El saldo de la reforma y el 60% perdido: una necesaria rectificación legislativa..

El saldo de la reforma y el 60% perdido: una necesaria rectificación legislativa..

Por Fred Alvarez Palafox

Las decisiones políticas rara vez son gratuitas; su costo suele medirse en el tiempo y en la capacidad del Estado para operar. Ayer, durante un encuentro con profesores en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), el senador Javier Corral (Morena) deslizó una confesión que constituye la verdadera nota de la jornada: la elección judicial de 2025 provocó la fuga de casi el 60 por ciento de los juzgadores locales que ya estaban capacitados y formados para implementar el nuevo sistema de justicia civil y familiar.

El impacto de esta pérdida de capital humano y técnico es directo. El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, un instrumento diseñado para unificar los procesos en todo el país y cuya entrada en vigor estaba prevista para abril de 2027, enfrenta ahora el proyecto de un nuevo aplazamiento. La maquinaria de la justicia cotidiana, la que afecta directamente al ciudadano de a pie, se ralentiza ante la orfandad de operadores capacitados.

Sin embargo, la firma del convenio entre la Comisión de Justicia del Senado y el Inacipe ofreció más que cifras preocupantes; mostró a un presidente de comisión buscando reivindicar el papel del parlamento. Corral fue crítico con los vicios del trámite legislativo, reconociendo —con inusual franqueza— que a menudo estos convenios parecen solo eventos mediáticos y que el Senado "escucha, pero no le hace caso a nadie". El compromiso público de ayer fue hacer que la deliberación con especialistas tenga, por fin, consecuencias vinculantes y reales.

Como evidencia de esta apertura, destacó la contención de la polémica figura de los "jueces sin rostro" y detalló la actual discusión sobre la Ley General de Feminicidio. En este último tema, delineó un debate complejo donde se busca integrar la perspectiva de género y la inclusión, cuidando rigurosamente no invisibilizar a las mujeres en las definiciones legales, además de garantizar sanciones firmes para los ministerios públicos que alteren o retrasen las investigaciones.

Celebrar que el trabajo legislativo rectifique y decida escuchar a los expertos es un acto de mínima honestidad intelectual. Resulta inevitable, sin embargo, contrastar este llamado a la razón técnica con la historia reciente. Quienes hemos caminado los pasillos legislativos —en mi caso como asesor en varias legislaturas— y atestiguado la evolución de sus actores, guardamos memoria.

Mi propio registro personal se remonta a 1997, durante la vibrante LVII Legislatura. Fue entonces cuando un amigo común, Felipe González, me presentó a Javier. Tras una larga y buena charla, me invitó a trabajar como asesor en la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC), propuesta que el pleno avaló junto con la de Beatriz Solís.

A Javier le guardo un aprecio genuino, forjado en aquellos años. Fueron poco más de tres años de construir acuerdos en la pluralidad. En aquella época, pudimos dictaminar la Ley Federal de Cinematografía de manera transparente y abierta a todos los actores, trabajando codo a codo con la Comisión de Cultura que presidía María Rojo, entonces en las filas del PRD. 

La apertura y el rigor de aquel ejercicio fueron tales, que no se perdieron en el olvido: el Dr. Tonatiuh Lay dejó un testimonio puntual de este proceso histórico en una tesis de grado para la Universidad de Guadalajara.

De esa misma voluntad de diálogo surgió la creación del Canal del Congreso, un proyecto que logró concretarse con el empuje de figuras tan diversas como el hoy secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el entonces diputado panista Eduardo Mendoza Ayala. Era un trabajo legislativo que demostraba, en los hechos, que escuchar servía para construir.

Cada vez que Javier y yo nos encontramos, nos saludamos con la efusividad de quienes compartieron trincheras que valieron la pena.

 Por ello, la actitud reflexiva mostrada ayer por Corral resuena en mí con un eco agridulce. El legislador que hoy aboga por escuchar a los expertos en el Inacipe es el mismo que tuvo en sus manos un peso político crucial durante la reciente reforma al Poder Judicial —aprobada en lo general y en lo particular con 86 votos—. El "hubiera" no existe en la política práctica; Javier pudo haber intentado pararla o, al menos, matizarla desde esa misma técnica que hoy defiende. Sé bien que quizá era imposible frenarla por ser un asunto de "Estado", y que López Obrador habría conseguido el voto faltante en otro espacio y al costo que fuera —como finalmente lo hizo con Yunes—; pero el punto central es que no lo intentó.

Aun con ese saldo a cuestas, celebro profundamente que Javier Corral rectifique. Reconocer la necesidad de corregir el rumbo y devolverle el peso a la deliberación experta es un paso que se le reconoce. Al final, más allá de los foros de hoy y las rectificaciones en marcha, será la historia quien emita el juicio definitivo sobre los saldos de esta legislatura.

PD: Hay que reconocer un acierto crucial: Javier logró frenar —al menos de momento— la aberrante figura de los "jueces sin rostro". A lo mejor, en esa decisión, sí resonaron las voces de muchos que se lo exigimos