Ya no….
Los bienes del Almirante Ojeda...
Detrás de los uniformes impecables y el peso del más alto mando, la vida cotidiana termina por alcanzarnos a todos. Hasta hace poco, la situación financiera del Almirante José Rafael Ojeda Durán —quien durante el sexenio pasado tuvo bajo su mando las costas y mares de la nación como Secretario de Marina— era considerada un asunto de seguridad nacional, resguardada bajo un candado oficial que pretendía abrirse hasta el año 2030.
Sin embargo, la exigencia de transparencia terminó por forzar la cerradura.
Luego de que reportes del periódico El Universal revelaran el celo con el que el Comité de Transparencia de la Marina ocultaba los bienes de su ex titular, argumentando riesgos a la defensa nacional, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno dio un golpe de timón. El pasado 16 de septiembre, los documentos salieron de la bóveda de reserva y aterrizaron en la plataforma pública Declaranet, desclasificando no solo los datos del Almirante, sino los de otros 69 funcionarios y exfuncionarios militares.
Lo que se encontró al levantar el velo del secreto de Estado, tal como documenta el reportero Benito Jiménez para Reforma, dista mucho de los lujos que a veces se asocian con las cúpulas del poder. La declaración patrimonial de mayo de 2026 abre una ventana hacia un retiro que navega con el ancla de las deudas comunes. Pese a percibir ingresos anuales netos de poco más de dos millones de pesos gracias a su pensión jerárquica, el Almirante arrastra dos créditos hipotecarios adquiridos a finales de 2020 con instituciones militares (Banjército e ISSFAM), que en su origen sumaron 6.3 millones de pesos.
Resulta peculiar, casi austera, la estampa que dibuja su patrimonio recién liberado. En los registros no asoman terrenos, acciones ni cuentas bancarias estratosféricas; tan solo declara conservar una camioneta Mitsubishi modelo 2009, una compañera de ruta adquirida a crédito hace ya más de quince años.
Hoy, la dependencia naval lo mantiene cerca, adscrito a la oficina del actual titular como asesor honorario. Es un nombramiento por decreto, sin sueldo adicional, que reconoce la experiencia de quien alguna vez sostuvo el timón de la Armada. Y así, entre las memorias de la alta investidura, el desmantelamiento del hermetismo militar y la libreta de pagos mensuales, queda la imagen de un hombre que, tras despojarse del blindaje institucional, debe cuadrar las cuentas al final del mes como cualquier otro ciudadano..
PD: A propósito, resulta un misterio —por no decir un absurdo— que la FGR sea incapaz de localizar al Almirante Ojeda. Es imperativo que comparezca a declarar por el escándalo en el que están envueltos sus sobrinos.
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Incautan récord de 59 millones de litros de huachicol en Guanajuato... de nuevo, sin detenidos
En lo que ya se cataloga como el golpe más contundente en la historia de México contra el tráfico ilegal de combustibles, las fuerzas federales y estatales lograron un decomiso sin precedentes de más de 59 millones de litros de hidrocarburo en Guanajuato. Sin embargo, la operación dejó una estampa tristemente familiar en la procuración de justicia del país: un despliegue multimillonario de infraestructura y seguridad, pero un saldo blanco en cuanto a personas aprehendidas..
La historia detrás de este hallazgo, documentada en el comunicado oficial 623/26 de la Fiscalía General de la República (FGR), comenzó a tejerse el pasado 3 de julio. Ese día, una persona fue detenida mientras descargaba 33 mil litros de diésel —de los cuales no pudo comprobar su procedencia— en una estación de San Luis de la Paz. Aquella pista inicial estiró un hilo invisible que condujo a la FGR, respaldada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional y corporaciones estatales, a ejecutar cateos simultáneos en gasolineras, plantas de gas y, finalmente, en una enorme terminal ubicada sobre la carretera 57, en el municipio de San José Iturbide, Gto.
Es en este punto donde el operativo toma dimensiones corporativas. De acuerdo con la información revelada por los periodistas Iris Velázquez y Benito Jiménez en el diario Reforma, fuentes federales confirmaron que el gigantesco inmueble asegurado —equipado con diez tanques cilíndricos y capacidad para almacenar más de 100 millones de litros— pertenece a una planta de Grupo SIMSA. Este conglomerado de la familia Issa Tafich, con raíces en Torreón, experimentó una fuerte expansión gracias a los permisos energéticos obtenidos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y hoy da servicio a gigantes como Pemex, ExxonMobil y Shell.
El botín incautado en el lugar impresiona por su magnitud, equivalente a llenar miles de pipas de extremo a extremo:
Gasolina Regular: 33 millones 504 mil 067 litros.
Gasolina Premium: 7 millones 266 mil 813 litros.
Diésel: 18 millones 265 mil 989 litros.
Además del monumental volumen de energéticos —cuyo origen legal y trazabilidad no han podido ser acreditados—, las autoridades y el Secretario de Seguridad de Guanajuato, Mauro González, confirmaron el aseguramiento de unidades de transporte, vehículos de carga y documentación contable clave para desentrañar la red operativa de esta terminal.
