Debate por Pemex

Agentes de trasnacionales, los que avalan la propuesta calderonista
Jenaro Villamil, reportero.

Publicado en la revista Proceso, 1652, 29 de junio de 2008;
Aun cuando el presidente Felipe Calderón se queja porque, dice, en los 13 foros organizados por el Senado para discutir la iniciativa de reforma petrolera no ha habido debate y predominan las controversias ideológicas y los políticos sobre los técnicos, lo cierto es que estos últimos han llevado la batuta y avalan la propuesta calderonista. Los opositores, a su vez, señalan que técnicos como Adrián Lajous y Francisco Barnés, entre otros, son personeros de trasnacionales como Dupont y Schlumberger.
Ni técnicos ni ajenos a posiciones ideológicas, la mayoría de los 46 defensores de las seis iniciativas de reforma a Pemex en los 13 foros efectuados en el Senado responden a los intereses de trasnacionales como Dupont, Halliburton, Schlumberger, Shell, Repsol o a consultorías como McKinsey.
Durante todo este mes, el presidente Felipe Calderón se quejó en tres ocasiones de que en los debates parlamentarios predominaron las controversias políticas o ideológicas, lo que impidió que hubiera polémica “en los planos técnicos y de los hechos”.
El martes 24, durante su gira por Escárcega, Campeche, insistió en que “son los técnicos y no los políticos los que decidirán qué se necesita y cómo se necesita en Pemex”. Veinte días antes, durante su gira por España, presumió ante representantes de corporativos como Repsol e Iberdrola que su reforma no ha sido desacreditada en sus “contenidos y orientaciones técnicas”.
Sin embargo, un balance de los 13 foros realizados hasta el jueves 26 revela que los defensores de la iniciativa calderonista no son técnicos sin intereses corporativos, sino representantes de poderosas trasnacionales que están interesadas en obtener contratos de exploración en aguas profundas o en los pozos de Chicontepec.
De los 46 defensores, sólo nueve no están vinculados a consultoras o corporaciones trasnacionales, pero cinco sí son funcionarios de Pemex, dos trabajan en la Comisión Reguladora de Energía y otros tantos en la Secretaría de Hacienda, incluyendo al subsecretario Alejandro Werner, quien participó en el duodécimo foro, y el propio titular de Hacienda, Agustín Carstens, quien intervendrá en el debate de este martes 1 de julio, en el que discutirá sobre la Situación Financiera y Presupuestal de Petróleos Mexicanos.
La denuncia contra Lajous
En el quinto y séptimo foros, donde se discutió sobre Transición y Seguridad Energética y Exploración, y Explotación y Restitución de Reservas Petroleras, respectivamente, la mayoría de los defensores de los “aspectos técnicos” de la reforma calderonista fueron personajes vinculados a trasnacionales petroleras o a consultorías que trabajan para éstas.
Uno de los más destacados es Adrián Lajous, director de Pemex de 1994 a 1999, quien en el séptimo foro abogó en favor de que la iniciativa privada participe en los trabajos de exploración y explotación de reservas petroleras. Según su currículum, Lajous es miembro del equipo de directores del corporativo Schlumberger, así como “asesor senior” de la consultora McKinsey, empresa que de 2001 a la fecha ha recibido 15 contratos de asesoría en Pemex, según informes de la Cámara de Diputados, y presidente de Petrométrica, compañía consultora de energía.
En el quinto foro, sobre Transición y Seguridad Energéticas, el 27 de mayo el exrector de la UNAM Francisco Barnés de Castro dijo que es necesario “abrir el negocio de la refinación a la competencia y permitir la participación de capital privado”. Exfuncionario de la Secretaría de Energía e integrante de la Comisión Reguladora de Energía, Barnés también fue asesor de Dupont, poderosa trasnacional dedicada a la manufactura de productos químicos y derivados de la petroquímica.
Tan sólo el 19 de diciembre de 2005, Dupont recibió contratos por 2 mil 635 millones de pesos de Pemex Refinación, de acuerdo con los informes difundidos a través de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Otros fueron Gerardo Gil Valdivia, exdirector de Mexpetrol y vinculado a empresas petroleras que adquirió Repsol en Argentina; Gustavo Bonilla Pérez, expresidente de la Asociación de Ingenieros Petroleros y asesor y consultor de Schlumberger y Shell; Adán Ernesto Oviedo Pérez, creador de la Compañía Mexicana de Exploraciones (Comesa), actualmente vinculada a Schlumberger en las exploraciones de Chicontepec, y Ernesto Marcos Giacoman, consultor independiente y miembro del Consejo de Administración de la española Repsol, quien participó en el duodécimo foro que discutió el destino de la renta petrolera.
Así mismo otros defensores de las iniciativas calderonistas trabajan para consultorías, bancos o cámaras empresariales interesadas en la apertura a la inversión privada. Son los casos de José Luis Aburto Ávila, director de Petrelec y “consultor de varias empresas de energía”, según su currículum; de Eduardo Andrade Iturribarría, expresidente de la Asociación Mexicana de Energía y vinculado al Grupo Techint, cuya subsidiaria Tecpetrol tiene proyectos de exploración y producción de petróleo y gas en varios países de América Latina; de Othón Canales Treviño, integrante de Consultores Indica, que ha trabajado para Dupont; del empresario Jorge Padilla Acevedo, dirigente de la Cámara Nacional de Autotransportes de Carga (Canacar); del fiscalista José Suárez Coppel, vicepresidente de Administración y Finanzas del Grupo Modelo y director de Finanzas de Televisa, quien defendió un régimen fiscal favorable a aquellas empresas que participen en exploraciones de riesgo en Chicontepec o en aguas profundas; de Juan Antonio Bargés Mestre, exconsejero de Pemex, Nacional Financiera y Bancomext, quien además ha trabajado para Kimberly-Clark, Grupo Alfa, Banamex y Dupont.
Durante el séptimo foro, realizado el martes 3, el ingeniero petrolero Ricardo Prian Caletti, presidente de la Asociación de Ingenieros Petroleros en México, y María Fernanda Campa, ingeniera jubilada de Pemex e hija del legendario dirigente ferrocarrilero Valentín Campa, coincidieron en denunciar a Adrián Lajous, presente en el debate, por sus vínculos con Schlumberger y Halliburton, así como por beneficiar a la compañía Netherland Sewell Internacional, a la que se le encargó la inyección de nitrógeno en lugar de gas natural en los yacimientos de Cantarell.
“Pemex ha perdido casi 614 millones de dólares en cuatro años por recurrir a trasnacionales que no tienen o no desean compartir su tecnología para hacer rentable la explotación de las reservas posibles contenidas en los campos de Chicontepec que ascienden, según los datos oficiales de Pemex, a más de 18 mil millones de barriles”, afirmó Prian Caletti.
