8 jun 2010

¿Unificación policial: reorganización o reforma'

Unificación policial: ¿reorganización o reforma?/Ernesto López Portillo
El Universal, 8 de junio de 2010;
El pasado jueves 3 de junio el Consejo Nacional de Seguridad Pública votó a favor de la creación de 32 policías estatales y de la desaparición de las dos mil municipales. ¿La idea es buena o mala? Depende. Ya sabemos que las condiciones generales de las instituciones policiales son críticas. Vaya sólo un dato que se explica en sí mismo: por falta de capacitación, 40% de las lesiones de los elementos policiales son autoinfligidas o causadas por sus compañeros en prácticas o durante operativos (Arellano Trejo, Efrén. Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, febrero de 2010). Los motivos manifiestos de la unificación policial tienen que ver precisamente con la incapacidad del Estado para administrar la crisis de la policía y para transformarla, bajo un esquema de dispersión de recursos como el actual. El argumento es simple: para tener la policía que queremos necesitamos reducir el número de corporaciones y concentrar el mando en unas cuantas. Desde una lectura meramente administrativa, la idea convence: es más difícil controlar recursos dispersos, pero la administración policial y la seguridad ciudadana no son tan sencillas y nos tienen sorpresas. Veamos.
El problema capital de toda institución policial en el mundo democrático es equilibrar los poderes y los controles, para funcionar en beneficio del ciudadano y de sus derechos fundamentales. Cuando la policía no logra cumplir y hacer cumplir la ley en beneficio del ciudadano fracasa. El balance entre el poder y el control es la receta del éxito. La primera sorpresa es que en el mundo hay modelos fragmentados o unificados de policía donde tal balance se ha logrado razonablemente. El mayor ejemplo de modelo policial fragmentado es Estados Unidos, con aproximadamente 17 mil agencias policiales. Tienen problemas en el balance, como todos, pero los han ido resolviendo razonablemente. En las antípodas está Guatemala, con un modelo unificado de policía que se encuentra en condiciones extremas de debilidad institucional, violencia y corrupción. De Colombia y de España se dice que son modelos unificados, cuando en realidad se encuentran allá poderes policiales municipales. Francia presume la eficacia de contar con dos policías de cobertura nacional, que se apoyan y controlan de manera recíproca. En realidad, ningún modelo policial es el mejor por sí mismo, todo está en la calidad profesional de la función.
Creo que detrás de los problemas que México enfrenta por la dispersión policial están los problemas que enfrenta por la histórica falta de voluntad política para reformar a la policía. Si es el caso que la unificación policial votada muestra una nueva voluntad política por el cambio real, entonces lo primero que debemos convenir es que reorganizar y reformar a la policía son dos cosas muy distintas. Las policías estatales unificadas pueden quedarse en los vicios que ahora tienen, sumando las desviaciones de las municipales, pero ahora bajo un solo mando. Pasaríamos a tener poderosos secretarios de seguridad pública estatales con débiles mecanismos de rendición de cuentas, incluyendo los que deberían vincularlos al Ministerio Público.
Nuevas atribuciones, uniformes, unidades de intervención, patrullas, academias, tecnología, armamento, etcétera, todo eso es un buen camino si y sólo si las prácticas de las y los policías cambian en la calle, lo cual nos refiere al ojo del huracán: garantizar la supervisión operativa. Toda reforma policial en el mundo democrático se hace tomando en cuenta la experiencia mundial. México no puede hacer algo distinto. Los poderes Ejecutivo y Legislativo deben crear una comisión política y técnica que responda con seriedad a lo siguiente: ¿qué hacemos con la policía estatal para garantizar una asimilación adecuada de las policías municipales?, ¿qué hacemos con el municipio para no dejarlo inerme en materia policial? y ¿cómo cumplimos al mismo tiempo la recomendación mundial de fortalecer a las autoridades locales en la agenda de la seguridad? La reorganización es fácil, la reforma no.
Director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia, A.C.