Pero, a pesar del tamaño de la planta intervenida, la dimensión de la flota y los 59 millones de litros incautados, las autoridades federales no reportaron -hasta este momento-, una sola persona detenida durante el operativo en San José Iturbide.
Mientras la FGR continúa las indagatorias bajo la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos y el Código Fiscal de la Federación, el gran misterio sobre quién operaba y autorizaba el movimiento de millones de litros clandestinos sigue intacto.
Queda al descubierto un mercado negro colosal que fluye a la luz del día, pero cuyas sombras, una vez más, no alcanzan a tocar a los verdaderos responsables.
¿Y que dijo García Harfuch?
Y, sin embargo, cuando las autoridades cruzaron la puerta del predio, solo encontraron el silencio. Ni un solo operador, ni un vigilante, ni un velador. Nada. Caray!
Hoy, en el atril de la mañanera, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, intentó darle forma a lo que a todas luces parece un truco de magia. Con el tono mesurado que le caracteriza, justificó la huida masiva: el operativo era tan grande que los delincuentes lo vieron venir. "Las detenciones vienen después", prometió, como quien pide paciencia en la fila del banco. Pero el elefante en la habitación tenía nombre —el Cártel de Santa Rosa de Lima—, un fantasma que Harfuch prefirió no invocar, pasándole la estafeta a la Fiscalía para evitar "especulaciones". Es la clásica coreografía institucional de nuestra justicia: se presume el botín sobre la mesa, pero los rostros de quienes lo operan siguen en las sombras.
No obstante, el matiz crítico de la jornada lo puso la presidenta aSheinbaum, cambiando el foco de la fotografía. Ella sabe que 59 millones de litros no se esconden bajo un colchón ni se venden en garrafones a pie de carretera. Al revelar su llamada con Ernestina Godoy, Sheinbaum desnudó la verdadera urgencia: no basta con aplaudir el decomiso de una bodega vacía, hay que encontrar a los dueños del negocio. ¿De dónde salió? ¿A qué gasolineras formales iba a parar? La exigencia es clara: ir por los de cuello blanco y las redes de distribución.
Al final, la escena nos deja un sabor amargo. En México, el Estado puede confiscar verdaderos océanos de combustible, pero mientras las redes criminales sigan teniendo el tiempo y el aviso exacto para esfumarse antes de que suenen las sirenas, estos operativos seguirán siendo victorias a medias. Son monumentos perfectos a la impunidad:
El saldo de la reforma y el 60% perdido: una necesaria rectificación legislativa..
Las decisiones políticas rara vez son gratuitas; su costo suele medirse en el tiempo y en la capacidad del Estado para operar. Ayer, durante un encuentro con profesores en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), el senador Javier Corral (Morena) deslizó una confesión que constituye la verdadera nota de la jornada: la elección judicial de 2025 provocó la fuga de casi el 60 por ciento de los juzgadores locales que ya estaban capacitados y formados para implementar el nuevo sistema de justicia civil y familiar.
El impacto de esta pérdida de capital humano y técnico es directo. El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, un instrumento diseñado para unificar los procesos en todo el país y cuya entrada en vigor estaba prevista para abril de 2027, enfrenta ahora el proyecto de un nuevo aplazamiento. La maquinaria de la justicia cotidiana, la que afecta directamente al ciudadano de a pie, se ralentiza ante la orfandad de operadores capacitados.
Sin embargo, la firma del convenio entre la Comisión de Justicia del Senado y el Inacipe ofreció más que cifras preocupantes; mostró a un presidente de comisión buscando reivindicar el papel del parlamento. Corral fue crítico con los vicios del trámite legislativo, reconociendo —con inusual franqueza— que a menudo estos convenios parecen solo eventos mediáticos y que el Senado "escucha, pero no le hace caso a nadie". El compromiso público de ayer fue hacer que la deliberación con especialistas tenga, por fin, consecuencias vinculantes y reales.
Como evidencia de esta apertura, destacó la contención de la polémica figura de los "jueces sin rostro" y detalló la actual discusión sobre la Ley General de Feminicidio. En este último tema, delineó un debate complejo donde se busca integrar la perspectiva de género y la inclusión, cuidando rigurosamente no invisibilizar a las mujeres en las definiciones legales, además de garantizar sanciones firmes para los ministerios públicos que alteren o retrasen las investigaciones.
Celebrar que el trabajo legislativo rectifique y decida escuchar a los expertos es un acto de mínima honestidad intelectual. Resulta inevitable, sin embargo, contrastar este llamado a la razón técnica con la historia reciente. Quienes hemos caminado los pasillos legislativos —en mi caso como asesor en varias legislaturas— y atestiguado la evolución de sus actores, guardamos memoria.