El también fundador del Grupo de Ingenieros Pemex Constitución del 27 insistió en que “Chicontepec es un claro ejemplo de socialización de las pérdidas y privatización de las ganancias”; incluso le reprochó a Lajous que durante su época como director de la paraestatal desoyó las protestas de este grupo. “El señor Lajous nos dijo que lo que pasa es que nosotros somos una bola de viejitos enamorados de sus fierros”, recordó Prian Caletti.
María Fernanda Campa habló sobre los vínculos de Francisco Barnés y de Adrián Lajous con empresas trasnacionales: “Adrián Lajous es funcionario y accionista de Schlumberger y Barnés es asesor de la bien conocida trasnacional Dupont. A través de Comesa, que es una empresa exploratoria filial de Pemex con 60% de capital de Pemex y 40% del consorcio Schlumberger, se otorgan contratos a esta última sin la licitación pública de ley, como la perforación de los pozos en Chicontepec, sin éxito y con grandes pérdidas para la paraestatal”, señaló Campa. Los asistentes al foro permanecieron en silencio.
Lajous trató de evadir las acusaciones y se concentró en defender la existencia de los llamados “contratos incentivados” para inversionistas privados porque “alienta la eficacia de la actividad, su eficiencia o el éxito de la obra o servicio contratado”.
Fue hasta la tercera y última ronda cuando quien fue director de Pemex durante el sexenio de Ernesto Zedillo señaló que “difería” de las opiniones de Campa y Prian Caletti, pero no desmintió sus vínculos con las trasnacionales.
“No responderé desde luego a sus comentarios que sólo buscan descalificarme en lo personal; creo que no es el sitio para descender a este tipo de acusaciones”, concluyó Lajous.
La defensa de la apertura a particulares en petroquímica, refinación, en materia de transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos se repitió en los foros del 10, 12 y 17 de junio por parte de los “técnicos” propuestos por el PAN y el gobierno federal.
En el debate del martes 24, sobre el destino de la renta petrolera, Ernesto Marcos Giacoman, funcionario de Pemex durante el salinismo y “consultor independiente”; Alejandro Reynosa del Valle, economista del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), y Alejandro Hernández Delgado expusieron que se debe permitir la inversión privada en los sectores de petroquímica y refinación “que no generan renta petrolera”.
En el foro del jueves 26, sobre el régimen fiscal de Petróleos Mexicanos, cuatro de los ocho participantes demandaron mayores “facilidades fiscales” para las empresas privadas que inviertan en labores de exploración y producción de hidrocarburos: Herbert Bettinger Barrios, socio del despacho Mancera; Roberto Newell, exconsultor de McKinsey y actual presidente del Instituto Mexicano de la Competitividad; Juan José Suárez Coppel, vicepresidente del Grupo Modelo, y José Antonio Meade Kurbeño.
“Yo no puedo dejar de señalar las similitudes entre este esquema propuesto para Chicontepec y las Aguas Profundas con los famosos convenios operativos que propiciaron litigios entre el gobierno venezolano y las trasnacionales”, les respondió Fluvio Alarcón, del Observatorio Ciudadano de Energía, una organización civil que desde la década pasada se opone a la privatización del sector.
En el mismo sentido, Mario Di Costanzo destacó que la reforma fiscal propuesta por Calderón como parte del paquete energético, “es para los inversionistas privados”, no para Pemex.
Priistas y opositores
Durante los 13 foros realizados hasta ahora, 36 de los ponentes, quienes fueron invitados por integrantes del Frente Amplio Progresista (FAP), se opusieron abiertamente a la reforma de Calderón. Entre ellos destacan Cuauhtémoc Cárdenas, José Agustín Ortiz Pinchetti, Lorenzo Meyer, Claudia Sheinbaum, Javier Jiménez Espriú, Porfirio Muñoz Ledo, Jaime Cárdenas, Juventino Castro y Castro, Arnaldo Córdova, Raúl Carrancá, Sergio García Ramírez y Luis Javier Garrido.
Todos ellos participaron en los primeros cuatro foros sobre los principios y el análisis innstitucional de la reforma energética.
En el sexto foro, en el que participaron los gobernadores, el jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, propuso el 29 de mayo que se realizara una consulta ciudadana, programada para el próximo 27 de julio, y borró la propuesta de la “tercera vía” presentada por el gobernador priista Fidel Herrera, mediante la cual se proponía que los estados crearan empresas que pudieran asociarse con Pemex.
De 3 al 26 de junio, los opositores propuestos por el FAP se han enfrentado a quienes el gobierno federal y el PAN consideran “técnicos desideologizados”. La confrontación con datos, números y políticas fue más clara en el debate del martes 24 sobre el destino de la renta petrolera. La profesora Ifigenia Martínez y los economistas Rolando Cordera y Arturo Huerta se confrontaron con la visión de los otros participantes, incluyendo el subsecretario de Hacienda, Alejandro Werner.
Los ponentes explícitamente vinculados al PRI se han desdibujado, salvo en los casos de su dirigente nacional, Beatriz Paredes, quien participó en el primer debate del 13 de mayo; de Francisco Rojas, exdirector de Pemex, opositor a la reforma y presidente de la Fundación Colosio, quien participó el 27 de mayo.
Fuentes internas del PRI se quejaron ante Proceso por el hecho de que los responsables de definir a los integrantes del debate son los tres miembros de la Mesa Directiva de la Comisión de Energía: Francisco Labastida, el panista Rubén Camarillo y el perredista Graco Ramírez. Al PRD le garantizan “tres opositores”, pero Labastida y Camarillo benefician la posición gubernamental.
En su balance de los 13 foros realizados hasta ahora, el coordinador de la bancada del PRI en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, afirmó que como resultado de un “análisis detallado” de lo expuesto hasta ahora, los aspectos clave para mejorar la gestión de Pemex son, entre otros, los siguientes:
“Garantizar a Pemex recursos propios suficientes para reinvertir en la propia industria; utilizar parte de los excedentes para reconfigurar y construir nuevas refinerías; asignar mayores recursos al Instituto Mexicano del Petróleo; establecer programas de simplificación administrativa, y resolver el problema de la excesiva deuda de Pemex”.
Beltrones no mencionó ninguna de las líneas fundamentales de la “reforma de Pemex” calderonista: apertura a capital privado en refinerías, petroquímico, transporte, almacenamiento y ductos; ni los contratos incentivados para aguas profundas.

