La
defenestración de Aguirre, paso a paso&ROSALÍA
VERGARA Y JENARO VILLAMIL
Proceso NO. 1982, 25 de octubre de 2014
Ángel
Aguirre literalmente se vio forzado a pedir licencia como gobernador de
Guerrero. Pese a que él mismo y Los Chuchos –grupo que lo apoyaba– se resistieron
durante casi un mes a tomar esa medida, la presión del Ejecutivo federal y de
numerosas corrientes perredistas fue determinante. Después de haberlo defendido
a raíz de los trágicos eventos del 26 de septiembre en Iguala, Nueva Izquierda
decidió zafarse del mandatario guerrerense, quien en su caída amenazaba con
dividir aún más al PRD.
La
noche del miércoles 22, Cuernavaca fue sede de una reunión de unos pocos
miembros de la corriente perredista Nueva Izquierda (Los Chuchos) en la cual
participaron al menos el presidente nacional del Partido de la Revolución
Democrática (PRD), Carlos Navarrete y el gobernador de Morelos, Graco Ramírez.
El tema fue la negociación de la salida del mandatario de Guerrero, Ángel
Aguirre Rivero.
Ahí
se acordó que el jueves 23 a las 18:00 horas Navarrete anunciaría que el
gobernador pediría licencia y después el propio Aguirre se manifestaría al
respecto. Pero éste rompió el acuerdo y se le adelantó 11 minutos al presidente
perredista en una improvisada conferencia de prensa en Chilpancingo.
Ni
Aguirre ni Navarrete mencionaron ninguna responsabilidad federal en la crisis
de gobernabilidad del estado, en coincidencia con la decisión del gobierno de
Enrique Peña Nieto de circunscribir los hechos de Ayotzinapa a un problema
local.
La
renuncia de Aguirre Rivero era una demanda que no quería asumir la recién
estrenada dirigencia del PRD tras la desaparición de 43 estudiantes de la
Normal Rural de Ayotzinapa, el 26 de septiembre pasado, hecho en el cual
participaron en complicidad la policía y el crimen organizado.
En
el documento perredista de 13 puntos –que pese a todo Navarrete leyó en su
conferencia de prensa– se pidió una investigación de resultados rápidos: “Para
facilitar lo anterior, la mayoría del CEN del PRD ha demandado al gobernador de
Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, que presente de inmediato al Congreso del
estado la licencia para separarse del cargo, y pedimos a los diputados
guerrerenses de todos los partidos el nombramiento de una persona que asuma el
Poder Ejecutivo, reorganice al gobierno del estado, abra canales de diálogo con
la sociedad guerrerense y se sume a las investigaciones para encontrar a los
jóvenes y fincar responsabilidades”.
La
mañana del viernes 24, en el noticiero de Carmen Aristegui, Navarrete contó
cómo le pidió a Aguirre dejar el cargo. Citó sus palabras: “No es que a ti se
te acuse de ser culpable, pero hay una sensación de que el gobierno de Guerrero
no hizo lo suficiente, no atendió el tema a tiempo. Se lo pedí a nombre del
comité del partido antier por la tarde. Ayer se concretó”.
Presiones
por todos lados
Aguirre
y su apoyo en el PRD –la corriente Nueva Izquierda–, se resistieron casi un mes
a dejar el gobierno de Guerrero.
En
su caída Aguirre arrastró al PRD y en particular a esa corriente perredista, la
cual pese a tener el control del partido no pudo con las presiones del gobierno
de Peña Nieto, sometido éste a su vez a una andanada internacional no sólo por
los hechos de Ayotzinapa sino por la descontrolada violencia en el país.
Al
mediodía del martes 21, en medio de la discusión sobre el proyecto de dictamen
de la “desaparición de poderes” en Guerrero, una orden surgida desde Los Pinos
cambió la posición original de la bancada del PRI en el Senado respecto a la
salida de Aguirre.
“Ángel
Aguirre va a caer. Es cuestión de horas”, le confió René Juárez, senador del
PRI y exgobernador de Guerrero, a un grupo de legisladores del PRD, durante el
debate en el pleno sobre la propuesta panista de iniciar el procedimiento de
decreto de “desaparición de poderes”.
“Me
voy, pero no me iré solo. Yo no soy el único responsable”, repitió una y otra
vez Aguirre a los senadores del PRD que consultaron con el mandatario estatal.
Pocos
sabían que para ese momento, quien ya había negociado la salida de Aguirre era
el propio Navarrete, el mismo que el sábado 18, en la reunión del Consejo
Nacional perredista, había dicho que la caída del mandatario estatal era una
“salida fácil” y respondía a “linchamientos públicos”.
