Álvarez
Icaza en campaña… contra México/Raymundo
Sánchez
Derruido
prácticamente quedó el caso Tlatlaya porque las tres mujeres testigos
incurrieron en contradicciones y no hubo más prueba que sus declaraciones, que
cambiaron hasta cinco veces, contra cuatro de los ocho militares a los que se
apresó por esa supuesta matanza de 22 “civiles” dedicados al secuestro y la
extorsión.
Pero
lo relevante es que el abogado que defiende a los efectivos del Ejército, Juan
Velázquez, identifica al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez
de haber inventado la versión de la supuesta “ejecución”, y haber aconsejado a
las tres testigos para que así lo declararan ante el MP.
Resulta
que el director de ese centro es Mario Patrón, quien fue primer visitador de la
CDHDF cuando la presidía Emilio Álvarez Icaza, ahora secretario general de la
CIDH, cuyos expertos sostienen que los 43 de Iguala no fueron incinerados en el
basurero de Cocula. También él fue parte de la delegación que visitó seis
entidades del país en cinco días y concluyó que en México hay una “grave crisis”
de derechos humanos.
Más
aún, el “sustento” de dicha conclusión es una endeble decena de testimonios que
incluso datan de… 1974. Son las pequeñas venganzas de Álvarez Icaza, porque en
2009 no pudo ser ombudsman nacional.
Cerró
en 16 la lista de aspirantes a suceder al doctor José Narro en la rectoría de
la UNAM, pero ninguno incluyó literalmente en sus proyectos para los siguientes
cuatro años en la máxima casa de estudios el rescate del auditorio Justo
Sierra, tomado desde 1999 por grupos radicales y advenedizos, que lo usan como
guarida para cometer ilícitos como la distribución de droga.
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