Diego y la guerrilla: ELN

Columna Estrictamente Personal/Raymundo Riva Palacio,
La guerrilla y “El Jefe” Diego
Ejecentral.com
June 7, 2010
Familiares y cercanos de Diego Fernández de Cevallos, angustiados por la vida del abogado, tienen un paradójico espacio de tranquilidad. Saben que quienes lo capturaron el 14 de mayo son profesionales, que quieren dinero y que, por lo tanto, las probabilidades de que regrese vivo del cautiverio son amplias. También saben que ese “grupo poderoso” que describió hace días su viejo amigo Fauzi Hamdan es, por toda la evidencia hasta ahora, una guerrilla que opera en la zona de las huastecas y que tiene en sus haberes secuestros de alto impacto y larga duración.
Fernández de Cevallos, de acuerdo con los patrones de secuestros en los 10 últimos años y el modus operandi que han mostrado sus captores, son miembros de una escisión muy poco conocida del Ejército Popular Revolucionario (EPR), que se dio en los años de convulsión entre 1998 y 2000, identificada por las autoridades como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), sinónimo de la guerrilla colombiana que se especializa en colocar bombas en oleoductos.
El último secuestro de alto impacto que realizó el ELN es el de Nelly Esper Sulaimán, hija de un político priista en Ciudad Valles, San Luis Potosí, y sobrina de José Sulaimán, dirigente del boxeo mundial. Estuvo en cautiverio en un cuarto en una casa de seguridad durante un año, ocho meses y 12 días. No se sabe cuánto pagaron para su liberación en mayo de 2005, ni supieron nunca quién la había secuestrado.
El ELN no es un grupo que haya difundido públicamente sus acciones, pero está confrontado con el EPR. En el primer comunicado que difundió el EPR para deslindarse del secuestro de Fernández de Cevallos dos días después de la acción, dio algunas señales de sus adversarios utilizando como pretexto al ex comandante guerrillero salvadoreño, Joaquín Villalobos, cercano al gobierno calderonista y considerado un traidor y contrarrevolucionario.

Cananea

Fuerzas de seguridad pública aseguran pacíficamente las instalaciones de la mina de Cananea.
Comunicado:
México, D. F., a 07 de junio de 2010 | Boletín No.213-07/06/2010
En un operativo que inició a las 16:00 horas de ayer, policías federales y de Sonora, despejaron y aseguraron los accesos a las instalaciones de la mina de Cananea, a fin de posibilitar la realización de diligencias ministeriales que forman parte de diversas averiguaciones previas.
La acción policial comenzó con el ingreso pacífico -y sin resistencia ni incidentes- de elementos federales a las instalaciones de la mina y respondió a solicitudes formuladas por la autoridad ministerial en el marco de indagaciones iniciadas con motivo de la probable comisión de diversos ilícitos. El operativo se realizó con estricto apego a la ley y con pleno respeto a los derechos fundamentales de los ex trabajadores mineros que se encontraban en las afueras del lugar.
Concluido el operativo se registró un incendio, provocado por gasolina en recipientes de vidrio, en un edificio de almacén que se encuentra abandonado afuera de la mina, mismo que fue controlado sin provocar daños a persona alguna, ni afectaciones mayores. Se están realizando las investigaciones necesarias para deslindar responsabilidades por esos hechos.
Cabe recordar que tras un largo proceso jurídico, en el que intervinieron diversas instancias del Poder Judicial de la Federación, quedó resuelta legalmente la terminación de las relaciones individuales, colectivas y el contrato colectivo de trabajo entre el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana y la empresa Mexicana de Cananea, quedando confirmada dicha decisión mediante una resolución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, misma que desde el pasado 4 de junio dejó también sin efecto la huelga que sostenía el sindicato minero.
Es responsabilidad permanente de los gobiernos federal y estatal garantizar la seguridad y la integridad de los ciudadanos de Cananea, así como salvaguardar el orden público, hacer prevalecer el Estado de Derecho y dar cabal cumplimiento de las resoluciones judiciales.
El Gobierno de la República reitera su compromiso con el orden, la legalidad y la convivencia pacífica en el estado de Sonora y en todo el país, y seguirá impulsando, junto a las familias de Cananea, acciones encaminadas a la reactivación económica de la región y a la promoción del bienestar social.
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XX Aniversario de la CNDH

