La Cámara de Diputados recibió de la Canciellería (SRE), respuesta a un punto de acuerdo en la que afirma que el gobierno federal seguirá utilizando todos los recursos a su alcance para defender los derechos y la dignidad de los mexicanos en Arizona.
Detalló que al avanzar el proceso judicial contra la Ley SB1070, la SRE, la Embajada de México y los cinco consulados mexicanos en dicho estado mantendrán las acciones de asistencia, protección consular y asesoría jurídica, incluso reforzando sus capacidades para hacer frente a las necesidades en el terreno.
El diputado Marcos Carlos Cruz Martínez (PRD), proponente del punto de acuerdo, señaló que para México una eventual ratificación de la Ley Arizona y de las demás legislaciones antiinmigrantes traería graves consecuencias.
Agregó que la violación de los derechos humanos de millones de mexicanos y, por otro lado, la expulsión con métodos policiacos de millones de migrantes latinos hacia nuestra frontera norte podría convertirse en un problema de seguridad nacional.
Por ello, indicó que es urgente que el Poder Legislativo se exprese y haga lo necesario para
Subrayó que la decisión de la Corte Suprema será
importante para determinar el curso del litigio en su conjunto. Sin embargo, no
representa el fin del proceso legal relativo a la Ley SB1070.
De 2010 a la fecha, refirió, la red consular de México en
Arizona ha distribuido cerca de 120 mil dípticos informativos y llevó a cabo
331 jornadas sabatinas en las que ha atendido a 25 mil 745 mexicanos. Además, 200 reuniones con autoridades locales; 209 foros comunitarios, con la participación de casi 22 mil mexicanos, y ha registrado la presencia de las autoridades consulares en medios en poco menos de mil ocasiones.
La cancillería mexicana precisó que el gobierno federal presentó en marzo pasado, conforme a los plazos establecidos, un escrito de “Amigo de la Corte”; en donde subraya que la Ley SB1070 incide negativamente en las relaciones bilaterales e impide la colaboración efectiva entre los países, pues pretende crear un esquema migratorio distinto del previsto en la legislación federal.
Se señala también que ciertas secciones de la ley criminalizan la migración y propician su aplicación selectiva, lo que afectaría los derechos fundamentales de los mexicanos que residen o visitan Arizona.
Refirió que los gobiernos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay se sumaron formalmente al texto mexicano.
Enfatizó que el gobierno de México mantiene contactos permanentes con autoridades federales y estatales a fin de promover el reconocimiento de la importante contribución que los migrantes realizan en beneficio de la economía y sociedad de Estados Unidos. Subraya la necesidad de que se respeten los derechos de los mexicanos, sin importar su condición migratoria.
Desde antes de la entrada en vigor de algunos elementos de la Ley SB1070 en Arizona, en julio de 2010 la cancillería emprendió una serie de acciones de protección preventiva y consular, a fin de vigilar el respeto de los derechos de la comunidad mexicana en ese estado, afirmó.
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