A sus 74 años y con la salud física mermada, el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, cambiará los fríos muros del penal de máxima seguridad del Altiplano por el confinamiento en su hogar en Ensenada. Tras dos meses de reclusión, un juez federal le concedió la prisión preventiva domiciliaria, una decisión que, en un giro inusual, no fue objetada por la FGR..
La resolución del juez se fundamenta en la vulnerabilidad clínica del procesado —quien padece hipertensión, apnea del sueño y problemas de movilidad por una cirugía de cadera— y en sus 14 años de arraigo domiciliario, lo que descarta el riesgo de fuga.
Lo que implica legalmente:
El cambio de medida cautelar no significa un perdón ni el fin del juicio. El ex gobernador Ruffo sigue enfrentando cargos graves que ameritan prisión automática: delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos (huachicol fiscal), ligados a la importación ilegal de millones de litros de combustible y un daño al erario calculado en más de 166 millones de pesos.
En la práctica, su casa de la Avenida Ruiz se convierte en una extensión del penal. Quedará custodiado las 24 horas por la Guardia Nacional, sin pasaporte, bajo alerta migratoria y con la obligación de reportarse diariamente mediante videollamada.
Lo que implica en su día a día:
Paradójicamente, el exmandatario regresa a la comodidad de su hogar enfrentando una nueva incertidumbre para su supervivencia básica. Frente al juez, el político expuso una realidad desoladora: vive solo, está incomunicado porque la FGR retuvo su celular, y carece de medios para comprar comida, ya que todas sus cuentas están congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera.
El sistema judicial le ha concedido un espacio más humano para enfrentar a la justicia debido a su edad, pero lo mantiene financiera y legalmente inmovilizado mientras la maquinaria que lo acusa sigue girando.
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Anatomía de un tropiezo institucional
"¡Lo tiene que informar la Fiscalía!". Con esta frase cortante desde el atril presidencial, Claudia Sheinbaum intentó contener la marea de cuestionamientos. Lo que días antes se anunció en Irapuato como el gran golpe inaugural del sexenio contra el huachicol, terminó por estrellarse contra el muro del debido proceso, desnudando una vieja y dañina práctica: la urgencia burocrática por coleccionar trofeos mediáticos.
Frente a los micrófonos, esta vez desde Tabasco, la presidenta intentó desenredar la madeja de un operativo que se ha vuelto cada vez más incómodo. Con un tono diseñado para desmarcar a las altas esferas del gobierno federal, confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) tuvo que entrar al quite y atraer el caso, acorralada por el firme desmentido público de los dueños de la terminal.
"Ante el comunicado de los dueños, que aseguran tener todo en regla, la fiscal general atrae la investigación", relató la mandataria, reconociendo implícitamente que el episodio carece de un desenlace claro. Ahora, la misión de las oficinas centrales se reduce a auditar el trabajo local: revisar minuciosamente los expedientes para determinar si la empresa operaba dentro de la ley o si escondía actividades al margen de sus permisos.
En su reconstrucción de los hechos, Sheinbaum trazó una línea divisoria tajante para blindar al centro del país, asegurando que la cúpula de la FGR no tuvo participación en el origen del conflicto. El polémico decomiso, sostuvo, fue una orquestación exclusiva del hoy destituido delegado estatal, quien operó de la mano con la policía de Guanajuato.
Esta justificación, si bien persigue un claro deslinde de responsabilidades, deja flotando una duda ineludible: ¿cómo se planea, aprueba y ejecuta un aseguramiento de tales dimensiones sin que el aparato de inteligencia federal tenga la menor idea de lo que ocurre en sus propias delegaciones?
En efecto, el supuesto aseguramiento de 59 millones de litros de combustible en San José Iturbide perdió su épica y cobró su primera baja: la destitución de Juan Francisco Vera Ayala, delegado de la FGR en Guanajuato. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, oficializó la caída y admitió el incómodo desfase: la intervención, originada por una pipa detenida el 3 de julio, se ejecutó semanas antes del anuncio, mediatizándose apresuradamente sin verificar la documentación fiscal y aduanera de las empresas afectadas.
Las costuras del operativo cedieron ante las cámaras. Cuando la prensa lo cuestionó hace días la inexplicable ausencia de un solo detenido Harfuch, saliendo al quite por petición de la mandataria, solo pudo prometer arrestos futuros y sugerir la hipótesis de un inoportuno "pitazo".
Mmm.
Ahora, con la credibilidad comprometida, la narrativa oficial intentó desmarcar a las oficinas centrales, argumentando que fue una acción autónoma de la policía y la delegación estatal. Sin embargo, trazar fronteras burocráticas es inútil: una delegación de la FGR es la FGR. Punto. Suponer que un asalto de dimensiones corporativas se opera en el absoluto aislamiento de una oficina estatal revela una desconexión alarmante en los aparatos de inteligencia del gobierno federal.
El revés definitivo llegó del sector privado. Cuando la empresa SIMSA demostró la legalidad de sus operaciones exhibiendo sus permisos vigentes, los propios boletines de la dependencia que encabeza Ernestina Godoy evidenciaron el tropiezo. El primer comunicado (623/26) presumía un asalto majestuoso; el subsecuente (628/26) agachó la cabeza, abandonando el discurso de golpe histórico para balbucear legalmente sobre la "posible existencia de irregularidades".
