Reporte Indigo.com
Canales:
Un fiscal controvertido
La
familia Fisher Garza acusa al subprocurador Anticorrupción, Ernesto Canales
Santos, de intervenir para pagar una fianza de medio millón de pesos por medio
de Renace para exonerar al Hospital Christus Muguerza en un juicio de
negligencia médica
Reportaje de JESÚS PADILLA , Repoerte Indigo, Martes 5 de abril de 2016
"Es
una ironía… me fui de espalda al ver en la prensa que ‘El Bronco’ propuso a
Ernesto Canales como fiscal Anticorrupción, porque en el caso de mi hija hay un
diploma falso, y él tuvo que investigar el caso y debió estar enterado” Alejandra
Garza Madre
de Johanna Alexandra
Los
problemas de Ernesto Canales Santos, fiscal Anticorrupción del Estado, no
terminan, se multiplican.
Además
de la acusación que enfrenta por un presunto fraude de 65 millones de pesos, el
subprocurador estatal es señalado por intervenir en un caso de presunta
negligencia médica del Hospital Christus Muguerza, que dejó en estado
vegetativo a una joven regiomontana.
El
caso de Johanna Alexandra Fisher Garza ha sido retomado en la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, al haber indicios de averiguación injustificada e
inusual en perjuicio de la joven.
Los
familiares de la paciente señalan al hoy fiscal anticorrupción de intervenir
con su organización Renace para liberar a la enfermera del Hospital Muguerza
acusada de negligencia.
El
pasado 30 de marzo la Corte atrajo el proceso de amparo sobre la prescripción
de la acción penal solicitada por la enfermera Anita Urbina Alvarado, única
indiciada en este juicio.
“Esta
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ejerce su facultad
de atracción para conocer del amparo en revisión a que este toca se refiere”,
cita el informe de la Corte que fue aprobado por mayoría de los magistrados.
En
2012, Renace pagó una fianza de medio millón de pesos para liberar a Urbina
Alvarado.
“Renace,
donde Ernesto Canales es el director, saca rateritos con fianza de mil o 3 mil
pesos, pero no de 500 mil pesos, la organización no tiene para darlos.
“Renace
trianguló ese dinero por la amistad que Ernesto Canales tiene con el Hospital
Muguerza, Canales le hizo el favor a sus amigos”, aseguró Alfonso Garza García,
abuelo de Johanna Alexandra.
Irregularidades
en el proceso
Para
tomar la defensa de un indiciado, Renace revisa que en verdad haya una
presunción de inocencia, y que el caso no tenga irregularidades que manche su
credibilidad profesional.
“Esta
organización tiene la obligación de revisar el expediente, siempre y cuando
exista una falla contra el indiciado, pero no puede sacar a un reo por un
delito grave”, consideró Garza García.
En
septiembre de 2012, la enfermera Anita Urbina Alvarado fue encarcelada en el
Penal del Topo Chico, pero ese mismo año recuperó su libertad.
De
acuerdo con los demandantes, esta organización no revisó minuciosamente el caso
de Urbina Alvarado y decidió defenderla, pagando la fianza de 500 mil pesos por
los delitos de falsificación de documentos y negligencia médica.
Ahora
la enfermera está solicitando la prescripción del caso.
Pero
magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto
Circuito, con sede en Nuevo León, negaron la prescripción porque consideran que
existen irregularidades en el proceso del expediente 179/2012-VII.
“Los
magistrados integrantes de este tribunal consideramos que este asunto revista
características de interés y trascendencia porque se está en la hipótesis de
que existió una averiguación injustificada e inusual.
“Este
colegiado estima procedente la necesidad de que la Suprema Corte de Justicia de
la Nación ejerza la facultad de atracción (para determinar) qué es más
importante, el acceso a la justicia o la prescripción de la acción penal”, cita
el documento.
Advierten
al gobernador
Alejandra
Garza, madre de Johanna Alexandra, criticó la participación de Ernesto Canales
Santos, a través de Renace, en el caso de la enfermera del Hospital Muguerza,
donde su hija sufrió daño motriz y neurológico permanente.
“Es
una ironía… me fui de espalda al ver en la prensa que ‘El Bronco’ propuso a
Ernesto Canales como fiscal Anticorrupción, porque en el caso de mi hija hay un
diploma falso, y él tuvo que investigar el caso y debió estar enterado”, dice
Garza.
Aseguró
que el gobernador Jaime Rodríguez fue alertado por medio de una carta emitida
el pasado 9 de diciembre por la participación del subprocurador Anticorrupción
en este caso que, asegura, estuvo plagado de corrupción.
“El
juicio de mi hija fue plagado de corruptela donde está implicado Luis Carlos
Treviño Berchelmann y Natividad González Parás, por lo que no debió defender a
la enfermera Ernesto Canales Santos”, dijo Alejandra Garza.
Criticó
a la institución Renace por prestarse a una triangulación financiara para
liberar a la enfermera.
“Lo
totalmente extraño, inédito e irregular es que una organización como Renace,
por más filantrópica, humanista y religiosa que sea, pague en forma altruista a
una reo en especial una fianza por la cantidad de 500 mil pesos.
“Prestándose
Renace a esta triangulación, tratando de desviar u ocultar los verdaderos
motivos de porqué el hospital Christus Muguerza no daba directamente la cara”,
reiteró Alejandra Garza.
Las
pruebas del caso
Dentro
de las pruebas presentadas en el expediente 179/2012-VII por la familia de
Johanna Alexandra Fisher Garza en poder de este medio, revelan la falsificación
de documentos y alteración en el expediente médico.
Un
diplomado de la Universidad de Monterrey, que acredita a Anita Urbina Alvarado
como enfermera intensivista, cuando ella en su declaración preparatoria asegura
ante la autoridad que era enfermera general.
Este
documento presenta irregularidades, como la fecha de certificación ante la
Secretaría de Educación por el entonces secretario de Gobierno, Natividad González.
Inexplicablemente,
González lo certificó dos semanas antes de que el diploma naciera a la vida
jurídica, es decir, el exgobernador lo firmó el pasado 2 de marzo de 1990 y
supuestamente se expidió el 16 de marzo del mismo año.
La
familia presentó pruebas donde señala que Johanna Alexandra, tras una operación
de una malformación en la parte cervical en enero de 1998, sufrió un paro
cardiaco, y señalan al doctor Hernán Campa Núñez de ocultar esa información
médica.
Comprobaron
que la afección cardiaca fue ocasionada porque el respirador artificial no fue
retirado de manera gradual, de acuerdo a protocolos de recuperación.
Aseguran
que hay testimonios y documentos falsos de la defensa de la enfermera, con la
complacencia del Ministerio Público Número Uno de la Procuraduría de Justicia,
con Luis Carlos Treviño Berchelmann como procurador.
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