Revista Proceso 1982, 25 de octubre de 2014
ESTRASBURGO, FRANCIA.- “La impunidad se combate con eficiencia y no con palabras bonitas como las suyas”, espetó el eurodiputado Josep Maria Terricabras al embajador mexicano ante la Unión Europea (UE), Juan José Gómez Camacho, quien compareció ante la delegación para México del Parlamento Europeo el jueves 23 por la mañana.
Inexpresivo, el diplomático escuchó durante media hora duros cuestionamientos de eurodiputados al gobierno de Enrique Peña Nieto por permitir el clima de impunidad y de violencia en Iguala, Guerrero, contra normalistas de Ayotzinapa, 43 de los cuales están desaparecidos desde el 26 de septiembre.
Previamente, en un discurso de sólo 10 minutos, Gómez Camacho expuso que la administración peñanietista tenía como prioridad la defensa de los derechos humanos, presumió la “fortaleza de la democracia mexicana” y ensalzó las medidas de las autoridades para atender el caso de los jóvenes normalistas asesinados y desaparecidos.
“Este crimen no frenará los avances de México en materia de derechos humanos”, expuso el embajador.
En ese momento, el Parlamento Europeo estaba listo para votar en su sesión plenaria una resolución conjunta de condena por la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, que excluyó los posicionamientos críticos al gobierno de Peña Nieto.
La adopción de una resolución a modo –adoptada por 495 votos a favor, 86 en contra y 56 abstenciones– tuvo lugar luego de semanas de cabildeo de la representación mexicana en Bruselas, que redobló esfuerzos tras la carta dada a conocer el viernes 10 en la que el grupo del Partido Verde Europeo (PVE) exigió suspender las negociaciones de modernización del Acuerdo Global México-UE, seguido de la incorporación el miércoles 15 del caso Ayotzinapa como un asunto de debate “urgente” en la sesión plenaria del Parlamento Europeo del jueves 23.
Los medios afines al gobierno mexicano también se pusieron al servicio del parlamento. Un día antes de que la resolución fuera adoptada, la agencia Notimex publicó una nota –recogida por El Universal y el diario digital SinEmbargo– en la que “expertos” opinaron que los partidos críticos de Peña Nieto habían fracasado “en su intento por condenar a México ante el Parlamento Europeo”.
Televisa envió a Estrasburgo a su corresponsal en París, Kasia Wyderko, para realizar la cobertura de la comparecencia de Gómez Camacho y hacerle una entrevista condescendiente. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió también un boletín de prensa en el que incluyó fragmentos de las intervenciones de la eurodiputada popular Teresa Jiménez y del comisario Tonio Borg en el Parlamento Europeo. Ambos brindaron su apoyo a Peña Nieto. Una versión en video, atribuida a la SRE, circuló igualmente en redes sociales y fue recogida por varios medios digitales.
Control informativo
Después de efectuar “visitas de cortesía” a medios europeos y tratar de posicionar las reformas y el nuevo protagonismo global de México con la participación de cascos azules en las esferas de decisión de Bruselas, Gómez Camacho envió a los representantes europeos abundante información oficial sobre los hechos de Ayotzinapa.
El eurodiputado español y presidente de la delegación europea en la Asamblea Parlamentaria Eurolatinoamericana, el socialista Ramón Jáuregui, narra a Proceso que el viernes 10, un día después de haber remitido una carta al embajador Gómez Camacho, en la que condenó la desaparición de los normalistas, éste se puso en contacto con él.
Refirió que el embajador le llamó para expresarle su agradecimiento, pero también para proporcionarle información que el gobierno mexicano estaba difundiendo en círculos diplomáticos “sobre su compromiso con el esclarecimiento de los hechos”.
El eurodiputado señaló que desde esa fecha había mantenido contacto “personal” con el embajador, con quien incluso había hablado en su oficina del Parlamento Europeo un día antes.
Relató que eurodiputados, funcionarios y portavoces de la Comisión Europea estaban recibiendo cartas de Gómez Camacho actualizándolos “sistemática y minuciosamente” sobre las acciones implementadas por el gobierno peñanietista en relación con el caso Ayotzinapa.
Una de esas comunicaciones, a la que tuvo acceso este semanario, consta de cuatro páginas y está fechada el miércoles 15. Está dirigida al presidente del Parlamento Europeo, el socialista alemán Martin Schulz. En ella, el embajador expone una larga lista con las acciones que había tomado el gobierno mexicano hasta el lunes 13 (detenciones, operaciones de búsqueda, establecimiento de acciones conjuntas y acuerdos con los familiares o la colaboración con instituciones internacionales).
En la misiva advierte Gómez Camacho que “esos horrendos y dolorosos eventos han sido condenados categóricamente” por el presidente Peña Nieto, quien ha expresado su “profunda indignación” y su “firme decisión” de usar todo el peso de las instituciones en el esclarecimiento del caso.
Y reitera “la naturaleza y la convicción profundamente democrática de la sociedad y el gobierno de México (así como) “nuestro compromiso incondicional en la protección de los derechos humanos y el estado de derecho”. Y como si fuera representante de un gobierno ajeno a los acontecimientos, afirma que “México y la UE permanecen unidos en condenar enérgicamente y rechazar estos terribles crímenes”.
