Las columnas políticas hoy, 26 de abril de 20167…
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FRENTES POLÍTICOS/Excelsior
IV.Guerrero arde… Y, en ese sentido, 250 padres de familia y normalistas de Ayotzinapa, apoyados por comisiones de planteles de la FECSM, arribaron ayer al exterior del Congreso del Estado, venían procedentes de Tixtla, iban a bordo de siete autobuses, llegando comenzaron a pegar carteles en demanda de la permanencia en México del GIEI, iban embozados. Previamente en el distribuidor vial del punto conocido como Tierras Prietas, 150 policías estatales con equipo antimotín revisaron los maleteros de las unidades, para evitar mayores problemas, pero cuál fue su sorpresa, dentro iban corresponsales extranjeros acompañando a los estudiantes, venían encajuelados, escondidos, obviamente, eso provocó tensión y suspicacia para muchos. ¿Cuál era la intención?
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El video de Zerón/Martha Anaya I24 Horas
El video de Zerón/Martha Anaya I24 Horas
El momento que más asombró, y levantó incluso expresiones que oscilaron entre la indignación y la burla, fue cuando el GIEI transmitió el video sobre el río San Juan, donde se ve –¡un día antes! del “descubrimiento” de dos bolsas con restos incinerados- al director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón, recorriendo el lugar con un equipo de peritos.
Pero no sólo eso. Lo inaudito es que ahí se aprecian –desde el día anterior al supuesto hallazgo que hicieran los buzos de la Marina de las bolsas en el río- ¡las dos bolsas en cuestión!
Esto es importantísimo porque, recuérdese, de ahí procede la única identificación de uno de los normalistas desaparecidos que se tiene hasta el momento: la de Alexander Mora Venancio.
Más aun, en el video –tomado por periodistas- se observa que arriban a la zona los miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), a quienes personal de la Procuraduría General de la República (PGR) intercepta y se pone a discutir con ellos porque llegaron anticipadamente. Y no los dejan pasar.
Y por si fuera poco, esta “diligencia”, encabezada ni más ni menos que por Zerón –el hombre que ha tenido en sus manos toda la investigación por parte de la PGR y es quien alimenta y sostiene la versión de la llamada “verdad histórica” de Jesús Murillo Karam-, ni siquiera está registrada en el expediente.
Carlos Beristain, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que presentó el video e hizo la narración durante el informe Ayotzinapa II de lo que aconteció en el río San Juan un día antes del “hallazgo” oficial, no calificó los hechos, sólo los mostró (incluida, por cierto, la desaparición de evidencia) y describió lo que se apreciaba.
“No sabemos qué pasó ahí. Debe ser investigado”, apuntaría escuetamente.
Sin embargo, ante las más de mil personas que veíamos y escuchábamos lo sucedido el 28 de octubre en el río San Juan, cada vez más nos acercábamos a una hipótesis: la evidencia fue “sembrada”.
¿Inducida por el propio encargado de la investigación por parte de la PGR, Tomás Zerón? Eso parecería.
Lo que sí añadiría luego Beristain tendría que ver más con la lógica criminal.
Planteó: ¿cómo es posible que si un grupo criminal se toma la molestia de ir supuestamente a quemar a 43 personas a un lugar solitario –el basurero de Cocula-, a 90 kilómetros de distancia, luego va a tirar los restos en la orilla del río (a seis kilómetros y medio de distancia del basurero), al pie de una casa y a plena luz del día?
La PGR no refutaría ni comentaría nada sobre el video que pone en evidencia a Zerón y siembra más dudas sobre su investigación.
Todo indica que es hora de que se vaya.
El basurero de Cocula, un distractor.- Uno de los puntos insistentes del II informe del GIEI tiene que ver con el tan traído y llevado basurero de Cocula, porque para los expertos internacionales lo del vertedero hizo las veces de efecto distractor.
Eso es lo que dejan ver cuando ponen sobre la mesa estos elementos:
-La investigación inicial, tanto la de la procuraduría de Guerrero como la de la General de la República, apuntaba hacia otros horizontes. Nada mencionaba del basurero.
-De pronto –ya la investigación en manos de la PGR-, prácticamente sin venir a cuento, se enfoca hacia el basurero. Según la PGR, un par de llamadas anónimas los pone sobre esa pista. Una dice que los estudiantes fueron “tirados” ahí y otra que fueron “enterrados” en ese lugar.