De la denuncia, a la amistad
Carlos Acosta Córdova, reportero.
Publicado en la revista Proceso, No 1652, 29 de junio de 2008,

El gobierno de Felipe Calderón y el sindicato que encabeza Carlos Romero Deschamps afianzan el pacto que establecieron desde marzo pasado, por medio del cual el gobierno mantiene intocados los privilegios de esa organización, en tanto que ésta apoya la reforma petrolera calderonista.
Pero este apapacho al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) era impensable hace unos años, cuando Felipe Calderón era coordinador del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados y promovía con denuedo el desafuero de Romero Deschamps y Ricardo Aldana para juzgarlos por el desvío de recursos a la campaña presidencial del PRI en el 2000.
Su argumento entonces era: con el Pemexgate, la dirigencia de los petroleros coronaba décadas de corrupción, privilegios, delincuencia, y ahora –corría el año 2002–, con el apoyo del PRI pretenden tener al Congreso, al gobierno, como rehenes de la impunidad, pues amenazan con paralizar al país no sólo para impedir las reformas estructurales que plantea el gobierno, sino para evitar el castigo a sus ilícitos.

Eso decía Calderón al inicio del gobierno de Vicente Fox.
Pero ahora, cuando clama por apoyo a su reforma energética, resulta que su gobierno es el principal defensor del sindicato petrolero. Y le tocó nada menos que a Jesús Reyes Heroles González-Garza, el director general de Pemex, ser el conducto para poner al sindicato y a los trabajadores de la paraestatal como ejemplo de responsabilidad, respetabilidad, eficiencia y entrega.
El miércoles 4 de junio, la secretaria de Energía, Georgina Kessel, convocó a conferencia de prensa conjunta con Reyes Heroles –uno de tantos esfuerzos infructuosos de convencimiento– para hablar de la reforma y replicar a algunas de las críticas planteadas en los foros senatoriales. Un reportero se dirigió a Kessel para preguntarle si el gobierno aceptaría una iniciativa de reforma energética que elimine los privilegios del sindicato y sus líderes, disminuya la excesiva y onerosa plantilla laboral –que suma más de 140 mil trabajadores, entre sindicalizados y de confianza–, y evite que el sindicato, como lo dijo en el foro del día anterior Adrián Lajous, exdirector de Pemex, se lleve parte de la renta petrolera.
La secretaria se aprestaba a contestar, pero Reyes Heroles se le adelantó rápido, nervioso: “Ya sé que no es para mí la pregunta, pero si me dan chance doy mi opinión”. Y, sin esperar el “chance”, apuró: Antes que criticarlos o señalar los privilegios que tienen los trabajadores petroleros, hay que “hacerles un reconocimiento por su gran calidad”, pues “producen del orden de 3 millones de barriles de petróleo todos los días, que producen 6 mil 500 millones de pies cúbicos diarios de gas, que producen 1 millón 300 mil barriles diarios de productos refinados y los distribuyen, y que producen gas y petroquímicos básicos”.
También dijo que son erróneas las comparaciones “fáciles” sobre el desempeño de los trabajadores de Pemex frente al que registran los de otras empresas petroleras internacionales en términos de productividad y eficiencia. Que tampoco es correcto decir que los trabajadores petroleros tienen remuneraciones mucho mejores a las que perciben trabajadores de otras ramas industriales. Casi grita: “No es inédito ni exclusivo de México (que ganen mucho los petroleros), porque trabajan en una industria de riesgo, porque trabajan en condiciones rudas”.

Criticó también al exdirector de Pemex, Adrián Lajous, quien el día anterior –en el marco del séptimo foro senatorial sobre el debate de la reforma energética– había dicho que por los altos sueldos y el exceso de personal, el sindicato se lleva parte de la renta petrolera.
Lajous, director de Pemex de diciembre de 1994 a 1998, fue al grano: “El sindicato petrolero ha logrado apropiarse, directamente, de una parte de la renta económica del petróleo a través de remuneraciones y prestaciones generosas y altos niveles de sobreempleo; también ha contribuido a disipar la renta económica al exigir e imponer prácticas laborales que afectan la eficiencia operativa de la empresa.”

Pero Reyes Heroles, tras año y medio en el cargo, cree lo contrario. Dijo que la nómina de Pemex “está en línea con la de otras petroleras”, y exigió “hacer una serie de ajustes antes de brincar a conclusiones sobre la idea de que el trabajador petrolero mexicano está sobrepagado”.
“Pesada carga” o capital político
A juzgar por esas palabras, Reyes Heroles descreyó también de su antecesor en la dirección general de Pemex, Luis Ramírez Corzo. A finales de 2005, éste reconoció que la plantilla de la paraestatal estaba excedida en por lo menos 30 mil trabajadores; que de igual número de plazas podría prescindirse. Sólo el sindicato cuenta con 101 mil trabajadores.
Igual la nómina, tan alta como irracional –gracias a los ventajosos contratos colectivos y a los acuerdos, muchas veces subrepticios, entre empresa y líderes–: datos de Pemex, de marzo de este año, señalan que se destinan 61 mil 911 millones de pesos (de un total de 81 mil 140 millones de gasto corriente; es decir, 76%) para el pago de salarios y prestaciones a cerca de 145 mil trabajadores y empleados (sindicalizados y de confianza).
El gobierno de Vicente Fox fue particularmente generoso con el sindicato. No sólo se le dio carpetazo a la investigación del millonario desvío de recursos a la campaña de Francisco Labastida en 2000, el célebre Pemexgate, sino que las revisiones contractuales y los convenios respectivos le redituaron al sindicato millonadas de escándalo, como la de 2005-2007, por casi 8 mil millones de pesos.
En el gobierno actual no han sido distintas las cosas. La revisión 2007-2009 y los convenios correspondientes sumaron casi 3 mil millones. Reyes Heroles autorizó, además de mil 700 millones, otros 200 millones para mantener campos deportivos del sindicato; 459 millones para ayudas reclamadas de 2001 a 2004; 114 millones 814 mil pesos para cubrir la cláusula 251 bis de 2005; 49 millones para construir un deportivo en Ciudad del Carmen; mil 65 millones 518 mil pesos del programa de préstamos al STPRM y 800 millones para préstamos de vivienda.