La atracción de la carpeta por la FEMDO en la Ciudad de México resulta un manotazo desesperado para rescatar el prestigio institucional. Destituir a un mando medio no resuelve el problema cuando la credibilidad yace por los suelos. Gobernar mediante el espectáculo, ignorando la solidez investigativa, permite que el verdadero mercado negro siga operando impunemente. Las interrogantes presidenciales siguen sin respuesta; quizá deba intervenido la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional del Congreso exigir cuentas y explicarnos con rigor objetivo qué pasó realmente en Guanajuato.
Y cúando va informar la fiscal Ernestina Godoy?, Omar no es fiscal, es el secretario de segridad..
PD. Un apunte final desde Irapuato
Vale la pena rescatar un momento revelador de la conferencia matutina de la presidenta en Irapuato. Cuando la prensa le solicitó el saldo exacto de su gobierno en el combate al huachicol —volumen de combustible decomisado, número total de detenidos y, sobre todo, cuántos de ellos son funcionarios públicos—, las cifras brillaron por su ausencia.
"A ver si nos puede dar la Fiscalía General de la República ese dato. Hay muchas detenciones", fue la respuesta textual de Sheinbaum.
Lejos de ofrecer un corte de caja institucional, la mandataria optó por trasladar públicamente la presión a la FGR, revelando la exigencia que hizo a puerta cerrada para que el caso no se quedara en la superficie: "No solamente es el aseguramiento del lugar, sino saber quién tenía el negocio".
En un tono inusual, la presidenta exhibió su confrontación directa con la fiscal general para exigir respuestas: "Hablé yo con la fiscal y le dije: ‘¿qué tantas investigaciones tienen?, ¿de dónde venía ese combustible y a dónde se distribuía?’".
Por ahora, el único saldo oficial es una promesa burocrática. Según Sheinbaum, la titular de la Fiscalía le aseguró que "tienen investigaciones muy avanzadas y esperan muy pronto dar los resultados". Mientras tanto, el reloj corre y la contundencia de esos resultados sigue, literalmente, en el aire.
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Circula en la red un fragmento que, a simple vista, parece contar una historia de evasión. Es la escena del pasado martes en la mañanera, donde el periodista Jorge Chaparro lanzó una de esas preguntas que pesan y exigen respuestas en nuestra vida pública:
- "Presidenta, usted no construyó la Línea 12 del Metro, pero tuvo que enfrentar el problema del desplome. Usted no construyó el Tren Maya, pero ha tenido que enfrentar estos incidentes. Usted no construyó el Tren Interoceánico, y tuvo que enfrentar el descarrilamiento. Usted no construyó Dos Bocas, y ya han pasado por lo menos dos incendios ahí. La pregunta en concreto es: ¿por qué no se actúa contra los responsables de esas obras que sí tendrían que ser quienes respondan ante la sociedad mexicana?".
Lo que sigue en ese video que se ha vuelto viral es un silencio artificial. Segundos deliberadamente vacíos donde, supuestamente, la Presidenta calla, acorralada, antes de limitarse a responder un evasivo: "somos parte de un movimiento…(etc) ".
Pero aquí es donde la realidad exige poner un alto.
No se vale editar videos de manera perversa para manipular lo que consumimos. Hay que decirlo con total claridad: esta distorsión no fue obra del periodista que formuló la pregunta —quien solo hacía su trabajo—, sino una artimaña fabricada por alguien contrario a la Presidenta, alguien que prefirió mutilar los hechos en una sala de edición para sembrar el engaño.
La verdad, que ahí está documentada en la versión original para quien quiera verla, es muy distinta. No hubo titubeos ni vacíos. La respuesta de la Presidenta fue inmediata y frontal:
"No. Sí se actúa. En el caso de la Línea 12 hubo un acuerdo reparatorio, cada víctima o familiar de víctima recibió, de acuerdo con lo que estableció la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, del Gobierno de México y también de la empresa que construyó, a partir de una decisión de las propias víctimas de esta reparación del daño. Eso es lo primero...".
En tiempos donde las pantallas intentan dictar la realidad a la velocidad de un clic, jugar así con las imágenes es golpear por la espalda la confianza de la gente. La historia completa, sin recortes malintencionados, es la única que merece ser contada.
Para la historia inmediata!
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Juchitán de Zaragoza, en el Istmo de Tehuantepec, amaneció hoy no solo sin alcalde, sino en el umbral de quedarse sin ayuntamiento.
La reciente prisión preventiva impuesta a Miguel Sánchez Altamirano, alias "Quetu", no es un simple parte policiaco; es la crónica de una crisis institucional que golpea de lleno la vida diaria y la tranquilidad en esa región de Oaxaca.
Recluido bajo la estricta vigilancia del penal de máxima seguridad del Altiplano, el edil enfrenta graves acusaciones por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado.
La Fiscalía oaxaqueña ha trazado una línea directa entre el presidente municipal y una red criminal operada por "Los Cromos", brazo vinculado al Cártel de Jalisco Nueva Generación. Junto a su presunto cómplice, Carlos Alberto de la Paz, conocido como "La Parka", el alcalde aguarda la resolución del juez para su vinculación a proceso, dejando al municipio en un absoluto suspenso administrativo.
Pero, el verdadero drama se respira en el vacío de poder. Ante el arresto del alcalde y la ausencia absoluta de su suplente, Mariano Rosado López, el Gobernador morenista Salomón Jara ha optado por una maniobra drástica: solicitar al Congreso local la desaparición formal del Ayuntamiento para imponer a un encargado estatal.