-Cinco testigos, comenzando por el Gil, aparecen en la investigación de la PGR mencionando que los estudiantes fueron quemados en el basurero. A los del GIEI no les permitieron interrogar a ninguno de ellos.
-De los 17 casos de tortura que los del GIEI documentaron –con apoyo de médicos europeos que aplicaron los Protocolos de Estambul- entre los más torturados están precisamente quienes apuntaron el índice hacia el basurero de Cocula.
-El informe de José Torero y el peritaje del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) asegura que no es posible que los 43 normalistas hubieran sido calcinados en el basurero municipal.
GEMAS: Obsequio de Emiliano Navarrete, padre de uno de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecido: “El día que el gobierno quiera cerrar este caso, tendrá que matarme porque no voy a regresar a casa con un perdón, con disculpa”.
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MANUAL PARA USAR POLÍTICAMENTE EL CASO AYOTZINAPA (TOMO I)/Carlos Loret de Mola
El Universal
Entre hoy y mañana, en esta columna, expondré cómo, sin mentir, se puede tener en torno a la triste desaparición un discurso u otro, defender una posición o la opuesta.
Para los opositores al gobierno de Peña, este es el discurso sostenible:
El GIEI –por si lo han olvidado esos “periodistas”–, no es más que coadyuvante del Ministerio Público Federal. A su vez –y por si también lo ignoran–, tanto las investigaciones del MP, como el informe del GIEI, deben someterse a la valoración judicial. Y, al final, ni el MP ni el GIEI, ni la opinión interesada, ni la manipulación periodística, ni las mentiras ni los inventos servirán de nada, frente a la valoración de un juez; único facultado para dictar sentencia.
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MANUAL PARA USAR POLÍTICAMENTE EL CASO AYOTZINAPA (TOMO I)/Carlos Loret de Mola
Expuestas las investigaciones y soltadas las declaraciones, la de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, como muchas otras tragedias en México, alcanza para que cada parte interesada tenga los suficientes argumentos para defender su posición, su punto de vista e intentar incidir en la opinión pública para que la lectura de los hechos tenga el giro —spin, que le dicen los comunicólogos gringos— más a su favor.
El gobierno mexicano manipuló evidencias, armó una “verdad histórica” basada en declaraciones obtenidas por tortura y obstaculizó sistemáticamente al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para sostener su teoría y mantener un pacto de silencio institucional sobre ese crimen de Estado.
Con evidencias científicas, el GIEI demostró que es imposible que los estudiantes hayan sido incinerados en el basurero de Cocula. Para minimizar ese hecho, el gobierno mandó hacer un peritaje a modo —con cláusula de confidencialidad perpetua para los que lo hicieron— que arrojó conclusiones vagas a partir de las cuales el Estado se aferra a su versión original. Encima de todo, violó los acuerdos y dio a conocer los resultados de este peritaje sin el consenso del Grupo.
El GIEI aportó líneas de investigación que el gobierno quería mantener ocultas: el quinto autobús, la diligencia ministerial secreta en el río San Juan que alerta sobre la siembra de pruebas y, sobre todo, la participación del Ejército y la Policía Federal en los hechos. El régimen se opuso de principio a fin a que se tomara declaración a soldados desplegados en Iguala la noche de los hechos.
Cuando el gobierno se dio cuenta de que los expertos del GIEI no se prestarían a legitimar su indagatoria, orquestó una campaña de desprestigio contra ellos.
Tras más de un año de investigación, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes se va expulsado del país porque el grupo gobernante no toleró más que lo siguieran exhibiendo.
Con la expulsión del GIEI, queda el camino despejado para el carpetazo de facto, para mantener las responsabilidades en el ámbito municipal y transitar de cara al proceso electoral de 2018 con el proyecto de mantener al partido en el poder, pese a la incredulidad nacional e internacional en la investigación de la barbarie del 26 de septiembre de 2014.
SACIAMORBOS. Mañana, en estas Historias de Reportero, el ejercicio inverso. Cómo se puede defender exactamente lo contrario y hacerlo con los argumentos disponibles y expuestos públicamente.
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En el podio del horror/FRANCISCO GARFIAS
Excelsior
Hay una razón por la cual los expertos del GIEI no utilizaron el argumento de que no se respetó el debido proceso para solicitar la libertad de los 17 detenidos por el caso Ayotzinapa que, aseguran, fueron torturados.
Los expertos saben que los 17 implicados, presuntamente torturados son responsables de los hechos que se les imputan, aseguran fuentes vinculadas con este grupo.