El Presidente Calderón en la XX Aniversario de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
2010-06-07 | Discurso
Ciudad de México
Muy buenas tardes.
Doctor Raúl Plascencia Villanueva, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Muchísimas gracias por su invitación.
Señor Ministro don Guillermo Ortiz Mayagoitia, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Señor Diputado Francisco Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
Señor Senador Carlos Navarrete Ruiz, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.
Doctora María Patricia Kurczyn Villalobos, integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Señoras y señores ex Presidentes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos: licenciado Jorge Madrazo Cuéllar, doctora Mireille Roccatti Velázquez, doctor José Luis Soberanes Fernández.
Muy respetados integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, aquí presentes.
Integrantes del presídium.
Señoras y señores legisladores, diputadas, diputados, senadoras, senadores.
Presidentes de Comisiones vinculadas a la materia de los derechos humanos.
Muy estimados trabajadores, servidores públicos de la Comisión Nacional.
Señoras y señores:
Para mí es un honor estar esta tarde con todos ustedes para celebrar este XX Aniversario de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Reconozco la invaluable labor que esta noble Institución ha realizado durante dos décadas ya, para consolidar los derechos fundamentales como cimiento y pilar de nuestra democracia.
Particularmente, reconozco el trabajo de su Presidente, del doctor Raúl Plascencia, quien se ha desempeñado, no sólo como Presidente actualmente, sino por más de 10 años en la Comisión y que ha hecho de la promoción y de la defensa de los derechos humanos, no sólo una labor comprometida, sino también una causa de vida.
Por eso le felicito a él, a la Comisión que preside, a la familia del propio doctor Raúl Plascencia, aquí presente.
Desde 1990, la labor de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha sido, como he dicho, fundamental en la consolidación de una cultura democrática y de la legalidad en todo el país.
Han cambiado muchas cosas en estas dos décadas. Pero particularmente, se ha establecido un nuevo régimen democrático, observante y cuidadoso de los derechos humanos, y esta larga y difícil transición para el país, no puede explicarse, en cierta parte, de no haber sido por la presencia, la vigilancia, la participación de la Comisión Nacional.
Este reconocido organismo ha impulsado programas, orientados a atender los problemas que afectan a nuestra sociedad en todos los ámbitos de su competencia: en materia de prevención de la tortura, de atención de las víctimas del delito, en la trata de personas, en la búsqueda y protección de la igualdad de género, en los derechos de los indígenas, de los pueblos indígenas y muchos, muchos otros.
Como parte de este esfuerzo, a lo largo de 20 años, la Comisión ha emitido más de dos mil recomendaciones, y ha atendido más de 50 mil casos de violación a los derechos fundamentales.
Sobre todo, la Comisión ha estado presente en la vida pública. Ha sido una conciencia activa de nuestra sociedad en esta materia, y ha logrado generar también una conciencia colectiva, una plena certeza, un pleno conocimiento común de la importancia de la materia de los derechos humanos, y ha despertado en la población esta necesaria cultura de respeto a ellos, a los derechos humanos, como premisa indispensable para hacerlos valer en una sociedad tan compleja, como lo es la mexicana y como es cualquier sociedad en este Siglo XXI.
De hecho, la Comisión es hoy un referente de atención para los mexicanos que consideran que sus derechos humanos han sido violados. Lo es ahora, y también hay que decirlo, lo ha sido prácticamente desde su inicio.
Yo mismo recuerdo haber acudido en varias ocasiones, bueno en una fundamental al principio de la vida de esta Comisión. Recuerdo haber ido a las calles allá de la Colonia Nápoles, donde estaba la primera oficina de la Comisión. Fui recibido por el Visitador de la Comisión, en aquel entonces, el licenciado Jorge Madrazo Cuéllar, aquí presente.
Presenté mi queja. Y sé que desde entonces, desde aquellos momentos en que como bien se dijo en el video que se proyectó, había un gran escepticismo y una enorme resistencia a poder desarrollar estos temas.
Qué duda cabe que las cosas han cambiado e insisto esos cambios no se explican sin estos 20 años de vida de la Comisión Nacional.
Y sé, además, y creo que eso se refleja en el reconocimiento y la confianza de la Comisión a la que ha aludido su Presidente, que todos: sociedad civil, autoridades, ciudadanos, reconocemos la notable trayectoria de esta gran Institución.
Yo quiero refrendar aquí la plena disposición del Gobierno Federal a mi cargo de seguir colaborando estrechamente con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la promoción y defensa de los mismos, no sólo en el caso de los mexicanos, sino de todos quienes por alguna u otra razón están en el territorio nacional.
En aquel 1990, la Comisión, siguiendo el impulso académico, social, jurídico, de protección del ciudadano frente al Estado, nació, precisamente, con esa vocación. Nació para proteger de los abusos del poder, como ha dicho el doctor Plascencia.
Nació para proteger los derechos humanos frente a los abusos del Estado y de sus órganos. Y esa vigilancia, entonces y ahora, han sido y siguen siendo vitales.
Hoy, sin embargo, me preocupa la existencia de una nueva y vigorosa fuente de violación y violación palmaria de los Derechos Humanos. O si se quiere, habrá que poner en esa consideración no sólo el abuso del poder formal, del poder del Estado, sino de los poderes fácticos y, en particular, de los poderes violentos.
