Lucía Morett, hoy

Lucía Morett, ha pedido acogerse al programa de protección de víctimas de la Fiscalía de Ecuador, señaló este martes el Fiscal General, Washington Pesántez.

En declaraciones a la radio local precisó que "ella ha pedido ingresar al programa de protección a víctimas y testigos que tiene la Fiscalía General del Estado, he dispuesto que las personas encargadas ... hagan el estudio técnico correspondiente y me den un informe para que, de ameritar, ingrese al programa de testigos".
Precisó que la mexicana no tiene cargo alguno por parte de la Fiscalía y "no tiene orden de detención, de manera que ella tranquilamente puede salir del país".

Acerca de los cuatro mexicanos muertos, Pesántez, señaló que ha recibido hace unos días un pedido "de asistencia penal internacional de la Procuraduría Mexicana (PGR) ... respecto a lo que aquí se conoce, yo no tengo ningún problema y se lo voy a enviar (la información)".

Reportaje de Blanche Petrich en La Jornada;7 y 8 de abril de 2008;

Denuncian que personal de la cancillería tiene expedientes de los estudiantes
Padres de jóvenes muertos en Ecuador señalan persecución del gobierno mexicano
■ En la SRE negaron información al principio, pero interrogaron a familiares, aseguran
Lucía Morett tiene desde el pasado viernes 4 de abril la anuencia de los médicos que la atendieron de sus heridas para salir del Hospital Militar de Quito. Recuperada, es capaz de caminar apoyada en una andadera. Sus lesiones físicas están en vías de sanar. No así las heridas invisibles. Insegura, una de las tres únicas sobrevivientes de la masacre perpetrada por el ejército colombiano en Sucumbíos, Ecuador, prefirió pasar un fin de semana más en el sanatorio.
Reconoce que su testimonio será clave en la demanda internacional que presentó la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (ALDHU) contra Colombia por “actos de terrorismo”, por lo que tiene temores fundados de ser presionada o procesada cuando regrese a México. Por ello la semana pasada solicitó la protección del gobierno de Raúl Correa dentro del programa de atención a víctimas y testigos. Además, no descarta la posibilidad de pedir asilo político de no cambiar las condiciones actuales en México.
Su padre, Jorge Morett, asegura que “el gobierno mexicano no ofrece las garantías suficientes para que ella se sienta segura de que no será hostigada ni perseguida por la policía mexicana ni los personeros del gobierno de Álvaro Uribe”.
Su temor radica en las afirmaciones que hizo la Secretaría de Relaciones Exteriores el pasado 14 de marzo, en su boletín 059, y que hasta la fecha no han sido rectificadas. Esto es: “la preocupación del gobierno federal que ciudadanos mexicanos estén relacionados con una organización como las FARC, conocida por su ilegalidad y naturaleza violenta (...) y autora de actividades de narcotráfico”. En ese mismo comunicado la cancillería afirma que está a la espera de que el gobierno de Colombia “proporcione a nuestro país cualquier información derivada de las investigaciones que se llevan a cabo” y, conforme a convenios bilaterales existentes, Bogotá “investigue los presuntos vínculos de nacionales mexicanos que se encontraban en el campamento de las FARC”.
Desde la capital ecuatoriana, Morett señala, en entrevista telefónica, que su hija Lucía desconoce si existe un proceso judicial abierto en su contra. Pero aquí se sabe (La Jornada, 19/03/08) que en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada el Ministerio Público Federal inició una averiguación previa por el supuesto de delitos cometidos por mexicanos en el extranjero por órdenes del procurador, Eduardo Medina Mora.
Esta averiguación previa implica a la sobreviviente de Sucumbíos, pero también a los cuatro jóvenes mexicanos que murieron en el ataque militar: Natalia Verónica Velázquez, Juan González del Castillo, Soren Ángeles Avilés y Fernando Franco.
Este ha sido, hasta hoy, el meollo del diferendo entre las familias de las víctimas y el gobierno mexicano; un conflicto que estará vivo y presente en la agenda bilateral cuando, este 10 de abril, el presidente ecuatoriano Raúl Correa inicie una visita de Estado en nuestro país.
Bogotá sabía; México negaba
El 5 de marzo, a las 8 de la mañana, el mundo se derrumbó a los pies de Rita del Castillo al leer el periódico. El nombre de su único hijo figuraba en la lista de cuatro mexicanos muertos en el ataque en la frontera ecuatoriana. La nota estaba fechada en Bogotá. En un par de horas ella y su esposo, Álvaro González, se encontraban frente al enorme edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, desesperados. Así los encontraron Jorge Morett y su esposa, que habían acudido a pedir ayuda para viajar a Quito a apoyar a su hija, la sobreviviente. Fueron recibidos por el secretario del subsecretario Gerónimo Gutiérrez, Édgar Rodríguez, quien ese día no les dio información. “Decía que nada era oficial; que eran sólo versiones periodísticas”, cuenta Rita del Castillo.