Hay que dejar muy claro que ni aun así se justifica la tortura. Ningún tribunal de justicia serio avalaría condenar a nadie con “confesiones” arrancadas de ese modo.
Pero las evidencias son tan contundentes que bajo ninguna circunstancia podrían abrirles las rejas.
No les queda más que cerrar los ojos.
Es cierto que los expertos del GIEI, que terminan su mandato el 30 de abril, no lograron cumplir con su propósito primordial: saber qué pasó con los normalistas de Ayotzinapa que se llevaron los municipales de Iguala y Huitzuco, el 26 de septiembre del 2014.
Dicen que el gobierno los obstaculizó. Se quejan de que no pudieron hablar con militares, que les atoraron sus investigaciones, que les orquestaron una campaña de desprestigio.
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, lo negó. Dijo que se les brindaron todas las facilidades, en la investigación más transparente que se haya tenido jamás.
Francisco Cox, uno de los integrantes del GIEI, le dijo ayer a Carlos Puig en Milenio Televisión que en el primer mandato pudieron hablar con los detenidos, pero en el segundo ya no.
No es difícil deducir que la segunda vez les cerraron las puertas de las cárceles, porque en la primera descubrieron que los implicados habían sido torturados.
Los trajeron con la idea de que sus investigaciones iban a confirmar la “verdad histórica” en la que Jesús Murillo Karam sigue creyendo.
Para el gobierno, el resultado podríamos resumirlo con una frase muy popular: “Salió peor el remedio que la enfermedad”.
Su estancia no fue en vano. Ya es imposible negar que en México se tortura, aunque tampoco se puede afirmar que sea práctica generalizada, como lo dijo, con mucha ligereza, Juan Méndez, relator de Naciones Unidas para la Tortura.
Los expertos del GIEI abrieron brecha para que se investigue si hubo o no “siembra de evidencias” en el basurero de Cocula, para ajustarse a la “ verdad histórica”.
Pero, también, si Tomás Zerón, hoy titular de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, tiene alguna responsabilidad en ello.
Por lo pronto, los padres de los 43 exigen que este funcionario, con fama de “cabrón” —así nos lo han descrito— sea separado de su cargo e investigado, luego de que los expertos dieran a conocer un polémico video que no fue incluido en el expediente. Las imágenes, grabadas el 28 de octubre del 2014, muestran personal de la PGR en las inmediaciones del Río San Juan, manipulando restos óseos con bolsas similares a las encontradas, oficialmente, allí mismo, pero un día después. Una contenía los restos de quien fuera identificado, en Innsbruck, Austria, como Alexander Mora Venancio, normalista de Ayotzinapa. Los padres convocaron a una marcha para hoy —como cada día 26— para protestar por la salida del GIEI.
De las investigaciones hablamos brevemente con Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
Se mostró parco y hasta cortante en ese tema. “Eso es responsabilidad de la PGR. No tengo comentario”, nos dijo.
Le pedimos opinión sobre los expertos del GIEI con los que tuvo trato permanente. Sorprendió su respuesta. Difiere del sentimiento que reflejan, en corto, otros funcionarios.
“Les tengo respeto. Trabajamos muy cerca. Es gente valiosa”, reconoció. Pero dijo: “Por su origen y naturaleza, están más cerca de las víctimas”.
Los expertos del GIEI son gente probada. No vinieron a hacerle el juego al gobierno federal ni a avalar la famosa “verdad histórica”. Algunos se la han jugado en sus países. La guatemalteca Claudia Paz y Paz, por ejemplo, llevó a juicio al temible dictador, Efraín Ríos Montt. La colombiana Ángela María Buitrago promovió el juicio contra militares que participaron en el asalto al Palacio de Justicia en Bogotá, allá por los ochenta. No podemos abandonar el tema sin decir que es falso que los expertos se hayan embolsado dos millones de dólares como se difunde en algunos medios. Les pagaban el equivalente a 80 mil pesos mensuales.
El resto se iba en alquiler de oficinas, viáticos para viajes. servicios que iban requiriendo.
El Informe final del GIEI mantiene a México en el podio del horror a nivel internacional. La Oficina de Washington para América Latina (WOLA) sacó de inmediato un comunicado en el que da crédito a la postura de los expertos.
“Lo que México presentó como verdad histórica cada vez se asemeja más a un encubrimiento histórico”, criticó Joy Olson, directora ejecutiva de WOLA.