Mi propio registro personal se remonta a 1997, durante la vibrante LVII Legislatura. Fue entonces cuando un amigo común, Felipe González, me presentó a Javier. Tras una larga y buena charla, me invitó a trabajar como asesor en la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC), propuesta que el pleno avaló junto con la de Beatriz Solís.
A Javier le guardo un aprecio genuino, forjado en aquellos años. Fueron poco más de tres años de construir acuerdos en la pluralidad. En aquella época, pudimos dictaminar la Ley Federal de Cinematografía de manera transparente y abierta a todos los actores, trabajando codo a codo con la Comisión de Cultura que presidía María Rojo, entonces en las filas del PRD.
La apertura y el rigor de aquel ejercicio fueron tales, que no se perdieron en el olvido: el Dr. Tonatiuh Lay dejó un testimonio puntual de este proceso histórico en una tesis de grado para la Universidad de Guadalajara.
De esa misma voluntad de diálogo surgió la creación del Canal del Congreso, un proyecto que logró concretarse con el empuje de figuras tan diversas como el hoy secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el entonces diputado panista Eduardo Mendoza Ayala. Era un trabajo legislativo que demostraba, en los hechos, que escuchar servía para construir.
Cada vez que Javier y yo nos encontramos, nos saludamos con la efusividad de quienes compartieron trincheras que valieron la pena.
Por ello, la actitud reflexiva mostrada ayer por Corral resuena en mí con un eco agridulce. El legislador que hoy aboga por escuchar a los expertos en el Inacipe es el mismo que tuvo en sus manos un peso político crucial durante la reciente reforma al Poder Judicial —aprobada en lo general y en lo particular con 86 votos—. El "hubiera" no existe en la política práctica; Javier pudo haber intentado pararla o, al menos, matizarla desde esa misma técnica que hoy defiende. Sé bien que quizá era imposible frenarla por ser un asunto de "Estado", y que López Obrador habría conseguido el voto faltante en otro espacio y al costo que fuera —como finalmente lo hizo con Yunes—; pero el punto central es que no lo intentó.
Aun con ese saldo a cuestas, celebro profundamente que Javier Corral rectifique. Reconocer la necesidad de corregir el rumbo y devolverle el peso a la deliberación experta es un paso que se le reconoce. Al final, más allá de los foros de hoy y las rectificaciones en marcha, será la historia quien emita el juicio definitivo sobre los saldos de esta legislatura.
PD: Hay que reconocer un acierto crucial: Javier logró frenar —al menos de momento— la aberrante figura de los "jueces sin rostro". A lo mejor, en esa decisión, sí resonaron las voces de muchos que se lo exigimos
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Las columnas políticas hoy, viernes 18 de septiembre de 2026
Templo Mayor/ EN REFORMA
SE VA haciendo la mala costumbre de que en el combate al tráfico ilegal de combustible, hay decomisos y aseguramientos de material, maquinaria y vehículos... pero ni un solo culpable. La situación se repite tanto en los casos de robo de combustible (huachicol) como de contrabando de combustible (huachicol fiscal). Se conoce el pecado pero no al pecador, lo cual resulta bastante sospechoso.
COSA de simples matemáticas: una instalación como la asegurada ayer en Guanajuato, obviamente no se manejaba sola. A fin de darse una idea del tamaño del delito, para transportar esos 59 millones de litros, si fuera de una en una, se requerirían mil 966 pipas de 30 mil litros. ¿En serio nadie vio nada? ¡Qué raro!
HAGAN SUS APUESTAS: ¿aceptará Claudia Sheinbaum reunirse con la panista Maru Campos o la dejará con la mano extendida? La Presidenta estará mañana en Chihuahua, como parte de su gira nacional por el informe de gobierno, en medio de los jaloneos por la definición del precandidato morenista a la gubernatura de esa entidad que deberá definirse la próxima semana.
Y LA GOBERNADORA, por escrito, le solicitó que le permita recibirla en el estado y que pueda acompañarla en su gira, tal y como lo han hecho en otros estados los respectivos mandatarios. Eso sí, la invitó a la Torre Centinela, la sede de la Secretaría de Seguridad estatal y que, obviamente, lo que ahí se decide es la manzana de la discordia en la relación entre ambas mandatarias, pues nomás no coinciden en sus estrategias de combate a la narcoviolencia.
A VER SI eso no acaba en un asunto preelectoral en lugar de un buen acuerdo republicano.
QUIEN debe estar volando hacia Nueva York es la mandataria capitalina, la morenista Clara Brugada. Según ha dicho, no va de paseo (¡ajá!), sino que fue invitada para participar en el Urban 20, un foro internacional de análisis sobre temas metropolitanos, en el que expertos y autoridades comparten su visión sobre los retos de las grandes ciudades y las soluciones que han implementado.
LA COSA ESTÁ muy clara: la jefa de Gobierno capitalina buscará la fotografía con Zohran Mamdani, el alcalde neoyorquino, que últimamente ha hecho guiños a los mexicanos. Sin duda será interesante ver cómo le hace Brugada para traducir ante su interlocutor "ajolote morado" o "asignación directa a las todólogas".
