2 may 2016

Ocurrió en Ajuchitlán, Guerrero/ Fred Alvarez P.

·      Ocurrió en Ajuchitlán, Guerrero/Fred Alvarez P.
Publicado en la revista Código Topo, 2 de mayo de 2016
La revista se puede adquirir en las tiendas Sanborns, cuesta 30 pesos 
Un video de 4 minutos que fue colocado en las redes sociales y que se volvió viral, muestra como un grupo de militares apoyados por policías federales, cortan cartucho y apuntan con el cañón de un arma de asalto sobre la cabeza de joven mujer descalza, con playera lila y jeans. Después la atan de manos por la espalda, mientras le colocan una bolsa de plástico en el rostro para simular asfixia mientras le preguntan sobre el paradero de otra persona de nombre María:
“¿Quién es María? ¿No me vas a decir? Dime y no te mato”.
La mujer militar le dice a la detenida: “Pinche vieja dramática, hija de tu puta madre, ¡contéstame lo que te estoy preguntando!, ¿quién es la pinche María?”.
Después, un agente de la Policía Federal (PF) le esposa las manos para luego asfixiarla con una bolsa de plástico transparente, mientras la militar le sigue haciendo preguntas.
Al no responder la mujer, la policía federal vuelve a asfixiar a la joven por varios segundos, hasta que ella se recuesta en el suelo por la falta de oxígeno.
Mientras esto sucede, la mujer militar la cuestiona de nuevo: “¿Ya te acordaste o quieres más bolsa? ¿O quieres agüita?, ¿o quieres toques? Dime tú qué quieres...”.
Hasta ahí el video de hechos que ocurrieron en un lugar del estado de Guerrero.
Horas después de que el video estaba como tema del momento se dio a conocer, un comunicado de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) confirmando que los hechos evidenciados habrían ocurrido el 4 de febrero de 2015, en la comunidad de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero.
Precisa que la institución castrense se enteró de ellos varios meses después, -en diciembre-, cuando alguien de manera anónima los envió a la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM).  
El general secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, se enteró de inmediato de la existencia del anónimo y giró instrucciones para que se investigara  a fondo.

