En la Narvarte...Graves irregularidades y presunta tortura: CDHDF

Revista Proceso # 2024, 15 de agosto de 2015..

Graves irregularidades y presunta tortura: CDHDF/GLORIA LETICIA DÍAZ

Para la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la procuraduría capitalina ha incurrido en numerosas y graves irregularidades al investigar el multihomicidio de la colonia Narvarte, donde una de las víctimas fue Rubén Espinosa, colaborador de este semanario: ha actuado a base de prejuicios y discriminación, presuntamente torturó al único detenido y, sobre todo, a ciertos medios les ha filtrado información parcial o distorsionada para crear la sensación de que las víctimas se “merecían” lo que les pasó. En entrevista con Proceso, la titular de la CDHDF, Perla Gómez Gallardo, manifiesta su temor de que el caso se siga desvirtuando y se pase por alto la línea de investigación que conduce a la capital veracruzana.

 Filtraciones orientadas a descalificar a las víctimas, discriminación, omisiones en la indagatoria y la presunción de maltratos o tortura al único procesado por el multihomicidio de la colonia Narvarte –donde murió Rubén Espinosa, colaborador de este semanario–, son algunas de las irregularidades cometidas por las autoridades y que a dos semanas de los hechos destaca en entrevista la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Perla Gómez Gallardo.

 Ante un caso escandaloso –en el cual además de un fotoperiodista, entre las víctimas hay una activista de los derechos humanos, Nadia Vera, y otras tres mujeres, Alejandra Negrete, Yesenia Quiroz y la colombiana Mile Virginia Martín, y donde se señala la responsabilidad del gobernador de Veracruz, Javier Duarte– Gómez Gallardo determinó abrir dos quejas: una por posibles violaciones al debido proceso y otra por agravios a la libertad de expresión y a grupos vulnerables.

 Tras manifestarse contra las filtraciones a varios medios, entre ellos Televisa, en violación a las medidas precautorias emitidas por la CDHDF el sábado 1, Gómez Gallardo revela que peritos médicos analizan los dictámenes del Protocolo de Estambul, aplicado a Daniel Pacheco Gutiérrez, procesado por feminicidio agravado, homicidio calificado y robo en pandilla, a fin de determinar si en su caso hubo maltrato o tortura.

 Como ocurrió con José Antonio Hernández, acusado de la muerte de la corresponsal de Proceso en Veracruz, Regina Martínez, Pacheco alegó haber sido torturado por los agentes que lo aprehendieron.

 Aunque ante la juez Hermelinda Silva se reservó el derecho a declarar cuando fue consignado, el jueves 6, Pacheco decidió hablar de esos presuntos abusos el viernes 7 y el sábado 8, cuando funcionarios de la Primera Visitaduría de la CDHDF ingresaron al Reclusorio Oriente para tomar su declaración y aplicarle las pruebas del Protocolo de Estambul.

 En la fotografía del indiciado, que las autoridades enviaron a los medios, en el rostro del exconvicto –cumplió una condena de nueve años por violación y robo– se aprecia un hematoma en el ojo izquierdo, que se ve entrecerrado por la inflamación.

 En sus declaraciones ministeriales, filtradas a algunos medios, Pacheco se habría abstenido de presentar una querella contra sus aprehensores y habría dicho que los golpes que presentaba se los había provocado al resistirse a la captura.

 Gómez Gallardo explica que el organismo “está configurando la investigación para determinar si el tipo de lesión que presenta (Pacheco Gutiérrez) tiene que ver con la propia detención, en el uso adecuado de la fuerza”.

 La titular de la CDHDF admite que por el momento la institución no puede pronunciarse sobre presunta tortura sufrida por el detenido, pues apenas se analizan su declaración y las pruebas del Protocolo de Estambul (método psicológico y médico para determinar maltrato y tortura).

 Sólo reconoce que por parte de la CDHDF “está abierta una investigación por procuración de justicia, donde se puede integrar desde la detención, si hubo o no alguna situación (de tortura), y la forma en que estén garantizando todos sus derechos, tanto para declarar como para tener abogado durante este proceso”.

 Y mientras peritos médicos determinan el origen de las lesiones del indiciado de 41 años y quien aseguró ser pulidor de autos, Gómez Gallardo envió una alerta a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, ante los temores por la integridad del prisionero.