BUEN GOLPE, a decir verdad, el de la detención del presunto feminicida de la estudiante española Claudia Tacoronte. Fue el secretario Omar García Harfuch quien difundió el hecho antes que la gobernadora de Morelos, Margarita González. Que esta acción detone 69 detenciones más, pues están pendientes esa cantidad de feminicidios ocurridos este año en la entidad.
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Ayuda profesional para Enrique Inzunza y Javier Corral
Bajo Reserva/El Universal
El Instituto Nacional de Ciencias Penales asesorará a la Comisión de Justicia del Senado en los procesos legislativos para aprobar reformas o nuevas leyes en materia judicial. Nos comentan que esta incorporación es un reconocimiento implícito de que en las reformas aprobadas por la aplanadora oficialista se han cometido errores que ahora se quieren evitar. Nos recuerdan que gran parte de la reforma judicial, cuyas fallas han sido notorias, fue elaborada desde el escritorio del ahora senador sin grupo parlamentario Enrique Inzunza, buscado por Estados Unidos acusado de ser cómplice del narcotráfico. Y también pasaron por las manos del expanista Javier Corral, presidente de la mentada comisión, también buscado por la justicia, pero la de Chihuahua. Nunca es tarde para buscar ayuda profesional.
Rosario Piedra busca carroza para la CNDH
Nos cuentan que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que encabeza Rosario Piedra, decidió donar dos vehículos a la comisión estatal de Veracruz y propone recortarse para el año que viene 168.9 millones de pesos, equivalentes a 9.28% de su presupuesto. Doña Rosario jura y perjura que la reducción no afectará la protección ni la defensa de los derechos humanos y que el organismo puede funcionar con menos dinero, menos empleados y ahora también con menos vehículos. Nos hacen ver que tal vez tenga razón, porque para guardar silencio ante los abusos del poder no se necesita gasolina. Sus detractores aseguran que bajo su mando la CNDH ha pasado a ser un cadáver institucional al servicio del partido en el poder. Y los cadáveres, como se sabe, no necesitan presupuesto ni automóviles: con una carroza basta.
Movimiento Ciudadano anuncia “zapatiza” a Andy, pero no tiene gallo
En Tabasco, Movimiento Ciudadano anda en busca de gallo para enfrentar al morenista Andrés Manuel López Beltrán, perfilado para la candidatura a diputado por el Sexto Distrito y quien lleva semanas haciendo campaña anticipada. El diputado emecista Erubiel Alonso Que dijo estar seguro de que su partido le pondrá una "zapatiza en su Distrito” a Andy. Lo que no dijo es quién será el encargado de dársela, porque todavía lo andan buscando. ¿Quién será el elegido por los naranjas para enfrentarse al famoso heredero del legado obradorista?
La iniciativa sobre doble nacionalidad también divide al PAN
En este espacio le comentamos hace unos días que en Morena hay preocupación por la iniciativa presidencial para prohibir la doble nacionalidad a quienes quieran postularse a una candidatura a la Presidencia o a gubernaturas estatales, porque algunos senadores guindas y otros del Partido Verde están en contra, por razones familiares o de su comunidad. Nos comentan que en Acción Nacional la preocupación es al revés, porque hay un grupo de senadores panistas que está a favor de la prohibición, a contrapelo de la posición mayoritaria del partido. Veremos si los coordinadores Ignacio Mier, de Morena, y Ricardo Anaya, del PAN, logran resolver las contradicciones en sus bancadas. Desde Palacio, se sabe, el impulso para aprobar la nueva ley va con todo.
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La 4T y el miedo a viajar a Estados Unidos/Mario Maldonado
El Universal
La revocación de la visa de Andrés Manuel López Beltrán hizo visible una situación que desde hace meses preocupa a políticos y empresarios cercanos a la 4T. Decenas de funcionarios y dirigentes de Morena ya no tienen visa estadounidense, mientras que otros han sido enviados al famoso “cuartito” de migración donde han enfrentado interrogatorios que pueden durar horas.
A este se suman los reportes de cancelaciones de visas de gobernadores, alcaldes, secretarios de Estado, legisladores y operadores partidistas. Algunos nombres permanecen bajo reserva, pero los afectados creen que la decisión será definitiva y probablemente nunca recuperarán el documento.
Los que aún conservan su visa, suelen enfrentar revisiones secundarias en los aeropuertos. Entre los casos reportados a esta columna están el dirigente sindical Pedro Haces, Jorge Emilio González, el Niño Verde, Jesús Sesma y Manuel Velasco, algunos de los que más gustan y disfrutan de viajar a Estados Unidos. Las esperas duran minutos u horas. La revisión no implica por sí misma una investigación ni anticipa la pérdida de la visa, pero convirtió un cruce rutinario en una fuente de incertidumbre.