El viernes pusieron a circular dos predictámenes en el Senado. Se trata de la Ley contra la Tortura y de la Ley de Desapariciones que, supuestamente, quieren llevar al pleno esta semana, aunque no los han visto ni en comisiones.
Fuentes legislativas nos confirmaron que el primer dictamen pretende poner al mismo nivel la tortura y el trato degradante. El segundo, colocar en la misma categoría a las personas y a las no localizadas.
El PRI rechaza ambos documentos por considerar que se trata de “un albazo”. Señalan a la senadora del PRD, Angélica de la Peña.
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Ayotzinapa, campaña mediática/ Raymundo Riva Palacio
El Financiero,
El sábado pasado, en la esquina superior derecha de la primera plana del diario The New York Times, apareció a dos columnas una información muy negativa para el gobierno mexicano. Titulada “Investigators Say Mexico Has Thwarted Efforts to Solve Students’ Disappearance”, se refería ampliamente, como señalaba su cabezal, a la forma como dentro del gobierno mexicano habían frustrado los esfuerzos para resolver la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en Iguala en 2014. Pero una parte de ese largo despacho se refería a una campaña de desprestigio que había comenzado poco después de que refutara la versión oficial del crimen, sintetizada popularmente como “la verdad histórica”, presentada hace 16 meses por el entonces procurador general, Jesús Murillo Karam.
El Times recordó los orígenes de esa campaña mediática, que comenzó en las tres primeras semanas de noviembre pasado, cuando se acusó a los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, de malgastar el financiamiento del gobierno mexicano y de haber apoyado actos terroristas en el pasado. A lo que se refería el Times específicamente era a la denuncia de José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, en contra de la experta Claudia Paz y Paz, de quien dijo había sido militante “del grupo terrorista guatemalteco” Ejército Guerrillero de los Pobres, y a la cadena sistemática de publicaciones en el diario La Razón, de la Ciudad de México.
El 21 de noviembre el GIEI se entrevistó con el subsecretario de Gobernación para Derechos Humanos, Roberto Campa, en cuya reunión uno de los expertos, Carlos Beristáin, le dijo que después de los ataques a Paz y Paz, la siguiente en la línea del desprestigio sería Ángela Buitrago, la cabeza más visible del GIEI. Campa, de acuerdo con varios participantes, le respondió que no le hicieran caso a La Razón, que era un periódico que nadie leía. Después de ello, Buitrago fue sometida a una intensa campaña de desprestigio en prensa y radio que después continuó contra el propio Beristáin (en este espacio se publicaron dos columnas críticas de él, y una réplica a los textos).
Los expertos han resentido las críticas en cascada, que casi nada de ello tiene que ver con su trabajo sobre el caso Ayotzinapa. Aunque para ellos ha sido difícil entender las entrelíneas de la prensa mexicana, dos expertos señalan que la línea conducente en esa campaña es una crítica a su “antimilitarismo”, que es lo que aprecian en el trasfondo de muchas de las descalificaciones. Aunque los miembros del GIEI ubican en el mismo lado a quienes los han atacado en los medios, el hecho que el resultado sea similar tiene orígenes, probablemente, diferentes.
El caso específico es el del abogado Ortega, cuyos antecedentes ideológicos están en la extrema derecha de Jalisco, y sus relaciones de poder lo vinculan con el Ejército. Su hermano Alejandro fue el abogado defensor del general retirado Tomás Ángeles, cuando lo acusaron de tener nexos con el narcotráfico –salió libre por falta de pruebas–, y junto con el exsubsecretario de la Defensa se reunió en mayo de 2012 con otro general retirado, Arturo Acosta Chaparro, en la víspera de que lo asesinaran en un extraño incidente callejero en la Ciudad de México.
Acosta Chaparro participó en la llamada guerra sucia de los 70 en la sierra de Guerrero, donde se vinculó al entonces gobernador electo Rubén Figueroa Figueroa y a su hijo, posteriormente gobernador también, Rubén Figueroa Alcocer. La familia Figueroa es de Huitzuco, uno de los puntos señalados en las investigaciones del caso Ayotzinapa como uno de los sitios a donde llevaron un grupo de normalistas en 2014, y fue la promotora inicial en la política de José Luis Abarca, el alcalde de Iguala cuando se llevó a cabo el crimen.