Quiero decir que, a mi manera de ver, se ha constituido en nuestro país, también en estos años, en la que es la mayor causa que atenta contra la vida, contra la libertad, contra el patrimonio, contra la integridad física, incluso, de los derechos humanos, una nueva fuente, insisto, no sólo que atenta contra los derechos humanos de los mexicanos, sino incluso de los migrantes y esta nueva fuente es, por desgracia, el crimen organizado.
Es, precisamente, por la defensa de los derechos humanos, de los derechos básicos, que hemos emprendido una lucha frontal contra esta fuente palmaria de violación. Este enemigo es hoy, y lo digo bajo mi absoluta responsabilidad, la principal amenaza no sólo al Estado de Derecho sino al ejercicio de las libertades y los derechos humanos en nuestro país, no sólo de mexicanos, sino de migrantes como, he dicho.
Y a qué obedece esta violencia. En particular, esta violencia, tan irracional y tan absurda, como la hemos contemplado todos los mexicanos, en los últimos días, para no ir más lejos. Permítanme, porque pienso que debo hacerlo, compartir mi reflexión sobre el origen y la naturaleza de este fenómeno, que no era conocido cuando nació la Comisión Nacional en 1990.
Cómo es que los criminales han llegado a afectar tanto y tan directamente los derechos y las libertades de los ciudadanos. Es fundamental entenderlo para crear una nueva etapa indispensable para el país en la protección de las libertades y los derechos humanos de los mexicanos.
Por mucho tiempo, incluyendo aquel 1990, el crimen organizado estaba básicamente centrado en una sola actividad: el narcotráfico; literalmente el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, para lo cual únicamente buscaba controlar ciertas carreteras, ciertas rutas de tránsito y, desde luego, algunos puntos fronterizos en los más de tres mil kilómetros de fronteras que nos separan con Estados Unidos.
Y por lo mismo, al crimen le convenía pasar desapercibido, no ser visto y no ser oído. Era una actividad de bajo perfil y por eso durante mucho tiempo se consideró una actividad prácticamente inofensiva o, en términos generales, no atentatoria de manera masiva contra los derechos de los demás.
Sin embargo, amigas y amigos, a mediados de la década pasada, en los 90, los criminales comenzaron a diversificar su actividad, Ya no sólo querían exportar a Estados Unidos, sino colocar su propia droga, su propio producto, generar un mercado de consumo entre niños y jóvenes mexicanos, y esto les supuso una nueva estrategia, una estrategia de controlar mercados aquí, a través de controlar el territorio de esos mercados.
Y por ello, en su lucha contra otros grupos que buscaban el mismo territorio, comenzó a crecer en México y de manera notable, no sólo el número de los hechos violentos, sino también el grado y la ferocidad de la violencia, ya que para dominar esos territorios y mercados los criminales tenían que hacer sentir su fuerza, tienen que hacerlo para intimidar a sus rivales, para paralizar a las autoridades y para aterrorizar a la sociedad.
La expansión territorial del crimen organizado, que es concomitante al despliegue de la violencia que vivimos, tomó también, y por desgracia, desprevenidas a muchas instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia en el país, particularmente a nivel local; a nivel municipal, por ejemplo, donde un grupo de ocho, seis, 12 policías, muchas veces sin armas, fueron incapaces de defender y de detener este fenómeno de criminales fuertemente pertrechados.
Coincide, por cierto, que en el 2004, en Estados Unidos, se liberó de manera irresponsable la venta de rifles de asalto y armas de alto poder, de alto poder balístico, que fueron vendidas masivamente a estos criminales.
Y estos grupos, que buscaron apoderarse del control de pueblos y ciudades, grandes y pequeñas, lo lograron en algunos casos, prácticamente sin encontrar resistencia; incluso, muchas veces, al cobijo de la complicidad.
Y en un principio, asumidos como dueños de plaza como cualquier mafia del mundo, comenzaron a extorsionar a otros delincuentes, a quedarse con sus rentas, pero una vez hechos del control fáctico de un territorio, y por eso hablo de factores nuevos de poder, de elementos de poder fáctico; comenzaron a hacerse del control de esos territorios, y con ello a hacerse del control de la vida de los ciudadanos.
Por eso comenzaron también a robar, a extorsionar o a secuestrar gente honesta. Esto es, amigas y amigos, el fenómeno que yo he percibido y que encontré al inicio de esta Administración.
Y por lo mismo, comparto ante ustedes, en este recinto fundamental de protección de los derechos de los mexicanos, la convicción de entonces, y ahora mucho más firmemente arraigada, de que había que actuar y que hay que actuar con decisión, con determinación, con firmeza en defensa de la sociedad y en defensa de la seguridad de la población.
Por eso, es este esfuerzo, el despliegue, en el que el Estado usa su poder de coacción para poder hacer valer la ley y para poder hacer respetar los derechos de los más indefensos.
Sé que como Estado mexicano necesitamos hacer valer los derechos humanos, no sólo frente a los órganos de poder mismo, sino frente a cualquier circunstancia que violente los derechos humanos.
Y qué duda cabe, que la mayor amenaza la constituye ese poder fáctico que siega la vida de inocentes, que asalta, que extorsiona, que secuestra, que coarta la libertad, lo mismo de un periodista, que de un ganadero y que de un migrante.
Por esa razón, amigas y amigos, lo hacemos y lo hacemos, debemos hacerlo, al mismo tiempo, bajo la consigna de actuar contra quienes atentan contra los derechos humanos, sin violentar a nuestra vez los derechos humanos. Por eso, estamos actuando y trabajando en varias áreas.