Las entrevistas son especialmente rígidas cuando se trata de políticos cercanos a Morena. Según testimonios compartidos en el Congreso y el gobierno federal, las preguntas rebasan el motivo de la visita, la duración de la estancia y el lugar de hospedaje.
Los agentes de migración buscan establecer su ubicación política, relación con Morena, cargo, reuniones previstas y motivo del viaje. También preguntan si ha formulado comentarios públicos contra Trump, su gobierno o las políticas estadounidenses. En algunos casos revisan publicaciones en redes sociales y declaraciones difundidas en medios.
El detalle de los interrogatorios se comenta ampliamente entre legisladores y funcionarios de la 4T. Quienes planean viajar intercambian información sobre aeropuertos, duración de las revisiones, preguntas y dispositivos que podrían ser inspeccionados. También temen enterarse de la cancelación al intentar ingresar.
La cancelación de la visa de Andy López Beltrán confirmó que el escrutinio llegó al círculo familiar del expresidente. Dos días después de que lo anunciara, su hermano José Ramón publicó una fotografía desde una tienda Buc-ee’s en Texas. La imagen mostró el contraste entre quien acababa de perder el documento y quien todavía podía desplazarse por Estados Unidos.
Los hijos de López Obrador han mantenido una relación frecuente con ese país. José Ramón ha vivido y trabajado en Texas. Andy reconoció que pasó por Seattle antes de viajar a Japón en 2025. Una fotografía de 2024 ubicó a Andy y Gonzalo en un partido de los Gigantes de San Francisco junto con empresarios.
El caso familiar es apenas la parte visible. Para numerosos integrantes de la 4T, Estados Unidos ha sido destino de descanso, compras, atención médica, reuniones o visitas familiares.
La relación resultaba cómoda mientras el discurso político contra Estados Unidos no tenía consecuencias personales. Esa etapa terminó con el regreso de Trump y con el endurecimiento de la estrategia estadounidense hacia México. Las agencias estadounidenses han ampliado la revisión sobre personas políticamente expuestas.
La tensión bilateral tiene ahora una expresión concreta para la clase política oficialista. Perder la visa afecta familia, negocios, vacaciones y relaciones personales. Conservarla tampoco garantiza un ingreso sencillo y persiste la posibilidad de terminar frente a un agente que niegue el acceso.
Durante años, muchos dirigentes de la 4T cuestionaron a Estados Unidos desde México y viajaron allá sin obstáculos. Ahora algunos ya no pueden hacerlo y otros deben explicar en migración su trayectoria, sus reuniones y hasta sus opiniones sobre Trump.
Posdata 1
La laamada entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump sí se llevó a cabo el miércoles y fue preparada desde la noche anterior. En la cena del martes en Palacio Nacional, después de la ceremonia del Grito y a la que asistieron buena parte del gabinete, legisladores y coordinadores parlamentarios de Morena, el tema se comentó brevemente en corto entre la Presidenta, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el canciller Roberto Velasco. La conversación con Trump estuvo centrada fundamentalmente en el T-MEC y en destrabar los pendientes comerciales entre ambos países.
Trump había anticipado desde el fin de semana que México y Estados Unidos terminarían alcanzando un acuerdo y la llamada del miércoles sirvió para revisar la ruta de la negociación. Pero hubo otro componente que no dejó el mismo sabor de boca. En materia de seguridad aparecieron diferencias que volvieron a exhibir la presión sobre el gobierno mexicano y, particularmente, sobre los vínculos entre funcionarios públicos y el crimen organizado.
Ese mismo miércoles, la administración Trump hizo pública su determinación anual sobre los principales países de tránsito y producción de drogas, en el que, si bien resalta los avances del gobierno de Sheinbaum, también sostiene que México debe hacer “mucho más” y plantea expresamente investigar, detener y procesar a funcionarios públicos corruptos que colaboren con los cárteles. La exigencia quedó por escrito apenas unas horas después de la conversación entre ambos mandatarios.
Sheinbaum respondió este jueves desde Palacio Nacional. Dijo que México no necesita que lo juzguen desde fuera y devolvió la presión hacia Washington. Preguntó qué hace Estados Unidos contra sus propios distribuidores de droga, el lavado de dinero, el tráfico de armas y el consumo de opioides, cuya crisis recordó que tuvo origen también en la prescripción masiva de medicamentos. Comercio y seguridad volvieron a cruzarse en la relación bilateral.
Posdata 2
El presidente del PAN, Jorge Romero, ha llegado a decir en privado que, con alianza o sin ella, tendrá reclamos después de la elección de 2027, sobre todo si los resultados no son los esperados. Los más duros vendrán de las bases panistas y de los pocos liderazgos nacionales que conserva el partido. Su cálculo es que el costo sería mayor si el PAN vuelve a competir junto al PRI y los resultados son adversos, porque la factura incluiría otra vez el desgaste de haberse asociado con una marca que una parte del panismo considera electoralmente agotada.
