Proceso No. 1982, 26 de octubre de 2014
La
asociación de los gobiernos federal y estatales con empresarios, civiles
armados y delincuentes engendró una amalgama perversa en el país. Y esta
complicidad genera, sobre todo en zonas indígenas, una serie de conflictos que
esos grupos tratan de contener con actos represivos, desalojos, desapariciones
y asesinatos. El resultado: la multiplicación de autodefensas, la inminencia
del estallido social…
De
acuerdo con dicho informe, Guerrero es la tercera entidad con más conflictos
indígenas del país, ya que hasta agosto pasado registraba 16 casos con
denuncias contundentes de operaciones conjuntas de criminales y funcionarios
públicos.
Independientemente
del documento de la CDIPM, los hechos de asesinato, tortura y desaparición de
dirigentes sociales se incrementaron desde que Ángel Aguirre Rivero asumió la
gubernatura en 2011. En su edición 1935, correspondiente al 30 de noviembre de
2013, Proceso informó de los 13 dirigentes sociales asesinados hasta entonces
en esa entidad.
Entre
los casos mencionados estaba el multicitado levantamiento (30 de mayo de 2013)
de ocho integrantes del Frente Unidad Popular. Cinco de ellos regresaron, pero
el 3 de junio el dirigente Arturo Hernández Cardona, Rafael Bandera Román y
Ángel Román Martínez aparecieron muertos a tiros y con evidencias de tortura.
En
esa misma edición se consignó el testimonio notariado de uno de los
sobrevivientes, Nicolás Hernández Villa, quien aseguró que el alcalde de
Iguala, José Luis Abarca, participó personalmente en las torturas y
ejecuciones. Pese a indicios, informes, denuncias y pruebas, nada ocurrió con
el presidente municipal hasta la desaparición de los 43 normalistas de
Ayotzinapa y la muerte de seis personas el pasado 26 de septiembre.
Durante
2013, el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto, se produjeron nueve de
los 13 asesinatos de dirigentes sociales en Guerrero, pero no fue sino hasta 10
días después de la desaparición de los normalistas cuando, el pasado 6 de octubre, el mandatario se dijo
“indignado y consternado” por lo ocurrido, y anunció la intervención de su
gobierno.
Pero
los efectos de la violencia e inseguridad en esa entidad no se limitan a
Iguala, pues de acuerdo con el citado documento, se ha producido el desplazamiento
de alrededor de 7 mil personas en las regiones de La Montaña y la Costa Chica.
Además,
en Xochistlahuaca, municipio localizado al sur de la entidad, indígenas amuzgos
han denunciado despojo de tierras por parte de funcionarios públicos apoyados
por grupos de civiles armados.
La
violencia se desborda también en conflictos agrarios. En San Juan Bautista
Cuapala, municipio de Atlixtac, una vieja disputa con la comunidad vecina de
San Pedro Huitzapula ha derivado en enfrentamientos armados, con saldo de un
muerto hasta la fecha.
Asimismo,
en el municipio El Camalote, el grupo de guardias conocido como “Los Remigio”
ha sido denunciado por agredir a tiros a los integrantes de la Organización del
Pueblo Indígena Me´phaa, por su activismo político. Dicha organización acusa a
los gobiernos municipal y estatal de proteger a la mencionada guardia. Aunque
el documento no lo menciona, “Los Remigio” han sido históricamente señalados
por su proximidad al Ejército Mexicano.
Agresión
permanente
Algunos
de los sucesos difundidos hasta febrero daban indicios de que podrían emplearse
tácticas represivas o generar confrontaciones sociales.
En
Proceso 1961 se destacaba el conflicto de la nación yaqui, en Sonora, el cual
detonó contra un proyecto hidráulico del gobernador Guillermo Padrés Elías que,
a juicio de los indígenas, extraía agua de sus territorios.
El
26 de febrero, Mario Luna, vocero del pueblo yaqui, denunció en entrevista con
este semanario que la intimidación hasta entonces incluía los “levantones” de
13 indígenas, así como la aparición de narcomantas que lo amenazaban de muerte
tanto a él como al otro vocero yaqui, Tomás Rojo.