En torno a la discusión del caso Ayotzinapa en el Parlamento Europeo, se produjo una conjunción de intereses con las dos grandes familias políticas de dicha instancia, en las que el peso de los eurodiputados españoles determina el curso de los asuntos con México: el grupo del Partido Popular Europeo (PPE) y el de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (ASP&D), que pertenece –como el PRI y el PRD– a la Internacional Socialista.
Intereses españoles
La eurodiputada verde y vicepresidenta del Parlamento Europeo, Ulrike Lunacek, lleva años advirtiendo que sus colegas socialistas y populares españoles comparten intereses económicos con las empresas de su país que pueden participar en grandes negocios en Latinoamérica, lo que influye en sus decisiones políticas.
“En ocasiones –señaló en mayo de 2010 a este corresponsal– sus posiciones no son compatibles con el discurso democrático europeo.”
Cuestionado sobre las recientes declaraciones del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, de que “hechos tan graves” como los de Guerrero podrían alejar a los inversionistas extranjeros, el eurodiputado Jáuregui responde: “El mundo económico sabe muy bien que el problema (de la violencia en México) está focalizado geográficamente, y que el resto del país, en particular sus centros económicos más notables, funcionan razonablemente”.
Y agrega: “Ningún país es perfecto para la atracción económica. Cuando se examinan los factores de inversión se toman en cuenta de 10 a 20 de ellos; éste (la desaparición de los normalistas) no es favorable para México, pero tampoco es un factor definitivo (para las inversiones internacionales)”.
Según una fuente del PVE, la bancada socialista se rehusó a que el caso de los normalistas se incluyera como uno de los tres temas de “violación a los derechos humanos, a la democracia y al estado de derecho” que, con carácter de “urgente”, discute el Parlamento Europeo en sus sesiones plenarias cada mes. Únicamente la presión de los demás partidos lo permitió.
La huella del cabildeo peñanietista quedó exhibida en el contenido de las propuestas de resolución que, días antes de la votación del jueves 23, presentaron seis de los siete grupos que conforman el Parlamento Europeo. Salvo la de los verdes y la de Izquierda Unida –que después presentaron una en común tras decidir no firmar la conjunta–, las propuestas de socialistas, populares, conservadores y liberales están plagadas de información del gobierno mexicano, como la que transmitió Gómez Camacho a Schulz en su carta y que quedó estampada en la versión final.
Hay también párrafos que en distintas propuestas coinciden en su redacción. Por ejemplo, la frase en la cual se “apoya al gobierno mexicano en su determinación para combatir el tráfico organizado de drogas (sic)” se repite en el punto ocho de la propuesta de los populares y en el cinco de los socialistas.
En la negociación entre partidos para llegar a una resolución común, los partidarios de ser menos condescendientes con el gobierno de Peña Nieto consiguieron que se incorporara el término “desaparición forzada” (crimen que cometen agentes del Estado) y que la situación de los normalistas no fuera considerada simple desaparición, sino que tuviera la misma carga jurídica.
También lograron agregar en el penúltimo párrafo la “urgente necesidad de crear a nivel federal un registro nacional común, público y accesible de personas desaparecidas”, y un banco de datos genéticos, además de que se pudo eliminar un párrafo donde se sugería que los estudiantes habían sido atacados porque se enfrentaron a la policía.
Aun con esos cambios, la división de posturas –con los verdes exigiendo la intervención de la Corte Penal Internacional, el embargo de armas y la mencionada suspensión de un acuerdo global modernizado, así como del acuerdo de seguridad con Alemania– fue irreconciliable.
El bloque de socialistas, populares, liberales y conservadores todavía votó en contra de cuatro enmiendas presentadas por los verdes y el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria. Dos de ellas modificaban enunciados elogiosos al gobierno mexicano.
Las demás enmiendas ignoradas pretendían, por un lado, “recordar a las autoridades mexicanas” los asesinatos sin resolver del activista finlandés Jyri Jaakkola y de la mexicana Beatriz Cariño, cometidos en San Juan Copala, Oaxaca, el 27 de abril de 2010, durante una emboscada de paramilitares ligados al PRI; y, por otro, exponer la cifra de 22 mil 322 personas desaparecidas en México desde 2006, precisando que 44% de ellas ocurrieron durante el mandato de Peña Nieto y que “ninguno de esos casos ha sido objeto de procedimientos judiciales ni de sentencias a nivel federal”.
Después de la resolución del Parlamento Europeo, en México la Cámara de Diputados se sumó a la estrategia diplomática del gobierno de Peña Nieto. El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, el priista Eloy Cantú Segovia, anunció que esa instancia hará un pronunciamiento sobre el caso de Ayotzinapa luego de la posición de sus homólogos europeos.
El jueves 23 la agencia Apro publicó una nota de la reportera Jesusa Cervantes según la cual en un comunicado de prensa Cantú Segovia informó que durante una reunión la comisión consideró “necesario que sus correligionarios” europeos sepan “que todos los grupos parlamentarios (en México) son solidarios con el gobierno federal para que se esclarezcan los hechos y se encuentre a los responsables”.
Lo que omitió el comunicado fue que representantes de Movimiento Ciudadano, el PT y el propio PRD detallaron que las desapariciones forzadas no son exclusivas de Guerrero; también ocurren en Tamaulipas, Michoacán, Sonora. Sinaloa y otras entidades.
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