“Pero sí sabían. Más tarde sacaron un comunicado de que desde el día 4, un día antes de la publicación de la noticia en México, habían empezado a investigar la identidad de los mexicanos. ¿Por qué en ese momento nos negaron la información? ¿Por qué nos tuvieron tantos días sin información oficial?”
A Jorge Franco, tío de Fernando Franco, otra de las víctimas, le fue peor. Él llegó a la una de la tarde de ese nefasto día cinco y le pidieron que volviera a las 4 porque el personal había salido a comer. Y así, nueva cita para el jueves, el viernes. El sábado fueron atendidos, junto con los padres de Soren Avilés, por un funcionario de nombre Julián Ahmed, “quien en lugar de ayudarnos nos hizo preguntas de corte policial: que si nuestros hijos portaban uniforme, que si iban armados”.
¿Robo de pasaportes?
A Rita la atormenta una pregunta: “¿Por qué desde el día 4 en Bogotá ya se sabían los nombres de nuestros hijos? ¿Será porque el ejército o la policía de Colombia tenían sus pasaportes y sus pertenencias?” Ha hecho esa pregunta ante el subsecretario Gutiérrez, pero no obtuvo respuesta.
La hipótesis del robo de documentos de los mexicanos por militares colombianos es consistente con el testimonio que rindió a las autoridades ecuatorianas Lucía Morett, en el sentido de que después de los dos bombardeos aéreos en la madrugada del primero de marzo, efectivos colombianos bajaron a tierra en helicópteros, ejecutaron a heridos y a combatientes que se habían rendido y permanecieron casi 12 horas examinando y saqueando el campamento. A las tres mujeres sobrevivientes –Lucía y dos colombianas– les dieron primeros auxilios y luego las abandonaron.
En Quito, el médico forense Marcelo Jácome aseguró a los familiares que los soldados ecuatorianos no recogieron ninguna pertenencia de las víctimas, que sus cuerpos fueron encontrados en ropa interior.
Otra pregunta de Rita: “En Quito nos entrevistamos con el enviado de la cancillería, José Ignacio Piña, director para América Latina. Él traía un expediente grueso. De ahí extrajo una fotografía ampliada. Era Juan, nuestro hijo, en una imagen de unos años antes. ¿De dónde la sacó? ¿Por qué la tenían? ¿Nuestros hijos estaban fichados? ¿Por quién y por qué?”
Relata Marcelo Franco. “Yo, ya se imaginarán ustedes, sentía que me había tragado una cucharada de lava. En el aeropuerto pensaba: seguro me encuentro vivo al Chac –como le decía cariñosamente a su hijo muerto–, le digo ‘vámonos, que la familia te espera’”. Pero el espejismo desapareció en la morgue. “Quise ver el cadáver. Estaba en una plancha. Primero lo acaricié con la vista, admiré lo grande que era. Luego vi su carita. Y no lo reconocí.” Estaba calcinado. Sólo la mitad del rostro estaba intacta.
La experiencia de los González fue distinta. Ellos acataron la sugerencia del forense y sólo vieron fotografías del cuerpo de su hijo. Rita no dudó: “Su pie es inconfundible. Y su mano. Supe de inmediato que era él”. A los ocho días los análisis de ADN confirmaron lo que su intuición había adivinado.
“En esos momentos, al cónsul le preocupaba mucho la imagen de México. Nos pidió que no habláramos con la prensa. Hasta que los abogados de la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos nos dijeron: ‘no, aprovechen a los medios’. Entonces empezamos a hablar.”
El 7 de marzo la ALDHU anunció que presentaría una demanda contra Colombia por “actos terroristas”. Y el 13 de marzo los familiares de las víctimas emitieron su primer comunicado. Pedían, como ahora, una inequívoca condena de México a Colombia por el asesinato de sus hijos, “que se haga justicia y los responsables sean llevados a juicio”, y el cese de la campaña de difamación contra los jóvenes, que esos días eran juzgados y condenados sumariamente por decenas de comentaristas en la prensa mexicana, provistos de “filtraciones” de “fuentes de inteligencia” de todo tipo.
La cancillería respondió (boletín del 14 de marzo) que México exigía “una investigación puntual sobre la pérdida de la vida de los ciudadanos mexicanos y las razones que motivaron su presencia en el campamento armado”. En ese comunicado, el número 059, la SRE confirma que permitirá que Colombia “investigue los vínculos de los mexicanos” con las FARC.
Padres de Morett piden pronunciamiento claro de la SRE sobre la situación de su hija
■ Por sugerencia de la ALDHU y el embajador de Ecuador la estudiante seguirá en el país andino
Blanche Petrich/ II y Último
El 26 de marzo las primeras manifestaciones de protesta por la negligencia del gobierno mexicano en la defensa de las víctimas de la masacre de Sucumbíos llegaron a las puertas de la cancillería. Estudiantes universitarios portaban, entre muchos otros carteles, dos que decían: “Álvaro Uribe asesino” y “Felipe Calderón, cómplice”.
