Reforma, 23 Sep. 2019
La escuela vuelve a perder y, cuando la escuela pierde, hay razones para ser pesimistas. La nueva mayoría le ha dado un golpe terrible al futuro de México. La reforma que han aprobado los diputados de Morena y sus aliados mantendrá la postración de nuestro sistema educativo, someterá a los maestros nuevamente a condicionantes extraescolares. Seguiremos rezagándonos, perdiendo dominio del alfabeto y de las operaciones matemáticas elementales. Ignorantes de la ciencia ajenos al arte. Se seguirá ensanchando la brecha entre nuestros estudiantes y los del resto del mundo. López Obrador no será, desde luego, el inventor de esta crisis en la que llevamos sumidos muchos años. Pero será responsable de haberla agudizado, de haber anulado la posibilidad de mejora. Lejos de corregir los errores de la reforma educativa, optó por eliminarla de tajo para acariciar otro cadáver del neoliberalismo y para congraciarse con los poderes sindicales.
Hemos asistido a la contrarreforma política de la educación. Si la reforma constitucional encubría ese propósito, las leyes secundarias lo encueran. Se trata de entregarle nuevamente a las corporaciones la tutela de la escuela. Es cierto que la reforma previa, esa que el Presidente bautizó como La Mal Llamada, fue, en efecto, menos que una reforma educativa. No reescribía los planes de estudio, ni inventaba métodos de enseñanza. Pero era la precondición para esos cambios. Era una reforma política porque recuperaba, para el Estado, la rectoría de la educación. Era una reforma que reacomodaba el tablero para afirmar el mando del Estado. Eso es lo que tira a la basura la nueva mayoría. En esta órbita, como en muchas otras, se revela la miopía antiestatista del presidente López Obrador.
La reforma del sexenio pasado era valiosa porque suponía, ante todo, la refundación del gobierno educativo. Y sí... a pesar de sus autores, vale defenderla en su trazo fundamental porque significó la recuperación de una responsabilidad intransferible. Nadie más que el Estado puede dictar la política de la educación pública. Debe hacerlo en diálogo con los actores relevantes, pero sin someterse al dictado de los intereses parciales. Recuperar el mando de la política educativa no fue un triunfo para el gobierno de Peña Nieto, no fue una victoria del neoliberalismo. Creo que debe verse, auténticamente, como un triunfo del Estado mexicano, al que se le dotaba de instrumentos para impulsar una nueva escuela.
Los cambios legales recientes ponen al pizarrón, de nuevo, al servicio de la peor política, la política de la extorsión. Han triunfado los apoderados de los sindicatos. Ambas organizaciones, la acomodaticia y la beligerante, vuelven a apropiarse del gis. En el salón de clase se hará su voluntad. Ellos dirán quién entra y quién asciende. Y por ello más que a prepararse, los maestros habrán de procurar la simpatía de los regentes. Al Estado corresponderá solamente hacer los pagos. Por eso, entre los ya muchos fantasmas del gobierno federal se cuenta al secretario de Educación. ¿Renunció? Ni siquiera en tiempos en que se discute la pieza legislativa más importante en su gestión, ha dado la cara. Ni una palabra en su defensa. El secretario Moctezuma decía hace unos meses que no se perdería la rectoría estatal de la política educativa. ¿Podría decirlo hoy, después de lo que aprobó la Cámara de Diputados?
La reforma no solamente representa una abdicación de la responsabilidad educativa del Estado, implica también una ceguera voluntaria. No tendremos ningún órgano confiable para medir el impacto de estas decisiones. Mataron al instituto de evaluación y pusieron en su lugar un órgano insignificante. Se desentiende también el Estado de los muros y los techos de las escuelas. Que los estudiantes, los padres y los maestros se encarguen. Y, por si fuera poco, la reforma viola la Constitución. ¡Qué poderoso nuestro nuevo régimen! Emplea su incuestionable legitimidad, su imponente popularidad y su mayoría franca en el Congreso para abdicar de sus responsabilidades esenciales, para humillarse ante los gremios que imponen condiciones a la legislatura, para eliminar los observatorios imparciales que le proveerían de información valiosa, para poner en peligro la seguridad de los niños y para violar alegremente la Constitución. Todo en una sola ley.
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