“Neoconcertacesiones” en Guerrero/JESÚS CANTÚ

 “Neoconcertacesiones” en Guerrero/JESÚS CANTÚ

Proceso No. 1982, 25 de octubre de 2014

Ante la imposibilidad jurídica de remover al gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, el cártel de partidos optó por la neoconcertacesión, concretada a partir de compromisos que seguramente permanecerán en la secrecía de los actores políticos participantes, pero que ciertamente incluye acciones u omisiones contrarias al estado de derecho.

Ante las limitaciones establecidas por la fracción V del artículo 76 de la Constitución y la correspondiente Ley Reglamentaria a dicha norma (Proceso 1981), los senadores acordaron retrasar hasta el viernes 31 la presentación del dictamen de solicitud de desaparición de poderes interpuesta por el grupo parlamentario del PAN, con el claro objetivo de darle tiempo a la negociación.

La creciente indignación pública por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la violencia de las protestas, particularmente en Guerrero, subían el nivel de exigencia para que las autoridades federales ofrecieran alguna respuesta a las demandas, y al PRD le elevaban el costo político de mantener a Aguirre.

La ingobernabilidad era cada día más evidente y la exigencia de los senadores, incluyendo los perredistas, de que Aguirre solicitara licencia se extendía, lo que obligó a los miembros del Comité Ejecutivo Nacional del PRD a modificar su posición inicial y acceder a la petición.

Aguirre había dado muestras de que no estaba dispuesto a retirarse de manera voluntaria, por lo cual la solicitud de licencia fue una decisión impuesta. Y para persuadirlo, seguramente los distintos actores políticos participantes (gobierno federal, dirigencias del PRI, PAN y PRD) tuvieron que hacer compromisos y concesiones mutuas.

La declaración del procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, externada el miércoles 22 en el sentido de que el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda, fueron los autores intelectuales del ataque contra los estudiantes, además de atribuir la desaparición de los normalistas al hecho de que los cabecillas de Guerreros Unidos pensaron que se trataba de miembros de “un grupo delictivo contrario” –Los Rojos–, indica que la investigación se orienta a achacar toda la responsabilidad al nivel municipal.

La indagatoria que inició la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero apuntaba en esa dirección: El autor intelectual es el exalcalde y los autores materiales fueron los policías municipales de Iguala y los sicarios de Guerreros Unidos. La PGR, tras argumentar que la actuación del Ministerio Público estatal impactaba negativamente sus investigaciones, mantuvo la misma línea, pero involucró también a la policía municipal de Cocula y construyó un móvil lógico.

Conviene a todos los actores políticos atribuir la autoría intelectual a Abarca y su esposa; y la material a las policías de Iguala y Cocula y a Guerrero Unidos. Cualquiera que sea el desenlace de este lamentable incidente, a todos les reduce los costos políticos y los exime de responsabilidades administrativas y penales.

Nuevamente la misma trama: Dirigir la averiguación previa hacia los funcionarios del menor nivel y, por ende, exonerar a las instancias estatales y federales. En Puebla los responsables del asesinato del menor José Luis Tehuatlie son los policías estatales; en Tlatlaya, seis soldados rasos y un oficial de menor rango; y ahora, en Guerrero, lo son el exalcalde, su esposa, el director de seguridad pública, los policías municipales y Guerreros Unidos.

Se intenta hacer olvidar que las procuradurías federal y guerrerense supieron que el ahora exalcalde era presunto responsable del asesinato de Arturo Hernández Cardona y otras dos personas, pero ni así emprendieron investigaciones.

También se trata de ignorar que a partir de la desaparición de los normalistas se ha encontrado más de una veintena de fosas con un número no precisado de cadáveres cuya identidad se desconoce. Igualmente se soslaya que diversas organizaciones internacionales, sobre todo Amnistía Internacional, han denunciado la “caótica y hostil” integración de las investigaciones por parte de la PGR.

Contrario a lo que señala Murillo Karam, hay muchas otras líneas de investigación a seguir antes de atribuir toda la responsabilidad a las autoridades municipales; pero por supuesto eso implica que él mismo tendría que hacerse a un lado para dar plena libertad a los investigadores a fin de que integren una averiguación previa de calidad.

Aunque nunca se sabrá con precisión, es posible intuir que uno de “los ofrecimientos” hechos a Aguirre fue eximirlo de cualquier responsabilidad penal y dirigir todas ellas contra los funcionarios municipales.

También es factible suponer otro de los acuerdos: Dejar que el PRD (que cuenta con 20 de los 46 diputados locales y puede sumar cinco del Movimiento Ciudadano y uno del Partido del Trabajo, con lo cual llega a 26 y forma mayoría simple en el órgano legislativo) lleve mano en la designación del interino.

En este caso la concertacesión política (al margen e incluso contra lo establecido en la legislación) no tuvo como propósito calmar las protestas ciudadanas contra un fraude electoral –como sucedió durante el sexenio de Salinas de Gortari– sino para tratar de devolver la gobernabilidad a una entidad sumida en el caos y tratar de evitar que el descontento se extienda, ante la ola de manifestaciones que cunden en todo el país y suma a núcleos cada día más amplios de la población.

Sin embargo en esta ocasión no basta con la remoción del gobernante, pues subsiste el problema mayor: La desaparición de los 43 normalistas y la existencia de un número indeterminado de cadáveres cuya identidad es desconocida.

La salida de Aguirre Rivero del gobierno es una medida en la dirección correcta, pero no resuelve los problemas de fondo: La ausencia de una legislación que permita atender por la vía jurídica estas emergencias, la aparición con vida de los normalistas desaparecidos y la identificación y castigo a los responsables de los hechos de Iguala y de un número indeterminado de homicidios y diversos delitos.

Con el regreso del PRI a la Presidencia de la República también regresaron las licencias de los gobernadores incómodos al gobierno federal (Fausto Vallejo en Michoacán y Aguirre en Guerrero) y los pactos políticos secretos con las fuerzas de oposición y al margen de la ley. El tiempo dirá si en la nueva realidad nacional las neoconcertacesiones todavía son una respuesta aceptable para la sociedad mexicana.