17 may 2015

Guerrero: Entre el terror y el desencanto de votar/

Revista Proceso 2011, 16 de mayo de 2015
Guerrero: Entre el terror y el desencanto de votar/GLORIA LETICIA DÍAZ
Dos terceras partes de la geografía guerrerense presentan “focos rojos” para las elecciones del próximo 7 de junio. No es de extrañar, porque el panorama es desolador: dos candidatos y 433 civiles han sido asesinados en lo que va del año; las organizaciones indignadas por Ayotzinapa se movilizan; se enquistan los grupos oportunistas; el narcotráfico y la corrupción son las verdaderas autoridades… Así, crece la demanda de que las elecciones se cancelen, y hay aspirantes que ven las manos de los gobiernos federal y estatal detrás de esta exigencia.
ACAPULCO, GRO.- Marcado por la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el proceso electoral en esta entidad transita entre la violencia sin límites atribuida al crimen organizado y una campaña contra los comicios en la que participan decenas de agrupaciones sociales, aglutinadas en el Movimiento Popular Guerrerense (MPG).

Desde que se iniciaron las campañas proselitistas en marzo, los grupos que integran el MPG –de manera prominente la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) y normalistas– han pasado de la descalificación del proceso electoral a la destrucción de propaganda y al boicoteo de actos políticos.
El movimiento antielectoral, concentrado en Chilpancingo, Tixtla y Tlapa, tensó aún más el ambiente, tocado ya por el crimen organizado y una violencia galopante pese a la presencia de fuerzas federales de seguridad desplegadas en todo el estado.
En 2014, y de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), Guerrero –con 3.4 millones de habitantes– registró mil 514 homicidios dolosos. En el primer trimestre de este año ocurrieron 433. En este rubro, de hecho, la entidad sólo es superada por el Estado de México, que con 15.5 millones de habitantes cerró 2014 con mil 994 ejecuciones y lleva 498 en los primeros tres meses de 2015.
 Comicios entre sangre
 En este proceso para elegir gobernador, 81 alcaldes, 28 diputados locales y nueve federales, la violencia política ha sido la constante. La lista comienza con el asesinato de Aidé Nava González, precandidata del PRD a la alcaldía de Ahuacotzingo, en la región de la Montaña, el pasado 10 de marzo.
 Otro hecho: Sobre la carretera Chilpancingo-Chilapa, a las 6:00 horas del 25 de abril, un grupo de al menos 20 personas armadas con fusiles de asalto y lanzagranadas impidieron el tránsito del candidato a gobernador por Movimiento Ciudadano, Luis Walton Aburto, y de su comitiva mientras se dirigían a Tlapa. Seis días después fue ejecutado el aspirante del PRI a la alcaldía de Chilapa, Ulises Fabián Quiroz.
 Justo en Tlapa, en la parte alta de la Montaña, Valentina Rosendo Cantú, quien litigó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado mexicano como víctima de abuso sexual por parte de miembros del Ejército, sufrió un atentado automovilístico el lunes 11, luego de haber sido registrada como representante de Morena en la contienda por la alcaldía de Acatepec y de recibir amenazas telefónicas para que no participara, según denunció el martes 12 en el Congreso local el diputado perredista Iván Galíndrez.
 Y sigue. En la región de Tierra Caliente, el aspirante del PRD a la alcaldía de San Miguel Totolapan, Juan Mendoza, fue retenido por hombres armados durante algunas horas del martes 5.
 Seis días después, la candidata a diputada plurinominal del PRD Silvia Romero Suárez y tres de sus colaboradores fueron interceptados por un comando cuando transitaban por la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano. Fueron privados de su libertad durante 24 horas. Romero Suárez se desempeñó como secretaria de Educación durante el gobierno del defenestrado Ángel Aguirre (PRD), y mientras militó en el PRI formó parte del grupo de Rubén Figueroa Alcocer.
 A este ambiente de inseguridad se sumó la acción concertada de al menos 300 personas fuertemente pertrechadas, que durante seis días mantuvieron tomado el ayuntamiento de Chilapa en busca de Zenén Nava, líder de la banda criminal Los Rojos. Abandonaron la localidad el jueves 14, tras emplazar al Ejército a detener al cabecilla en una semana.
 En el filito
 Durante una comparecencia en el Congreso local, el lunes 11, el secretario general de Gobierno de Guerrero, David Cienfuegos Salgado, ubicó como “focos rojos” los municipios de Tixtla, Chilapa, Ayutla, y “partes de Chilpancingo y Acapulco”, debido a la operación del MPG y de grupos criminales.