“El
acoso sistemático no lo puede hacer nadie más que el Estado”, dijo entonces
Mario Luna, quien está preso desde el pasado 11 de septiembre, en Hermosillo.
La
represión ha sido también notable contra las comunidades zapatistas. El pasado
18 de agosto, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas
(Frayba) denunció que la contrainsurgencia sigue operando en Chiapas, con
acciones paramilitares, hostigamiento a las comunidades bases de apoyo,
detenciones arbitrarias y asesinatos, como el ocurrido el 2 de mayo en La
Realidad, donde fue asesinado José Luis Solís López, Galeano, a golpes,
machetazos y disparos.
En
la zona zapatista, de acuerdo con el Frayba, están en riesgo las comunidades
desplazadas de San Marcos y Comandante Abel. Además, se han registrado
hostigamientos violentos en las comunidades Egipto y El Rosario.
Para
ese grupo de defensa de los derechos humanos, los gobiernos federal y estatal
“profundizan su política de despojo para implementar proyectos que conllevan la
desaparición de formas de organización social, política y cultural de
comunidades y pueblos”.
Si
bien los conflictos territoriales en el área zapatista llevan varios años, la
observación del Frayba es que los primeros meses de 2014 se caracterizaron por
el incremento de las agresiones a comunidades zapatistas.
En
lo que va de la administración de Peña Nieto, la página Enlace Zapatista ha emitido
10 comunicados denunciando el mismo número de
agresiones a las comunidades bases de apoyo.
Pero
en Chiapas los conflictos proliferan no sólo en el territorio con presencia
insurgente. Hasta agosto pasado, la entidad tenía 45 conflictos en comunidades
indígenas, según el registro de la CDPIM. Entre esos, 22 casos corresponden a
problemas agrarios, en varios de los cuales hay denuncias por la presunta
participación de paramilitares.
También
la represión y el uso de tácticas violentas sirven para proteger intereses
privados. Un ejemplo localizable en el documento de la CDPIM es el de los
campesinos de los municipios de Tapachula, Motozintla, Huehuetán, Cacahoatán,
Mazapa de Madero, Chicomuselo y Comalapa que se oponen a la instalación de
minas e hidroeléctricas en su territorio, lo que según sus denuncias sucede con
apoyo de las autoridades locales y mediante el uso de la fuerza en contra de
las comunidades.
Los
megaproyectos letales
Los
negocios privados son el principal detonante de conflictos en el país. De los
175 casos mencionados, 102 tienen que ver con negocios, la mayoría al amparo del poder, sea por obras, proyectos
energéticos y mineros, o daños ambientales producto de operaciones
industriales, entre otros.
El
segundo estado con más conflictos es Oaxaca, que hasta agosto pasado registraba
24 casos. La mitad de las tensiones sociales en esa entidad tienen que ver con
proyectos empresariales de aprovechamiento de recursos naturales a gran escala.
Se
trata de seis proyectos mineros: uno hidraúlico y cinco eólicos. Entre estos
últimos destaca el caso de los indígenas ikjoots (huaves) de San Dionisio del
Mar, y binnizá (zapotecos) de la comunidad Álvaro Obregón, que se oponen a la
construcción del parque eólico de la empresa española Mareña Renovables. Por
este asunto se han generado enfrentamientos armados entre grupos de seguridad
privada y policías locales contra los comuneros.
El
documento de la CDPIM menciona que la situación en Álvaro Obregón denota una
alta conflictividad y riesgo de estallido social.
Megaproyectos
aparte, la paramilitarización evidente se ubica en la zona triqui, donde por
años ese pueblo indígena ha resistido agresiones, emboscadas, torturas,
desapariciones y asesinatos.
Para
imponer proyectos energéticos en zonas indígenas, los gobiernos suelen valerse
de cargadas policiales, vigilancia militar y pesquisas judiciales que, en los
estados de Puebla, Morelos y Tlaxcala, se orientan al avance del Proyecto
Integral Morelos (PIM).