Juan Veledíaz relata en un reportaje para el semanario Proceso # 2060, del 23 de abril de 2016, que el video circuló varios meses entre efectivos de la Policía Militar “pero no fue sino hasta finales del 2015 que el alto mando militar supo del contenido. Durante este lapso, los órganos de información e inteligencia militar nunca lo detectaron“.
Dice el escrito anónimo elaborado con letra manuscrita y que publica Proceso:
 Señor General.
Procurador de Justicia Militar:
Me encuentro indignado con el
contenido del vídeo que le hago llegar,
esos actos que en él hace  (ilegible)
Soldado Policía Militar Dulce
Elena Reyes Ramos, que
trabaja en el batallón  de Polícia
Militar en San Miguel de los
Jagueyes, no son dignos
De una persona.
Me despido de Usted
esperando que tomé cartas
en el asunto“
En tanto, la Procuraduría General de la República (PGR) reconoció que fue informada a principios de enero de 2016, dando inicio a una averiguación previa por hechos probablemente constitutivos del delito de tortura. 
Por alguna razón que se desconoce la Policía Federal Preventiva no fue informada, aunque en los hechos habrían participado 3 elementos de esa corporación que fueron destituidos y están indiciados por delitos de tortura por un juez federal penal.
El video fue filtrado -no sabemos por quién, seguramente por la misma mano que lo envió a la Procuraduría Militar- el miércoles 13 de abril a algunos medios mexicanos, así como al sitio estadounidense Breitbart Texas,  de inmediato se volvió tema del momento desatando una gigantesca ola de indignación.
¿Que ocurrió en Ajuchitlán, Guerrero?
La mañana del miércoles 4 de febrero de 2015 las fuerzas federales habrían detenido a tres presuntos secuestradores –de entre ellos a una mujer–, a quienes se relacionó con la organización criminal conocida como La Familia Michoacana.
El caso fue evidenciado sin los detalles de tortura el viernes 6 de febrero del 2015 el periódico Diario de la Tarde, que circula en Iguala. El texto decía:
  “Un nuevo golpe asestó personal de la Base de Operaciones Mixtas (Policía Federal, Ejército y PGR) al crimen organizado, al lograr la captura de tres presuntos sicarios integrantes de una banda de peligrosos secuestradores al parecer miembros de una célula del autollamado grupo delictivo La Familia Michoacana”.
“De acuerdo con el reporte policiaco, la captura de los tres presuntos secuestradores, dos hombres y una mujer, se dio dentro del Operativo Tierra Caliente implementado en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, donde existen reportes de un repunte en los índices de violencia producto de la presencia del citado grupo criminal”.
Según la nota del Diario de la Tarde:  Fue aproximadamente a las 13 horas de este miércoles (4 de febrero), cuando agentes de las fuerzas federales y personal del Ejército Mexicano lograron la captura de los tres presuntos criminales, a quienes les aseguraron armas de grueso calibre, entre éstas las conocidas como “cuernos de chivo” y R-15, además de equipo celular, una motoneta y dinero en efectivo. Los detenidos fueron identificados como José Villalobos Díaz, de 32 años, originario de Arcelia; Juan Hernández Villa, de 35 años también de Arcelia, y Elvira Santibañez Margarito, de 21 años, originaria de Ajuchitlán”.
 Juan Veledíaz en su reportaje en Proceso da más detalles de lo que ocurrió. Dice que “poco después de las 8:00 horas del 4 de febrero de 2015, una llamada de la Policía Federal (PF) movilizó a la base de operaciones del Ejército. “Los federales pedían apoyo para detener a un grupo armado que había sido ubicado a las afueras de la población. Cuando el capitán Juan Carlos Limón Portillo tuvo el reporte completo, ordenó a su equipo –una treintena de soldados– salir en vehículos divididos en células de ocho para patrullar la zona.“
Comenta Veledíaz que al paso de las horas, después de que uno de los grupos apoyó a la corporación federal en la captura de tres personas, los militares regresaron a su base. “Había un considerable número de vehículos de la PF cuando regresaron. La primera orden que recibieron los soldados fue dividirse para formar un perímetro de seguridad alrededor de la base. A los detenidos les habían asegurado cuatro armas largas, cartuchos, dinero en efectivo, celulares y un radio de comunicación. 
Por este aparato, los militares y los agentes federales escucharon una voz que decía que fueran a recoger unas armas al panteón del poblado para ir a “rescatar” a los detenidos.
Por lo que “ Se activó la alerta de un posible ataque, se emplazaron ametralladoras y colocaron los vehículos para formar barricadas..“
Era evidente las medidas ya que en zona el crimen organizado suele evocar a las fuerzas del orden...
Los detenidos fueron llevados a la base de operaciones de Ajuchitlán, donde se registró por escrito el tipo de armamento y se especificó lo incautado.
Hasta ahí las cosas iban bien, hasta que se ordeno que los civiles fueran conducidos a un lugar abandonado.
¿Para qué?
Agrega Veledíaz que “momentos más tarde arribó a la base el mayor Ricardo Lara Aguilar, comandante del sector de Ajuchitlán, y ordenó al capitán Limón Portillo que sacara de la base a los tres civiles detenidos.
Y así fue...“ Los subieron a unas camionetas de la PF y se los llevaron hacia la salida del poblado. Al llegar a una glorieta el oficial ordenó a sus hombres formar una valla de seguridad mientras los federales los bajaban para meterlos a una casona que estaba en obra negra.“
Fue cuando en ese lugar según el expediente “el capitán Limón "le ordenó a la soldado Dulce Elena Reyes Ramos que interrogara a la mujer detenida por la PF; también le pidió tomar nota de la información que obtuviera del interrogatorio".
Observaron el interrogatorio varios compañeros de armas y elementos de la policía federal
Nadie sabe quién realizó el video presumiblemente desde un teléfono celular.
Hasta ahí van las cosas, y el caso está abierto.
Muchos comunicados oficiales después de que el video fue colocado en las redes sociales.
Me pregunto el por qué no informaron oportunamente de los hechos ocurridos para darle más transparencia a las cosas. Sobretodo a partir de que el vídeo llegó de manea anónima a la PGJM.