El discurso oficial promete que los servicios públicos no se detendrán, que habrá presencia de fuerzas federales y que los juchitecos "no están solos".
Borrar de un plumazo un gobierno municipal asoma como la salida más fácil, y a los ojos de muchos, una respuesta patética ante el fracaso del Estado en materia de seguridad.
En lugar de investigar a fondo, desmantelar las redes de complicidad y rescatar la autonomía local, se opta por suprimir la figura democrática del ayuntamiento.
Si la infiltración del crimen organizado se pretende resolver disolviendo municipios, el precedente es profundamente alarmante.
Es la ruta cómoda que evade la autocrítica. La ironía flota hoy en el aire del Istmo: si ante la ingobernabilidad y la violencia la gran solución gubernamental es desaparecer un municipio entero, la pregunta cae por su propio peso... ¿Y si el día de mañana la crisis escala, resultará más fácil desaparecer al Estado de Oaxaca?
La vida pública requiere instituciones que den la cara y protejan a su gente, no figuras de papel que se borran por decreto cuando el sistema falla.
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Las columnas políticas hoy, viernes 25 de septiembre de 2026
Estrictamente Personal
La soberanía de los cárteles/ Raymundo Riva Palacio
El Financiero, septiembre 25, 2026 |
La defensa de la soberanía nacional y el rechazo al intervencionismo de Estados Unidos se han vuelto un cliché. No obstante, siguen dando réditos a la presidenta Claudia Sheinbaum, que mantiene una aprobación estable en los 60 altos, de acuerdo con la última encuesta de aprobación de El Financiero, aunque la forma en que maneja la seguridad y el combate al crimen organizado tiene las peores evaluaciones. La palabra de Sheinbaum, se puede decir, tiene blindada su imagen. Hasta cuándo, no lo sabe nadie, porque la protección está pegada con saliva.
El control que tiene sobre muchos medios le ayuda a mantener impoluta su imagen. Los voceros oficialistas incrustados en medios comerciales, disfrazados de periodistas independientes, ayudan a diseminar un mensaje de normalización y el recordatorio de que todo viene del pasado, sanitizando al régimen obradorista. No obstante, hay un deterioro, que se nota porque varias de las plumas al servicio de la ‘4T’ empezaron a tomar distancia de sus patrones en las últimas semanas. También le ha ayudado a Sheinbaum el debilitamiento de las expectativas de quienes quisieran que Estados Unidos actuara urgentemente contra los cárteles y los narcopolíticos, porque al no entender que los tiempos en Washington no son los de la Ciudad de México, contribuyen al fortalecimiento de la idea de que funciona su “cabeza fría”.
Un funcionario estadounidense explicaba las razones por las que su gobierno ha sido lento en aplicarle sus leyes a algunas figuras de Morena que han colaborado con el crimen organizado y con sus “enemigos foráneos”, como deslizó el presidente Donald Trump en su discurso de esta semana ante el pleno de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Una es para mantener apuntalada a Sheinbaum, a quien ven débil dentro del movimiento de la ‘4T’ y sin muchos márgenes de maniobra frente a las estructuras de poder real de Morena. “No queremos que caiga”, agregó, haciendo eco de algunos sectores radicales que quieren impulsar la revocación de mandato para un relevo. “La necesitamos por la cooperación de seguridad”.
Pero esto no significa que en Washington le hayan bajado el calor a la hornilla en la que se encuentra la presidenta. En solo los últimos 10 días, se dio la llamada telefónica que sostuvo con Trump el miércoles de la semana pasada, en la que, además de comercio, hablaron de los narcopolíticos, algo que no le gustó a la presidenta, que reaccionó con un discurso en Culiacán el fin de semana, con más víscera que razón, acusando a Estados Unidos de haber provocado la violencia en Sinaloa por la captura de Ismael El Mayo Zambada, sin darse cuenta de que, probablemente de manera involuntaria, estaba mostrando las bondades criminales de la pax narca.
El mensaje fue apuntalado el domingo pasado por Sara Carter, la zarina de las drogas de la Casa Blanca, en una entrevista con N+ Univisión, y fue retomado una vez más por Trump en su discurso en Naciones Unidas. El remate del último apretón fue el discurso del embajador Ron Johnson este miércoles, cuando aplaudió la defensa de la soberanía y su oposición al intervencionismo, pero planteó que también deben extenderse los mismos principios contra el crimen organizado.
El cliché presidencial, en este nuevo contexto, hace agua por la realidad en la que ha vivido el país en los últimos años.
Esta semana el INEGI dio a conocer la Encuesta Intercensal 2025, en la que reveló que un millón 600 mil personas tuvieron que cambiar de residencia entre 2020 y el año pasado, por la violencia y la inseguridad. Los resultados no le gustaron a la presidenta, que pidió que se revisara la encuesta y que se metieran a ver las preguntas, que fue una proyección freudiana de lo que practica su equipo estratégico, encabezado por Iván Silva, que con su pool de encuestadoras manipula las preguntas, el orden en el que se hacen, los reactivos y los puntos donde se levanten, para que la aprobación presidencial siempre salga alrededor del 70 por ciento.
Como la realidad no le gusta a la presidenta, quiere cambiar la realidad para que su relato no muestre los hoyos que cada vez se ven más. Pero el terreno se vuelve cada vez más empinado.