Un síntoma que pinta bien el ambiente es que en los dos distritos electorales de Acapulco 783 funcionarios de casilla renunciaron presuntamente por temor.

El consejero electoral local Silvestre Pacheco León, presidente de la Comisión de Promoción del Voto, sostiene que más allá del movimiento social contra el sufragio, la auténtica amenaza para el proceso electoral es el crimen organizado, “y no de ahora, de hace mucho tiempo”.

Tras afirmar que para el MPG será “prácticamente imposible” parar la jornada del 7 de junio, Pacheco admite que hay “focos rojos” en dos terceras partes del territorio guerrerense.

“Los temores tienen orígenes distintos en Tlapa, Chilpancingo y Ayutla, donde las alertas son por lo social; en tanto que en Chilapa, Iguala y Ciudad Altamirano son por el narcotráfico y el crimen organizado”, continúa. Aún es peor, lamenta, que “la sociedad está aceptando todo eso como un hecho inevitable”.

Para el proceso electoral que culmina el 7 de junio, “hubo un acuerdo de no poner en riesgo ni a los funcionarios ni a los ciudadanos; no estamos pensando en que se resguarden (las elecciones) con militares porque la ley prohíbe que cerca de las casillas haya gente armada, sólo hay que recordar que evitar la instalación de una casilla es un delito penado con cárcel”.

Analista político, desestimó que prospere la movilización contra el voto en Guerrero. “Las fuerzas más radicalizadas en torno al dolor de los padres (de los 43 desaparecidos) se agarraron de esa demanda para plantear su catálogo de demandas gremiales. Han negociado desde los maestros de la CETEG hasta los transportistas que quieren concesiones”.

Perspectivas

En entrevistas por separado, los candidatos a gobernador por el PRD-PT, PRI-PVEM, y Morena, Beatriz Mojica, Héctor Astudillo y Pablo Sandoval, respectivamente, así como el coordinador general de campaña de Luis Walton, Ricardo Mejía, coincidieron en solicitar garantías de seguridad para la realización del proceso.

Astudillo, Sandoval y Mejía coincidieron en que no existen las condiciones idóneas para realizar la elección.

Exdiputado local y federal, exsenador, dos veces alcalde de Chilpancingo, Astudillo Flores compite por segunda ocasión por la gubernatura. La anterior fue en 2005, frente a Zeferino Torreblanca.

Si algo distingue a la actual contienda de la de hace 10 años, apunta, “es la presencia de la delincuencia organizada y su traducción en violencia. (…) Es una elección histórica por el ambiente, que no es normal, es de mucha crispación, que parte o se infla a partir de lo de Iguala. A nosotros ya nos costó un candidato”, recuerda, aludiendo a Ulises Quiroz, de Chilapa.

El priista, que dice no formar parte de ninguna de las corrientes internas del PRI, califica de inédita la “indisposición ante los candidatos en la zona de la Montaña. (Los inconformes) son los de la CETEG, a quienes el asunto de Iguala-Ayotzinapa les dio un elemento por el cual manifestarse, en ocasiones violentamente”.

Astudillo Flores reconoce que ante esa violencia, su estrategia se ha enfocado en evitar viajar de noche y no acudir a zonas controladas por el MPG, como Tlapa y Chilpancingo, para que su presencia no se tome como una provocación.

El exalcalde sostiene que después de casi ocho meses de movilizaciones por la desaparición de los estudiantes, “hay un hartazgo social, sobre todo en Chilpancingo y Acapulco. A la capital (cuyo Zócalo está tomado desde octubre) la destruyeron; la población tiene un sentimiento de impotencia y desesperación”. Ahora bien, para el aspirante el “sentimiento de agravio” de esas dos ciudades operará a favor de la participación ciudadana.

Entrevistada el martes 12, Mojica Morga, secretaria de Desarrollo Social en la administración de Ángel Aguirre e integrante de la corriente perredista Nueva Izquierda, conocida popularmente como Los Chuchos, advierte que en materia de seguridad la entidad vive “una circunstancia difícil desde hace mucho tiempo, pero la gente en su vida cotidiana sale a trabajar”.