Ese razonamiento apunta a que Acción Nacional competirá solo en la elección federal y en la mayoría de los estados. Romero prefiere asumir una derrota con candidatos propios antes que cargar con el señalamiento de haber comprometido nuevamente la identidad del PAN. Si la elección sale mal, explica entre sus cercanos, al menos la dirigencia podrá argumentar que intentó reconstruir al partido desde su propia base y no mediante una coalición que ya produjo costos en 2021 y 2024.
Las excepciones se analizarán estado por estado. Las mayores presiones para reeditar la alianza con el PRI se concentran en Nuevo León, Sonora, Zacatecas, Baja California, Guerrero y Chihuahua. El caso más avanzado parecía ser Nuevo León, donde dirigentes de ambos partidos daban por hecho un acuerdo para abanderar a Adrián de la Garza; sin embargo, la posición de Romero pone incluso esa candidatura en duda. La instrucción nacional será privilegiar postulaciones panistas y autorizar coaliciones únicamente donde los comités estatales demuestren que competir separados equivaldría a entregar anticipadamente la elección a Morena.
Posdata 3
El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, terminó haciendo suyo uno de los argumentos que Claudia Sheinbaum denuncia como machistas cuando provienen de sus adversarios: que hay lugares donde una mujer no puede gobernar. El morenista justificó que ninguno de los ocho Concejos Municipales instalados recientemente en Puebla sea encabezado por una mujer porque se trata de territorios con presencia del crimen organizado y, según su explicación, sería demasiado riesgoso exponerlas.
Apenas este jueves, Sheinbaum cuestionó desde Palacio Nacional a quienes ponen en duda la capacidad de las mujeres para gobernar. La Presidenta sostuvo que detrás de expresiones como que ella “no decide” o que es un “títere” existe una visión machista que, en el fondo, supone que “una mujer no puede gobernar”. Horas después, Armenta utilizó un razonamiento semejante para justificar la ausencia de mujeres al frente de esos municipios.
Los ocho municipios intervenidos son Acatlán de Osorio, Esperanza, Tepeyahualco, Chalchicomula de Sesma, Tlachichuca, San Nicolás Buenos Aires, Ahuazotepec y Cuautempan. Varios de sus gobiernos fueron sustituidos después de detenciones o investigaciones contra autoridades locales. Armenta mencionó particularmente los riesgos existentes en Esperanza y Tepeyahualco para explicar por qué no se designó a mujeres.
@MarioMal
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Los discriminados del Grito
El asalto a la razón/Carlos Marín
Milenio.
El ritual de la noche del Grito dio un giro inédito este 15 de septiembre con la conducción oficial a cargo de representantes de las comunidades indígena, afromexicana y migrante:
––La afrodescendiente, abogada y coordinadora de Canal 11 nacida en Ciudad de México Yocelyn Morales Pliego.
––El mixteco licenciado en mercadotecnia Bulmaro Juárez Hernández, de San Lucas Camotlán, Oaxaca, presentador de la sección “Suave patria” en la mañanera de los viernes.
––Y desde Los Ángeles, California, la periodista Tsi-tsi-ki Félix, de Zacapu, Michoacán (que a los 15 años partió hacia Estados Unidos con su madre y sus hermanas).
El propósito de la narrativa fue resignificar la gesta independentista poniendo al centro de la atención algo así como la resistencia histórica y la preservación de las lenguas y tradiciones autóctonas.
La ejecución del mensaje, sin embargo, expuso marcadas contradicciones en un país donde se reconocen legalmente 68 lenguas y culturas indígenas con sus respectivas variantes dialectales.
Por lo mismo, la transmisión desde Palacio en mixteco resultó parcial y discriminatorio, pues la pluralidad nacional no puede reducirse a un gesto simbólico que dejó fuera a la inmensa mayoría mestiza de los mexicanos y a la totalidad de los paisanos de ascendencia siriolibanesa, china, italiana, griega, hebrea, estadunidense o japonesa (por citar algunos de los excluidos).
La necia tendencia por prehispanizar la cultura mexicana propicia un debate complejo sobre los límites de poder del gobierno.
Si bien existe una deuda innegable con los pueblos mal llamados “originarios” (la humanidad proviene de África y el resto del mundo fue ocupado o invadido), que justifica políticas de reivindicación y visibilización, priorizar una narrativa prehispánica como único eje legítimo de la mexicanidad termina excluyendo a vastos sectores de la sociedad, para empezar entre 90 y 100 millones de sangre hispano-indígena.
Aquí algunas cifras:
La población indígena en México es de aproximadamente 23.2 millones de personas; la maya suma casi cuatro millones y la mixteca (cuarta en cantidad y en cuya lengua saluda el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Hugo Aguilar, aunque no lo entiendan coras, huicholes, tzeltales, ñañúes o kikapúes), poco más de 720 mil.
Mexicanos todos, como también alrededor de 400 mil descendientes de chinos, entre medio millón y 850 mil mexico-italianos, 80 mil mexico-japoneses o aproximadamente 60 mil mexico-judíos.
