Las columnas políticas hoy, martes 28 de julio de 2026

Escudo o Mordaza: La trampa en los derechos de las audiencias

Hoy quiero poner sobre la mesa un tema que nos impacta directamente, aunque a veces suene a burocracia: los nuevos lineamientos sobre los derechos de las audiencias. El gobierno federal acaba de presentar un anteproyecto para radio y televisión, y la gran pregunta que debemos hacernos es: ¿estamos ante un verdadero escudo ciudadano o ante una ley mordaza disfrazada de buenas intenciones?

En la mañanera de este martes, la Consejera Jurídica, Luisa María Alcalde, presentó las reglas del juego. El discurso oficial, hay que decirlo, suena impecable: restituir derechos, exigir códigos de ética, garantizar accesibilidad para personas con discapacidad auditiva (lo cual me parece un gran acierto) y forzar a distinguir claramente entre noticia, opinión y publicidad. ¿Quién podría oponerse a recibir —como dicta el documento— "información veraz y oportuna"?

El problema no está en las intenciones, sino en los mecanismos y la letra chiquita.

Alcalde explicó la ruta: cada medio deberá tener un "defensor de la audiencia". Si un ciudadano presenta una queja y el medio ignora la recomendación, entra el manotazo del Estado, escalando hasta multas desproporcionadas de hasta el 1% de los ingresos anuales de la empresa. Aquí es donde la "protección" se cruza peligrosamente con la censura.

Como disecciona hoy Jorge Fernández Menéndez en Excélsior, este proyecto tiene dos trampas mortales: su desconexión con el periodismo en vivo y, sobre todo, la discrecionalidad. Si los lineamientos castigan la información "descontextualizada" y exigen "veracidad" respaldada por un "ejercicio razonable de investigación"... ¿quién establece qué es razonable?

Si un noticiero publica una filtración incómoda —como aquellas llamadas de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, buscando arreglos en Estados Unidos—, ¿el gobierno dirá que carece de veracidad o que viola el derecho de las audiencias? Al dejar esta interpretación abierta, el Estado se erige en los hechos como el árbitro supremo de la verdad. Y, por cierto, ¿quién será ese "gran Ombudsman"? ¿Un árbitro independiente o un comisionado a modo para intimidar y castigar a los medios incómodos?

La presidenta Sheinbaum rechazó tajantemente que esto sea censura. ¿Acaso se cura en salud? Aseguró que es un "proceso de autorregulación" (¿dónde habré escuchado antes esa palabra?). Aclaró que la prensa escrita y digital quedan fuera por ahora, pero al preguntarse públicamente por qué no están incluidas, dejó en evidencia un apetito regulatorio sumamente preocupante.

Jorge nos recuerda que hace 45 años, Margarita López Portillo intentó usar a la Dirección de RTC de Gobernación para imponer un consejo regulador similar. Aquello habría sido un grave retroceso, y hoy la historia parece repetirse: se busca el control imponiendo una narrativa única para asfixiar cualquier voz disidente.

El documento estará en consulta pública hasta el 21 de agosto; un plazo que parece un trámite meramente escenográfico para legitimar una decisión ya tomada. Sin embargo, es el momento exacto para que la industria y la sociedad civil levanten la voz.

En las verdaderas democracias, la respuesta a la desinformación no es el control desde arriba, sino la pluralidad. Porque unificar por decreto lo que se puede decir y lo que no, nunca ha sido defender a la audiencia; es arrebatarle su libertad.

¡Prohibido prohibir!

 Los riesgos de los nuevos lineamientos

¿Dónde termina la legítima protección a las audiencias y dónde empieza la censura disfrazada de regulación? Esta es la pregunta que inevitablemente surge tras conocer los nuevos Lineamientos Generales presentados por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal en la conferencia matutina del martes.

Aunque la intención suena bien en el papel, la letra chiquita es profundamente alarmante.

La reacción de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) ha sido tajante, y con justa razón. Estamos ante un proyecto que abre la puerta de par en par a la discrecionalidad. 

Otorgarle al gobierno la facultad de definir qué es "información falsa o descontextualizada" equivale, en esencia, a convertir al Estado en el árbitro supremo de la verdad. Esta medida anula la autorregulación de los medios y subordina a los defensores de las audiencias al poder en turno.