Al finalizar la semana, el INEGI dio a conocer los datos de la inflación, que mostraron el incontenible aumento de precios de la cebolla que, entre enero y septiembre de este año, pasó de un rango por kilo de 25 a 32 pesos, a otro de 41 a 70. Aunque el incremento en el precio puede deberse a diversos factores –como el clima–, la violencia es una variable insalvable: la cebolla se cultiva principalmente en Chihuahua, Guanajuato, Zacatecas, Baja California y Michoacán, que son parte del puñado de estados con mayor incidencia criminal.
El sector agrícola es uno donde el gobierno federal ha perdido soberanía ante el intervencionismo de los cárteles en los sectores productivos y los mercados. Los sectores productivos afectados más publicitados son el aguacatero y el limonero en Michoacán, mientras que la intervención en los mercados, alterando la distribución, comercialización y los precios de los productos, se ha dado en Chilpancingo y en San Cristóbal de las Casas. Hay otros sectores en donde el Estado, para efectos prácticos, ha claudicado, como el de la construcción, donde Valle de Bravo se ha convertido en uno de los puntos más distópicos del país.
A la presidenta le irrita que digan en Estados Unidos que México está controlado por los cárteles de las drogas, desde el martes equiparados con la organización terrorista del Estado Islámico. Su mejor respuesta, dicha con ironía, fue decir que es muy difícil vivir junto a un país que tiene un nivel tan alto de consumo de drogas ilícitas, y que tiene tanta producción de armas. Aunque las dos afirmaciones son ciertas, tienen una medida contrafactual: la epidemia de salud por el fentanilo que vive Estados Unidos desde 2019 se potenció por el tráfico ilegal desde México (más del 90% del total) que hacían Los Chapitos, tolerado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, y las armas entran por las aduanas mexicanas, donde tres de los últimos cuatro titulares, están investigados por colusión con los cárteles.
Es absolutamente correcto, política e históricamente, defender la soberanía y rechazar la intervención extranjera. Pero es totalmente incorrecto, moral, política e históricamente, ceder soberanía a los cárteles y tolerar que intervengan abiertamente en política, elecciones y economía. Esto, presidenta, no es un cliché.
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Le Couturier/ Manuel J. Jáuregui
REFORMA, 25 septiembre 2026;
No se miden, la verdad se la bañan pero en serio: dos cositas nada más ilustrativas de la extrema ineptitud y corrupción que tolera la cuatrotería, bajo las cuales pretende sumir a todo México.
Está clarísimo que la FGR de la subalterna de la Presidenta, Ernestina Godoy, metió la pata hasta las orejas en el "fabuloso" decomiso mayúsculo quesque de huachicol en Guanajuato "incautando" una planta hecha y derecha, gigantesca, que lleva años operando, de almacenamiento y distribución de combustibles. Tan la regaron, que después del vergonzoso gazapo DESPIDIERON al Delegado de la FGR en Guanajuato, quesque por haber dado un pitazo falso.
Consumada la ridícula pifia le preguntaron a la mandamasa sobre este tema (que -siendo honestos- merece el despido no del Delegado, sino de la Fiscal que persigue inocentes y perdona a culpables, pues fue ella la que cometió el error, sobre todo el error de NO SABER), respondiendo la Jefa de todas las Jefas que la FGR seguía "revisando los documentos". ¿Que qué?
Aun sabiendo que la requisa fabulosa fue FALSA, que la empresa es una empresa legítima, que no hay huachicol, rehúsan reconocer que la regaron: no pueden aceptar su ineptitud, su incapacidad, lo cual conduce a que ningún funcionario de este Gobierno rinda cuentas, pues desde lo más alto les tapan y o justifican todas sus pifias. ¿Cómo entonces mejorar la operación del Gobierno si los errores de los funcionarios no se castigan, es más, ni siquiera se reconocen?
Y mientras la mata sigue dando en abundancia, y que la delincuencia ASESINA impunemente al HIJO de un Alcalde, nos topamos con una muestra como para Ripley de la justicia cuatrotera, una que nos pretenden vender como muestra de la "gran eficiencia". Nos referimos a la detención del Alcalde MORENISTA de Juchitán, Miguel Sánchez Altamirano, conocido como extorsionador, delincuente, imputado por la opinión pública local como homicida y ratero.
Mas no para hacerle justicia a la población de Juchitán, Oaxaca, azotada por esta lacra, sino porque cometió el pecado Capital: ¡se metió con alguien cercano a la Jefa misma del movimiento! Nadie menos que la arquitecta del Segundo Piso.
En efecto, fue tan listo de pretender extorsionar y amedrentar nada más y nada menos que al "Couturier" de la Presidenta, Elvis Guerra, vistoso diseñador, poeta y artista zapoteco que le confecciona prendas de la "Alta Costura México-Indígena". Elvis primero le avisó a la Presidenta del ataque/extorsión que sufrió y luego denunció públicamente al Alcalde y obtuvo prontísima respuesta: a este tipejo lo metieron al tambo ipso facto.
Posterior a su detención, Elvis fue invitado a Palacio y se tomó la "Foto del Recuerdo" con Sheinbaum y el "Murciélago" que está volando alto, Omar "Batman" García Harfuch.
Una de las moralejas que nos deja este episodio es la siguiente: los morenarcos pueden hacer lo que les plazca, menos una cosa: meterse con los allegados a, o intereses de, los Jefes máximos del "movimiento". Pueden ser aliados del narco, huachicoleros; pueden extorsionar pueblos enteros, secuestrar, matar, o sea poseen "Carte Blanche" para todo, menos para afectar los intereses de sus superiores.
