AYOTZINAPA 12 AÑOS DESPUÉS/
12 años después, la misma pregunta: ¿dónde están los muchachos?/ Fred Alvarez Palafox.
A 12 años de Ayotzinapa, la pregunta de las familias de Ayotzinapa permanece abierta ¿dónde están los muchachos? | Fred Álvarez.
La Silla Rota, 23/9/2026 · 22:03 hs
El pase de lista cada vez tiene más silencios. El desgaste, la angustia y el peso de los años cobran factura. Apenas el pasado 21 de agosto, el aliento de don Francisco Rodríguez se apagó, convirtiéndose en el octavo padre de los normalistas que cierra los ojos para siempre sin arrancar la verdad sobre el paradero de su hijo. Su partida profundiza una herida: en 2018, la pena y la enfermedad ya se habían llevado a su esposa, doña Francisca Minerva Bello. Ambos se despidieron con las manos vacías, consumidos por la misma interrogante.
No son solo nombres coreados en plazas; son cuerpos agotados y almas que se extinguen en la sala de espera de la verdad. A más de una década, el caso Ayotzinapa sobrevive como una herida abierta que sangra a través de tres sexenios: Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y, ahora, Claudia Sheinbaum.
Durante la conferencia matutina del lunes 21 de septiembre, la periodista Dalila Escobar (Proceso) confrontó a la presidenta Sheinbaum sobre el estatus de las investigaciones, desnudando las tensiones que asfixian el caso. Tras un evidente tropiezo de comunicación sobre si el nuevo informe ya se había presentado a las familias, el momento definitorio ocurrió cuando Escobar expuso la dolorosa certeza de los padres: el gobierno mantiene un encubrimiento hacia el Ejército. Recordó, además, los 853 folios de inteligencia militar que las Fuerzas Armadas se niegan a entregar.
La respuesta de la presidenta Sheinbaum fue tajante. Aseguró que en su gobierno "no se encubre a nadie" y advirtió que su administración no toma en cuenta "libros de ficción", defendiendo que las nuevas líneas de investigación se basan en "datos científicos". Este choque documenta el nudo ciego del caso: el Ejecutivo defiende su nueva narrativa desestimando el trabajo previo, mientras las familias advierten que ninguna prueba pericial será suficiente si el Estado sigue esquivando el papel de los cuarteles militares. Al final, resuena la pregunta: ¿dónde están los muchachos?
El laberinto judicial y el escepticismo
En su más reciente reflexión para El Universal, Alejandro Encinas Rodríguez —expresidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa. (CoVAJ)— disecciona un laberinto judicial que no logra conciliar sus avances con el escepticismo de las familias. Las exigencias no ceden: demandan el regreso del GIEI, la apertura de los archivos militares, extradiciones —como la de Tomás Zerón— y el procesamiento penal del exgobernador Ángel Aguirre, en este momento vinculado a proceso.
Y aunque la llegada de Ernestina Godoy a la Fiscalía General de la República (FGR) prometía inyectar un nuevo impulso —una expectativa que hoy despierta profundo escepticismo—, capturas recientes como la del concesionario del Semefo de Iguala, Rodolfo Rueda Mazón, terminan sembrando más dudas que certezas en una herida que sigue abierta.
Respecto al papel de la CNDH y su informe de julio pasado, la postura de Encinas es tajante: para el expresidente de la Comisión, el documento representa un "viraje regresivo". Se trata de un texto que, lejos de arrojar luz, pretende descalificar los avances alcanzados y revictimizar a las familias que siguen buscando a los suyos. Peor aún, funciona como una vía para exonerar al Ejército y a otras autoridades cuya participación en los acontecimientos ya ha sido acreditada y que, de hecho, continúan enfrentando procesos judiciales por los delitos de desaparición.
La endeble “teoría de las funerarias”
Para desmantelar la antigua “Verdad Histórica” que ubicaba el horror en el basurero de Cocula, el Estado erigió un nuevo relato: los estudiantes habrían sido desmembrados y cremados en la funeraria Rueda de Iguala. Para los padres, esto no es justicia, sino un burdo salvavidas diseñado para exculpar a los mandos militares, concentrando la responsabilidad penal en autoridades civiles y trabajadores locales.
La FGR sostiene esta cacería sobre pilares frágiles: testimonios tardíos de criminales transmutados en testigos protegidos y menciones ambiguas en libretas. Sin embargo, esta narrativa de escritorio fue desmentida por los propios padres sobre el terreno. Según documentó el periodista Luis Daniel Nava en la revista Proceso (21/09/2026), durante un recorrido realizado el pasado 20 de marzo por las instalaciones de la funeraria Rueda en compañía de autoridades federales, el expediente oficial se estrelló de frente contra la realidad al evidenciar tres absurdos inexcusables:
Primero, el absurdo técnico: el Semefo carecía de horno en 2014, y los de la funeraria eran minúsculos, aptos apenas para mascotas. Segundo, la parálisis logística: esa madrugada, el Semefo estaba abarrotado y custodiado por el Ejército y la Marina, haciendo irrealizable una cremación masiva. Y tercero, el tropiezo forense: la supuesta "prueba reina" —restos óseos etiquetados con el año 2014— resultó pertenecer a una investigación ajena a los normalistas. "Era una pinche burla, un teatro mediático", sentenció Mario César González Contrera, padre de César Manuel González Hernández, uno de los estudiantes desaparecidos .