Los focos rojos de este proyecto son claros:

Multas desproporcionadas: La amenaza de sanciones equivalentes al 1% de los ingresos anuales, castigos que pretenden imponerse al margen de la legislación actual.

Quejas anónimas: Permitir denuncias sin rostro contra espacios informativos no es un mecanismo de protección ciudadana; es el caldo de cultivo perfecto para presionar, intimidar y silenciar a periodistas incómodos mediante acusaciones fabricadas.

El proceso se encuentra en etapa de consulta pública. Las más de 1200  estaciones que conforman la CIRT, junto con la sociedad civil deben levantar la voz y exigir que se corrijan estos excesos.

Proteger a las audiencias es un fin loable, pero nunca debe costarnos nuestra libertad de expresión ni significar un retroceso para la democracia en México.

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Las columnas políticas hoy, martes 28 de julio de 2026

La UNAM, a tiempo para evitar un nuevo problema con exámenes

Bajo Reserva/ El Universal

Si uno pensaba que la UNAM ya tiene un grave problema con el examen que se aplicó para ingreso a licenciatura con la cuestionada empresa Territorium Life, uno más podría estar por venir. Nos detallan que en el contrato firmado con esta compañía también se establece que llevaría a cabo la aplicación del examen virtual para ingresar al Sistema de Universidad Abierta (SUA) cuya convocatoria está planeada, según el Calendario de Admisión, para el próximo 31 de agosto. Nos dicen que con el escándalo que hay en la máxima casa de estudios, donde aspirantes piden que se vuelva a realizar el examen de admisión, la prueba del SUA tendría que ser pospuesta. El rector Leonardo Lomelí, nos dicen, está a tiempo para evitar un nuevo problema.

¿El senador acusado por EU de narconexos saldrá de su escondite?

Nos señalan que el senador morenista Enrique Inzunza está en la disyuntiva de salir de su escondite a partir del 1 de septiembre próximo y presentarse a trabajar al Senado, o entregar su solicitud de licencia para ausentarse del cargo hasta que haya una mayor claridad respecto a su situación legal, luego de que el gobierno de Estados Unidos lo incluyó en el grupo de funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa acusados de nexos con el narcotráfico. Inzunza cumple tres meses de ausencia en la Comisión Permanente, de la que es parte, y sigue cobrando su sueldo por medio de una maniobra interna del Senado, ya que sus cuentas están congeladas. Sin embargo, en el periodo ordinario del Senado la situación es diferente, pues no puede dejar de asistir sin una razón que lo justifique, por lo que don Enrique y su coordinador Ignacio Mier tendrán que tomar una decisión en las próximas semanas.

¿Censura disfrazada?

El pasado viernes, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que preside Norma Solano, aprobó los nuevos lineamientos sobre los llamados “derechos de las audiencias”. Nos hacen ver que el texto, que está disponible para consulta pública a partir de hoy, incluye, como se ha advertido desde hace meses, disposiciones para suspender transmisiones, imponer criterios sobre la “veracidad” de los contenidos y sancionar a quienes no los acaten. Así como lo lee: censura disfrazada de regulación. Justo lo que una democracia necesita.

De risa un escenario como el de Nicaragua en México

A quien le causó risa que en México fuera posible un planteamiento como el del mandatario nicaragüense Daniel Ortega de suspender las elecciones, fue a la presidenta Claudia Sheinbaum. Nos hacen notar que, en Palacio Nacional, la titular del Ejecutivo soltó la carcajada cuando le cuestionaron si esta es la ruta que debe seguir la región ante el avance de grupos de derecha. La Presidenta descartó una acción como esta porque en México hay elecciones cada seis años y hasta hay revocación de mandato. Y aunque la mandataria fue cuidadosa al decir que México respeta la autodeterminación de los pueblos y lo que decida el pueblo de Nicaragua, dejó en claro que en el país no sería posible una medida de ese tipo: “No, aquí hasta hay revocación de mandato. Democracia, democracia, democracia. Cada país decide, cada pueblo decide. Nosotros estamos a favor de la democracia, pero cada país decida cómo se organiza", dijo. ¿Habrá escuchado el camarada Ortega?