Los comunicados institucionales
1.- El primer comunicado fue emitido en Lomas de Sotelo, la mañana del 14 de abril de 2016, dice:
“La Secretaría de la Defensa Nacional se enteró el pasado 10 de diciembre 2015, de las acciones que se muestran en el video, dándole inmediatamente vista al Agente del Ministerio Público Militar, quien integró la averiguación previa  correspondiente a fin de reunir los elementos de prueba para ejercer acción legal en contra del personal involucrado.“
Y subraya que 24 días después,- no entendemos el porque de tanto tiempo- Para el 4 de enero 2016, se dio vista y desglose de la averiguación previa a la Procuraduría General de la República (PGR), para que en el ámbito de su competencia, determine la responsabilidad en cuanto a las afectaciones a la civil.“
“El 5 de enero de 2016, la PGJM cumplimentó la orden de aprehensión a un Capitán y a una Soldado Policía Militar como presuntos responsables del delito de desobediencia. (averiguación previa número SC/413/2015-VI).
Precisa el boletín que “El oficial y la elemento de tropa, están internados en la prisión militar por lo que respecta a los delitos del orden militar, habiéndoseles dictado auto de formal prisión el 11 de enero de 2016 y están a disposición del Juez Quinto Militar (expediente 406/2015), quien con plena autonomía jurisdiccional determinará lo que conforme a derecho proceda; denotándose que se trata de poner en entredicho el actuar de los integrantes del instituto armado.“

2.- Horas después, la PGR emitió el comunicado 525/16 donde informa que:
 El pasado (jueves) 7 de enero de 2016, la PGR a través de la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura -UEIDT (...) inició una averiguación previa para investigar la probable responsabilidad de elementos del Ejército Mexicano, así como de uno de la Policía Federal quienes presumiblemente habrían participado en hechos ocurridos el día 4 de febrero de 2015...“
“Lo anterior, a partir de la vista de la averiguación previa, por actos contrarios a la disciplina militar, que turnó la PGJM el 5 de enero de 2016.
Subraya la PGR que “en el marco de dicha investigación, hasta el día de hoy esta representación social ha practicado diversas diligencias para el esclarecimiento de los hechos, destacando que en todo momento se ha contado con el apoyo de la Secretaría de la Defensa nacional y la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), para la práctica de todas las diligencias e inspecciones que han sido necesarias.
La PGR reitera que tanto en este, como en todos los casos, actuara con todo el rigor que la ley permite a efecto de evitar la impunidad de cualquier conducta ilícita.

3.- A las 15:04 horas de ese 14 de abril la CNS emitió su posicionamiento a través del comunicado
No. 262, a saber:
 “Con relación al video dado a conocer por un medio de comunicación el día de hoy, en el que se observa a personas uniformadas maltratando a una mujer, se informa que por instrucciones del Comisionado Nacional de Seguridad se encuentra abierta una investigación por parte de la Unidad de Asuntos Internos.
La Policía Federal coadyuvará con la PGR, y estará abierta para aportar los elementos que sean necesarios para esclarecer los hechos, deslindar responsabilidades y sancionar a quienes resulten responsables.“

4.- Las disculpas del General Secretario, de los “hechos aislados“
Por la tarde del viernes  la oficina de comunicación social de la defensa nacional se dio a conocer que la mañana del sábado habría información del tema. En efecto, a las 10 horas del sábado, en las instalaciones de la explanada Damián Carmona del Campo Militar 1-A, el general secretario Salvador Cienfuegos Zepeda dirigió un mensaje al alto mando, generales, jefes, oficiales y soldados, en total ante la presencia de 30 mil personas y también por vía satelital a todos los integrantes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en todo el territorio nacional, el contenido del mensaje destacó:
  “Los he reunido este día, porque es necesario expresar públicamente nuestra indignación por los hechos lamentables que sucedieron hace 14 meses en Ajuchitlán del Progreso y que han sido difundidos a través de un vídeo en las redes sociales, en el que se aprecia que malos integrantes de nuestra institución empañan la actuación de miles de hombres y mujeres y hombres en uniforme militar.
Agregó el general que “Son estos sucesos aunque aislados los que dañan de manera muy importante nuestra imagen y el prestigio, que dignamente hemos ganado en más de 100 años de lealtad (…) Ofrezco una sentida disculpa a toda la sociedad agraviada por este inadmisible evento”, afirmó.
Obviamente esa declaración se llevó las primeras planas del domingo 16 de abril, y de ella dieron cuenta todas las columnas políticas. La disculpa se consideró como algo histórico, nunca antes visto.