La propia administración de Calderón ha dado cuenta de la pesada carga que son los trabajadores en las finanzas de la paraestatal: los activos totales de Pemex, al cierre de 2007, eran de 1 billón 247 mil 200 millones de pesos; sus pasivos totales (la deuda total, pues), de 1 billón 134 mil 500 millones de pesos, y de éstos, 528 mil millones de pesos, casi la mitad, eran pasivos laborales, es decir, dinero que se le debe a los trabajadores.
Reconocimiento a la dirigencia
El día de la conferencia con Kessel, Reyes Heroles no sólo obvió la capacidad desestabilizadora del STPRM, sino que hizo a un lado los datos oficiales que dan cuenta del lastre que ha sido para la industria y para las finanzas públicas. Peor aún, habló en los mismos términos y el mismo tono en que lo hace Romero Deschamps para defenderse a sí mismo y a sus dirigidos.
“Somos quienes pasan 14 días en confinamiento y atención permanente a bordo de las plataformas marinas; somos los que pasan hoy cuatro meses, y antes más, a bordo de los buquetanques petroleros. Somos los que viven condiciones extremas en un remoto campamento en el desierto como escenario de las recortadas brigadas de exploración. Somos, a fin de cuentas, los que trabajan de manera cotidiana en las plantas de proceso y demás instalaciones con altísimas temperaturas y presiones.
“Somos a los que se nos señala como trabajadores de excepción porque tenemos un servicio médico exclusivo, cierto. Pero somos quienes hemos ayudado a construir unidades médicas y hospitales a lo largo y a lo ancho del país, lo mismo que escuelas, carreteras, puentes y caminos”, manifestó el dirigente el pasado 18 de marzo, en Tabasco, durante la conmemoración del 70 aniversario de la expropiación petrolera, ante el presidente Calderón, Reyes Heroles y Kessel.
Semanas después, el periódico Reforma daba cuenta de algunas de las propiedades y gustos personales de Romero Deschamps: un departamento de lujo y un yate en Cancún; viajes frecuentes a Las Vegas –el último, el 1 de mayo, Día del Trabajo– y relojes Rolex comprados con las cuotas sindicales.
El cobijo que dio el director de Pemex al sindicato y sus líderes corona una serie de hechos que dan cuenta del pacto que acordaron desde principios de año el gobierno y Romero Deschamps.
Los últimos días de febrero y los primeros de marzo –es decir, semanas antes de que la Secretaría de Energía diera a conocer el diagnóstico sobre Pemex, con el que justificaba la necesidad de la reforma–, Romero tuvo días febriles, de encuentros prolongados con los principales funcionarios del gabinete: compartió el pan y la sal con el secretario del Trabajo, Javier Lozano; con el titular de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y con el subsecretario de Asuntos Jurídicos de Gobernación, Daniel Cabeza de Vaca, entre otros.
Para el 18 de marzo quedó claro que entre gobierno y sindicato habría un trato terso, de no agresión, de apoyo mutuo.
“Señor presidente: los trabajadores petroleros (le) expresamos nuestro más amplio aprecio y reconocimiento, por su permanente interés en la industria petrolera… Donde haya un trabajador petrolero, encontrará, señor presidente, la mano franca y amiga dispuesta a respaldarlo”, le dijo Romero a Calderón, durante la ceremonia de la expropiación petrolera.
Y hasta le echó la mano contra Andrés Manuel López Obrador, que días antes había anunciado todo el relajo que luego hizo: “A 70 años de actividad laboral, los trabajadores petroleros no necesitamos, por supuesto, ni redentores de ocasión ni nostálgicos del poder y de los reflectores”.
“Gracias por sus palabras”, respondió Calderón, quien expresó su “más sincero reconocimiento a los obreros, a los técnicos, a los ingenieros, mujeres y hombres aquí presentes, y a todos, a todas y todos los que laboran a lo largo y a lo ancho del país, porque se han esforzado para elevar la competitividad y la rentabilidad de esta empresa orgullosamente mexicana”.

Nuestra SCJN

¿Qué Corte?/Luis Rubio

Publicado en Reforma, 29/06/2008;

¿Qué clase de democracia queremos los mexicanos? ¿Qué clase de Suprema Corte amerita esa democracia? Uno puede tener muchas respuestas a estos planteamientos, pero esta semana la Suprema Corte de Justicia optó por desperdiciar al menos una primera oportunidad por establecer definiciones centrales sobre el tipo de democracia que será la mexicana. A través de un amparo, se le solicitó a la Corte que definiera si existen derechos inviolables o si basta un cambio de vientos políticos para que todo el andamiaje constitucional y la certidumbre que de éste se deriva se vengan abajo. Son temas de esencia.

La reforma electoral aprobada el año pasado modificó varios de los elementos fundacionales de la democracia mexicana. En contraste con otras naciones que construyeron transiciones integrales hacia la democracia, en nuestro país el proceso fue acotado y desarrollado a regañadientes. Fue acotado porque la lógica que dominó no fue la de la construcción de una nueva forma de gobernarnos, sino la del apaciguamiento de las oposiciones. Es decir, se negoció con un espíritu de otorgamiento de concesiones y no con el ánimo de la construcción de un nuevo estadio político.Los acuerdos de la década pasada en materia electoral fueron el producto plausible de esas negociaciones. Se construyó un andamiaje institucional para responder al principal reclamo de las oposiciones de entonces: que los procesos electorales eran vergonzosos y no confiables. De ahí que se construyera un conjunto de instituciones en torno a lo que acabó siendo el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral como la esencia de una nueva era en materia electoral. Aquellas reformas le confirieron autonomía a los órganos electorales, certidumbre a los partidos políticos y credibilidad a la población en general. Como resultado de esto, México no entró a la democracia en pleno, pero los mexicanos por fin pudimos estar orgullosos de nuestro sistema electoral y de los resultados que de ahí comenzaron a fluir.

El entorno ha comenzado a cambiar. Como resultado de las reformas del año pasado, atrás quedó la inamovilidad del Consejo del IFE, órgano que pasó a depender, para todo fin práctico, de las veleidades de los partidos políticos. Más grave, como parte de aquellas reformas se modificó uno de los preceptos básicos de nuestro régimen constitucional: la libertad de expresión.

Como decía antes, la democracia mexicana nació coja porque no se modificó el régimen político en su conjunto, sino que sólo se transformó un componente del sistema, el electoral. De esta manera persisten no sólo las estructuras e instituciones del "viejo" régimen, sino sobre todo los criterios que lo caracterizaron: ya no tenemos una presidencia exacerbada, pero los ciudadanos seguimos siendo una parte marginal de la vida política. Ahora mandan actores partidistas, pero su comportamiento es similar al de la presidencia de antaño.

Por eso la pregunta inicial: ¿qué clase de democracia queremos? ¿Queremos una democracia representativa en la que los ciudadanos podamos ver a nuestros diputados y senadores como voces y representantes de nuestros intereses o una democracia "dirigida" al servicio de los partidos políticos? ¿Queremos una democracia en la que se respeten las reglas del juego o una en la que éstas son modificables según cambien los criterios del legislativo?

Estos temas no son abstractos: al modificarse el régimen de libertad de expresión (baste ver sus absurdos resultados en la forma de censurar los spots por parte del IFE), la reforma electoral trastocó quizá el derecho más fundamental de la libertad humana, el de expresarse. ¿Seguirán ahora modificaciones a las garantías en materia de esclavitud, el voto de la mujer o la libertad religiosa? Quizá suene absurdo, pero el hecho es que hemos entrado en territorio desconocido: es evidente que ninguna libertad es absoluta, pero las restricciones que ya se introdujeron al régimen constitucional son por demás peligrosas y anuncian un camino resbaladizo.

Lo que está de por medio en los amparos que tiene la Suprema Corte frente a sí es fundamental y mucho más grande de lo que los integrantes de la propia Corte parecen haber reconocido. A mi juicio, hay tres elementos medulares que la Corte tiene que contemplar en su propio proceso de decisión. Primero, la gran pregunta es cuál es la función de un Tribunal Constitucional en un régimen democrático. En contraste con las cortes equivalentes de Argentina, España y Estados Unidos, instituciones que se han destacado por asumir funciones transformadoras en materia de derechos ciudadanos y humanos en general en sus respectivas sociedades, nuestra SCJ ha sido más bien complaciente y cada vez más propensa a satisfacer clientelas diversas a través de los medios. La Corte tiene que decidir si se convertirá en el factor que rompe desempates entre los otros poderes y contribuye a construir un régimen democrático integral o sigue siendo un mero tribunal más.

Una segunda definición fundamental es sobre los derechos o garantías fundamentales de los mexicanos. ¿Existen garantías sacrosantas o todas son modificables? Así como se erosionó la garantía de la libertad de expresión, ¿sería posible revertir el voto de la mujer o restituir la institución de la esclavitud? La Corte tiene en su fuero definir si se trata de reglas esenciales, inamovibles, de la interacción social y política en nuestra sociedad.