 “Estamos enviando alerta complementaria a autoridades del sistema penitenciario para que se tengan todas las condiciones y se proporcione la atención psicológica, un espacio adecuado y la revisión constante, para efectos de que no esté en una situación de riesgo; él mismo señala que tiene temor y que está en un contexto de estrés”, apunta.

 Cuestionada sobre el origen de los temores de Pacheco, la presidenta de la CDHDF señala que el detenido “no da datos de por qué la conducta” y en la institución, como defensores, son “respetuosos de la forma en que quieran ir comunicando su situación”.

 Para ella, revisar que en el caso del indiciado se garantice la debida defensa, más allá de ser un derecho humano, tiene que ver con el derecho de las víctimas a tener acceso a la justicia y la verdad, pues por fallas en el procedimiento, responsables de delitos pueden acceder a amparos y lograr la libertad.

 Víctimas desacreditadas

 En el caso del quíntuple homicidio, Gómez detecta de entrada que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), a cargo de Rodolfo Ríos Garza, olvidó la recomendación 03/2012 de la CDHDF, la cual instruye a la dependencia a “que cuando se detenga un probable responsable, no haya una exhibición a medios porque eso vulnera el principio de presunción de inocencia”.

 Dicha recomendación, recuerda Gómez Gallardo, se emitió porque personas alguna vez exhibidas ante los medios por la PGJDF como responsables de delitos, y quienes luego comprobaron su inocencia, “tuvieron una afectación en su imagen pública”.

 Puntualiza: “Indistintamente de que puedan ser responsables de los hechos, (a los detenidos) se les tiene que resguardar la presunción de inocencia y el debido proceso, para garantizar el derecho de las víctimas a la verdad y a la justicia”.

 A dos semanas de los homicidios de la colonia Narvarte, Gómez Gallardo, abogada experta en defensa de la libertad de expresión, manifiesta otras preocupaciones de la CDHDF, que dieron lugar a la apertura de otra queja en la Cuarta Visitaduría, así como a la emisión de medidas precautorias y comunicaciones a la PGJDF y al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF).

 Entre las primeras acciones del organismo en este caso, el sábado 1 se inició una investigación de oficio en la Cuarta Visitaduría, además de solicitar medidas precautorias a la Dirección General de Derechos Humanos de la PGJDF, para evitar la revictimización de las víctimas directas e indirectas e informar de las indagatorias a los familiares; un día después se pidió que se realizaran las investigaciones con perspectiva de género, dado que cuatro de las cinco víctimas eran mujeres.

 El domingo 2 se solicitó al TSJDF “preservar la evidencia asociada con ropa y efectos personales” y evitar “cualquier acto de revictimización”, luego de las autopsias.

 En tanto que a la Secretaría de Seguridad Pública se le solicitaron medidas de protección para los manifestantes del domingo 2 y, un día después, que “se resguardaran las grabaciones de las cámaras de vigilancia ubicadas en el perímetro alrededor del lugar de los hechos”.

 Además de acompañar a familiares de víctimas a rendir testimonios y recuperar cuerpos, la CDHDF “solicitó formalmente colaboración al Consulado General de Colombia en México a fin de llevar a cabo contacto con familiares de la víctima Mile Virginia Martín”, entre otras acciones, como consta en una tarjeta informativa proporcionada por el organismo.

 Para la presidenta de la CDHDF, una de las preocupaciones del organismo es que en las indagatorias se apliquen los protocolos correspondientes a los feminicidios y el Ministerio Público cumpla su “obligación de abrir la línea de investigación de libertad de expresión”.

 Puntualiza que es indispensable que, por los perfiles de Espinosa Becerril y la defensora Nadia Vera, se considere “el contexto de qué intereses estaban afectando”.

 En el caso específico del fotoperiodista, abunda: es ineludible que la PGJDF considere que “venía de un entorno de violencia, como es el estado de Veracruz, donde el nivel de impunidad en materia de investigación de libertad de expresión es escandaloso”.­

 Tras señalar que aquella entidad mantiene el “mayor nivel de asesinatos y desa­pariciones de periodistas”, sostiene que en este contexto el gobernador Duarte tiene “por lo menos una responsabilidad por omisión y una responsabilidad política en cuanto a su ejercicio, por no llevar a cabo las acciones necesarias para adecuar las investigaciones y procesar a los culpables, y por dejar suspicacias o dudas respecto a sus conductas o responsabilidades”.