Lo demuestra y comprueba el hecho de que este delincuente Alcalde morenista de Juchitán llevaba buen tiempo delinquiendo y abusando de su CARGO público, cobrando piso, amenazando, mochando, ¡y nadie le hizo nada! Le aplicaron la justicia que merecía cuando -Y SOLO CUANDO- lastimó -o pretendió lastimar- a una persona del equipo de la Presidenta. Una persona que le confecciona las prendas que luce en los eventos públicos, que viene siendo, pues, la imagen de México, y que tanto le agrada a Mr. Trump. quien ha chuleado a nuestra Presidenta.
Y si lo hizo Trump fue gracias, precisamente, al arte de Elvis Guerra. Por cierto, el Gobernador de Oaxaca es también morenista, Salomón Jara, quien dejó al Alcalde de Juchitán barrer con el pueblo, ¿y ahora le encarga la Presidenta "CUIDAR A ELVIS"? Run, Forrest, Run!
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El “oso” de la FGR y la opacidad como estrategia empresarial/Raúl Rodríguez Cortés
EL UNIVERSAL
No se ha determinado aún si son de procedencia ilícita los 59 millones de litros asegurados en una planta de almacenamiento de la empresa Gas Natural del Noroeste, filial del grupo SIMSA, ubicada en la comunidad de La Fragua del municipio guanajuatense de San José Iturbide.
Grupo SIMSA, de los hermanos Salomón y Nessim Issa Tafich, dice no ser dueña de un combustible que solo almacena e insiste que todo es legal; la gobernadora panista de Guanajuato, Libia Denise García Muñoz Ledo, afirma que la empresa no ha demostrado documentalmente el origen del hidrocarburo; y la FGR no ha podido determinar su trazabilidad.
De ahí que, sobre todo a la Fiscalía, se le atribuya haber hecho un ridículo de antología (un “gran oso” para usar el término coloquial de los tiempos que corren) al informar de un golpe sin precedente -“histórico” se dijo- contra el huachicol.
El asunto ya hizo rodar la cabeza de Juan Francisco Vera Ayala, delegado en Guanajuato de la FGR. Y a ella ya la obligó a que reformule los términos de la imputación o la retire.
Sin embargo, es preciso ampliar el contexto del desempeño de la empresa involucrada. No es la primera vez que Grupo SIMSA debe salir a defenderse por presuntas irregularidades en sus actividades.
Si bien insiste que en este caso la operación de su planta de almacenamiento y la distribución de combustibles cuenta con los permisos y, por lo tanto, es completamente lícita, hay hechos que levantan dudas, como el de aparecer en la lista de entidades sancionadas entre las reguladas del sector hidrocarburos.
Esto se remonta al sexenio 2012-2018 de Enrique Peña Nieto en el que -al amparo de la apertura del sector a los privados como resultado de su hoy derogada reforma energética- se le otorgaron 31 permisos, convirtiéndose en una de las empresas favoritas del sector durante esos años.
La Comisión Nacional de Energía (CNE) emitió en 2025 el listado de regulados sancionados del sector hidrocarburos, donde a la filial de SIMSA Gas Natural del Noroeste, permiso G/20035/TRA/2017, se le aplica una sanción de 22.8 millones de pesos por incumplir con las disposiciones aplicables a la cantidad, calidad y medición de los petrolíferos, por modificar las características del sistema de transporte sin autorización previa y por no acreditar la propiedad o posesión de la infraestructura utilizada, temas íntimamente ligados con la trazabilidad de los combustibles.
Tal vez sea tiempo de aclarar qué tipo de acciones cometió en específico para ganarse una sanción de casi 23 millones de pesos en su infraestructura de Jalisco. Si no se trata de combustible ilegal, podría tratarse de la realización de obras ilegales o del uso de equipo no declarado.
Y esto nos remite a Quintana Roo, donde SIMSA y Gas Natural del Noroeste trabajaron y realizaron obras durante aproximadamente cuatro años sin mostrar la documentación ni los permisos de los distintos órdenes de gobierno y que incluso algunas de ellas les fueron clausuradas por afectaciones a la movilidad de gran parte de la Riviera Maya y por poner en riesgo la seguridad y la salud de las personas.
En materia ambiental, por citar un ejemplo, no hay una justificación clara sobre la no presentación de la Manifestación de Impacto Ambiental en su primera etapa de las obras desarrolladas en la región, acción que tuvo que haberse llevado ante la ASEA y de la cual no se hizo público el informe preventivo y solo se les eximió de dicha obligación.
Debe verificarse si el trazo tuvo consecuencias ecológicas y afectó los humedales y manglares de Nichupté, pues gran parte de las obras se encuentran cercanas a éste; o si hubo modificaciones a los trazos originalmente aprobados. Asimismo, se desconoce el motivo por el cual se terminaron anticipadamente los permisos de distribución y transporte que amparaban dichos trazos y si la totalidad de la infraestructura se regularizó con nuevos permisos.
Por otro lado, los permisos y estudios de riesgo locales nunca fueron dados a conocer, por lo que no se tiene certeza si iniciaron obras antes de contar con los mismos, o se realizaron sin ellos.
Lili Campos Miranda, alcaldesa panista entre 2021 y 2024 del entonces llamado municipio de Solidaridad, hoy Playa del Carmen, giró instrucciones para revocar las licencias de la empresa en la localidad, sin que se tenga conocimiento público de qué sucedió finalmente, pues las obras fueron concluidas.