Con la exaltación selectiva de un solo componente del remoto pasado precortesiano se corre el riesgo de sustituir viejas exclusiones por otras nuevas.
La unidad cultural de una nación diversa no se logra borrando las distintas corrientes que la han modelado a través de los siglos, sino reconociendo lo que finalmente es el mestizaje y la rica pluralidad de ascendencias como un espacio de encuentro común, donde ninguna comunidad quede al margen del concepto patria…
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“Exponer, arrestar y enjuiciar”/Jorge Fernández M.
Excelsior
Las advertencias se multiplican y leer lo que está pasando en la relación México-Estados Unidos debe, por ende, alejarse cada vez más de la superficialidad y los lugares comunes. Las señales son contradictorias, pero por debajo de las declaraciones existe una trama que no puede ser ignorada.
La primera la reseñábamos ayer en este espacio: la declaratoria del presidente Trump sobre los países involucrados en el tránsito o tráfico de drogas. Algunos leyeron en esa declaración sólo la parte en la que la Casa Blanca reconoce los esfuerzos realizados por México para aumentar las detenciones, decomisos e incautaciones, pero el texto principal está en lo que falta por hacer: operaciones conjuntas de mayor profundidad, mayor inversión en seguridad y lo más importante “exponer, arrestar y enjuiciar” a los políticos que protegen y colaboran con los narcoterroristas.
La sentencia es inapelable pero además es el quinto documento oficial de la Unión Americana que lo plantea utilizando casi las mismas palabras: la estrategia de seguridad nacional, la de antiterrorismo, la de lucha contra las drogas, la de combate al fentanilo y el difundido ayer por la Casa Blanca. Responder a esa contundencia, diciendo que “no necesitamos que nos juzgan desde fuera” es una banalidad.
Ayer mismo, el secretario de Estado, Marco Rubio, celebrando la independencia de México, dijo que nuestro país “puede seguir siendo un socio fundamental” de EU, pero que sufre una “epidemia de crimen organizado trasnacional y narcoterrorismo”.
Después de que la fiscalía general de los Estados Unidos hizo un evento con fuerte difusión por la detención de un personaje relativamente menor relacionado con el cartel del Noreste, residente en Texas, tanto la fiscalía como la embajada estadounidense en México destacaron que su país seguirá “utilizando todas las herramientas posibles para combatir cárteles y a quienes los apoyan”. Y agregaron: “apoyar narcoterroristas tiene consecuencias”.
Ayer hubo, sin difundir su contenido, una nueva llamada telefónica entre la presidenta Sheinbaum y Donald Trump. Al mismo tiempo estamos en los prolegómenos de lo que parece será un acuerdo comercial bilateral más que acercarse a una renovación del TMEC. Trump volvió a decir que no nos necesita pero que podría acercarse un muy buen acuerdo comercial con México.
Pero lo importante no es eso: mientras se mueve la reunión México-EU sobre el TMEC del 24 de septiembre para el 28 y 29 en Washington, el tercer socio, Canadá, luego de la aplicación de aranceles por parte del gobierno estadounidense, está preparando una suerte de salida alterna al tratado trilateral, avanzando en un acuerdo como “miembro asociado” con la Unión Europea (con fuerte apoyo de la población al primer ministro Mark Carney en este tema). Carney aclaró que Canadá no busca ser el Estado número 28 de la UE ni adoptar la legislación o la moneda europea, pero la propia presidenta de la Comisión Europea Ursula Van Der Leyen, planteó crear ese estatus especial (actualmente no contemplado en los tratados comunitarios) para profundizar los lazos en comercio avanzado, defensa, energía, inteligencia artificial, tecnología y seguridad económica.
Ante ello, Trump amenazó a Canadá con mayores aranceles si sigue en su acercamiento con UE. En ese contexto un acuerdo con México sólo podría darse en términos bilaterales, pero existe un componente adicional: mientras el gobierno federal plantea una ampliación de ese acuerdo o de las bases del tratado, en términos exclusivamente económicos y comerciales, poniendo el acento inmediato en acero, aluminio e industria automotriz, la administración Trump quiere un acuerdo completo, que involucre temas comerciales pero también seguridad, seguridad jurídica, inversiones e incluso ser parte, de una u otra forma, del acuerdo hemisférico que plantea Washington y al que se ha adherido casi toda América latina y el Caribe.
Si tomamos en cuenta que el 4 de octubre es la primer vuelta de las elecciones en Brasil (si nadie tiene mayoría la segunda vuelta será el 25 de octubre) y Flavio Bolsonaro no sólo ya alcanzó a Lula da Silva sino que podría superarlo en una segunda vuelta (a tres semanas de las elecciones Fabio Bolsonaro tendría un 47.2 por ciento y Lula un 46.8 para una segunda vuelta), el panorama para México sería altamente presionante para llegar a un acuerdo con Estados Unidos: no sólo quedaría solo en el continente, salvo apestados como Cuba o Nicaragua, sino también sin el otro integrante del TMEC, Canadá.