Videos destruidos y la absolución institucional
El otro frente latente es el caso Aguirre. El exgobernador de Guerrero fue recientemente vinculado a proceso, acusado de ordenar la destrucción de los videos del Palacio de Justicia de Iguala. El andamiaje descansa en dos exfuncionarias que fungen como testigos protegidos. Sin embargo, la duda procesal persiste: ¿esos discos realmente albergaban evidencia capaz de dinamitar la historia oficial, o estamos ante otro golpe de efecto fiscal difícil de probar materialmente?
A esta tensión se suma la Recomendación 208VG/2026 de la CNDH, que cayó como una losa. En sus 876 páginas, el documento concluye que en Ayotzinapa no existió un crimen de Estado y exime de responsabilidad institucional al Ejército Mexicano, reduciendo la implicación castrense a omisiones individuales.
Aunque el extenso documento acredita violaciones graves a los derechos humanos en agravio de 92 estudiantes de la Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" —clasificando formalmente 40 casos como desaparición forzada y tres como ejecuciones extrajudiciales durante la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014—, su conclusión central desató una profunda indignación.
Para la CNDH, en Ayotzinapa no existió un crimen de Estado. Punto. Una afirmación frontal que choca con lo que han sostenido varios, entre ellos Alejandro Encinas Rodríguez.
El informe redirige la responsabilidad principal hacia las fiscalías locales y los ayuntamientos de Iguala, Cocula y Huitzuco. Al mismo tiempo, concluye que no hubo una participación institucional del Ejército Mexicano en las desapariciones, reduciendo la implicación de los uniformados a actos u omisiones de carácter estrictamente individual (cabe recordar que hay 17 militares vinculados a proceso por su presunta participación en los hechos).
El impacto de este giro obligó a las más altas esferas del poder a reaccionar. La presidenta de la República tuvo que deslindar a su gobierno de la elaboración de esta recomendación con una afirmación tajante: "Nosotros no participamos de ninguna manera en ese informe... es más, no sabíamos que lo iban a publicar". Ante la controversia, instruyó a la Secretaría de Gobernación a realizar un análisis exhaustivo del texto, contrastarlo con las investigaciones vigentes de la FGR y emitir una postura institucional. El resultado se verá en el informe que se presentará esta misma semana, cuyos detalles —según confirmó la mandataria en su conferencia matutina— ya conocen los padres de los estudiantes.
Mientras los despachos oficiales preparan sus respuestas, las familias siguen su paso. El lunes pasado, el Comité de padres de los 43 normalistas desaparecidos volvió a ponerse en marcha para iniciar una nueva jornada de movilizaciones. Bajo la consigna "12 años de lucha, 43 la luz que no se apaga", las actividades abrieron con un foro de análisis político desde el lugar que resguarda su memoria y su exigencia: la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, en Tixtla, Guerrero.
Durante esta semana, la ruta trazada entrelaza el dolor guerrerense con el reclamo directo en la capital del país. Este jueves, el recorrido llega a la Ciudad de México con una concentración frente a las oficinas de la CNDH. Las jornadas de protesta continuarán el viernes con un mitin a las puertas de la SCJN, para culminar el sábado con una caminata que avanzará desde el Ángel de la Independencia hasta la plancha del Zócalo.
En estos días de marchas y de pasos cansados, la atención pública aguarda el contenido exacto del informe prometido desde el Ejecutivo. Queda por ver qué respuestas arrojará frente a una herida colectiva que se niega a cicatrizar.
Para mí, sin embargo, la memoria de estos días guarda un eco aún más íntimo y doloroso: recuerdo que aquella misma y trágica noche de Iguala nos dejó mi amigo Raúl Álvarez Garín, el alma del Comité del 68. De seguir vivo, no tengo la menor duda de que Raúl estaría hoy en las calles, caminando codo a codo en la marcha, exigiendo encontrar a los muchachos de Ayotzinapa.
Al final, entre expedientes y narrativas cruzadas, la incertidumbre sigue intacta: ¿cuál es, entonces, la verdad del caso? Y, sobre todo, ¿dónde están los muchachos?
PD1. ¿Cuáles serán los libros de ficción de los que habló la presidenta en la mañanera?
PD2 Finalmente, la palabra encontró su cauce. En las aulas de la emblemática Escuela de Periodismo Carlos Septién García —un espacio que respira la urgencia de la verdad—, logramos presentar “Ayotzinapa, la falacia del crimen de Estado”, de Gustavo Hirales Morán (Editorial Musa, 2026). Compartir este diálogo no solo con la doctora Cristina Tamariz, sino bajo la mirada atenta de los alumnos, fue un privilegio absoluto; un encuentro de frente, crítico y profundamente humano. Nos marchamos con una certeza ineludible: sobre este tema, la conversación apenas comienza y hay mucho que decir.
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