5.- Disculpas del Comisionado e instalación del Grupo Especial de Seguimiento
Días después, eEl día 18 de abril y desde San Luis Potosí, en el marco de la inauguración del Programa Nacional de Capacitación Policial en Derechos Humanos, el comisionado Renato Sales Heredia, externó una disculpa pública por esos hechos y dijo que la institución que preside asumirá las responsabilidades necesarias para lograr que este tipo de actos no se repitan.
Lamento los "hechos agraviantes y dolorosos acontecidos en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, toda vez que ofenden a la ciudadanía y deshonran a las instituciones de seguridad y que no quedarán impunes".
Al lado de él estaban el subsecretario de Gobernación Roberto Campa Cifrián y el Comisionado de la Policía Federal Enrique Galindo Ceballos.
Sales Heredia resaltó que estos actos no deben empañar la labor de los más de 40 mil elementos de la Policía Federal que dijo- "son policías honestos, valientes, orgullosos de su labor, de la misión que les ha sido encomendada".
Destacó que para vencer a la delincuencia es necesario actuar en la legalidad, en la eficiencia porque "no debemos enfrentar a quienes violan la ley, violando la misma; no podemos enfrentar al delito delinquiendo; ante la violencia del crimen, debemos responder con la fuerza legítima y con las herramientas de la Constitución".
Y no sólo el asunto quedó ahí en las disculpas, sino que por estos hechos fueron suspendidos tres agentes federales, no uno como afirmó la PGR.
Sales Heredia anuncio la implementación de tres medidas para que estos hechos no se repitan. “Una de ellas es el fortalecimiento de la Unidad de Asuntos Internos, otro más es vincularnos en un mecanismo de supervisión externa con la sociedad civil, y otro es la creación de un grupo en la comisión formado por los cuatro comisionados y la inspectoría para dar seguimiento a los temas de derechos humanos”.
El grupo será presidido por el comisionado Sales.

6.- Cinco personas están indiciadas por tortura
El martes 19 de abril, la PGR obtuvo del juez V de Distrito en el estado de Guerrero, cinco órdenes de aprehensión en contra de tres elementos de la Policía Federal y dos miembros del Ejército Mexicano, por su probable responsabilidad en el delito de tortura.
En el comunicado 556/16, se informa que  “Las órdenes de aprehensión libradas en contra de dos elementos, del sexo masculino, de la PF fueron cumplimentadas el día de hoy y serán ingresados al Centro de Reinserción Social de Iguala. En cuanto al elemento femenino de dicha corporación, aún está pendiente de cumplimentarse el mandamiento judicial”.
“Respecto a la orden de captura girada contra los dos miembros del Ejército Mexicano, esta será ejecutada en reclusión, ya que actualmente se encuentran privados de su libertad en una prisión militar”. (léase en el campo Militar numero 1).
Agrega el comunicado oficial que “Una vez desahogadas las diligencias de ley y habiendo acreditado los elementos del cuerpo del delito, descritos y previstos en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, así como en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, el Ministerio Público de la Federación ejerció acción penal en contra de cinco servidores públicos y consignó el expediente ante la autoridad jurisdiccional, quien obsequió las órdenes de aprehensión hoy cumplimentadas”.
El comunicado no da nombres de los cinco servidores públicos indiciados sólo dicen “sexo masculino” y “elemento femenino”. Tampoco nos dan el nombre del juzgador sólo dice que es el juez V de Distrito de Iguala, Guerrero.

7.- Dos días después,  el 21 de abril otro comunicado de la PGR – 566/16- nos informa que se “cumplimentó“ la orden de aprehensión “en contra de un elemento femenino de la Policía Federal, relacionada con hechos difundidos en redes sociales.“ La mujer fue trasladada al penal de Iguala, Guerrero, donde quedó a disposición del Juez de la causa.