Los dos ejes de la campaña mediática se han establecido a partir de la coincidencia de los señalamientos en La Razón y de Ortega. “Hay sectores dentro del gobierno que no quieren que se cuestionen ciertas cosas y por lo tanto hay un intento de reforzar la ‘verdad histórica’”, le dijo Beristáin al Times. “Esos sectores dentro del gobierno nos veían como una amenaza y esto endureció su punto de vista hacia nosotros, lo que en la práctica refuerza la impunidad que detiene las cosas para que cambien las cosas en este país”. Reiteradamente el gobierno federal ha negado estar detrás de ninguna campaña mediática, pero se negó a firmar un comunicado conjunto para denunciarla.
Minimizarlo tampoco llevó a nada. Sugerencias a altos funcionarios del gobierno federal para que frenaran la campaña resultaron infructuosas, en buena parte porque dentro de la propia administración hay halcones y palomas; es decir, una línea dura y una conciliadora. La línea dura se impuso, como en otros casos criminales de alto impacto, y a varios medios llegó información que en ocasiones ni siquiera había sido judicializada en la PGR. El caso Ayotzinapa abrió una vena que no alcanzaron a ver en Los Pinos, donde debería haberse parado esta campaña, que rápidamente los alcanzó en forma de denuncia mundial. La información del Times fue el colofón. Los organismos de derechos humanos en el mundo ya condenaron esta campaña, que es tema recurrente en la prensa internacional. Como si no tuviera el gobierno suficientes problemas de credibilidad.
Twitter: @rivapa
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¡Los ciudadanos no son idiotas!/ Por Ricardo Alemán
Milenio
Contra lo que suponen muchos ignorantes del tema, el periodismo no es una religión, tampoco es militancia política y está muy lejos de ser un acto de fe. Por eso, lo que cree, imagina o supone un periodista no importa a nadie, salvo –claro–, que se trate del ejercicio periodístico del género de opinión.
Por eso, resultan ridículos los ejemplos periodísticos –de supuestos profesionales del periodismo–, que desde la cabeza de una nota informativa y en el cuerpo mismo de esa nota informativa, manipulan, opinan, formulan juicios y dictan la única verdad –su verdad–, sobre tal o cual tema.
Y el mejor ejemplo de ese periodismo de consigna, militante y que a partir de una agenda interesada trata de imponer su personalísima versión de la verdad, lo hemos visto en torno al caso de los 43 de Iguala; periodismo que se apropia de las facultades de Ministerio Público, que juega el juego de la perversión del juez y las partes, para dictar su sentencia lapidaria; el sacrosanto juicio mediático y de las iluminadas redes.
Y ay de aquel reportero u opinador periodístico que se atreva a disentir, cuestionar o dudar de esa verdad –a ver y pensar distinto a lo que ordenan los dictados “políticamente correctos” del periodismo militante, de consigna y salvador de la patria–, porque entonces es un periodista vendido, traidor a la patria, integrante de la mafia del poder y hasta representante de satán en la tierra.
Lo curioso, sin embargo, es que para ese periodismo militante y de consigna no existe la ley y las instituciones han sido enviadas al diablo. Por eso –en casos como el de “Los 43”–, para ese remedo de periodismo no existe el Ministerio Público como único responsable de la investigación del caso y también por eso ese periodismo dogmático sólo cree en agendas políticas también interesadas, como las del GIEI.
Y si el MP es el único facultado para investigar y un juez será el único capacitado para sentenciar a los responsables de “Los 43”, llama la atención el marcado interés del GIEI, de “los mismos de siempre”, de ciertos medios y “periodistas” por engañar, manipular, mentir, alterar la realidad y distorsionar los hechos. ¿Por qué tal esfuerzo y por qué tanto dinero invertido en una empresa colosal?
La respuesta está a la vista de todos. Y la explicación resulta de párvulos.
Detrás de todo ese esfuerzo colosal por imponer un juicio mediático –en el que a pocos importa la verdad y la justicia sobre lo ocurrido a “Los 43”–, antes que fortalecer un juicio legal, existe un interés político electoral; el interés de engañar a los ciudadanos, de imponer la versión maniquea y malévola del crimen de Estado y –con ello–, empujar la derrota del gobierno en turno.
¿Y por qué la derrota a través de manipular y construir un juicio mediático?
Porque creen que sólo así pueden ganar una elección. No han ganado y no ganarán con propuestas y respetando las reglas del juego; aspiran a ganar con engaños y manipulación.
Lo que ignoran quienes manipulan el caso de “Los 43”, es que los ciudadanos no son idiotas.
Al tiempo.
