Veto Presidencial al artículo 32 de la Ley
General de Responsabilidades Administrativas
Enrique Peña Nieto, en ejercicio de la facultad
constitucional de realizar observaciones a leyes aprobadas por el Congreso de
la Unión, conocida como facultad de veto, devolverá al Senado de la República
para su análisis el artículo 32 incisos b) y c) de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas y otros 15 relacionados.
Estos artículos señalan
que todo particular, sea un individuo o una empresa, que reciba o ejerza
recursos públicos o contrate con cualquier instancia del Gobierno debe
presentar sus declaraciones patrimoniales.
Lo que representa dar a
conocer a la autoridad todo su patrimonio. Además señala que todas las personas
que trabajan en una empresa que contrate con el gobierno, es decir, la
totalidad de los trabajadores de una empresa, sin importar su función dentro de
la misma, tendrían que presentar estas declaraciones.
Modificaciones
El Gobierno de la
República ha escuchado con atención las voces que argumentan que esta medida es
excesiva y haría inoperante el sistema nacional anticorrupción ya que sería
imposible procesar millones y millones de declaraciones; también inhibiría a
los particulares de prestar servicios o vender productos a gobiernos.
Lo más importante
afectaría a personas que no están vinculadas con contrataciones como
beneficiarios del Programa Prospera o los becarios del CONACYT, entre otros.
Con la convicción de que
las críticas a estos artículos han señalado un problema real a la operatividad
del sistema nacional y que esta medida resulta contraria a los derechos humanos
previstos por la Constitución, al afectar de manera excesiva la vida privada y
la protección de los datos personales de los mexicanos e incluso extranjeros que
no viven en el país, el Presidente de la República está proponiendo
modificaciones para fortalecer el sistema nacional anticorrupción.
"Esto de ninguna
manera disminuye la capacidad de las autoridades para investigar y sancionar
aquellos particulares que actúen de forma irregular ante el Estado".
Sistema Nacional
Anticorrupción
El Sistema Nacional
Anticorrupción prevé herramientas novedosas y útiles para dicho propósito, como
por ejemplo la manifestación caso por caso y contratación por contratación de no
estar el particular frente a un conflicto de interés y las penas en que
incurrirían por actos de corrupción que van desde sanciones económicas hasta la
disolución de las empresas, y en su caso, penas de prisión.
Las observaciones
parciales que se formulan tienen como objetivo fundamental colaborar con el
Poder Legislativo para fortalecer a las instituciones y garantizar que todas
las normas que se aprueben se apeguen a la Constitución.
Con el objetivo de no
retrasar la vigencia del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, el Presidente
de la República hoy mismo solicitará que se convoque a un periodo
extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión.
"El Sistema
Anticorrupción es de los ciudadanos y para los ciudadanos. Su objetivo
primordial es proteger su derecho a que los recursos que aportan a través de
sus impuestos se usen de la mejor manera posible".
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