Ahora, yo quisiera, simplemente, repasar rápidamente lo que hemos hecho, porque queremos colaborar con la Comisión Nacional en un cometido, que consideramos común, que es la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Primero. Estamos fortaleciendo y ampliando la protección a las víctimas de los delitos. Y una reforma fundamental aprobada por el Constituyente Permanente ha sido la Reforma al Sistema de Justicia Penal, con el que México no sólo adopta un sistema acusatorio con juicios orales, mucho más transparentes, sino también establece una legislación especial en favor de los derechos de las víctimas.
Segundo. Nos hemos comprometido con la libertad de expresión. Recuerdo muy bien que uno de los primeros actos legislativos que promulgué como Presidente de la República fue la reforma que derogó los delitos de calumnia o difamación del Código Penal Federal, porque en opinión de muchos periodistas y generadores de opinión, su sola existencia configuraba una amenaza potencial contra su actividad.
En México no se criminaliza la opinión, por lo menos, a nivel Federal. Por supuesto, que se presentan abusos, pero siempre, siempre en ese movimiento pendular de la historia, entre el ejercicio abusivo de la libertad o la censura y la coerción siempre, siempre estaremos en favor de la libertad con todos sus riesgos.
También, por ello, presenté al Congreso de la Unión una iniciativa para elevar a la competencia Federal los delitos cometidos en materia de libertad de expresión y de información, los delitos contra periodistas.
Tercero. Trabajamos fuertemente para proteger a los migrantes, a sabiendas de que hoy están amenazados en sus derechos, entre otras cosas por el crimen organizado, y a sabiendas también de que en México ha habido una larga y penosa tradición de violación de los derechos de los migrantes que cruzan nuestro país.
Hoy, también promovimos y el Congreso aprobó una reforma que deroga los tipos delictivos vinculados a la migración. Hoy, México, a mucho orgullo es un país en el cual no se criminaliza el hecho de ser migrante y de eso, no sólo debemos estar orgullosos, sino también eso nos da autoridad moral para exigir respeto a nuestros migrantes en otros territorios.
Estamos haciendo un esfuerzo para que cualquier persona que cruce nuestro territorio sea tratado con dignidad y avanzamos en reformas migratorias para que ciudadanos, por ejemplo de Guatemala, puedan regularizar una entrada normal, cotidiana a nuestro país, a los estados fronterizos, sin necesidad de establecer mayores requisitos que la formalidad que buscamos establecer en nuestro derecho.
Lo hacemos, porque queremos que se dé el mismo trato a nuestros migrantes, que el trato que nosotros demos a quienes nos visitan. Debo mencionar como un elemento fundamental de violación de los derechos humanos de los mexicanos, de potencial violación. Primero. Las nuevas leyes migratorias, particularmente, la SB/1070 del Estado de Arizona, que utiliza un criterio de percepción racial para aplicar la ley. Quizá esto no se ha atendido bien. No se ha entendido que el aplicar la ley con base en criterios raciales no sólo es violatorio del derecho humano del migrante, sino también abre la Caja de Pandora a los peores abusos de la historia de la humanidad.
El tomar como base el perfil racial de la gente convierte a las sociedades en sociedades autoritarias más pronto o más tarde. Por eso protesté enérgicamente ante el Presidente de Estados Unidos y ante el Congreso de este país, por esa peligrosa disposición legal.
Y hoy quiero reiterar frente a los mexicanos más acreditados en materia de protección de derechos humanos en el mundo, como lo son el doctor Fix-Zamudio y el doctor García Ramírez, aquí presentes, nuestra enérgica protesta por la tortura y la muerte de Anastasio Hernández, un mexicano fallecido a manos de las autoridades migratorias norteamericanas. Fue sometido con violencia por ellas y falleció el 31 de mayo pasado.
No extiendo, no extiendo esta protesta al nivel de tortura, ciertamente porque, concedamos beneficio de la duda, que pudo haber sido víctima simplemente del sometimiento, pero ya de suyo una muerte con tal violencia significa, verdaderamente, una violación inaceptable.
He girado instrucciones y hemos presentado las notas diplomáticas debidas, pero necesitamos entre todos alzar la voz, no sólo de México, sino de los derechos humanos, porque la causa de los migrantes es una causa que compete a todos los que tenemos, por ley o por convicción personal, una causa común con los derechos humanos de las personas.
Señor Presidente de la Comisión, señoras y señores:
Otra tarea medular que mi Gobierno reconoce es, precisamente, el evitar o reducir los casos de violaciones a derechos humanos en cumplimiento de la ley por parte de las autoridades, en nuestro caso, Federales, incluyendo las Fuerzas Armadas.
Por eso hemos sido especialmente escrupulosos en que las Fuerzas Armadas sigan las observaciones que la Comisión Nacional realiza y que establezcan oficinas de primer nivel en cada una de las dependencias para atender las violaciones de derechos humanos. Y, además, hemos hecho un esfuerzo denodado para poder capacitar y entrenar en la materia de derechos humanos a integrantes de las Fuerzas Armadas, de la Policía Federal y del Ministerio Público, en el Gobierno Federal.
Señoras y señores:
Este 2010 celebramos el Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución. Más que ello celebramos lo mucho que hemos construido en estos dos siglos de vida independiente y creo que de ello algo valiosísimo ha sido lo construido en estos últimos 20 en materia de derechos humanos.