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El derecho a censurar/Jorge Fernández Menéndez 

Excelsior,

Los lineamientos para los derechos de las audiencias que se presentaron para su consulta a partir de este lunes son un intento más de establecer mecanismos de censura desde el poder para los medios electrónicos. No son tampoco nuevos: el primer intento lo hizo Margarita López Portillo. Luego ya en el gobierno de Peña Nieto se intentó aprobar algo muy similar a los lineamientos que se dieron a conocer ahora, pero los frenó la Suprema Corte. Pero en el gobierno actual, ya con otra Corte, se logró imponer la nueva ley y los lineamientos propuestos, son los que ahora le darán forma.

Las nuevas normas implicarán una catástrofe anunciada para la libertad de expresión. Sin duda lo más peligroso es la amenaza de quitar concesiones o establecer multas exhorbitantes con la posibilidad de cancelar, intervenir programas y medios por decisión del propio gobierno. La norma impide a los medios autorregularse, porque será la agencia del gobierno la que delimitarán la regulación. 

Los lineamientos generales sobre la defensa de las audiencias establecen normas imposibles de cumplir para los medios de comunicación electrónicos y la amenaza de procesos judiciales contra periodistas y comunicadores. Son lineamientos sin sentido común, que le otorgan a la agencia de transformación digital y la de telecomunicaciones (que absorbió las atribuciones que tenía el IFT autónomo) prerrogativas que violan la Constitución y los derechos humanos básicos, entre ellos la libertad de expresión.

Se mantiene la suspensión de transmisiones por publicidad dirigida a menores y por violaciones a los derechos de las audiencias. Persisten los Códigos de Ética con obligaciones para evitar información supuestamente falsa, descontextualizada o presentada como actual cuando es histórica, y para establecer criterios que aseguren la veracidad de las noticias. 

Se mantiene la obligación de diferenciar opinión de información en todos los ámbitos desde los noticiarios hasta los deportes. En términos reales es imposible hacerlo en la mayoría de los casos. Desde el mismo momento de la presentación de una nota se está dando una opinión editorial. La información y la opinión suelen ser inmediatas.

​​Se dice que la información debe tener oportunidad y veracidad y que la recepción de la información debe llegar a tiempo y en forma conveniente para las audiencias. ¿Quién puede determinar cuáles es “el tiempo y la forma” conveniente para dar una información? Si doy a conocer algo que sucedió hace años, ¿estaría violando la norma de oportunidad o eso deja de ser información para ser opinión?.

​​Dicen que la información debe tener “veracidad”. ¿Quién establece la veracidad?. Dicen que la información difundida sobre hechos se debe encontrar respaldada por un ejercicio razonable de investigación y comprobación de su asiento legal. ¿Quién puede establecer qué es “un ejercicio razonable de investigación y su asiento legal”?. Si es una filtración, ¿no tiene veracidad?. ¿La publicación de las llamadas y comunicaciones de Marina del Pila Avila buscando arreglar sus acusaciones en Estados Unidos sería entonces ilegal o una violación al derecho de las audiencias?.

Si existe una denuncia y no es atendida o es desechada por el medio, el órgano regulador puede poner multas enormes, hasta del uno por ciento de los ingresos de una empresa (o incluso intervenir la misma) con toda discrecionalidad.

​​En ninguna democracia del mundo existen normas similares y un régimen de censura semejante.  Lo cierto es que un mecanismo de regulación común, colocado desde afuera y desde arriba simplemente no debería ser posible, salvo que se quiera unificar una ideología, una moral y una estética que siempre terminarán siendo las del grupo en el poder, aunque sea de una mayoría, y deja sin capacidad de expresión a los disidentes o las minorías: y la posibilidad de la libre expresión de las disidencias y las minorías, es uno de los rasgos distintos de cualquier democracia.

En las democracias contemporáneas la autorregulación de los medios de radio y televisión es la que garantiza no sólo la competencia sino también la libertad de expresión y con ello los más amplios derechos de la audiencia.

