidió a la Procuraduría General de Justicia
del Estado de México que retrasara la llegada de su personal a la bodega de San
Pedro Limón, Tlatlaya, después de la matanza de civiles perpetrada por soldados
bajo su mando.
No
son los únicos hechos graves en la carrera del general. En 2005 estuvo cerca
del escándalo cuando la Presidencia de la República dio a conocer que la
organización delictiva de los hermanos Beltrán Leyva, entonces integrante del
Cártel de Sinaloa, había cooptado a personal de la casa presidencial.
General
brigadier entonces, Sánchez León era uno de los jefes militares del Estado
Mayor Presidencial (EMP) encargados de la seguridad del presidente Vicente Fox
y su familia. Después de ese sexenio, en el que encabezó las secciones III, IV
y V del EMP, se reincorporó al Ejército.
Una
década después, el general egresado de la Escuela Superior de Guerra está en el
centro de un caso que tiene de fondo a la delincuencia organizada. El día de la
ofensiva militar inicial de la Operación Jalisco le correspondían los
movimientos en tierra para la persecución de Oseguera, considerado por este
gobierno como el narcotraficante más peligroso del momento.
Ni
la tarea ni los terrenos le eran ajenos. Hace apenas tres años había dejado de
ser jefe de Estado Mayor de la misma 5ª Región Militar, con sede en La
Mojonera, en el municipio jalisciense de Zapopan, a donde regresó en octubre
pasado para ocupar igual cargo.
Por
tierra, ese cuartel se encuentra a más de tres horas de donde ocurrió el ataque
a la tropa de élite del Ejército, en la ruta Casimiro Castillo–Villa
Purificación. Son territorios del CJNG, que llevó hasta ellos a las cuatro
unidades aéreas del Ejército y la Policía Federal que perseguían al Mencho.
Bajo
el mando del comandante de la 5ª Región, el general de División Miguel Gustavo
González Cruz, la misión de Sánchez León era proteger a los efectivos enviados
desde la Ciudad de México en una operación mixta, aérea y terrestre, planeada
por el EMDN, a cargo del general Roble Arturo Granados Gallardo, el jefe
operativo del Ejército Mexicano.
“Era
una operación delicada, para la que era fundamental el apoyo táctico. Con las
tropas destacadas en Jalisco tenía que darse cobertura terrestre a las fuerzas
que salieron desde México”, explican fuentes castrenses consultadas.
Pero
El Mencho respondió con un ataque que derribó un helicóptero y causó ocho bajas
a lo más selecto del Ejército: la Fuerza Especial del Alto Mando, que es el
núcleo del Cuerpo de Fuerzas Especiales, la unidad de élite del Ejército
Mexicano. El Alto Mando es el secretario de la Defensa Nacional, el general de
división Salvador Cienfuegos Zepeda.
En
el diseño de la operación también participó el jefe de Estado Mayor de la
Fuerza Aérea, el general de ala piloto aviador Víctor Manuel Ruesga Ramírez,
quien responde al comandante de la FAM, el general de división piloto aviador
Carlos Antonio Rodríguez Munguía.
El
escenario de la operación planteado desde la Ciudad de México estaba lejos de
lo que verdaderamente ocurrió: el ataque al helicóptero Cougar EC705, de
fabricación francesa y matrícula de la FAM 1009, con un lanzacohetes RPG 7, el
mismo tipo de arma que derribó dos helicópteros Blackhawk de la Fuerza Aérea
estadunidense en Mogadiscio, Somalia, en 1993.
Licenciado
por la Escuela Superior de Guerra, donde también hizo la maestría en Estudios
de Seguridad y Defensa Nacionales y ha dado clases de Diplomado de Estado
Mayor, el general Sánchez León quedó, como los otros generales, en medio del
desastre que la persecución del capo significó para la FAM, el Cuerpo de
Fuerzas Especiales, el Ejército en general y el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Protegido
por la Sedena
Durante
la guerra declarada por Felipe Calderón al narcotráfico, el general de brigada
Sánchez León participó en el Operativo Conjunto Chihuahua, donde fue comandante
de la Guarnición Militar en Ciudad Juárez. Estuvo entre 2008 y 2010 en el
Operativo Conjunto Juárez y luego en el Operativo Conjunto Chihuahua.
Perteneciente al arma de caballería, en noviembre de 2008 fue ascendido a
general de brigada.
