22 feb 2008

Muro virtual en la frontera norte

Washington anunció este viernes 22 de febrero la puesta en marcha de un muro virtual en la frontera con México para combatir el tráfico de drogas e indocumentados, así mismo aunnció un aumento de las multas para empresas que los contraten.
Durante una rueda de prensa, los secretarios de Seguridad Nacional, Michael Chertoff, y de Justicia, Michael Mukasey, afirmaron que ambas medidas forman parte de un esfuerzo por frenar la inmigración ilegal en ese país.

El muro, que en un principio abarcará 45 kilómetros en la frontera entre Arizona y México, forma parte de un plan nacional para fortalecer la seguridad en la frontera con México, e incluye barreras físicas y elementos de alta tecnología para detectar personas, con el fin de detener a los indocumentados que viajan a pie y a los narcotraficantes en sus vehículos.
Ese muro, cuya construcción está a cargo de la empresa Boeing Co., incluye torres de observación, radares, sensores de movimiento y potentes cámaras de alta tecnología capaces de distinguir entre personas y animales a una distancia de aproximadamente 16 kilómetros, además de vehículos aéreso no tripulables.
El Gobierno de EE UU le pagó a Boeing un total de 15 millones de dólares para iniciar la construcción del muro virtual pero dicho muro, que comenzó a construirse primero en el sector de Tucson, afrontó una serie de problemas técnicos.
El muro virtua será colocado también en Texas y se suma a las vallas físicas ya construidas en toda la zona fronteriza.
Según Chertoff, se han colocado ya 486 kilómetros y se espera tener un total de 1,078 kilómetros de vallas para fines de este año.
El presidente George W. Bush aprobó la construcción de un muro de 1,126 kilómetros en la frontera el año pasado, pero esto ha sido objeto de protestas y demandas judiciales por parte de residentes afectados en la zona.
En el caso de Texas, la mayoría de los terrenos afectados por ese muro son propiedad privada y muchos vecinos se han quejado de que el muro partirá sus tierras, de que el Gobierno no realizó las debidas consultas ni aceptó alternativas y de que, en general, éste perjudicará el comercio transfronterizo.

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