Cada medio debe tener un código ético, un compromiso explícito de contenidos con sus lectores, radioescuchas o televidentes, con mecanismos para hacer valer ese código y para darle voz a sus consumidores cuando ese código sea violado. Cada medio debe hacer público ese compromiso y las formas que adoptará para garantizarlo. Las formas de autorregulación pueden ser tan sofisticadas como cada medio lo decida, lo mismo que los mecanismos que adopte para hacer cumplir sus propias normas.

Los medios, por definición, son diferentes, atacan distintos públicos, tienen intereses encontrados y formas de expresión en la mayoría de los casos divergentes: simplemente compiten entre sí por quedarse con un público de lectores, radioescuchas o televidentes con una oferta informativa, cultural o de entretenimiento distinta. Por eso establecen compromisos particulares  con sus audiencias que pasan por su propia oferta informativa y cultural. 

Margarita López Portillo intentó imponer un consejo de regulación de medios dirigido por el Estado que hubiera significado, de haberse echado a andar, un grave retroceso a la libertad de expresión, hubiera frustrado la transición democrática. Ahora se quiere regresar 45 años atrás, impidiendo el verdadero derecho de las audiencias, que es gozar de una auténtica libertad de expresión.

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La rufianada contra Ruffo

Sin rodeos/Diego Fernández de Cevallos

Milenio, 

Dice el gobierno que fue exitosa la difícil y compleja investigación sobre el atraco más grande conocido en la historia de México, el llamado huachicol fiscal, y se ufana de tener en prisión al primer gobernador de oposición en el país: el entonces panista Ernesto Ruffo Appel.

A dicha persona no se le ha respetado una doble presunción de inocencia: la primera, por mandato de ley; y la segunda, por su reconocido prestigio. Lo cierto es que hoy sufre tratos humillantes y lo han recluido en un penal de alta seguridad como peligroso delincuente. Sobre él no cae todo el peso de la ley ni se le aplica una justicia selectiva como algunos erróneamente afirman. Se trata de un insolente abuso de poder que se mofa de la ley y deniega la justicia.

¿Por qué hago tal afirmación?

1. Porque de acuerdo con las constancias de autos, primero un juez se negó a librar 27 órdenes de aprehensión por falta de pruebas, pero la fiscalía agregó a Ruffo y llevó el asunto a una jueza (del Bienestar) que de inmediato las dictó. Para eso impusieron a los jueces de consigna surgidos de acordeones.

2. Porque la presidenta (con A de Arpía) no esperó siquiera a la audiencia de vinculación a proceso y arrogándose facultades sentenció desde su púlpito mañanero que son muchísimas las pruebas contra su adversario. Sólo falta el papeleo: La infame condena ya se dictó en Palacio Nacional.

Sí, la misma que ha impedido la captura de Rocha Moya y siete vivales más, alegando “falta de pruebas”, ahora las halla y en abundancia contra un opositor. Sí, la misma que no considera delito que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, ofreciera información de seguridad nacional al FBI, la DEA y la CIA ahora dice que existen “muchísimas” para condenar a quien no es de su banda.

Claro que irá creciendo la indignación en quienes conocemos a Ruffo desde hace décadas, y en los que tomen conciencia de tan cobarde coartada. Mire usted, hasta el morenista Javier Corral (que debe su libertad personal a Morena y que preside la Comisión de Justicia del Senado) define a Ruffo como “persona honesta, íntegra, un hombre de bien” y exige “que se expliquen las acusaciones y los elementos que sustentan su detención”.

Ruffo debe ser fuerte en la adversidad, y a quienes queremos un México en el que de verdad imperen la ley y la justicia nos corresponde repudiar enérgicamente esa y todas las canalladas de la mafia cuatrotera, ciertos de que la historia consignará que la “red colosal de huachicol fiscal” ha sido hasta la fecha el mayor negocio de allegados y familiares del piojoso asesino conocido como Tartufo y el Crimen Autorizado, encubiertos por la inmaculada Arpía.

Enfrentemos con valor la obstinada maldad del obradorato conscientes de que el destino nacional es responsabilidad de quienes amamos a México.