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Carta dirigida a Emilio Álvarez Icaza (ni modo… no te salió…)/Carlos Alazraki
La Razón.
Estimado Emilio:
Supongo que cuando leas esta carta semanal tu coraje seguirá en aumento.
Y tienes razón. Si yo estuviera en tu caso, estaría igual.
Estuviste así de ganarle al gobierno federal.¡Así de poquito! Y sin embargo, como ya es tu costumbre… volviste a perder.
Y para nuestros lectores que no están enterados del porqué de tu coraje y de tu pleito personal con el gobierno federal, lo explicaré:
Hace tiempo intentaste ser el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Buscaste el apoyo del gobierno federal.
El gobierno federal no te lo dio y perdiste la elección.
Posteriormente, siendo secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, decidiste vengarte del gobierno federal.
Fuiste el responsable de traer a los investigadores del GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) para avalar o no avalar las investigaciones de la PGR en el famoso caso de Ayotzinapa.
Obviamente con el solo objetivo de destruir la investigación de la PGR y así desprestigiar ante el mundo al gobierno federal, que tanto odias.
Tenías tantas ganas de desprestigiar a tu país que por poco lo logras. Tenías y tienes una enorme sed de venganza que es increíble.
Hasta ahí todo iba bien para ti.
Hiciste que el gobierno federal apoquine tres millones de dólares. Dos para los sueldos de estas ratas y uno para sus “gastos“.
Lograste generar la incertidumbre que buscabas.
Y, sobre todo, deshacer la credibilidad de los investigadores de la UNAM, de Austria, de Estados Unidos y de la PGR.
Hasta que la historia se volteó en tu contra:
Se creó otro grupo de investigadores para avalar las dos partes en conflicto.
En ese grupo iba el Sr. Torero, esa misma persona que se retractó de sus primeras declaraciones, en las que argumentaba que no hubo incendio en Cocula.
Así de surrealista estaba el ambiente.
Hasta que… llegó la expiración del contrato de estos grandes Sherlock Holmes.
Contrato que obviamente quisieron alargar otros seis mesecitos por otro humilde milloncito de dólares.
Ya sabes, “aún falta atar cabos”.
Como no lo lograron, las conclusiones que presentaron el domingo pasado consistieron en denigrar a la PGR y demás investigadores.
En esas conclusiones mintieron peor que Pinocho.
Sus mentiras ya están siendo desmentidas en todos los medios. Incluyendo los medios de oposición.
Las conclusiones de tus genios son tan obvias que las autoridades han decidido “darles por su lado“ para que ya no estén fregando.
Así de simple fue la historia. La venganza.
Y como siempre en tu historia, mi querido Emilio, volviste a perder.
Lo cual me comprueba que eres un perdedor nato.
Me queda claro que esta historia continuará.
Y que también hoy esta historia está llena de confusión. El tiempo lo aclarará.
Y ya para terminar: Mi querido Emilio:
No se te ocurra ser candidato independiente para la Presidencia. Yo sé lo que te digo.
razon@alazraki.com.mx
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Informe GIEI, verdades y mentiras/ Pablo Hiriart
El Financiero.
Algo de interesante deben tener las conclusiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, pues sus integrantes pasaron más de un año aquí (el doble de lo presupuestado) y cobraron más de dos millones de dólares.
A diferencia de otros países, como Venezuela y Cuba, donde no dejan entrar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aquí se les invitó y se les pagó por colaborar en la investigación de la fiscalía (la PGR) sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
¿Conclusiones? Nada que nos diga dónde están los 43 o qué pasó con ellos.
Ni siquiera dan una pista, sólo se limitan a descalificar el trabajo hecho.
No involucran al Ejército, al que sólo reprochan por omisión, pues su batallón habría sido informado y no actuó por estar fuera de su jurisdicción.
Lo que hicieron los soldados, y está en los partes militares y en la averiguación, fue ir al hospital donde había heridos y pedir ambulancias para ellos.
Dice el informe final del GIEI, con otras palabras, que nuestro sistema de justicia penal es una basura. Tiene razón. Es una vergüenza. La justicia en México es pésima y no puede seguir así. Gracias por recordárnoslo.
El informe del GIEI señala que hubo tortura de parte de la PGR a algunos testigos clave. Lo creo. Que se castigue a los torturadores, pero que ello no implique la libertad de los asesinos de los normalistas.
Dice que se tendió un cerco con policías de Iguala, Cocula y Huitzuco (o sea, todo en el ámbito municipal) para que a los normalistas les fuera imposible escapar de la muerte.
