“.tenemos que acelerar la Reforma al Sistema de Justicia Penal (…) para contar con un proceso que fuera más transparente y mayor transparencia va a implicar menor discriminación…Dr. Poiré.
Le preguntaron:
-Secretario, me podría dar su comentario, esta mañana fue presentado el reporte Discriminación 2012 de México; y en muchas áreas, especialmente en la impartición de justicia, en el aspecto laboral, etcétera, hay una desventaja de una buena parte de la población, le insisto, especialmente en la impartición de justicia.
Desde las indagatorias del Ministerio Público hasta las sentencias y las cárceles está en una situación de gravedad, según este estudio coordinado por el mismo CONAPRED y el CIDE.
Un poco a colación de este tema, si me puede dar su opinión. Ya son muchas las opiniones y los análisis de organismos nacionales e internacionales, en el sentido de que en México persiste la tortura. Algunos le dicen que es el pan de cada día, otros que es una práctica sistemática, en fin.
El Secretario Poiré, respondió::
Con respecto a derechos humanos, hay que recordar: nosotros hemos sido muy claros, desde el inicio de la Administración, ante una circunstancia particularmente difícil como es el incremento de la criminalidad, la violencia de los grupos delincuenciales, el Gobierno de la República ha hecho cosas muy significativas:
Primero, desde el punto de vista normativo, ha ampliado, más que nunca, los derechos humanos y las garantías individuales; ha reformado la Constitución, para darle más facultades a la Comisión Nacional de Derechos Humanos; ha reformado la Constitución también para darle estatus constitucional a tratados que México había firmado, en materia de derechos humanos.
¿Eso qué quiere decir? Que hoy en día, cualquier juez de todo el país puede interpretar directamente cualquier tratado internacional, para que, en algún caso, beneficie al ciudadano, beneficie a la persona, si esto está conforme con su garantía de defensa de sus derechos humanos. Eso es muy significativo.
Además, ha dado mayor capacitación que nunca a todos los servidores públicos.
Hoy los únicos servidores públicos de Fuerzas Armadas que no cuentan con un curso en materia de derechos humanos, impartido o por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal o por la Nacional de Derechos Humanos, etcétera, son aquellos que apenas acaban de entrar, pero prácticamente a los tres o cuatro meses ya todos están llevando cursos en materia de derechos humanos, todos los servidores públicos de todas las instituciones de seguridad y, adicionalmente se están cumpliendo todas las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las estamos revisando para asegurarnos de que todas ellas hayan sido aceptadas, salvo las que sean por casos verdaderamente excepcionales, y también las de Human Rights Watch y también las de Amnistía Internacional y, en esa medida, nos hemos abierto al escrutinio de todos los organismos internacionales.
Y, en esa medida, desde luego, tomamos muy en serio las recomendaciones que se están haciendo, y cada caso en el cual exista abuso, se está investigando, se debe de investigar y, en su caso, se dará la sanción correspondiente.
Es muy importante el estudio que se presentó hoy, por parte del Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación. Precisamente, el objetivo del Gobierno era identificar con gran claridad si en nuestro sistema de justicia existían desventajas o efectos de la discriminación, aplicados a algunos grupos específicos.
Hoy ya contamos con ese diagnóstico, gracias al esfuerzo de CONAPRED, ¿y cuál es la clave que nos está dando ese esfuerzo con el trabajo del CONAPRED y del CIDE? Que tenemos que acelerar la Reforma al Sistema de Justicia Penal, precisamente; para eso se impulsó, en parte, la propia Reforma al Sistema de Justicia Penal, para contar con un proceso que fuera más transparente y mayor transparencia va a implicar menor discriminación.
Más veloz y mayor velocidad, va a permitirle a todos los ciudadanos poderle dar mejor seguimiento a los casos correspondientes, y mucho más abierto a soluciones alternativas que no siempre dependan de la resolución de un juez que se puede tardar, bueno, se está tardando ahora en promedio en los estados en los cuales todavía no se implementa la Reforma al Sistema de Justicia Penal más 560 días la solución de un caso.
Y en aquellos en los que ya se implementó, se está tardando en promedio cerca de 170, 180 días.
La receta está clara. Y ahora tenemos más claridad precisamente gracias a este estudio patrocinado por el propio Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación, de cuáles son las áreas en las cuales en la implementación de la nueva reforma tenemos que acelerar el paso y tenemos que ser más enfáticos para la protección de estos grupos.
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