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Infancia digital: crecer en libertad

Los derechos hoy/Arturo Zaldívar

Milenio,

Hay escenas que se repiten cada noche en millones de hogares. Una niña de 13 años desliza el pulgar frente a una sucesión interminable de cuerpos perfectos y termina odiando el suyo. Un niño recibe en la escuela una burla que seguirá persiguiéndolo cuando cierre la puerta de su cuarto. Un adolescente promete dormir temprano, pero una notificación lo devuelve a la pantalla, después otra y luego una más. Un ciclo interminable. Tras él opera una industria que invierte fortunas para conseguir que no se detenga.

El problema nace de un modelo de negocio que convirtió la atención de niñas, niños y adolescentes en materia prima. El desplazamiento infinito, la reproducción automática y las notificaciones responden a decisiones cuidadosamente estudiadas para prolongar el tiempo de conexión, conocer emociones y predecir conductas. Cuanto más mira una persona, más datos entrega. Cuanto más vulnerable se siente, más fácil resulta retenerla.

Ese mecanismo puede someter a cualquier persona adulta. En un chico que todavía está formando su identidad, aprendiendo a controlar sus impulsos y construyendo su autoestima, el daño puede ser mucho mayor. Las redes exhiben vidas editadas, cuerpos imposibles y popularidades medidas en cifras. La comparación se vuelve permanente. Poco a poco se instala una idea devastadora: los demás son más felices, atractivos y queridos; algo debe estar profundamente mal conmigo.

Los efectos de las redes sociales sobre la salud mental están documentados. Los adolescentes que pasan más de tres horas diarias en redes presentan el doble de riesgo de padecer síntomas de ansiedad y depresión. Casi la mitad reconoce que estas plataformas empeoran la percepción de su cuerpo. A ello se suman el acoso que atraviesa las paredes del hogar, los contenidos que promueven trastornos alimentarios y una necesidad de aprobación que convierte cada rechazo y cada “me gusta” en un juicio sobre el propio valor.

México no queda fuera. Según el Inegi 95 de cada 100 adolescentes de 12 a 17 años usan internet y nueve de cada diez usuarios mantienen presencia en las redes sociales.

Frente a esta realidad, el derecho impone obligaciones claras. Primero, los derechos de la infancia conservan toda su fuerza dentro del entorno digital. El interés superior de la niñez exige colocar su desarrollo, su integridad psicológica y su bienestar por encima de la neutralidad estatal y de las ganancias empresariales. Esa protección debe comenzar desde el diseño mismo de las plataformas. Educar al usuario resulta insuficiente cuando el producto fue construido para doblegar su voluntad.

La carga tampoco puede seguir recayendo únicamente sobre madres y padres. Ninguna familia compite en igualdad de condiciones contra empresas capaces de analizar millones de datos, identificar fragilidades y perfeccionar cada estímulo para capturar la atención. Pedir a los hogares que “pongan límites” mientras todo el sistema trabaja para romperlos equivale a abandonar a las familias y después responsabilizarlas por haber perdido la batalla.

Una prohibición absoluta ofrecería una salida sencilla, pero equivocada. Las nuevas generaciones necesitan herramientas digitales para estudiar, trabajar, expresarse y participar en el mundo que les corresponde. Privarlas de esas capacidades profundizaría desigualdades que ya condicionan su futuro. El desafío consiste en permitirles habitar la era digital sin entregarlas indefensas a quienes lucran con sus emociones.

En tal sentido, regular implica trasladar responsabilidades hacia quienes diseñan y obtienen beneficios. Se deben adoptar configuraciones seguras por defecto, límites estrictos al uso de datos, restricciones al perfilado algorítmico de menores y barreras eficaces frente a contenidos dañinos. También hay que apostar por la alfabetización digital, acompañamiento familiar, investigación independiente y la participación de niñas, niños y adolescentes. Ninguna política puede comprender su experiencia si se construye sin escuchar su voz.

Lo que está en juego es si aceptaremos que la autoestima de una generación sea subastada al mejor postor. La Constitución protege la salud mental de la infancia porque de ella depende la posibilidad misma de vivir en libertad. Nadie elige plenamente su plan de vida cuando la ansiedad toma las decisiones, el miedo gobierna sus relaciones o un algoritmo aprende a explotar sus heridas.