La Comisión Nacional está dentro de la historia moderna de México, y qué bueno que la esté.
En 1810, una generación de valientes puso fin a la opresión y conquistó para los mexicanos la libertad. En 1910, otra generación de audaces revolucionarios combatió por la democracia, por la justicia, y logró que se estableciera en México los derechos en una Carta Magna, como es la Constitución Mexicana.
Hoy, a la nuestra, que es generación del Centenario y del Bicentenario, quizás no nos toca la ardua tarea de conquistar las libertades y consignarlas en la ley, nos toca otra tarea igualmente importante, que es defenderlas y preservarlas, es ampliar las libertades.
A nosotros nos toca impulsar los cambios profundos que un México diferente y mejor, un México fuerte, un México más seguro, un México más libre, merece y, sobre todo, un México más y más respetuoso cada día con los derechos humanos.
En esa enorme labor, que ha realizado durante dos décadas la Comisión, y que estoy seguro, seguirá realizando también con éxito muchas décadas más, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuenta con el Gobierno Federal, porque su lucha y su esfuerzo es la causa que merecen los mexicanos. Estamos con la Comisión, porque la Comisión de los Derechos Humanos está con el hombre y sus derechos fundamentales.
Enhorabuena a todos ustedes y muchísimas gracias por su invitación.

