Retorno a la dictadura, no
PIEDRA DE TOQUE. Elegir presidenta a Keiko Fujimori sería la más grave equivocación cometida por los peruanos. Equivaldría a legitimar el régimen que envileció la política y sembró de violencia nuestro país
MARIO VARGAS LLOSA 24/04/2011
Cuando los tres candidatos que representan la defensa del sistema democrático y liberal se dedican a destrozarse unos a otros, como ocurrió en las recientes elecciones peruanas -me refiero a Luis Castañeda, Alejandro Toledo y Pedro Pablo Kuczynski-, el resultado es previsible: los tres se autodestruyen y abren el paso de la segunda vuelta electoral a dos candidatos que, desde los extremos, representan una amenaza potencial para la supervivencia de la democracia y el desarrollo económico que, desde hace 10 años, había convertido al Perú en el país que progresaba más rápido en toda América Latina. El poeta César Moro no exageraba demasiado cuando escribió: "En todas partes se cuecen habas, pero en el Perú solo se cuecen habas".
Bien, no es cuestión de suicidarse, porque el suicidio no resuelve los problemas para los que se quedan vivos, de modo que, ahora, por lo menos la mitad de los peruanos debemos elegir entre dos opciones que habíamos descartado: Ollanta Humala y Keiko Fujimori. Algunos amigos míos han decidido viciar su voto, pues rechazan a ambos candidatos por igual. Ésa es una decisión respetable desde el punto de vista individual y moral, pero nada efectiva en términos colectivos y prácticos, pues no votar equivale siempre a votar por el que gana, ya que se renuncia a hacer algo -aunque sea tan mínimo como lo que representa un solo voto- para impedirlo.
Creo que es preferible elegir, haciendo un esfuerzo de racionalidad y aceptando las tesis del compromiso sartreano, según las cuales siempre hay una opción preferible a las otras, aunque semejante elección implique inevitablemente un riesgo y la posibilidad del error.
No tengo duda alguna de que elegir presidenta del Perú a Keiko Fujimori sería la más grave equivocación que podría cometer el pueblo peruano. Equivaldría a legitimar la peor dictadura que hemos padecido a lo largo de nuestra historia republicana. Alberto Fujimori no sólo fue un gobernante asesino y ladrón, tal como estableció el tribunal que, en un proceso modélico, lo condenó a 25 años de cárcel. (Según la Procuraduría, sólo se han repatriado unos 184 millones de dólares de los 6.000 que por lo menos se birlaron durante su régimen de las arcas públicas). Fue, además, un traidor a la legalidad constitucional que le permitió acceder al poder en unos comicios legítimos, dando el golpe de Estado que acabó con la democracia en el Perú el 5 de abril de 1992. Keiko Fujimori ha reivindicado ese hecho bochornoso y su entorno está plagado de colaboradores de la dictadura. Como han comprobado los medios de comunicación, el propio ex dictador ha coordinado la campaña presidencial de su hija desde su cárcel dorada.
El pueblo peruano no puede haber olvidado lo que significaron esos ocho años en que Fujimori y Vladimiro Montesinos perpetraron un saqueo sistemático de los recursos públicos, la corrupción que cundió por todos los mecanismos e instituciones del poder en la más absoluta impunidad, los tráficos de armas, de drogas, la manera como políticos, empresarios, directores de canales de televisión, iban a venderse a la dictadura por bolsas y fajos de billetes, escenas de escándalo que han quedado registradas en los vídeos que el propio Montesinos grababa sin duda para chantajear a sus cómplices.
Tampoco puede olvidar los innumerables crímenes, desapariciones, torturas, ejecuciones extrajudiciales y toda clase de violaciones de derechos humanos de campesinos, estudiantes, sindicalistas, periodistas, que marcaron esos años de horror, y contra los que el pueblo peruano reaccionó, a fines de la década de los noventa, cuando, con movilizaciones como la Marcha de los Cuatro Suyos, consiguió derrotar a la dictadura y devolver la libertad al Perú. No es posible que en tan pocos años en la memoria de los peruanos se haya borrado esta ignominia histórica y una mayoría decida ahora con sus votos que se abran las cárceles y las decenas de ladrones y asesinos de la dictadura salgan de nuevo a gobernar el Perú. Todo lo que queda de digno en el país debe impedir, valiéndose del civilizado recurso de las ánforas, semejante vergüenza para nuestra patria.