Después
de Chihuahua, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) lo envió a la 5ª
Región como jefe del Estado Mayor, cargo que en menos de cinco años ocupa de
nuevo.
En
un paréntesis de operación militar, en 2011 fue enviado a Nueva York como
asesor del mismo ramo en la misión permanente de México ante la ONU. A finales
del sexenio pasado, en mayo de 2012, fue designado comandante de la 22ª Zona
Militar, con sede en Toluca, Estado de México. Su principal misión de entonces
era el combate a las organizaciones del narcotráfico tras la escisión de la
banda de los hermanos Beltrán Leyva.
Con
ese propósito expreso se creó el 102 Batallón de Infantería el 30 de mayo de
2010, en la localidad de San Miguel Ixtapan, municipio de Tejupilco, en
terrenos donados por Peña Nieto, entonces gobernador del Estado de México. Ese
batallón tenía la encomienda de combatir a los narcotraficantes en el corredor
comprendido entre Guerrero y el Estado de México, y el cual abarca al municipio
de Tlatlaya (Proceso 1974).
El
general Sánchez León fue comandante de la 22ª Zona Militar entre mayo de 2012 y
el 30 de junio de 2014, cuando el general secretario Salvador Cienfuegos lo
alejó de la crisis generada por la ejecución de civiles presuntamente miembros
de los grupos de delincuencia organizada que operan en la zona.
Según
la Sedena, fueron ocho los civiles asesinados. La Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH) señaló que al menos son entre 12 y 15, pero cuando la
Sedena presentó los hechos como un enfrentamiento durante un patrullaje militar
dio cuenta de 22 víctimas.
Después
de conocerse que se trató de una ejecución sumaria, fueron consignados siete
elementos de tropa y un teniente, aunque sólo tres por homicidio. La Sedena se
ha negado a dar a conocer la cadena de mando implicada en la acción y las
órdenes que fueron emitidas a la partida militar (Proceso 2004).
De
acuerdo con una versión pública de la investigación de la CNDH consultada por
este semanario (edición 1995), Sánchez León fue prácticamente exonerado por la
Sedena. Sólo fue citado a declarar en el Juzgado Sexto Militar para dar su
versión de los hechos y saber “si hubo omisiones” en el patrullaje militar que
la Sedena asegura que realizaba en Tlatlaya.
La
Cámara de Diputados creó un Grupo de Trabajo para investigar lo ocurrido en ese
municipio del Edomex, pero la Sedena, la Procuraduría General de la República
(PGR) y la Procuraduría General de Justicia (PGJ) mexiquense se negaron a darle
información. Así lo asentó el grupo legislativo en su informe final, que dio a
conocer el 16 de abril pasado.
Ese
mismo día, el secretario general de Gobierno del Estado de México, José Manzur,
declaró ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados que fue
el general Sánchez León quien pidió a la PGJ que demorara su arribo al lugar
(los peritos judiciales llegaron a la escena seis horas después). Pero ni para
la CNDH ni para el Grupo de Trabajo de la Cámara de Diputados quedó claro que
en ese lapso se hubiera mantenido intacto el lugar de los hechos.
Manzur
reveló que fue el jefe castrense quien “nos pidió que no fuera muy rápido el
personal de la procuraduría porque todavía estaba más o menos oscuro” y podía
ser atacado por grupos delictivos (Proceso 1995).
En
otro argumento para desvincular al general Sánchez León, la Sedena informó a la
CNDH que el entonces jefe de la 22ª Zona Militar llegó al lugar a las 13:00
horas, es decir, ocho horas después de la ejecución sumaria.
A
diferencia de la falta de apoyo que tuvo el grupo de trabajo legislativo, el
martes 5 la Comisión Permanente del Congreso de la Unión salió en respaldo de
la Operación Jalisco y guardó un minuto de silencio por los militares caídos.
Una
semana después, la comisión dio a conocer que el general secretario Cienfuegos
envío una carta de agradecimiento al presidente de la Comisión Permanente del
Congreso. En la misiva, el divisionario advirtió que las Fuerzas Armadas
mexicanas “continuarán sin titubeos” apoyando a los tres niveles de gobierno en
materia de seguridad.