 Apunta que la CDHDF solicitó información a su contraparte de Veracruz para saber “si tenía algún antecedente respecto al fotoperiodista, confirmando que ya había emitido alguna recomendación contra las autoridades que habían violado sus derechos” en aquella entidad.

 Por ello insiste en que, para superar el reto de que en el Distrito Federal “hay una gran diferencia en la forma de investigar”, la PGJDF debe indagar, en el caso de Espinosa, “qué publicó o qué estaba documentando, qué interés afectaba o qué pensaba publicar en un futuro”, aunque reconoce que “es inédito que se cite a un gobernador para que rinda declaración, y que se va estar requiriendo al secretario de seguridad del propio estado”.

 La línea descuidada

 Sobre las dudas de los familiares de las víctimas y sus defensores acerca del móvil del robo como el origen de los asesinatos –como afirma la PGJDF–, Gómez Gallardo considera que “ independientemente de que ellos (la Procuraduría) tengan una hipótesis, al día de hoy no hay claridad, porque todavía hay líneas que se tienen que seguir configurando”.

 Entrevistada el jueves 13, un día después de que Joaquín López Dóriga presentara en su noticiario el resultado del examen toxicológico de las víctimas, del cual se desprendería que Rubén Espinosa y Nadia Vera habían consumido drogas, Perla Gómez reprocha la desatención a las medidas precautorias para que las autoridades no filtraran información.

 “La filtración ya es una situación de preocupación en casos similares; contra ello ya se había pronunciado antes la Comisión y no vemos con claridad que (las autoridades) estén cumpliendo”, lamenta.

Ante el reclamo por la revelación de información confidencial a algunos medios, el lunes 10 la PGJDF le informó que se había abierto una averiguación previa para deslindar responsabilidades, sin que se suspendiera la publicación de los datos del expediente.

Gómez Gallardo les exige a las autoridades “una definición muy clara. No es menor, en el tema periodístico, que se estén manejando versiones alternativas, distorsiones de partes del expediente y que incluso entorpecieran alguna parte de la investigación o que revictimicen o exhiban o quieran mostrar una imagen que daña la reputación de la persona”.

Puntualiza que la exhibición de las víctimas, lo que genera es la percepción pública de que “se lo merecían (…) Eso es muy delicado porque pareciera entonces que se justifica la comisión del delito de estas características, por el simple perfil de ser usuaria de una sustancia, o de haber tenido una reunión o de ser mujer o colombiana. Esperamos que en este caso, independientemente de cómo se vayan dando las líneas de investigación, sí se finquen responsabilidades por las filtraciones”.­

Al considerar que los medios deberían regirse por “un ejercicio ético y de autorregulación en la forma en que transmiten los mensajes”, Perla Gómez reflexiona que, en este caso, las autoridades no han transmitido la información de la mejor manera.

“Tanto en declaraciones que ha estado haciendo el procurador, como otras autoridades, y en la información que están sacando, qué relevancia tiene el que una persona haya consumido o no una sustancia, o qué relevancia tiene el que una mujer sea colombiana, porque entonces se está actuando con prejuicio y discriminación, lo que también podría acreditar un pronunciamiento por parte de la CDHDF”, dice.

La exigencia de preservar la información contenida en el expediente de este caso es extensiva para el TSJDF, resalta, toda vez que al abrirse el proceso judicial, “se abrió más el espectro” de la filtración.

“Al TSJDF le estaremos enviando las medidas de resguardo para evitar que se vayan creando historias paralelas en los medios, creando un juicio paralelo donde se desvirtúa la imagen de las víctima, una cuestión descalificatoria; es algo que hemos anticipado y hemos puesto en el radar”, resalta.

Gómez Gallardo insiste en que una de las prioridades de la CDHDF es garantizar que la línea del trabajo periodístico de Rubén Espinosa sea incluida en las investigaciones.

“Indistintamente de que la PGJDF tenga una línea más sólida para consignar el caso, no pueden cerrarlo sin determinar si el contexto de violencia del que venía el fotoperiodista y qué intereses estaba o no afectando su labor, fue o no factor para la ejecución de estas personas”, concluye.