La cacería de Garzón/Antonio Papell, periodista
Publicado en EL PERIÓDICO, 19/02/10;
El desempeño profesional del juez Garzón ha sido tan intenso, controvertido y exuberante que no puede extrañar que, después de tan largo y agitado recorrido, algunos de los damnificados personal o ideológicamente por su arrolladora actividad quieran explotar sus errores ciertos o imaginarios y hacerle probar su propia medicina. Muchos hemos sido muy críticos con este personaje que se dejó seducir por González para probar las mieles del poder y que, ensoberbecido y decepcionado al ver que no se le reconocían sus méritos, emprendió una colosal causa general contra la política antiterrorista del socialismo con grandes daños colaterales.
Tampoco pareció bien a buena parte de la opinión pública aquel persistente afán de notoriedad que hizo de Garzón una estrella mediática, tan lejos de la discreta y eficaz imagen del juez invisible y nulo que quería Montesquieu. Sin embargo, una probable mayoría de ciudadanos, incluidos buena parte de sus detractores, está consternada y atónita por la persecución exorbitante de que está siendo objeto quien, pese a sus defectos y flaquezas, ha prestado servicios notables al país –en la lucha antiterrorista, por ejemplo– y ha marcado hitos decisivos en la defensa universal de los derechos humanos.
La causa abierta contra Garzón por el magistrado del Supremo Luciano Varela por la investigación de los crímenes del franquismo es, cuando menos, extraña, porque se mezclan elementos ideológicos opuestos, como si el objetivo de destruir al juez fuera capaz de conciliar las sensibilidades más dispares, desde la totalitaria a la sedicentemente progresista. En efecto, el proceso penal se inicia a instancias de organizaciones de extrema derecha, Manos Limpias –cuyo líder fue número dos de Fuerza Nueva con Blas Piñar– y Libertad e Identidad, y la propia Falange Española está pendiente de que se acepte su adhesión a la denuncia. Pero tanto Varela como Margarita Robles –vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y principal instigadora de la suspensión cautelar de Garzón–, están afiliados a Jueces para la Democracia (JJDD), la asociación progresista de la magistratura. Varela fue uno de sus fundadores y, entre otros méritos profesionales, tiene el de haber sido el autor del borrador de la ley del jurado popular.
Las razones de que Varela entienda que el asunto merece la destrucción de Garzón, contra el criterio de la Fiscalía del Estado y contra la opinión oficial de su propia asociación, JJDD, son en cierto modo misteriosas. El argumento de fondo de la supuesta prevaricación que se le pretende imputar es que, al abrir su causa contra el franquismo, Garzón habría desconocido maliciosamente la ley de amnistía para delitos políticos de 1977. Pero el tratamiento penal de los crímenes contra la humanidad ha avanzado en los últimos tiempos, y se ha abierto paso el criterio muy extendido de imprescriptibilidad de tales delitos, de forma que ninguna amnistía podría borrarlos. Esta valoración es compartida actualmente por infinidad de juristas; y, como se pregunta el penalista Gonzalo Martínez-Fresneda, abogado de Garzón, en el recurso contra el auto de procesamiento, «¿cometerán todos ellos delito de prevaricación por interpretar la ley de amnistía en esos términos? Mal que les pese a muchos, los tratados internacionales firmados por España confirman que los hechos tipificables como crímenes contra la humanidad no son amnistiables».
Pero hay más argumentos que ahondan la extrañeza que provoca la actuación de Varela: cuando Garzón abrió el proceso al franquismo –dice JJDD en una nota–«numerosos juristas de prestigio manifestaron fundada y públicamente su apoyo a la labor instructora» de Garzón… En todo caso, «nos encontramos ante una actuación jurídicamente discutible y, por tanto, no opuesta frontalmente a la legalidad». Hay más: las actuaciones fueron inocuas; nadie «ha visto limitados sus derechos por la instrucción» de Garzón, por lo que JJDD no cree que su actuación «pueda merecer el calificativo de prevaricadora cuando precisamente trata, acertada o equivocadamente, de dar respuesta a las peticiones legítimas de familiares de víctimas de crímenes contra la humanidad».
El otro asunto que se le imputa en causa diferente a Garzón se refiere a una relación con el banquero Botín: le solicitó y obtuvo una cuantiosa cantidad de dinero en concepto de patrocinio para unos cursos que aquel iba a impartir. Y poco después, Garzón sobreseía una querella contra el presidente del Santander. Habrá que aclarar la coincidencia, pero Garzón no es de las personas que se muevan por dinero: pertenece a la categoría de los arrogantes que nunca incurrirían en el ruin error de aceptar un cohecho.
Hay que dejar trabajar a la justicia, y Garzón no ha de tener privilegios ni ventajas. Pero todo indica que estamos ante una cacería y no ante un pacífico proceso judicial. Una cacería en que la dictadura y sus epígonos acabarían cobrando una pieza inmerecida, para escarnio del sistema democrático. No cabe el silencio ante lo que es una impertinente desviación cinegética del Estado de derecho.
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