Votar por Ollanta Humala implica un riesgo para todos quienes defendemos la cultura de la libertad, lo sé muy bien. Su antigua simpatía por las políticas catastróficas de la dictadura del general Velasco y del dictador venezolano Hugo Chávez justifican los recelos de que su subida al poder pudiera significar una ola de estatizaciones que hundiera nuestras industrias y ahuyentara a las empresas e inversores que, en los últimos 10 años, han contribuido de manera decisiva al notable crecimiento de nuestra economía, a la creación de tantos miles de empleos, a la reducción de la pobreza de más de 50% a un tercio de la población y a la buena imagen que se ha ganado el Perú en el extranjero. Asimismo, es lícito el temor de que aquellas antiguas simpatías puedan inducir a su Gobierno a desaparecer una vez más en nuestra historia la libertad de prensa en el país.
Sin embargo, la verdad es que en esta campaña Ollanta Humala ha moderado de manera visible su mensaje político, asegurando que se ha separado del modelo autoritario chavista e identificado con el brasileño de Lula. Por lo demás, en esta campaña ha tenido asesores brasileños cercanos al Partido de los Trabajadores. Ahora asegura que respetará la propiedad privada, que no propiciará estatizaciones, que no recortará la independencia de la prensa ni la inversión extranjera y que está dispuesto a renunciar a la idea de una Asamblea Constituyente que (como lo hizo Chávez en Venezuela) reemplace a la actual Constitución que prohíbe la reelección presidencial.
¿Son estas las convicciones genuinas de alguien que ha evolucionado ideológicamente desde el extremismo hasta las posiciones democráticas de la izquierda latinoamericana que encarnan un Ricardo Lagos, en Chile, un José Mujica en el Uruguay, un Lula y una Dilma Rousseff en Brasil, o un Mauricio Funes en El Salvador? ¿O es una mera postura táctica para ganar una elección, ya que Ollanta Humala sabe muy bien que sólo vencerá en esta segunda vuelta si un importante sector de la clase media peruana vota por él? Creo que la respuesta a esta pregunta que se hacen hoy día tantos peruanos que votaron por Castañeda, Toledo y Kuczynski, no depende tanto de las secretas intenciones que pueda tener el candidato en el fondo de su conciencia, sino de los propios electores que decidan apoyarlo y de la manera en que lo hagan.
Este apoyo no puede ser una abdicación sino un apoyo exigente y crítico, a fin de que Ollanta Humala nos dé pruebas fehacientes de su identificación con la democracia y con una política económica de mercado sin la cual el Perú entraría en una crisis y un empobrecimiento que condenaría al fracaso todos los programas de redistribución y de combate a la pobreza que figuran en el plan de gobierno de Gana Perú. Para que aquellos programas sean exitosos es indispensable que el Perú siga creciendo como lo ha hecho estos últimos años, ya que si no hay riqueza no hay nada que redistribuir. Eso lo han entendido los socialistas chilenos, brasileños, uruguayos y salvadoreños y por eso, aunque se sigan llamando socialistas, aplican o han aplicado en el Gobierno políticas socialdemócratas (no digo liberales para no espantar a nadie, pero si dejara esa palabra no mentiría). Si Ollanta Humala persevera en esta dirección que parece haber emprendido, la democracia peruana estará a salvo y continuará el progreso económico, acompañado de una política social inteligente que devolverá la confianza en el sistema a quienes, por sentirse marginados y frustrados de ese desarrollo que no los alcanzaba, optaron por los extremos.