Finalmente, el tercer elemento que tiene la Corte frente a sí, el que es materia específica del amparo del que yo soy parte, es el de la libertad de expresión. Nuestra denuncia a la no resolución de este amparo no responde a un capricho; obedece a la afectación de libertades para todos los ciudadanos que requieren que instituciones como la SCJ los protejan de la impunidad generalizada. La forma de censurar del IFE ha hecho evidente que existen enormes riesgos a la libertad de expresión y que esos riesgos son iguales para todos los actores políticos y sociales. La Corte tiene que definir si se trata de un derecho fundamental o no; y si decide legitimar la censura política.

Nuestra SCJ se ha dedicado a resolver problemas administrativos. Su indecisión respecto a sus funciones daña no sólo a la democracia sino a su propia estatura en el desarrollo de país. La pregunta es si va a trascender como la gran constructora de nuestro futuro institucional. Hoy tiene la oportunidad de redefinir su naturaleza y asumirse como la institución transformadora del futuro del país. La pregunta de fondo es si se asumirá a sí misma como el Tribunal Constitucional que México necesita o seguirá a la espera del aplauso partidista.

Página de internet: www.cidac.org

Otra misiva del EPR a Jorge Fernández M.

De la Comisión de Prensa y Propaganda del EPR

República Mexicana, 22 de junio de 2008
Sr. Jorge Fernández Menéndez.
Presente.
¡Ya tiene quien le conteste!
Cuando le escribimos, su respuesta era uno de los escenarios y no nos equivocamos, aunque deseábamos que tomara con calma las cosas y se reflexionara como lo hemos hecho cuando usted ha escrito sobre nosotros.
No nos sorprende que de manera malintencionada se omita responder a preguntas concretas, escogiendo a modo las que se ajustan a una concepción criminalizadora, hacer periodismo con posicionamiento político y una tendencia policíaca. ¿A esto se referirá, cuando dice "que son imposibles de responder"?, de algo estamos seguros, compromiso con el periodismo no es, pero ¿Entonces con quién?
Qué contradictorio, hace periodismo enjuiciando la actividad política de la misma manera y con los mismos argumentos de quienes detentan el poder y tienen sus voceros, sin embargo, cuando sus escritos son criticados y rebatidos políticamente, en este caso por nosotros, asume una actitud defensiva y le disgusta tal atrevimiento. ¿Será según su juicio que no tenemos derecho a réplica?
Toma el papel de comunicador de la PGR, cuando ésta cuenta oficialmente con una dirección de comunicación y son estos los que deben salir a declarar lo que a usted le filtran extraoficialmente. La SG tiene a Juan Camilo Mouriño para que declare oficialmente lo que tenga que declarar sobre nosotros y no usted que lo han utilizado como vocero filtrándole lo que ellos no se atreven a decir.
Respecto a lo extenso de los comunicados anteriores es porque hacen referencia a su programa y a tres de sus columnas, y corresponden a la estructura de los mismos, sin embargo, haremos un esfuerzo para responder puntualmente a su escrito, porque en política y en periodismo no debe existir la pereza mental.
Se puede coincidir o disentir con una forma de lucha, en este caso la lucha armada revolucionaria, eso es discutible y no se trata de imponer nada a nadie, sino de convencernos de la justeza o no de ella. Lo que no es válido es descalificar a priori sobre premisas falsas que parten más de una lógica a partir de elucubraciones que de una reflexión racional de los acontecimientos que suceden en el país, de ello sólo se puede esperar juicios que estigmatizan y linchan pretendiendo ocultar una opinión política e ideológica afín al grupo gobernante.
¿Qué razón le encuentra usted a que un gobierno llegue mediante fraude electoral y se imponga a la voluntad popular con el puntal de los cuerpos represivos? ¿Acaso tiene razón que en lo que va del sexenio, los principales actos de este ilegítimo gobierno tengan que ver con acciones policíaco-militares como la mayor divisa de democracia? ¿Serán razones válidas que se derrochen miles de millones de pesos en una falsa guerra contra la delincuencia organizada mientras el 75% de los mexicanos viven en la pobreza?
Sr. Jorge Fernández, las causas que dieron motivo y razón a nuestra existencia como fuerza política revolucionaria NO HAN SIDO RESUELTAS, no han dejado de existir, lejos de ser solucionadas se han profundizado las condiciones económicas, políticas y sociales que vive el país, expresadas en el crecimiento de la pobreza y la miseria de millones de mexicanos, en la ausencia de espacios políticos para resolver los grandes problemas que aquejan al pueblo, la permanente violación de los derechos humanos y la anulación de facto de los derechos constitucionales… en todos estos años hemos visto y comprobado la agudización de la lucha entre clanes oligárquicos que ilegítimamente detentan el poder político y económico.
Quienes queremos transformar el país a favor de nuestro pueblo trabajador, debemos recordarle que cuando se ha luchado por medio de la vías "democráticas" e institucionales siempre hemos sido reprimidos brutalmente y el único saldo obtenido por esta vía son los cientos y hasta miles de encarcelados, los cientos de detenidos-desaparecidos, las recurrentes masacres, los miles de asesinados por motivos políticos tanto en los gobiernos priistas como panistas, no hay distinción.
Razones para luchar en busca de una verdadera transformación del país a favor del pueblo mexicano hay muchas y son válidas. Y ante la criminalización del descontento popular y de la protesta social, ante el avasallamiento legislativo para imponer reformas antipopulares, ante la militarización del país y las recurrentes medidas policíaco-militares que anulan derechos constitucionales y violan derechos humanos, ante la existencia de la desaparición forzada por motivos políticos, crimen de lesa humanidad, la existencia de cientos de presos políticos, el impulso de una política de paramilitarismo a nivel nacional para golpear y desarticular el descontento popular… son motivos y razones suficientes para que una parte de nuestro pueblo decida luchar desde nuestra trinchera por cambiar esta injusta realidad nacional para el 75% de la población que nos imponen por medio de la represión institucionalizada y las armas del ejército federal, la PFP, la AFI, la marina, policías ministeriales y los grupos paramilitares de la ultraderecha. Usted es de los que alaban la violencia institucional y condenan la lucha revolucionaria de un pueblo.