Para ella, los riesgos electorales “tienen más que ver con movimientos sociales que llaman a no salir a votar. Desde luego que nosotros estamos en el convencimiento de que la gente sí salga a las urnas”.

Asevera que hasta el 12 de mayo había visitado 55 de los 81 ayuntamientos, y que en ningún lugar ha tenido “incidentes” ni se ha visto obligada a suspender mítines.

En contraparte, integrantes del MPG en Tlapa denunciaron el decomiso de propaganda electoral y despensas que supuestamente serían repartidas en actos de campaña de Mojica, el 7 de mayo, así como una pistola escuadra de nueve milímetros y un rifle de asalto R-15, cartuchos útiles y la identificación del portador del armamento, Humebro Martínez Celestino, supuesto policía federal que presuntamente pertenece al cuerpo de seguridad de la candidata. Mojica ha negado cualquier irregularidad.

Consultados por separado, Mejía Berdeja y Sandoval Ballesteros ven con sospechas el movimiento contra las elecciones. Coinciden también en que un escenario de miedo sólo beneficia a los partidos con estructuras electoreras: el PRI y al PRD.

Descendiente de dirigentes del Partido Comunista Mexicano y fundadores del PRD, Sandoval Ballesteros identifica a Morena como el partido al que más afecta el movimiento contra los comicios:

“A partidos como el PRI y el PRD les conviene que en algunos distritos y municipios no haya elecciones, sobre todo donde hay votación alta. Vemos una utilización de la campaña contra el voto y del descontento social en la Montaña, que es donde hubo más votos a favor de Andrés Manuel López Obrador en 2012.”

Sandoval teme que el movimiento social “sea utilizado por los partidos para decir que no hay condiciones para la elección en municipios y distritos específicos”.

Para el aspirante, detrás de esa estrategia estaría “la mano del gobierno federal en temas como la suspensión de los salarios a los maestros, lo que generó severas protestas, y ahora los últimos eventos de inseguridad, siendo que es responsabilidad del gobierno federal combatir al crimen organizado y ha sido totalmente omiso”.

La negligencia federal, apunta, es evidente: “No se trata sólo de dos o tres candidatos. De enero para acá han muerto más de 300 personas en actos violentos, y a esas personas nadie les hace caso. El problema es que el pueblo de Guerrero no tiene seguridad, se están generando condiciones de normalidad antidemocrática, y creen que así se puede hacer una elección, con los muertos, las desapariciones… y pretenden que Guerrero se acostumbre a ello”.

Mejía Berdeja, estratega de las campañas de Convergencia –ahora Movimiento Ciudadano–, asevera que las campañas de miedo ya se han ensayado en Guerrero. Hace ocho años, en la jornada para elegir alcalde de Acapulco en 2008, se documentó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) un operativo en el que participaron “hombres de negro”.

En la sentencia de revisión constitucional 165/2008, prosigue, “el TEPJF nos dio la razón: hubo una operativo paraelectoral con el fin de generar miedo en las casillas. Hubo gente vestida de negro que, aparentando ser de una corporación policiaca o algún grupo delictivo, asustaba a quienes iban a votar. A unos los amedrentaban y a otros los agredían directamente”.

Pese a que el TEPJF logró vincular a los “hombres de negro” con integrantes de la planilla del PRI encabezada por Manuel Añorve Baños, actual vicecoordinador de la bancada priista en la Cámara de Diputados, el tribunal no invalidó la elección como lo demandaban los representantes de Luis Walton, que quedó en segundo lugar por estrecho margen.

Un año más tarde, apunta Mejía, en los comicios intermedios de 2009, también en Acapulco “hubo hechos de violencia, donde gente vinculada a la delincuencia llegaba armada a diferentes casillas a asustar a los ciudadanos. Eso fue denunciado ante el Consejo General del IFE”.

Con estos antecedentes, puntualiza, “lo que estamos viviendo es un coctel en el que se mezclan movimientos sociales en contra del voto, el crimen organizado y estrategias de inhibición de la participación ciudadana”.

A diferencia de Sandoval Ballesteros, que identifica al gobierno federal como responsable de la ingobernabilidad, para Mejía “no sólo la mano, sino el cuerpo del gobernador sustituto (Rogelio Ortega) está metida, está operando para Los Chuchos como parte de una estrategia: por un lado asustas, inhibes, generas miedo, y por otro lado movilizas las estructuras clientelares, que son producto de la manipulación de programas sociales”.

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