Esta información que debería ser pública no ha sido dada a conocer y aunque se solicitó vía transparencia, se está en espera de ella. Sin embargo, mientras esto sucede y se documentan las inconsistencias en las justificaciones de SIMSA en sus distintitos proyectos, son palpables las afectaciones a la población y al medio ambiente, así como la presunción de estar ligados a actividades no regularizadas.
Instantánea:
1. TADDEI Y SU MENSAJE A “SOMOS”. La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, recordó ante el Consejo General que la confianza en el instituto electoral la otorga la ciudadanía. Se construye cada vez que una persona acude a un módulo y entrega sus datos personales, cuando acepta integrar una casilla y cuando participa en la organización y vigilancia de las elecciones. Esa confianza exige trabajo cotidiano y cuentas claras, no discursos complacientes. El mensaje, hasta donde puede apreciarse, tuvo destinatario político. El nuevo partido “Somos” puede cuestionar decisiones, pedir información y debatir en la herradura de la democracia, pues para eso tiene un lugar en el Consejo General. Pero una cosa es ejercer ese derecho y otra aprovechar cada intervención para insinuar que el Instituto ha perdido la confianza pública. Más aún cuando entre sus representantes hay quienes conocen desde dentro el trabajo de la autoridad electoral. Taddei sostuvo que el INE responderá las solicitudes y que, al concluir el proceso electoral 2026-2027, entregará cuentas de su actuación. Hasta entonces, quienes quieran disputar decisiones tendrán argumentos y cauces para hacerlo. Pretender que la confianza ciudadana desaparezca por una ofensiva discursiva confunde la promoción de un partido con la realidad de una institución que sigue trabajando en todo el país, sostuvo Taddei.
2. CAE OTRO NARCOMUNÍCIPE. El pasado miércoles 23 de septiembre fue detenido en un operativo estatal-federal de alto perfil, el presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, Manuel Sánchez Altamirano alias “Quetu”, por presunta extorsión, cobro de piso a comerciantes y empresarios, delitos contra la seguridad del Estado, narcomenudeo, homicidios, tráfico de personas y protección a grupos criminales, sobre todo a la célula “Los Cromos”, brazo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). No se trata, al parecer, de un caso aislado, sino de un patrón sistemático de impunidad entre los grupos políticos del Istmo de Tehuantepec. El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, declaró sobre esta captura que “en Oaxaca nadie estará por encima de la ley y aplaudió la coordinación operativa y de inteligencia entre el gobierno estatal y el gabinete de seguridad federal para impedir cualquier intento de impunidad.
3. BALAZO EN EL PIE. El Consejo Hotelero del Caribe Mexicano (CHCM) le puso números a la ocurrencia del Paquete Económico 2027 de subir el Derecho de No Residente (DNR) de 983 a mil 334 pesos, un aumento de 35.8 por ciento por visitante. Argumenta que no es un ajuste, sino un balazo en el pie, pues encarecer la llegada a México le resta competitividad directa frente a otros destinos caribeños como República Dominicana, Jamaica y las Bahamas, donde asegura coloquialmente que se pelea a navajazo limpio cada turista norteamericano. El costo lo pagarán miles de empleos en Quintana Roo. Lo más grave es la incongruencia que denuncia el Consejo: le cobran más al turista, pero no invierten un peso en traerlo. El sector exige que parte de esa recaudación se destine de forma permanente y transparente a la promoción turística, con reglas claras y participación privada. Porque cobrar más sin mejorar migración, sin resolver el sargazo -aunque ahora por fin le ponen presupuesto- y sin invertir en promoción, es solo ordeñar al sector que más divisas le da al país.
4. CONTINÚA LA AMENAZA DE “POLO”. Acapulco y otros destinos turísticos de Guerrero no salen de unas y ya están en otras. Toda su zona costera resiente los efectos severos del huracán Polo que hasta anoche continuaba con categoría 5, una trayectoria paralela al litoral y sin pronóstico de impacto directo en tierra, pero con lluvias torrenciales, inundaciones y deslaves. Las autoridades guerrerenses, con la gobernadora Evelyn Salgado al frente, coordinan los protocolos preventivos y atienden los reportes ciudadanos por la presencia de lluvias, además de mantener un monitoreo del fenómeno y sus efectos. Hasta ahora el saldo es blanco y, aunque lentamente, el ciclón tropical va alejándose paulatinamente de la entidad.
@RaulRodriguezC
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Sheinbaum: ¿micromanager? /Mario Maldonado
El Universal, | 25-09-26 |
En una reunión con empresarios, la presidenta Claudia Sheinbaum dejó claro su nivel de involucramiento en el gobierno. Sus interlocutores querían saber con quién resolver los trámites, permisos y problemas de agua y energía que frenaban sus proyectos. “Yo soy la jefa del Gabinete y me encargaré personalmente de que todo funcione”, respondió la mandataria. Los empresarios seguirían reuniéndose con ella y los secretarios y funcionarios recibirían las instrucciones.
Así funciona buena parte del gobierno federal. La Presidenta pide información, revisa avances, hace observaciones y toma decisiones. Ese método lo trasladó de la Jefatura de Gobierno capitalina a Palacio Nacional, con todo lo que eso significa. El seguimiento también tiene que ver con asuntos a cargo de colaboradores de toda su confianza.
Según información de su entorno, Sheinbaum se reúne con Paulina Silva, coordinadora general de Comunicación Social, para revisar uno por uno los presupuestos publicitarios de los medios. Analiza asignaciones, comportamiento de los periodistas y valora la estrategia de comunicación. Alfonso Brito opera después la relación con los medios. La decisión sobre los recursos se mantiene en el ámbito presidencial.