Mientras tanto, otros espacios de colaboración se siguen abriendo: el domingo llegan a México 139 integrantes de las fuerzas especiales del ejército de Estados Unidos para un largo entrenamiento conjunto con sus homólogos del ejército mexicano en el rancho de Santa Gertrudis en Chihuahua. Es el contingente militar más numeroso de Estados Unidos que ha llegado con esos fines a México.
El factor Olán
Amilcar Olán, el amigo y socio de los hijos de López Obrador, Andy y Bobby, intentó por la vía judicial callar a los medios y plataformas de internet que lo estaban investigando: presentó el año pasado un amparo que fue frenado por un tribunal colegiado de Tabasco. Inmediatamente después, Olán abandonó el país, llevándose a Suiza una fortuna multimillonaria. La UIF ahora le pidió a la FGR iniciar una investigación en su contra. Para sorpresa de nadie la Fiscalía de Ernestina Godoy se negó a hacerlo. Así le dan la razón a Trump.
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Soberanía, a veces
JAQUE MATE / Sergio Sarmiento /
REFORMA, 18 septiembre 2026
"La libertad se conquista, la soberanía se defiende, y la patria justa y digna se construye todos los días". Claudia Sheinbaum, 16.09.2026
Nada más en las mañaneras, sin contar otros discursos, la presidenta Claudia Sheinbaum había pronunciado hasta el 16 de septiembre 787 veces la palabra "soberanía". En dos años es más que López Obrador en todo su sexenio, quien utilizó el término 678 veces en sus conferencias de prensa. Esto lo señaló María Amparo Casar en el programa de televisión "Tolerancia Cero" de este miércoles.
"Soberanía" es el término con el cual la Presidenta quiere signar su mandato. No en balde sus candidatos a gobiernos de los estados se llaman "coordinadores de la defensa de la transformación y la soberanía nacional". Nada más en su discurso del 16 de septiembre Sheinbaum usó la palabra siete veces, antes de terminar con la arenga "¡Viva la soberanía!". No hay duda de que es una de sus palabras favoritas.
Este recurso a la soberanía se registra en un momento en que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha enviado al Congreso el documento "Determinación Presidencial sobre los Principales Países Productores de Drogas Ilícitas para 2027". Es un informe que por ley la Casa Blanca debe someter todos los años al Congreso de la Unión Americana. Lo hizo Trump este pasado 15 de septiembre, aunque solo divulgó el texto el 16. El informe reconoce los esfuerzos que México ha hecho en el combate contra las drogas, en especial contra el fentanilo, pero pide a nuestro país "hacer mucho más para detener el flujo de drogas letales a nuestro país". En particular, exige a las autoridades mexicanas "exponer, arrestar y perseguir a los muchos funcionarios corruptos que han ayudado e instigado a los cárteles y han traicionado la seguridad y la soberanía de su propio país". Es una petición que cuestiona la resistencia del gobierno mexicano a detener y extraditar a Estados Unidos a los "10 de Sinaloa", los funcionarios y políticos sinaloenses que han sido imputados en un tribunal de Nueva York por colaborar con el narco.
La Presidenta Sheinbaum hizo enormes esfuerzos en sus primeros tiempos de gobierno para quedar bien con el gobierno de Trump. El gesto más importante fue la entrega a Estados Unidos, en violación de las leyes mexicanas y los tratados de extradición, de 92 reos mexicanos que se encontraban en cárceles nacionales. No le importó a la mandataria que se violara nuestra soberanía al renunciar al derecho de aplicar nuestra justicia a mexicanos detenidos en México por violaciones a las leyes mexicanas. La Presidenta realizó tres entregas de estos reos entre el 27 de febrero de 2025 y el 20 de enero de 2026.
Esta actitud de colaboración de la Presidenta con Washington, sin embargo, cayó por tierra el 28 de abril de 2026, cuando la Secretaría de Relaciones Exteriores recibió la petición de Washington de detener con propósitos de extradición al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al senador Enrique Inzunza y a otros ocho funcionarios y políticos oficialistas de Sinaloa. Entregar reos era una cosa, pero detener y extraditar a Rocha Moya, un político muy cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador, resultaba inaceptable.
La gran pregunta ahora es si el gobierno de Trump simplemente aceptará la negativa del gobierno de México a extraditar a los políticos sinaloenses. La idea de que solo había que aguantar para que Washington se olvidara de su petición ha resultado muy ingenua. Trump es un Presidente obsesivo, pero además las imputaciones legales contra los 10 de Sinaloa ya están hechas y el Departamento de Justicia no puede simplemente olvidarlas.
DELCY
Trump ha retirado a Venezuela de la lista de países que han fracasado de forma demostrable en la lucha contra el narco. Dice que la Presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha tomado medidas suficientes, pero la única medida ha sido aceptar todas las instrucciones del presidente de Estados Unidos.
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