Para nosotros, la lucha por el poder no es una lid personal o de un grupo aislado socialmente, es el esfuerzo conciente de todo un pueblo, porque todos los que luchamos somos resultado de las injustas condiciones que se generan a partir del secuestro (este sí), que han hecho del país una casta de politicastros responsables de innumerables fraudes financieros, económicos y políticos que permanentemente saquean y hacen usufructo de recursos y riquezas naturales para un reducido número de oligarcas y el capital transnacional. La lucha por el poder no es para beneficio personal, es para el pueblo como tal, para que éste verdaderamente ejerza la soberanía popular y decida sobre los grandes problemas del país, como en el caso del destino de Pemex.
Toda lucha que verdaderamente busque transformar el país en y para el pueblo necesariamente contempla la lucha por el poder político y económico, suponer lo contrario es vivir en el error.
Tenemos 44 años de estar haciendo política en nuestro país y nuestra lucha tiene como sustento la teoría de la guerra popular, la cual se adapta a las condiciones de cada país, en la que participa el pueblo impulsando todas las formas de lucha. Sólo desde el poder y sus personeros pueden catalogar la lucha por liberarse de la opresión y explotación capitalista como delito, concepción coincidente con la del criminal Bush.
Para los opresores, represores, para los hombres de derecha y defensores del régimen quienes comparten intereses y concepciones, nuestras concepciones les parecen "lejanas a la sociedad" por el sencillo hecho de que éstas hacen hincapié en las causas que generan la iniquidad en la sociedad, pero para los trabajadores del campo y la ciudad es un instrumento de liberación.
Obviamente es usted quien denota ignorancia en tanto que el lineamiento de GPP es el resultado del análisis y la abstracción de la lucha de diferentes pueblos contra sus opresores y su aplicación, siempre ha sido creadora en función de las condiciones histórico-sociales de cada pueblo; y respecto a la guerra de guerrillas dentro de una estrategia general de lucha constituye una táctica de combate que nunca dejará de tener vigencia.
¿Ignorancia o equivocación cuando sostiene que en México tenemos un gobierno democrático? En nuestro país, no vivimos bajo un régimen democrático, éste es neoliberal, antipopular, represivo, opresivo y proimperialista.
¿Puede ser democrático un gobierno que se sostiene con el puntal de los cuerpos policíaco-militares?, ¿Es democrático un gobierno emanado de un fraude electoral haciendo caso omiso a la voluntad popular e imponiéndose con el respaldo del ejército?
Entendemos que después de conocer las dictaduras militares del cono Sur, el gobierno mexicano le parezca democrático, pero como dice nuestro pueblo, con todo respeto Sr. Menéndez "El que no conoce a Dios a cualquier p… se le hinca". Bien decía Vargas Llosa, México es la dictadura perfecta.
En México no existe democracia para el pueblo, vivimos y padecemos un régimen policíaco-militar; un estado de derecho oligárquico que sólo procura la defensa de los intereses de un puñado de oligarcas; un gobierno ilegítimo que tiene como política medidas policíaco militares ante la falta de legitimidad; el avasallamiento del Legislativo por el PAN y el PRI que representan los mismos intereses contra el pueblo avalando cada atropello que se comete contra los trabajadores, como es el caso de la ley del ISSSTE.
Y de las instituciones a las cuales eleva a sacrosantas, en su mayoría están corroídas por la corrupción, instituciones que sólo sirven para garantizar los intereses de "los hombres del dinero" como gustan llamar los postmodernistas a los oligarcas, instituciones que a estas alturas son imperfectibles.
Muy a pesar de que le guste o le disguste, en nuestro país vivimos un proceso de involución democrática. Y ante la globalidad nacional lejos de carecer de validez, la necesidad de una nueva revolución es vigente y necesaria ante la barbarie del régimen neoliberal y la agresividad de la ultraderecha. Sr. no creemos que sea ignorante y que desconozca la iniquidad que existe en nuestro país, no, usted ha tomado partido conscientemente por los explotadores y los opresores, es una pluma de ellos, de eso no tenemos duda.
Eso explica su actitud valorativa respecto a las acciones revolucionarias y de autodefensa, sosteniendo los mismos conceptos de quienes ilegítimamente detentan el poder, de quienes desde él criminalizan el descontento popular y la protesta social.
Muestra el cobre para defender lo indefendible, para su conocimiento, somos revolucionarios, luchadores sociales no criminales. Los secuestros y otras acciones delincuenciales en estos momentos las están realizando una parte de la ultraderecha para financiar el accionar de los grupos de paramilitares, es gente vinculada al poder.
Respecto a la elucubración sobre el EZLN y la funcionalidad interna, así como evolución y política de nuestro partido denota una profunda ignorancia y repite mecánicamente la información, conjeturas y deseos del Cisen e inteligencia militar, quedando al descubierto que además de ser una pluma del régimen ayuda al trabajo sucio difundiendo las filtraciones oficiales. No nos extrañan sus conceptos, eso es comprensible, pero lo que no podemos tolerar es que usted nos calumnie y nos difame reproduciendo la leyenda negra creada por el Estado para deslegitimar nuestra lucha, como el de querer ligarnos a la fuerza con el crimen organizado.
Tampoco estamos dispuestos a dejar pasar la tendencia de criminalizar la lucha de diferentes sectores populares, como es el caso de la APPO queriendo vincular a luchadores sociales que nada tienen que ver con nosotros, esa es una actitud policíaca que busca como fin la represión selectiva, preparando el terreno para que estos luchadores sociales sean el blanco de los cuerpos represivos o de los grupos paramilitares que la ultraderecha está promoviendo.
Se ve que no conoce nuestro país, o hace esfuerzos ingentes para tratar de omitir el fenómeno de la delincuencia organizada en sus diferentes versiones, que tiene origen en y para el Estado a través de los diferentes grupos de poder económico y político que se disputan la hegemonía dentro de las estructuras de los diferentes niveles de gobierno. En cada caso que la opinión pública conoce hay policías y funcionarios involucrados, hecho inocultable a estas alturas. Los que están en el trasiego y comercialización de estupefacientes a gran escala son quienes detentan el poder, de eso no hay duda. Los criminales, los grandes delincuentes, los malandrines de viejo y nuevo cuño están en este gobierno ilegítimo y sus instituciones putrefactas y no en el campo de la revolución, hablamos por nosotros.
No señor, nuestros compañeros no fueron secuestrados, fueron detenidos-desaparecidos, lo cual constituye un crimen de lesa humanidad que no prescribe, sostener lo contrario, el de esforzarse por catalogar dicho crimen como un simple secuestro es mucho más criminal porque se validan estos crímenes de Estado, esta política de Estado aberrante. Y con la existencia de un sólo desaparecido político es suficiente para denotar la inexistencia de un régimen democrático.