La Presidenta participa y toma decisiones en el gabinete de seguridad; también revisa con el canciller Roberto Velasco la política exterior. En su círculo reconocen que busca fortalecer los resultados diplomáticos. Con Marcelo Ebrard define la línea del T-MEC, el comercio y la política industrial. Los responsables presentan propuestas y ella toma la decisión final.
En Hacienda, Édgar Amador recibe las directrices de la política económica. La revisión del gasto llega directamente con Bertha Gómez Castro, subsecretaria de Egresos, y a Antonio Martínez Dagnino, jefe del SAT, tira línea con la recaudación de los grandes contribuyentes. Los impuestos y la miscelánea fiscal pasan por esa supervisión. La Presidenta busca conocer cómo se obtienen y utilizan los recursos públicos.
Los gobernadores conocen la dinámica. Sheinbaum los llama, pide cuentas sobre proyectos de agua, electricidad, carreteras e infraestructura y señala prioridades. El seguimiento puede destrabar obras y coordinar las agendas federal y estatales. También implica que ajustes relevantes vuelvan a consultarse en Palacio Nacional.
Con los programas sociales ocurre algo parecido. Revisa el ejercicio de los recursos, los apoyos y las pensiones, que son prioridades de su gobierno. En las reuniones de seguimiento, los funcionarios llevan avances y propuestas. La decisión final queda en sus manos.
Ese estilo de microgestión se sigue también en la operación partidista. La Presidenta recibe aspirantes y coordinadores, revisa perfiles y participa en definiciones rumbo a 2027, según versiones de su entorno. Los dirigentes hacen sus cálculos, pero procuran conocer su opinión. Lo mismo sucede con los coordinadores parlamentarios para impulsar las prioridades presidenciales.
Su secretario particular, Carlos Augusto Morales, el jefe de la Oficina de la Presidencia, Lázaro Cárdenas Batel, y sus asesores conocen —y padecen— esa dinámica. Pueden plantear diferencias o sugerencias, pero la Presidenta conserva la última decisión. La cercanía no siempre implica autonomía para resolver.
El micromanagement, o microgestión, consiste en controlar de manera tan minuciosa el trabajo de los colaboradores que se reduce su autonomía para decidir. En un gobierno, esa práctica puede convertir a los secretarios en funcionarios pendientes de autorización, retrasar soluciones y desalentar opiniones que contradigan a la superior. También diluye responsabilidades. Siempre queda la explicación de que falta el visto bueno presidencial. El gabinete puede terminar más preocupado por anticipar lo que quiere escuchar la jefa que por advertirle lo que está saliendo mal.
Para una jefa de Estado, acumular decisiones puede hacer perder la brújula sobre lo verdaderamente importante. Cada hora dedicada a una asignación publicitaria, un trámite o una disputa entre aspirantes compite con el tiempo necesario para preparar una negociación comercial, atender una crisis diplomática o anticipar cambios en la relación con Estados Unidos. Los detalles pueden absorber la atención mientras los problemas estratégicos avanzan. Una Presidenta que concentra demasiadas decisiones corre el riesgo de llegar tarde a aquellas que nadie más puede tomar por ella.
Posdata 1
El subsidio al diésel está complicando las cuentas del secretario de Hacienda, Édgar Amador. Moody’s advirtió que el déficit fiscal podría acercarse a 5% del PIB este año por la presión de los combustibles. Renzo Merino, vicepresidente de Riesgo Soberano de la calificadora, explicó que su previsión era de entre 4% y 4.5%. Sostener los apoyos dificulta reducir el déficit.
El apoyo de Hacienda pasó de 6 a 9.20 pesos por litro en tres semanas. La dependencia ya dejó de cobrar la totalidad del IEPS al diésel y tuvo que recurrir a estímulos adicionales para contener el precio al consumidor. Para las finanzas públicas, el costo comprende tanto la recaudación que se sacrifica como los apoyos que exceden ese impuesto.
A ello se suma una decisión que está fuera del control de Hacienda. Si Donald Trump concreta la amenaza de prohibir las exportaciones estadounidenses de diésel, México enfrentaría presiones adicionales. Roxana Muñoz, de Moody’s, advirtió que la producción nacional resulta insuficiente para abastecer la demanda. Tampoco Deer Park permitiría sortear esa prohibición. Aunque pertenece a Pemex, la refinería opera bajo regulación estadounidense y sus envíos a México quedarían sujetos a las restricciones.
Posdata 2
Por cierto que Guillermo Ortiz le respondió al secretario de Hacienda, Édgar Amador, después de que la dependencia cuestionara su gestión para defender los resultados económicos de la 4T. El exsecretario y exgobernador del Banco de México reconoció la reducción de la pobreza y el aumento del salario mínimo, pero insistió en discutir cómo sostener esos avances. “Preguntar por esa sostenibilidad no es negar sus beneficios”, escribió en Nexos.
Ortiz señaló que los programas sociales cuestan cerca de 3% del PIB y representan alrededor de una décima parte del gasto neto total. También cuestionó que el presupuesto de 2027 se apoye en deuda. Su argumento abre el debate a discutir con qué ingresos se financiarán esos compromisos en los próximos años.