Al
cambiar el PRI su posición dejó sólo al PRD y modificó el proyecto de dictamen
de la Comisión de Gobernación que originalmente consideró “improcedente” la
solicitud panista para decretar la “desaparición de poderes” en Guerrero. Los
coordinadores del PRI y del PAN, Emilio Gamboa y Jorge Luis Preciado,
negociaron establecer como plazo máximo el 30 de octubre para que una comisión
senatorial determinara si había o no condiciones de ingobernabilidad en la
entidad.
En
tribuna, quien encabezó la defensa de Aguirre fue el senador Sofío Ramírez
Hernández, del equipo del ahora exgobernador. “No aceptamos condena social ni
linchamiento político”, afirmó el senador, quien el jueves 16 había renunciado
al PRD.
En
conferencia de prensa Ramírez Hernández también le demandó al PRD y al
Ejecutivo federal asumir sus responsabilidades políticas ante la crisis
detonada por el secuestro de 43 normalistas en Ayotzinapa. “Ángel Aguirre no
puso al candidato José Luis Abarca, lo puso el PRD. Y si de corresponsabilidad
política se trata, pues por cuestión de competencia está acreditado que ahí
participó el crimen organizado, y es competencia que le corresponde al
Ejecutivo federal”, afirmó.
Mientras
esto sucedía en el Senado, Navarrete ya negociaba en la Secretaría de
Gobernación los términos de la salida de Aguirre para dejar como interina a
Beatriz Mojica, secretaria de Desarrollo Social de Guerrero y también
integrante de Los Chuchos. El guerrerense enfureció cuando se enteró de esta
negociación. Encareció su salida y advirtió: “No me voy a ir como asesino”.
Resistencia
de “Los Chuchos”
El
sábado 18, durante su informe ante el Primer Pleno Extraordinario del IX
Consejo Nacional del PRD, Los Chuchos habían operado para que la mayoría le
diera el espaldarazo a Aguirre como gobernador, luego de que otras corrientes
–como Patria Digna y la Coalición de las Izquierdas, donde participa Izquierda
Democrática Nacional (IDN)–, sometieron a votación un resolutivo para solicitar
la separación del cargo del guerrerense.
El
expresidente perredista Jesús Ortega consideró que si Aguirre pedía licencia
debía ser por medio de una autoridad judicial, no por presiones de otros
partidos ni de los medios: “Me da la impresión de que cuando hay algunos
partidos que enfocan la ofensiva mediática contra el gobernador, lo que están haciendo
es que se olvide la responsabilidad política del jefe del Estado mexicano, del
presidente de la República o que se olviden otros hechos como los de Tlatlaya,
ocultar el crimen de Tlatlaya con un crimen mayor”, expresó en conferencia de
prensa el sábado 18.
Nueva
Izquierda, en alianza con otros grupos como Alternativa Democrática Nacional,
se impuso en ese resolutivo y rechazó la propuesta del senador Alejandro
Encinas, quien a nombre de la Coalición de Izquierda se manifestó “de manera
categórica” a favor de “la separación inmediata del gobernador”.
El
domingo 19 el coordinador de la bancada del PRD en el Senado, Miguel Barbosa, y
Encinas se pronunciaron públicamente a favor de la salida del gobernador
Aguirre como un signo de “distensión social” y porque “ayudará a las
investigaciones”.
Barbosa
afirmó que creía en la honestidad de Aguirre, “no lo vemos vinculado al crimen
organizado”, pero advirtió que “debemos de atender reclamos sociales”.
“Cada
vez se descomponen más las cosas y vemos que la licencia de Ángel Aguirre
podría ayudar a la distensión social y a la investigación”, insistió Barbosa,
quien también admitió que ya hay un “costo social” para el PRD por la crisis de
Guerrero.
Encinas
consideró que Aguirre “ya no es un interlocutor válido, no con los estudiantes
sino con muchos sectores de la sociedad guerrerense. Hay una situación de
ingobernabilidad”.
Para
Encinas lo más grave es “el surgimiento todos los días de fosas con cadáveres
que dan cuenta de un clima de ingobernabilidad en el estado”.
La
fractura
En
la tarde del jueves 23, en el PRD y en su bancada en el Senado, se abrieron más
las grietas. Bejarano, cabeza de IDN, propuso que en su comunicado oficial
Navarrete incluyera “las responsabilidades del gobierno federal” y planteara “la
necesidad de que se evalúe la permanencia en sus cargos de los principales
responsables de la seguridad pública y la procuración de justicia a nivel
nacional”.