Cuando escribo este artículo, buena parte de votantes por el partido de Alejandro Toledo, Perú Posible, parece haber optado por ese apoyo exigente y crítico a Ollanta Humala que yo propongo. Mi esperanza es que los otros partidos democráticos del Perú, como Acción Popular, el Partido Popular Cristiano y el APRA, que, con tantos miles de independientes, combatieron con gallardía a la dictadura fujimorista y ayudaron a derrotarla, se sumen a este empeño, para evitar el retorno de un régimen que envileció la política y sembró de violencia, delito y sufrimiento a nuestro país y para asegurarnos que la llegada de Ollanta Humala al poder fortalezca y no destruya la democracia que recobramos hace apenas 10 años.
Bien, no es cuestión de suicidarse, porque el suicidio no resuelve los problemas para los que se quedan vivos, de modo que, ahora, por lo menos la mitad de los peruanos debemos elegir entre dos opciones que habíamos descartado: Ollanta Humala y Keiko Fujimori. Algunos amigos míos han decidido viciar su voto, pues rechazan a ambos candidatos por igual. Ésa es una decisión respetable desde el punto de vista individual y moral, pero nada efectiva en términos colectivos y prácticos, pues no votar equivale siempre a votar por el que gana, ya que se renuncia a hacer algo -aunque sea tan mínimo como lo que representa un solo voto- para impedirlo.
Creo que es preferible elegir, haciendo un esfuerzo de racionalidad y aceptando las tesis del compromiso sartreano, según las cuales siempre hay una opción preferible a las otras, aunque semejante elección implique inevitablemente un riesgo y la posibilidad del error.
No tengo duda alguna de que elegir presidenta del Perú a Keiko Fujimori sería la más grave equivocación que podría cometer el pueblo peruano. Equivaldría a legitimar la peor dictadura que hemos padecido a lo largo de nuestra historia republicana. Alberto Fujimori no sólo fue un gobernante asesino y ladrón, tal como estableció el tribunal que, en un proceso modélico, lo condenó a 25 años de cárcel. (Según la Procuraduría, sólo se han repatriado unos 184 millones de dólares de los 6.000 que por lo menos se birlaron durante su régimen de las arcas públicas). Fue, además, un traidor a la legalidad constitucional que le permitió acceder al poder en unos comicios legítimos, dando el golpe de Estado que acabó con la democracia en el Perú el 5 de abril de 1992. Keiko Fujimori ha reivindicado ese hecho bochornoso y su entorno está plagado de colaboradores de la dictadura. Como han comprobado los medios de comunicación, el propio ex dictador ha coordinado la campaña presidencial de su hija desde su cárcel dorada.
El pueblo peruano no puede haber olvidado lo que significaron esos ocho años en que Fujimori y Vladimiro Montesinos perpetraron un saqueo sistemático de los recursos públicos, la corrupción que cundió por todos los mecanismos e instituciones del poder en la más absoluta impunidad, los tráficos de armas, de drogas, la manera como políticos, empresarios, directores de canales de televisión, iban a venderse a la dictadura por bolsas y fajos de billetes, escenas de escándalo que han quedado registradas en los vídeos que el propio Montesinos grababa sin duda para chantajear a sus cómplices.
Tampoco puede olvidar los innumerables crímenes, desapariciones, torturas, ejecuciones extrajudiciales y toda clase de violaciones de derechos humanos de campesinos, estudiantes, sindicalistas, periodistas, que marcaron esos años de horror, y contra los que el pueblo peruano reaccionó, a fines de la década de los noventa, cuando, con movilizaciones como la Marcha de los Cuatro Suyos, consiguió derrotar a la dictadura y devolver la libertad al Perú. No es posible que en tan pocos años en la memoria de los peruanos se haya borrado esta ignominia histórica y una mayoría decida ahora con sus votos que se abran las cárceles y las decenas de ladrones y asesinos de la dictadura salgan de nuevo a gobernar el Perú. Todo lo que queda de digno en el país debe impedir, valiéndose del civilizado recurso de las ánforas, semejante vergüenza para nuestra patria.