Hacienda le había reprochado que durante su gestión la población en pobreza aumentó en 16 millones de personas. Ortiz respondió que enfrentó la crisis financiera de 1995 y defendió las medidas adoptadas para evitar una quiebra soberana, incluido el Fobaproa. Además, dejó una pregunta dirigida a Amador sobre qué habría hecho ante un incumplimiento inminente. El intercambio incluye ahora las decisiones de hace tres décadas y las cuentas actuales.
Posdata 3
El peso cerró este jueves en su nivel más débil frente al dólar desde el 6 de abril. Perdió 1.16%, terminó en 17.7148 unidades y acumuló tres jornadas consecutivas de retrocesos, según los datos de Banxico. En ventanillas, el dólar se vendía en 18.18 pesos en Banamex, 18.03 en BBVA y 18 en Banorte. Conviene distinguir ambas cotizaciones para dimensionar el movimiento.
La jornada coincidió con la decisión de Banxico de mantener su tasa en 6.50%. Gabriela Siller, directora de análisis económico de Banco Base, explicó que esa pausa, combinada con las expectativas de mayores tasas en otras economías, resta atractivo a las inversiones que aprovechan el diferencial de rendimientos entre monedas, conocidas como carry trade. Uno de los factores que había favorecido al peso está perdiendo fuerza.
También influyeron el encarecimiento del petróleo y la incertidumbre sobre las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, que elevaron la aversión al riesgo. A ello se sumó el dato de inflación mexicana de la primera quincena de septiembre, de 3.42% anual. La presión cambiaria coincide así con mayores precios de los energéticos y un menor atractivo relativo de las tasas mexicanas.
@MarioMal
Creciente censura
JAQUE MATE / Sergio Sarmiento
REFORMA, 25 septiembre 2026;
"Nunca ha habido más libertad de expresión que ahora". Claudia Sheinbaum, 30.07.2026
El régimen tiene vocación de censura. Lo vemos en los lineamientos a los medios electrónicos y en la reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, la Ley Meme, que busca sancionar con cárcel a quienes usen la imagen gráfica del gobierno para realizar parodias o memes. Está en la censura del INE a los políticos que hablan del narcopartido o el narcogobierno y en las sanciones por supuesta violencia política de género a periodistas y personas que critican a políticas. Está en la orden del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI) de retirar el libro Todo a la luz de Karla de la Cuesta, una investigación sobre Gloria Trevi.
"Estamos ante el estricto cumplimiento del manual del dictador", me dijo ayer en radio Carolina Viggiano, senadora por el PRI, sobre la Ley Meme aprobada en comisiones. "Lo curioso es que López Obrador fue el rey de la sátira y de la burla". Además, "hay otra iniciativa similar en la Cámara de Diputados, solo que se centra en los derechos de autor". El régimen aceptó matizar la Ley Meme, pero no lo suficiente; la redacción es "muy ambigua", y esto pone en riesgo a quien use el humor para criticar al gobierno.
En la censura de Todo a la luz, el IMPI ni siquiera se molestó en acudir a un juez: simplemente ordenó el retiro del libro. Dice la editorial Penguin Random House: "Desde que publicamos nuestro primer libro en México en 1959, nunca habíamos recibido una orden de censura tan contundente, amplia y agresiva contra las libertades informativas".
La presidenta Sheinbaum preguntó en su mañanera del 25 de junio de 2025: "¿Dónde hay censura en México? ¿Quién de los que escriben que hay censura se le ha censurado alguna vez?... Y se repite y se repite. ¿Quién se los dicta?". La misma frase, "¿Quién se los dicta?", refleja desprecio: nadie puede ser crítico del gobierno si no hay alguien que se lo dicte.
Sin embargo, el Instituto Electoral de Tamaulipas ordenó el retiro de un artículo de Héctor de Mauleón publicado en mayo de 2025 en El Universal por señalar la presunta colaboración de Tania Contreras, hoy presidenta del Tribunal Superior de Tamaulipas, en un esquema de huachicol fiscal. Karla Estrella, un ama de casa, fue condenada por violencia política de género por el Tribunal Electoral por haber sugerido que el diputado Sergio Gutiérrez Luna ayudó a su esposa Diana Karina Barreras, "Dato Protegido", a ser postulada como candidata a diputada. Pío López Obrador, en vez de ser castigado por recibir aportaciones ilegales de efectivo para Morena, está promoviendo una demanda multimillonaria contra Carlos Loret por haber divulgado un video de ese acto.
La censura del IMPI contra el libro sobre Gloria Trevi viola no solo el sexto constitucional sino el artículo 74 del Reglamento de la Ley Federal de Derechos de Autor, que establece que "no constituirá infracción en materia de comercio la utilización de la imagen de una persona sin la autorización correspondiente cuando se realice con fines informativos o periodísticos o en ejercicio del derecho a la libertad de expresión".
El gobierno lanzó una cacería contra María Amparo Casar como castigo por los estudios de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad de casos de corrupción. Cuando Guillermo Ortiz publicó un artículo titulado "¿Están los mexicanos mejor con Claudia Sheinbaum?", la Presidenta pidió investigar las pensiones de los exgobernadores del Banco de México: "Habría que ver si seguimos con esas pensiones o no... porque puede ser legal, pero no muy justo que digamos". La censura no solo es una realidad, sino que cada día se vuelve más severa. La Presidenta, sin embargo, prefiere negarla.
· ALCALDES
Hay que reconocérselo al gobierno: tanto Miguel Sánchez Altamirano, alcalde de Juchitán, como Diego Rivera Navarro, de Tequila, detenidos por extorsión, pertenecían a Morena. En estos casos la FGR no protegió a los morenistas.
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