Los
diputados locales de Guerrero estuvieron de acuerdo con este agregado pero
Navarrete lo rechazó. Su comunicado no hizo referencia a ninguna
corresponsabilidad federal en la crisis de Iguala.
A
las 21:00 horas Barbosa, distanciado de Los Chuchos, ofreció una conferencia de
prensa para condenar “cualquier negociación” que haya ocurrido para nombrar a
un interino. Y le puso nombre a su veto: Beatriz Mojica Morga. “Se equivocan
quienes pueden pensar que pueda haber una negociación que acomode el nivel de
profundidad al que se llegue en la investigación”, afirmó Barbosa e insistió
que el gobernador interino debe tener “un perfil ciudadano, no partidario”.
En
la misma conferencia el senador por Guerrero Armando Ríos Piter insistió en que
el problema de su entidad no se resolvía con la solicitud de licencia de
Aguirre. Recordó que “por lo menos hay 10 grupos del crimen organizado y
señalamientos de grupos guerrilleros que han vuelto a lanzar su voz desde la
sierra”.
“El
principal problema que hoy tenemos en el estado es la pérdida de confianza de
la ciudadanía en la clase política”, tras los hechos de Iguala.
El
encargado y los aspirantes
Luego
de la renuncia de Aguirre, el secretario de Gobierno de Guerrero, Jesús
Martínez Garnelo, quedó como encargado del despacho. Pero es un funcionario que
no ha estado exento de escándalo.
El
8 de julio de 2013 la agencia Apro divulgó que se había designado a Martínez
Garnelo, entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de
Guerrero, como secretario de gobierno, pese a que en 2001 fue destituido e
inhabilitado por el pleno del Congreso local por haber liberado a un integrante
de la banda del secuestrador Pedro Barragán González.
Reportes
oficiales indicaron entonces que en 2001 el Congreso estatal lo inhabilitó seis
años, pues junto con el exmagistrado Miguel Maya Manrique y la exjuez de
primera instancia María del Pilar León Flores liberaron a un secuestrador
sentenciado, Carlos Alberto Castro, El Calilla.
La
Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó en 2003 la reinstalación de
Martínez Garnelo y sus dos compañeros, con el argumento que el Congreso de
Guerrero invadió la competencia del Poder Judicial local al sancionar a los
integrantes del TSJ, “pero nunca los declaró inocentes de los cargos que les
imputó el empresario victimado por enfrentar a la delincuencia, indican los
informes consultados por Apro”.
Además
de que se barajan los nombres de Beatriz Mojica Morga y del senador Sofío
Ramírez Hernández para suceder a Aguirre, también se ha mencionado al exsenador
David Jiménez Rumbo, quien de acuerdo con perredistas está muy bien posicionado
en el estado con el apoyo de Ríos Piter, el llamado Grupo Guerrero –gente de
Alianza Democrática Nacional y que él lidera–, Foro Nuevo Sol y Vanguardia
Progresista, la nueva corriente perredista formada por allegados al jefe de
Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera.
Grupo
Guerrero mantiene el control del Congreso local. Si bien sus legisladores no
hacen mayoría, sí son la minoría más grande, junto con el grupo de Aguirre,
Izquierda Progresista Guerrerense, y Nueva Izquierda con Sebastián de la Rosa.
En
su página de Facebook, Jiménez escribió en su biografía que nació el 27 de
noviembre de 1970 en Arteaga, Michoacán, municipio del que es originario
Servando Gómez, La Tuta¸ con quien lo vinculan los perredistas con algún tipo
de parentesco, aunque no quisieron confirmarlo.
En
enero de este año, en un video titulado La Tuta amenazando y dando ultimátum a
Los Viagras, el líder de Los Caballeros Templarios acusó a los hermanos Carlos
y Crescencio Reyes Torres, presidente estatal del PRD y alcalde de La Unión de
Isidoro Montes de Oca, respectivamente, de estar vinculados con el
narcotráfico. Estos personajes pertenecen a Grupo Guerrero, de Jiménez Rumbo.
“A
ellos les interesaba sacar a tu hermano, ve hasta dónde anda metido el
presidente de La Unión. Hasta dónde anda metido Carlos Reyes, el presidente del
partido del PRD de Guerrero, todos ellos”, expresa La Tuta en el video de seis
minutos”, de acuerdo con la nota publicada por Apro.
Otros
dos nombres que se barajan para suplir al gobernador son los de Florentino
Cruz, exrector de la Universidad Autónoma de Guerrero, y el del actual rector,
el priista Javier Saldaña Almazán –vinculado políticamente con el exmandatario
estatal Rubén Figueroa Alcocer–, como parte de un acuerdo entre Aguirre y el PRI.
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