Votar por Ollanta Humala implica un riesgo para todos quienes defendemos la cultura de la libertad, lo sé muy bien. Su antigua simpatía por las políticas catastróficas de la dictadura del general Velasco y del dictador venezolano Hugo Chávez justifican los recelos de que su subida al poder pudiera significar una ola de estatizaciones que hundiera nuestras industrias y ahuyentara a las empresas e inversores que, en los últimos 10 años, han contribuido de manera decisiva al notable crecimiento de nuestra economía, a la creación de tantos miles de empleos, a la reducción de la pobreza de más de 50% a un tercio de la población y a la buena imagen que se ha ganado el Perú en el extranjero. Asimismo, es lícito el temor de que aquellas antiguas simpatías puedan inducir a su Gobierno a desaparecer una vez más en nuestra historia la libertad de prensa en el país.
Sin embargo, la verdad es que en esta campaña Ollanta Humala ha moderado de manera visible su mensaje político, asegurando que se ha separado del modelo autoritario chavista e identificado con el brasileño de Lula. Por lo demás, en esta campaña ha tenido asesores brasileños cercanos al Partido de los Trabajadores. Ahora asegura que respetará la propiedad privada, que no propiciará estatizaciones, que no recortará la independencia de la prensa ni la inversión extranjera y que está dispuesto a renunciar a la idea de una Asamblea Constituyente que (como lo hizo Chávez en Venezuela) reemplace a la actual Constitución que prohíbe la reelección presidencial.
¿Son estas las convicciones genuinas de alguien que ha evolucionado ideológicamente desde el extremismo hasta las posiciones democráticas de la izquierda latinoamericana que encarnan un Ricardo Lagos, en Chile, un José Mujica en el Uruguay, un Lula y una Dilma Rousseff en Brasil, o un Mauricio Funes en El Salvador? ¿O es una mera postura táctica para ganar una elección, ya que Ollanta Humala sabe muy bien que sólo vencerá en esta segunda vuelta si un importante sector de la clase media peruana vota por él? Creo que la respuesta a esta pregunta que se hacen hoy día tantos peruanos que votaron por Castañeda, Toledo y Kuczynski, no depende tanto de las secretas intenciones que pueda tener el candidato en el fondo de su conciencia, sino de los propios electores que decidan apoyarlo y de la manera en que lo hagan.
Este apoyo no puede ser una abdicación sino un apoyo exigente y crítico, a fin de que Ollanta Humala nos dé pruebas fehacientes de su identificación con la democracia y con una política económica de mercado sin la cual el Perú entraría en una crisis y un empobrecimiento que condenaría al fracaso todos los programas de redistribución y de combate a la pobreza que figuran en el plan de gobierno de Gana Perú. Para que aquellos programas sean exitosos es indispensable que el Perú siga creciendo como lo ha hecho estos últimos años, ya que si no hay riqueza no hay nada que redistribuir. Eso lo han entendido los socialistas chilenos, brasileños, uruguayos y salvadoreños y por eso, aunque se sigan llamando socialistas, aplican o han aplicado en el Gobierno políticas socialdemócratas (no digo liberales para no espantar a nadie, pero si dejara esa palabra no mentiría). Si Ollanta Humala persevera en esta dirección que parece haber emprendido, la democracia peruana estará a salvo y continuará el progreso económico, acompañado de una política social inteligente que devolverá la confianza en el sistema a quienes, por sentirse marginados y frustrados de ese desarrollo que no los alcanzaba, optaron por los extremos.
Cuando escribo este artículo, buena parte de votantes por el partido de Alejandro Toledo, Perú Posible, parece haber optado por ese apoyo exigente y crítico a Ollanta Humala que yo propongo. Mi esperanza es que los otros partidos democráticos del Perú, como Acción Popular, el Partido Popular Cristiano y el APRA, que, con tantos miles de independientes, combatieron con gallardía a la dictadura fujimorista y ayudaron a derrotarla, se sumen a este empeño, para evitar el retorno de un régimen que envileció la política y sembró de violencia, delito y sufrimiento a nuestro país y para asegurarnos que la llegada de Ollanta Humala al poder fortalezca y no destruya la democracia que recobramos hace apenas 10 años.
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