Hay anuncios que nacen con eco de trueno y terminan desinflándose en el silencio de los escritorios. Eso fue exactamente lo que ocurrió con el supuesto "golpe histórico" de 59 millones de litros de combustible en San José Iturbide, Guanajuato.
Cuando la FGR sacudió los titulares con la noticia, parecía que estábamos ante el parteaguas definitivo contra el huachicol y la defraudación fiscal en el país. Pero la realidad, esa que suele esconderse detrás de los boletines estridentes, empezó a mostrar fisuras desde el momento en que se rascó un poco la superficie.
Para empezar, el reloj oficial no coincidía con el calendario de los hechos. El operativo no ocurrió en la fecha difundida con bombo y platillo, sino el pasado 4 de septiembre. Y ahí radica la primera gran paradoja: en lugar de la clásica estampa de un aseguramiento dramático —con patrullas bloqueando los accesos, cadenas y los tradicionales sellos de clausura rotulados en rojo—, la planta vinculada a Grupo SIMSA siguió respirando. No hubo sellos. El combustible se quedó tranquilamente reposando en los tanques. Y lo más insólito: para el 10 de septiembre, las instalaciones ya habían retomado su rutina diaria, cerrando la diligencia sin una sola persona detenida.