7 jun 2010

Si la muerte

Si La Muerte de Miguel Huezo Mixco
Si la muerte viene y pregunta por mí
haga el favor
de decirle que vuelva mañana
que todavía no he cancelado mis deudas
ni he terminado un poema
ni me he despedido de nadie
ni he ordenado mi ropa para el viaje
ni he llevado a su destino el encargo ajeno
ni he echado llave en mis gavetas
ni he dicho lo que debia decir a los amigos
ni he sentido el olor de la rosa que no ha nacido
ni he desenterrado mis raices
ni he escrito una carta pendiente
que si siquiera me he lavado las manos
ni he conocido un hijo
ni he empredido caminatas en países desconocidos
ni conozco los siete velos del mar
ni la canción del marino
Si la muerte viniera
diga por favor que estoy entendido
y que me haga una espera
que no he dado a mi novia ni un beso de despedida
que no he repartido mi mano con las de mi familia
ni he desempolvado los libros
ni he silbado la canción preferida
ni me he reconciliado con los enemigos
dígale que no he probado el suicidio
ni he visto libre a mi gente
dígale si viene que vuelva mañana
que no es que la tema pero si siquiera
he empezado a andar el camino

Las columnas políticas hoy, viernes 25 de septiembre de 2026

A sus 74 años y con la salud física mermada, el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, cambiará los fríos muros del penal de ...