Entonces, ¿cómo escaparon tantos, entre ellos el hijo de Felipe de la Cruz (como lo mencionó ayer Jorge Fernández Menéndez en su espléndida columna)?
Establece el GIEI que no halló “una sola evidencia” para asegurar que en el basurero de Cocula fueron ejecutados e incinerados los normalistas.
Miente. Hubo dos peritajes contrapuestos: el de la PGR que dice que sí hubo incendio, y el del experto en incendios forestales José Torero, que dice que no hubo. Por recomendación de este último, la PGR y el GIEI encargaron un tercer estudio, de común acuerdo, a un grupo de peritos internacionales.
Ese tercer peritaje estableció que ahí hubo un incendio de grandes dimensiones en el que fueron incinerados “al menos” 17 seres humanos.
¿Por qué el peritaje, que ellos encargaron para zanjar la diferencia, no sirve? Porque clarifica qué pasó, y el GIEI quiere confundir.
Otra más, que no responden: ellos habían dicho en conferencia de prensa que no hubo incendio en Cocula, basados en una foto de satélite. ¿Dónde está la foto? Mintieron. ¿Por qué mintieron? Por su interés en confundir.
Otra: ¿qué hacían los normalistas en Iguala? Ellos iban a botear y a robar camiones a Chilpancingo, muy cercano a Ayotzinapa, y de pronto se cambió la orden por una ruta lejana: a Iguala.
¿Por qué esa contraorden? ¿Quién la dio? ¿Quién o quiénes los mandaron al matadero? Ni una palabra de eso dice el GIEI. La PGR tampoco ha tenido el valor de decirlo.
Es falso lo del quinto camión cargado con droga para llevarla a Chicago, que habrían secuestrado por error los normalistas. Ese camión, que está filmado, fue abandonado por los estudiantes cuadras más adelante por incómodo. Y su licencia era para viajes en Guerrero y Morelos.
Ya se promueve una comisión de la verdad para el caso. Esperemos que, de darse, no sea como la que integraron en el gobierno de Fox, cuando se robaron el dinero y lo tiraron en borracheras y francachelas.
Twitter: @PabloHiriart
Carta dirigida a Emilio Álvarez Icaza (ni modo… no te salió…)/Carlos Alazraki
La Razón.
Estimado Emilio:
Supongo que cuando leas esta carta semanal tu coraje seguirá en aumento.
Y tienes razón. Si yo estuviera en tu caso, estaría igual.
Estuviste así de ganarle al gobierno federal.¡Así de poquito! Y sin embargo, como ya es tu costumbre… volviste a perder.
Y para nuestros lectores que no están enterados del porqué de tu coraje y de tu pleito personal con el gobierno federal, lo explicaré:
Hace tiempo intentaste ser el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Buscaste el apoyo del gobierno federal.
El gobierno federal no te lo dio y perdiste la elección.
Posteriormente, siendo secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, decidiste vengarte del gobierno federal.
Fuiste el responsable de traer a los investigadores del GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) para avalar o no avalar las investigaciones de la PGR en el famoso caso de Ayotzinapa.
Obviamente con el solo objetivo de destruir la investigación de la PGR y así desprestigiar ante el mundo al gobierno federal, que tanto odias.
Tenías tantas ganas de desprestigiar a tu país que por poco lo logras. Tenías y tienes una enorme sed de venganza que es increíble.
Hasta ahí todo iba bien para ti.
Hiciste que el gobierno federal apoquine tres millones de dólares. Dos para los sueldos de estas ratas y uno para sus “gastos“.
Lograste generar la incertidumbre que buscabas.
Y, sobre todo, deshacer la credibilidad de los investigadores de la UNAM, de Austria, de Estados Unidos y de la PGR.
Hasta que la historia se volteó en tu contra:
Se creó otro grupo de investigadores para avalar las dos partes en conflicto.
En ese grupo iba el Sr. Torero, esa misma persona que se retractó de sus primeras declaraciones, en las que argumentaba que no hubo incendio en Cocula.
Así de surrealista estaba el ambiente.
Hasta que… llegó la expiración del contrato de estos grandes Sherlock Holmes.
Contrato que obviamente quisieron alargar otros seis mesecitos por otro humilde milloncito de dólares.
Ya sabes, “aún falta atar cabos”.
Como no lo lograron, las conclusiones que presentaron el domingo pasado consistieron en denigrar a la PGR y demás investigadores.