La
Sedena, sin embargo, también decidió cerrar aún más su información. Determinó
eliminar los nombres de todos los funcionarios y comandantes del Ejército y la
FAM de su sitio oficial. Ocultó también la distribución geográfica de las
regiones, zonas y guarniciones militares, regresando a la opacidad previa a la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Puede
ser una medida de seguridad porque esa información abierta les permite a los
delincuentes saber a quién dirigirse, aunque también tienen otras maneras de
hacerlo, como las deserciones y las infiltraciones, dicen fuentes castrenses.
“Creciente
insurgencia criminal”
Según
publicó el diario La Jornada el miércoles 6, la PGR investiga si expolicías y
exmilitares capacitados en el manejo de armamento forman parte de las filas del
CJNG. La investigación apunta a lo ocurrido con Los Zetas, formado por
desertores del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE), antecedente del
actual Cuerpo de Fuerzas Especiales.
Reclutados
por el Cártel del Golfo, Los Zetas iniciaron como la guardia armada de esa
organización delictiva, pero más tarde se volvieron autónomos, hasta disputar
el liderazgo al Cártel de Sinaloa durante el sexenio pasado.
El
periódico, que cita a funcionarios del gabinete de Seguridad Nacional, refiere
que el CJNG, además de contar con posible entrenamiento militar, como lo
indicaría el ataque con el lanzacohetes, se estaría abasteciendo de armas desde
Estados Unidos y Centroamérica.
Considerado
por el gobierno de Peña Nieto como la organización delictiva más poderosa por
ahora, el CJNG surgió como un brazo del Cártel de Sinaloa tras la ejecución del
cabecilla Ignacio Coronel a manos del Ejército en julio de 2010, en Zapopan.
De
acuerdo con un reporte solicitado por el sector empresarial de Jalisco y
elaborado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal,
el CJNG mantiene colaboración con Martín Beltrán Coronel, El Águila, sobrino de
Nacho Coronel. El Águila había sido detenido en mayo de 2011, pero fue liberado
por orden judicial el 24 de septiembre último.
Los
Coroneles o La Corona, como se conoce a su organización, mantiene una relación,
aunque tensa, con el cártel de Nemesio Oseguera. “Están en el mismo negocio,
pero los primeros son los que se encargan de la producción, trasiego y lavado
de dinero, mientras que los segundos son la fuerza de choque”, dice el reporte
citado.
Añade:
“La tarea del Águila es prepararse para dar continuidad al narcotráfico cuando
Nemesio Oseguera finalmente sea detenido o muerto. El estilo del Águila es de
menos violencia y más bajo perfil, como el de su tío”.
Titulado
Jalisco: la amenaza del crimen organizado y las políticas públicas para
conjurarla, fechado el 20 de abril y entregado a autoridades civiles y
militares, el documento dice que Los Coroneles consideran irascible e
irreflexivo al Mencho, pero con gran fuerza, como lo demostró al abatir el helicóptero
Cougar de la FAM.
Robert
Bunker, profesor investigador adjunto del Instituto de Estudios Estratégicos
del Colegio de Guerra de Estados Unidos, dice que el derribamiento del aparato
militar por “soldados de a pie” del CJNG puede ser considerado como el cruce de
un “apagafuegos sicológico” en la guerra contra el narco en México.
Consultado
por Proceso, el académico explica que, precedido por las emboscadas y masacres
de fuerzas estatales, los bloqueos de carreteras y la campaña masiva de
incendios en Jalisco, el ataque claramente significa un reto directo a la
autoridad federal y demuestra públicamente “la creciente impunidad de los
cárteles y su voluntad de ir y derrotar a las fuerzas armadas”.
Miembro
adjunto de facultad de la Claremont Graduate University, Bunker añade: “Los
Zetas y otros elementos de otros cárteles han demostrado desde hace tiempo su
voluntad de atacar directamente a la Sedena y a otras fuerzas federales. Sin
embargo, el alto perfil del ataque (en Jalisco) también hizo añicos el mito de
la administración de Peña Nieto de que las guerras con los cárteles
desaparecerán simplemente si son ignoradas en el discurso de las políticas
públicas del gobierno federal”.
Con
experiencia como instructor en el Programa Contra-narcoinsurgencia en Los
Ángeles, California, y como asesor en contraterrorismo, afirma que en medio de
un clima de inseguridad y corrupción institucional promovida por los grupos de
narcotráfico, de facto “hay una creciente insurgencia criminal en México”.
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