El
PIM consiste en la construcción de un gasoducto que atraviesa comunidades de
Tlaxcala, Puebla y llega a la comunidad de Huexca, en Yecapixtla, Morelos,
donde se construyen dos termoeléctricas de ciclo combinado, cuyas turbinas se
enfriarán con agua del Valle de Cuautla, para lo cual se requiere una nueva
infraestructura hidráulica.
Mientras
en Puebla el gobierno de Rafael Moreno Valle ha encarcelado a los comuneros
nahuas y cholultecos que se oponen al PIM, en Morelos la policía de Graco
Ramírez ha desalojado campesinas nahuas en Huexca, ha reprimido a los
opositores en Amilcingo, y en Tlaxcala campesinos y comisariados ejidales
denunciaron a pistoleros de los alcaldes de Nativitas y Texololoc por las
golpizas que les propinaron. (Proceso 1870.)
En
Puebla hay además hostigamiento a las comunidades indígenas de la Sierra Norte,
en donde fue asesinado, el pasado 4 de julio, Antonio Esteban Cruz, líder del
Movimiento Independiente Obrero, Campesino, Urbano y Popular y opositor al
proyecto de construir una hidroeléctrica en el río Apulco, en los municipios de
Cuetzalan y Ayotoxco. Dicho homicidio ocurrió en el contexto de una escalada de
hostigamiento y amenazas a las comunidades de la zona. (Proceso 1969.)
Numeralia
de conflictos
El
reporte de la CDPIM muestra que muchas veces no hay registro de violencia y los
conflictos se plantean por la vía judicial o la movilización social.
Por
minería se han manifestado inconformidades en 28 casos, localizados en los
estados de Chiapas, Colima, Durango,
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca,
Puebla, San Luis Potosí, Querétaro y Zacatecas.
Hay,
además, 12 conflictos por proyectos hidráulicos en Baja California, Guerrero,
Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Sonora y Veracruz.
El
registro de la CDIPM localiza ocho conflictos relacionados con planes eólicos
en Baja California, Chiapas y Oaxaca.
Los
proyectos turísticos también han resultado perjudiciales para las comunidades
indígenas, tanto por los despojos de tierras como por los daños
medioambientales. Un ejemplo es Chihuahua, donde los municipios de Urique y
Bocoyna se oponen desde hace años a las obras turísticas previstas para
Barrancas del Cobre, pues consideran que rompen el equilibrio ecológico y la
conservación de la sierra, en tanto que los tarahumaras de Guadalupe y Calvo
planes similares en el ejido Pino Gordo, también por el impacto ambiental.
Ni
siquiera el Distrito Federal escapa a la escalada conflictiva. En la delegación
de Milpa Alta, comuneros nahuas se han organizado en guardias de vigilancia
para evitar la operación de talamontes, según la CDPIM.
Y
es que recurrir a la organización social, e inclusive tomar las armas para
relevar las funciones del Estado, es una tendencia que si bien se ha focalizado
en Michoacán y en Guerrero con las autodefensas, se presenta ya en 11 estados
del país.
De
acuerdo con el CDPIM, en cualquiera de sus formas de organización, hay guardias
en Xoxocotla, Morelos, y en la sierra de Zongolica, Veracruz, las comunidades
crearon la organización Resistencia Civil Veracruzana para enfrentar al crimen
organizado.
No
obstante, se han documentado también guardias de vigilancia o autodefensas en comunidades de Chihuahua, Jalisco, Estado
de México, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí,
Sonora y Veracruz, donde suman al menos 36 grupos de ese tipo. (Proceso 1895.)
A
esos conflictos se suman otros 34 por programas gubernamentales y de política
social, 23 por derechos indígenas y apenas cuatro de índole religiosa.
Los
175 conflictos del registro de la CDPIM no incluyen las agresiones contra
movimientos sociales ni las políticas represivas de las zonas urbanas del
territorio nacional.
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