En esas conclusiones mintieron peor que Pinocho.
Sus mentiras ya están siendo desmentidas en todos los medios. Incluyendo los medios de oposición.
Las conclusiones de tus genios son tan obvias que las autoridades han decidido “darles por su lado“ para que ya no estén fregando.
Así de simple fue la historia. La venganza.
Y como siempre en tu historia, mi querido Emilio, volviste a perder.
Lo cual me comprueba que eres un perdedor nato.
Me queda claro que esta historia continuará.
Y que también hoy esta historia está llena de confusión. El tiempo lo aclarará.
Y ya para terminar: Mi querido Emilio:
No se te ocurra ser candidato independiente para la Presidencia. Yo sé lo que te digo.
razon@alazraki.com.mx
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Informe GIEI, verdades y mentiras/ Pablo Hiriart
El Financiero.
Algo de interesante deben tener las conclusiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, pues sus integrantes pasaron más de un año aquí (el doble de lo presupuestado) y cobraron más de dos millones de dólares.
A diferencia de otros países, como Venezuela y Cuba, donde no dejan entrar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aquí se les invitó y se les pagó por colaborar en la investigación de la fiscalía (la PGR) sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
¿Conclusiones? Nada que nos diga dónde están los 43 o qué pasó con ellos.
Ni siquiera dan una pista, sólo se limitan a descalificar el trabajo hecho.
No involucran al Ejército, al que sólo reprochan por omisión, pues su batallón habría sido informado y no actuó por estar fuera de su jurisdicción.
Lo que hicieron los soldados, y está en los partes militares y en la averiguación, fue ir al hospital donde había heridos y pedir ambulancias para ellos.
Dice el informe final del GIEI, con otras palabras, que nuestro sistema de justicia penal es una basura. Tiene razón. Es una vergüenza. La justicia en México es pésima y no puede seguir así. Gracias por recordárnoslo.
El informe del GIEI señala que hubo tortura de parte de la PGR a algunos testigos clave. Lo creo. Que se castigue a los torturadores, pero que ello no implique la libertad de los asesinos de los normalistas.
Dice que se tendió un cerco con policías de Iguala, Cocula y Huitzuco (o sea, todo en el ámbito municipal) para que a los normalistas les fuera imposible escapar de la muerte.
Entonces, ¿cómo escaparon tantos, entre ellos el hijo de Felipe de la Cruz (como lo mencionó ayer Jorge Fernández Menéndez en su espléndida columna)?
Establece el GIEI que no halló “una sola evidencia” para asegurar que en el basurero de Cocula fueron ejecutados e incinerados los normalistas.
Miente. Hubo dos peritajes contrapuestos: el de la PGR que dice que sí hubo incendio, y el del experto en incendios forestales José Torero, que dice que no hubo. Por recomendación de este último, la PGR y el GIEI encargaron un tercer estudio, de común acuerdo, a un grupo de peritos internacionales.
Ese tercer peritaje estableció que ahí hubo un incendio de grandes dimensiones en el que fueron incinerados “al menos” 17 seres humanos.
¿Por qué el peritaje, que ellos encargaron para zanjar la diferencia, no sirve? Porque clarifica qué pasó, y el GIEI quiere confundir.
Otra más, que no responden: ellos habían dicho en conferencia de prensa que no hubo incendio en Cocula, basados en una foto de satélite. ¿Dónde está la foto? Mintieron. ¿Por qué mintieron? Por su interés en confundir.
Otra: ¿qué hacían los normalistas en Iguala? Ellos iban a botear y a robar camiones a Chilpancingo, muy cercano a Ayotzinapa, y de pronto se cambió la orden por una ruta lejana: a Iguala.
¿Por qué esa contraorden? ¿Quién la dio? ¿Quién o quiénes los mandaron al matadero? Ni una palabra de eso dice el GIEI. La PGR tampoco ha tenido el valor de decirlo.
Es falso lo del quinto camión cargado con droga para llevarla a Chicago, que habrían secuestrado por error los normalistas. Ese camión, que está filmado, fue abandonado por los estudiantes cuadras más adelante por incómodo. Y su licencia era para viajes en Guerrero y Morelos.
Ya se promueve una comisión de la verdad para el caso. Esperemos que, de darse, no sea como la que integraron en el gobierno de Fox, cuando se robaron el dinero y lo tiraron en borracheras y francachelas.
Twitter: @PabloHiriart
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