Los imputados
Ninguno de los comunicados oficiales da el nombre de los indiciados. Se trata de cinco personas, 3 de ellos son policías federales (ha trascendido que la mujer policía se llama Karina) y los militares son el capitán Juan Carlos Limón Portillo y la cabo Dulce Elena Reyes Ramos.
Ambos forman parte del 12 Batallón de Policía Militar con base en  San Miguel de los Jagüeyes, Estado de México y estuvieron comisionados del 26 de diciembre de 2014 al 26 de febrero de 2015, en el operativo especial de Iguala, Guerrero.
El mayor Ricardo Lara Aguilar, el sargento Ignacio Javier Jiménez Peña,  y el cabo Francisco Dámaso Aragón Luna. presenciaron el interrogatorio de evidente tortura.
El batallón estaba encabezado por el coronel Francisco Javier Mandujano Acevedo, y por arriba de él se encuentra el general Alejandro Badillo Trueba,.
Jorge Alejandro Medellín en la web Estado Mayor señala que Juan Carlos Limón no estuvo presente en el interrogatorio y mucho menos haberlo ordenado, el estaría en ese momento en un vehículo militar escribiendo el parte de la operación realizada horas antes. “Su alegato, plasmado en sus primeras declaraciones ministeriales, se centra en que los elementos de tropa bajo su mando aquel día, actuaron por cuenta propia, sin recibir órdenes suyas para ejercer algún tipo de violencia física o psicológica contra los civiles detenidos.“
Su defensa sostiene que fue detenido, porque en ese momento era el jefe al mando de la unidad que operó en Ajuchitlán del Progreso.
El caso es ninguno de los militares presentes en el “interrogatorio“ hizo algo para detener e impedir el acto de tortura.
¡!Eso es grave y debe castigarse!
El caso lo tiene en este momento además de la justicia militar el juez penal Ricardo Mercado Oaxaca, juez V de Distrito en el estado de Guerrero,
El Consejo de la judicatura Federal no ha dicho nada, aún.
Los comunicados institucionales aportan información básica pero no profundizan en los detalles, el periodismo de investigación trabaja.
No sabemos quien o porque difundieron el video a la opinión publica, y sobretodo en ese momento, a mediados de abril.
Se sabe que el video llegó de manera anónima junto con un escrito a la Procuraduría de Justicia Militar, y el remitente firmó como Luis Hernández Hernández, puso como domicilio un lugar inexistente.
Hay muchas preguntas en este asunto.
En primer lugar es evidente la descoordinación entre las dependencias encargadas del caso..
Por ejemplo no hay consistencias entre los dos primeros comunicados de Sedena y PGR.
Mientras una dependencia  - PGR -  afirma que ellos tuvieron conocimiento  por parte de la PGJM el día 5 de enero, Sedena dice que fue el día cuatro.
Asimismo, afirma la PGR que “en todo momento“ contaron con el apoyo de la CNS, empero la misma Policía Federal dijo en una entrevista radial –radio Fórmula- que ellos se habrían enterado por la redes sociales y que de inmediato investigaron el caso.
Además es evidente de que no fue un elemento de la policía quien participó sino que son tres, y que  fueron suspendidos y ahora están procesados por un juez federal por delitos de tortura.
¡Increíble la descoordinación institucional!
¿Cómo es que la PF no sabía del caso aun cuando había 3 elementos de su corporación involucrados
¿Y la coordinación interinstitucional?
Fue bien visto que el General secretario Cienfuegos ofreciera disculpas por los hechos lamentables, pero consideramos que ya condenó a los inculpados  como torturadores sin concluir el proceso que les sigue un juez civil.
¿Y dónde queda el debido proceso General secretario? Y sobretodo el principio de presunción de inocencia.
Y por otro lado, ¿por qué la Procuraduría Militar no los encausó por los delitos de tortura y sólo por desobediencia que es un delito menor.
Muchas irregularidades en la detención. ¿Por qué no llevarlos de inmediato al Ministerio Público como lo ordena la ley?
¿Y la capacitación de que tanto se presume sobretodo a pocas semanas de que se instaure en todo el país el nuevo sistema de justicia penal?
Es evidente que no hemos aprendido de lo que nos dejó el caso de Florence Cassez en enero de 2013.
Recordemos que un día después que se dictó la resolución de la Primera Sala de la SCJN y se liberó a la señora Florence Cassez el Presidente Peña Nieto giró instrucciones para que todas las acciones se lleven a cabo con estricto apego a derecho con el propósito de garantizar el debido proceso y evitar que se repitan esos casos.