Y es extraño, sumamente extraño que diga conocer el drama que vivieron otros pueblos con dictaduras, en sus escritos no refleja eso, por el contrario todo indica que alberga resentimiento social con quienes luchan contra la dictadura del capital. Hacemos de su conocimiento que mientras intercambiamos comunicación, un nuevo crimen de lesa humanidad se cometía en Puebla en la persona de Bonifacio Gaona Barrientos, indígena totonaco sumando 76 casos de detenciones forzadas por motivos políticos, eso no es una simple coincidencia, es parte de una política de Estado.
Y no, no jugamos, para nosotros los asuntos de la revolución son muy serios. Tampoco jugamos cuando le decimos que es mucha responsabilidad señalar con el dedo flamígero condenatorio a luchadores sociales, debe entender esto, si algo le sucede a esos luchadores sociales usted tendrá responsabilidad en ello por el papel policíaco que ha venido jugando.
Lo de la supuesta manipulación, tesis filtrada por el Cisen, así como lo de las tres familias, no creemos que sea tan ingenuo como para darlas por válidas, usted usurpa funciones con sus acusaciones producto de sus elucubraciones y la información extraoficial.
Qué bueno que nos recuerda algunos hechos históricos, porque así también recordamos su papel desempeñado en contra de Felipe Martínez Soriano profesor de educación primaria, después doctor médico cirujano con especialidad en pediatría, profesor de la escuela de medicina y exrector de la universidad de Oaxaca con el cual se cebó hasta donde más pudo para que sufriera tortura y prisión por algo del cual quedó demostrado que era inocente y que no pertenecía a nuestro partido, pero hizo que el Estado se ensañara en él para satisfacer sus bajos instintos de venganza social.
Usted hará que mucha gente sean héroes para nuestro pueblo al hacerlos víctimas de la represión, consiguiendo con esto el dinero suficiente para vivir como usted vive, le pedimos que no haga las cosas personales, porque para nosotros usted no es un enemigo, tiene todo el derecho de criticarnos pero en una forma política pero no en base a sus calumnias y difamaciones, porque así como dice que con nuestras acciones llegamos a acciones delincuenciales, porque usted con sus acciones hace hechos fascistas.
Nos da la impresión de que es un reclutador o un dirigente de grupos, de mucha gente analfabeta funcional que lo coge como asesor o consultor de sus políticas, ¿no será usted acaso que encapuchado interrogue a los detenidos-desaparecidos tomando el papel de cordero y no de verdugo por parte del Cisen?
No sería un poco inteligente que usted pensara y le hiciera reflexionar al Estado que si le abrimos otro frente de batalla cuando van perdiendo con la delincuencia organizada, ¿Qué pasaría? Este país se desgranaría.
Con toda sinceridad, serénese Sr. Fernández, analice mejor los fenómenos que vive nuestro país, usted puede tener ideas irreconciliables con las nuestras, eso no es problema, eso lo podemos discutir en la modalidad que guste, pero de ahí a que trate de pasarse de listo difundiendo mentiras sobre nosotros es inaceptable y siempre que lo haga también tendrá quien le escriba desde nuestra trinchera de lucha, aunque le moleste y le disguste, y si a pesar de ello el disgusto le dura mucho, consulte a un especialista de la conducta y se lo decimos con franqueza y con conocimiento de causa.
Pero a todo esto, ¿Qué más quiere que nos suceda? Tenemos compañeros presos, asesinados, desaparecidos y perseguidos políticos por "el delito" de luchar por un mundo mejor. ¿Acaso desea que nos exterminen como a los palestinos, con misiles teledirigidos como lo hace Israel?
Aceptamos sus críticas tiene todo el derecho de hacerlas y lo respetamos como hemos hecho con todos los que nos han criticado porque de alguna o de otra forma nos hacen reflexionar.
Lo menos que esperamos de usted es que tenga la valentía de publicar esta contrarréplica en su columna, por lo que fraternalmente quedamos como sus seguros servidores.
¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!
¡A EXIGIR LA LIBERTAD DE TODOS LOS PRESOS POLITICOS Y DE CONCIENCIA DEL PAIS!
¡POR LA PRESENTACION DE TODOS LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS!
¡POR LA REVOLUCION SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARA!
COMISION DE PRENSA Y PROPAGANDA
DEL PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR
Año 44
República Mexicana, a 22 de junio de 2008.

Fuente: Cedema.org - CENTRO DE DOCUMENTACION DE LOS MOVIMIENTOS ARMADOS

Ruth Cardoso

Una mujer en la historia/Manuel Castells

Publicado en La VANGUARDIA, 28/06/2008;

Ha muerto Ruth Cardoso de Leite. El mundo oficial la recordará como la primera dama de Brasil entre 1994 y 2002, una primera dama muy querida por su pueblo y que siempre tuvo personalidad propia. El mundo académico la recordará como una de las mejores antropólogas urbanas de América Latina, catedrática de la Universidad de São Paulo, profesora en París y en Berkeley, creadora de escuela y maestra de generaciones de estudiosos de la sociedad a partir de la observación de las comunidades urbanas. El mundo de la lucha contra la pobreza la recordará como la fundadora de Comunidade Solidária, una red de 1,300 organizaciones de base centradas en la mejora de la vida en las localidades más pobres de Brasil mediante el apoyo a la autogestión de programas sociales en dichos lugares.
El mundo feminista la recordará como la feminista práctica que centró su esfuerzo en concienciar, organizar y apoyar a las mujeres realmente existentes en los sectores populares de Brasil y de América Latina. El mundo de la resistencia contra las dictaduras en Brasil y en el continente americano la recordará como la militante política - clandestina o no según los momentos-, independiente de los partidos pero cercana de la gente, centrada en conseguir avances reales de democracia más allá de las fantasmagorías ideológicas que rodearon su tiempo en América Latina. El mundo de sus amigos la recordaremos como la mujer serena y sonriente por cuyo rostro nunca parecieron pasar los años, y cuyo dulce hablar le permitía decidir las cosas más serias e incluso las más espinosas con una sensatez convincente que transformaba la polémica en reflexión compartida.
Porque Ruth transmitía paz en un mundo atormentado. Y su gente, la gente de su Brasil que siempre llevaba en el corazón, de su São Paulo con un sentido profundo de hogar perdurable en la globalidad que vivió, su gente la recordará como la doctora Ruth, la mujer en quien siempre podían confiar, la mujer sin miedo pero sin rencor, la mujer comprometida con los objetivos de la política y ajena a las mezquindades de la política. La mujer que, como primera dama, fue capaz de salir en la televisión criticando la ley del aborto que el partido de su marido apoyaba, motivando que el presidente, o sea su marido, la cambiase. Todo ello sin acrimonia, sin oponerse a su marido por afirmación personal, sino simplemente lo hacía cuando pensaba que no tenía razón en esa y en otras muchas cosas. Eso explica que su popularidad fuera aún más alta que la de su marido (que fue un presidente muy popular).
Recuerdo en uno de los viajes con mi mujer durante la presidencia de Cardoso la pintada que vimos en las paredes de un barrio popular: “Fernando Henrique, no. Doña Ruth, sí”. Pero nunca se le ocurrió jugar a la Hillary. Porque ella estaba en otra cosa, estaba en cambiar las cosas desde abajo, con la gente y a través de la participación de la gente. Pensaba que la política, y por tanto los partidos, las elecciones, la presidencia, eran instrumentos imprescindibles del cambio, pero no era lo suyo y siempre se pensó como complementaria.
Mientras su marido fue senador, ella permaneció en su piso de São Paulo, en su cátedra universitaria y en su trabajo comunitario. Cuando tuvo que asumirse como primera dama inventó una función para sí misma, aparte de desempeñar con dignidad, pero lo mínimo posible, sus tareas protocolarias. Trató de utilizar el prestigio de su situación, pero no el presupuesto del Estado, para crear su programa de organizaciones comunitarias en las zonas más pobres del país. No para hacer de Evita, sino para solucionar problemas concretos a personas concretas, con la menor publicidad posible y sin instrumentalización política. Creó una fundación que financió con donaciones que pidió a las grandes empresas, sin vinculación política con su marido y con plena transparencia contable. Por ejemplo, pidió, y obtuvo, de una empresa de automóviles un real por coche vendido. Negoció acuerdos con las universidades para que sus estudiantes hicieran trabajo comunitario. Y se puso de acuerdo con las redes de asociaciones existentes en toda la geografía brasileña para dotarlas de recursos y reforzar su participación en las políticas sociales. Recuerdo una visita con ella en la cooperativa de mujeres de Mamiraua en la selva amazónica, donde pude observar cómo las mujeres indias discutían de todo con doña Ruth, sin complejos, sin servilismo, y como ella se sentaba durante horas a ver cómo iba la gestión de la cooperativa. Y la vi negociar con los aldeanos que se lamentaban de que la protección de las especies les privaba de la pesca de la que dependía su subsistencia y su única fuente de ventas.
Y consiguió trocar autocontrol de los pescadores pescando dentro de límites a cambio de la mejora de sus condiciones de vida. Su ecologismo, su feminismo, su lucha por la democracia y contra la república de caciques que persiste en Brasil se rigieron siempre por ese sentido práctico de ir poco a poco, pero sin pausa, haciendo que la gente asumiera la gestión de su propia vida y contribuyendo con los recursos que pudo a incrementar esa autonomía. Comunidade Solidária continúa. Es uno de sus legados. Porque tiene otros muchos Y todos ellos, todo lo que nos dejó se alberga en el lugar más perdurable: en las mentes y en el corazón de quienes supimos de ella o de quienes supieron de quienes supimos.
Y así la recordará su pueblo. Y sus compañeros. Y sus colegas intelectuales. Y sus amigos. Y su familia, su marido, sus hijos y esos nietos a los que tanto esfuerzo y amor dedicó. Ruth Cardoso de Leite fue una mujer multidimensional que hizo historia simplemente siendo ella, sin proclamas ideológicas, con esa determinación profunda de quien hace todo porque es lo que hay que hacer. Y su serena sonrisa seguirá dibujándose en el cielo de los cafetales que la vieron nacer.

Acteal

A decade after Acteal, war is again on Mexico's horizon/Naomi Klein. A version of this column was first published in the Nation

THE GUARDIAN, 21/12/0;

Nativity scenes are plentiful in San Cristóbal de las Casas, a colonial city in the highlands of Chiapas, Mexico. But the one that greets visitors at the entrance to the TierrAdentro cultural centre has a local twist: figurines on donkeys wear miniature ski masks and carry wooden guns.It is high season for “Zapatourism”, the industry of international travellers that has sprung up around the indigenous uprising here, and TierrAdentro is ground zero. Zapatista-made weavings, posters and jewellery are selling briskly. In the courtyard restaurant, where the mood at 10pm is festive, verging on fuzzy, college students drink Sol beer. A young man holds up a photograph of the rebel leader, Subcomandante Marcos, as always in a mask with a pipe, and kisses it. As he does so, his friends snap yet another picture of this most documented of movements.
I am taken through the revellers to a room at the back of the cultural centre, closed to the public. The sombre mood here seems a world away. Ernesto Ledesma Arronte, a 40-year-old ponytailed researcher, is hunched over military maps and human rights incident reports. “Did you understand what Marcos said?” he asks me. “It was very strong. He hasn’t said anything like that in many years.”
Ledesma Arronte is referring to a speech that Marcos made the night before, at a conference outside San Cristóbal. The speech was titled Feeling Red: the Calendar and the Geography of War. Because it was Marcos, it was poetic and slightly elliptical. But to Ledesma Arronte’s ears, it was a code-red alert. “Those of us who have made war know how to recognise the paths by which it is prepared and brought near,” Marcos said. “The signs of war on the horizon are clear. War, like fear, also has a smell. And now we are starting to breathe its foetid odour in our lands.”
Marcos’s assessment supports what Ledesma Arronte and his fellow researchers at the Centre of Political Analysis and Social and Economic Investigations have been tracking with their maps and charts. On the 56 permanent military bases that the Mexican state runs on indigenous land in Chiapas, there has been a marked increase in activity. Weapons and equipment are being dramatically upgraded and new battalions are moving in, including special forces - all signs of escalation.
As the Zapatistas became a global symbol for a new model of resistance, it was possible to forget that the war in Chiapas never actually ended. For his part, Marcos - despite his clandestine identity - has been playing a defiantly open role in Mexican politics, most notably during the fiercely contested 2006 presidential elections. Rather than endorsing the centre-left candidate, Andrés Manuel López Obrador, he spearheaded a parallel “Other Campaign”, holding rallies that called attention to issues ignored by the major candidates.
In this period, Marcos’s role as military leader of the Zapatista Army of National Liberation (EZLN) seemed to fade into the background. He was Delegate Zero - the anti-candidate. The previous evening, Marcos had announced that the conference would be his last such appearance for some time. “Look, the EZLN is an army,” he reminded his audience, and he is its “military chief”.
That army faces a grave new threat - one that cuts to the heart of the Zapatistas’ struggle. During the 1994 uprising, the EZLN claimed large stretches of land and collectivised them, its most tangible victory.
In the San Andrés accords of 1996, the right to territory was recognised, but the Mexican government has refused to fully ratify the accords. After failing to enshrine these rights, the Zapatistas decided to turn them into facts on the ground. They formed their own government structures - good government councils - and stepped up the building of autonomous schools and clinics. As the Zapatistas expand their role as the de facto government in large areas of Chiapas, the federal and state government’s determination to undermine them is intensifying.
“Now,” says Ledesma Arronte, “they have their method.” The method is to use the deep desire for land among all peasants in Chiapas against the Zapatistas. Ledesma Arronte’s organisation has documented the ways in which, in just one region, the government has spent approximately $16m expropriating land, before passing it on - to members of the many families linked to the notoriously corrupt Institutional Revolutionary party (PRI). Often, the land is already occupied by Zapatista families. Most ominously, many of the new “owners” are linked to thuggish paramilitary groups, which are trying to force the Zapatistas from the newly titled land.
Since September there has been a marked escalation in violence, including shots fired into the air, brutal beatings, and Zapatista families reporting being threatened with death, rape and dismemberment. Soon the soldiers in their barracks may well have the excuse they need to descend: restoring “peace” among feuding indigenous groups. For months, the Zapatistas have been resisting violence and trying to expose these provocations. But by choosing not to line up behind López Obrador in the 2006 election, the movement made powerful enemies. And now, says Marcos, their calls for help are being met with a deafening silence.
Exactly 10 years ago, on December 22 1997, as part of the anti-Zapatista campaign, a paramilitary gang opened fire in a small church in the village of Acteal, killing 45 indigenous people, 16 of them children and adolescents. Some of the bodies were hacked with machetes. The state police heard the gunfire and did nothing. For weeks now, Mexico’s newspapers have been filled with articles marking the anniversary of the massacre.
In Chiapas, however, many people point out that conditions today feel eerily familiar: the paramilitaries, the rising tension, the mysterious activities of soldiers, the renewed isolation from the rest of the country. And they have a plea to those who supported them in the past: don’t just look back. Look forward, and prevent another Acteal massacre before it happens.