Se dijo que toda la Policía Federal recibirían capacitación sobre los protocolos, todavía más se dijo que se distribuirá a todos sus efectivos, una Cartilla de Derechos que Asisten a las Personas en Detención.
Parece que todo mundo olvido ese librito.
Después de los hechos de Ajuchitlán el comisionado Renato Sales, les recordó a los guardas del Servicio de Protección Federal a portar y aplicar manera obligatoria y permanente la dicha cartilla que dice de entre los nueve puntos, de los cuales incumplieron el numero ocho:
“Tiene derecho a que se le ponga, sin demora, a disposición de la autoridad competente.“
Evidentemente ni la policías ni el ejército llevaron a cabo ese librito, y ello supone además de una violación a sus derechos no hacer las cosas bien y ello pone en riesgo el debido  proceso
Las Reacciones
Las reacciones de este asunto penoso han sido varias.
De entrada, revive los dichos del relator especial para la tortura de Naciones Unidas, Juan Méndez, sobre que la tortura en México está “generalizada”. Por cierto, el relator estuvo por esos días en México invitado por el Senado con el fin de discutir la ley contra la tortura que está en construcción. Cuando le preguntaron sobre el video dijo que la reacción del gobierno demuestra que hay avances en la materia y que la disculpa pública es un hecho positivo. En entrevista radial dijo que sobre el caso mismo no puedo opinar “es terrible, ciertamente, pero con las declaraciones hechas por altos mandos militares y policiales estoy convencido de que estos son pasos en la dirección adecuada, y es importante que se pronuncie públicamente la intolerancia absoluta a cualquier tortura”.
Agregó que en 2014, respecto a su visita, la tortura sí era una práctica generalizada y desde entonces ha recibido denuncias de casos graves de tortura.
Precisó que no saber si las cosas en materia de tortura han cambiado o que siguen igual o que siguen peor.
Esta vez nadie del gobierno federal cuestionó su parcialidad y de que sus dichos entonces fueron considerados indignantes.
Había que guardar silencio ante el la elocuencia del video.
Para el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, la disculpa pública no basta, por lo que es necesario aplicar responsabilidades penales por el hecho delictivo.
 Legisladores coincidieron que es preocupante la evidente violación de derechos humanos.
Amnistía Internacional reconoció que las disculpas son un primer paso hacia un nuevo enfoque oficial para emprender acciones eficaces en busca de sancionar y prevenir violaciones a los derechos humanos, pero condenó que calificara la situación como “hechos aislados”. 
Hechos aislados, eso dijo el general secretario en su discurso y lo reiteró dos veces.
Qué bueno que el Congreso esté legislando en la materia es una tarea pendiente.
Por cierto, Elvira Santibañez Margarito, y sus dos cómplices fueron presentados ante el Ministerio Público Federal, en Iguala, Guerrero. El quid es que por lo menos con la mujer no se hizo en tiempo y en forma. Hasta donde sabemos la certificación médica que se hizo mostró que no tenía lesiones ni mostraba signos de tortura.
Además ella no presentó ninguna queja de tortura. Hoy e encuentra sujeta a proceso penal en un Centro de Reinserción Federal en Tepic, Nayarit por delitos de secuestro y portación de arma de fuego.
Pero con los hechos del video y las disculpas ofrecidas, cualquier buen abogado penalista podría  quitarle todos los cargos, ya que el proceso penal está viciado por los actos de tortura.
 De entrada los abogados pueden pedir que se reponga el procedimiento, y no sería raro que la dejen libre.
¡Seria obviamente muy lamentable!
Además organizaciones como Alto al Secuestro que dirige Isabel Miranda de Wallace piden sí que se castigue severamente a quienes llevaron a cabo su tortura, y también se castigue con firmeza a los presuntos secuestradores. Precisa que el hecho que haya sido torturada “no la hace inocente, eso no la exime de nada. Ella causó mucho mal”, subraya.
Recordemos en el caso de Florence Cassez nunca se abordó el tema de fondo, y la señora salió libre porque no se llevó el debido proceso.
Así funciona nuestra justicia penal.

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