No fue hasta ese momento que en las oficinas de la canciller Patricia Espinosa se decidió cambiar la estrategia ante las familias afectadas por la acción colombiana. Y el trato “burocrático y formal cambió por uno cortés. Sí, muy amable, a decir verdad. Diplomático pero mañoso”, según la opinión de Álvaro González, papá de Juan, uno de los cuatro universitarios muertos en el ataque militar de Colombia en la frontera ecuatoriana.
A partir de ahí, en el lapso de una semana, en tres ocasiones fueron invitados al piso 16 de la SRE a dialogar con el subsecretario para América Latina y el Caribe, Gerónimo Gutiérrez, el embajador Piña y los consultores jurídicos Joel Hernández y Víctor Uribe.
De la primera sesión, el 27 de marzo, recuerda María Álvarez, tía de Lucía, hermana de su madre, María Jesús: “Algunos del grupo llegamos en microbús. En contraste con las primeras visitas a la cancillería, nos esperaban funcionarios en la puerta y nos escoltaron hasta la sala de juntas. Lo primero que el subsecretario les dijo a los papás de los muchachos es que recibieran por su conducto las condolencias del señor Presidente de la República. Yo me quedé pensando: ¿por qué por su conducto y no expresárselas personalmente? Es algo que hasta ahora no entiendo”.
Aquélla fue una reunión accidentada. Gutiérrez empezó con una exposición sobre la naturaleza violenta y delictiva de las FARC. Marcelo Franco, familiar de uno de los estudiantes mexicanos atacados, ofendido, abandonó la oficina, ante las expresiones de preocupación de los funcionarios, temerosos de lo que se pudiera reflejar ante los periodistas que esperaban afuera.
Ana María Ramírez, madre de Verónica Natalia, le respondió con sencillez y sabiduría: “Yo no sé nada de las FARC ni me importa. Lo que sé es que mi hija era muy leída, que yo la admiraba mucho y me la mataron”.
Los padres y hermanos de Soren expresaron su protesta por el intento de los directivos del Instituto Politécnico de borrar el historial de su hijo, brillante alumno, egresado e incluso maestro del plantel. El subsecretario prometió investigar y resolver el problema.
Gutiérrez les informó, además, que el gobierno mexicano había ya pedido al colombiano una indemnización por los muertos y por la sobreviviente Lucía Morett. “Ninguno de nosotros había pedido eso. Le dijimos –refiere Álvaro González– que para nosotros eso no es importante, que lo principal es que México condene a Colombia por lo que hizo.”
Una joven en medio de un conflicto geopolítico
Ese día ya empezaban a circular versiones, que a la postre no se confirmaron, de que Lucía Morett podría pedir asilo político en Ecuador. “Al subsecretario no le cayó en gracia la noticia. Dijo que no había necesidad”, según la tía.
Lo mismo le dijo a Morett el embajador en Ecuador, Humberto Romero. “Que si regresa a México a Lucía no le va a pasar nada, nos dijo. Ok, le dije yo: póngalo por escrito.”
Agrega, por teléfono desde Quito: “Lucía tiene miedo y nos- otros, sus papás, sentimos esa necesidad de protegerla. Hay temores fundados. Reconocemos que la canciller Patricia Espinosa ha dado un paso positivo en los días recientes, al asegurarnos, en una carta, que las acciones de las autoridades mexicanas se apegarán a derecho y que las garantías de Lucía serán salvaguardadas. Pero eso no es suficiente. Nosotros necesitamos saber que nuestra hija no va a enfrentar un proceso penal llegando a México. Queremos un pronunciamiento más específico y claro”.
Lucía, aclara su padre, no se niega a dar su testimonio. “Es más, con el paso de los días y, en medio del dolor de haber perdido a cuatro grandes amigos, ella ha ido cobrando una clara conciencia de la dimensión de los hechos. Sabe que se encuentra en medio de un conflicto geopolítico muy intenso, complejo. Ya ha declarado ante el fiscal de Ecuador, Washington Pesantéz; los ministros de Defensa y del Interior, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza; el embajador mexicano y el enviado de la cancillería, José Ignacio Piña, director para América Latina. Sabe que en el proceso que llevará la ALDHU para demandar a Colombia por actos de terrorismo ella será un testigo clave.”
Después de la primera reunión, el 26 de marzo, esa misma noche la cancillería emitió un comunicado, supuestamente con el consenso de los padres. El viernes 28 hubo una segunda reunión, en la que los familiares reiteraron sus peticiones. El 29, la canciller Patricia Espinosa, quien no ha recibido personalmente a las familias, les dirigió un documento, en el que expresa: “México reprueba el fallecimiento de cuatro nacionales mexicanos y el hecho de que una connacional haya resultado herida”.
El día 30 los padres respondieron con otro comunicado en el que, “con el debido respeto”, muestran su desacuerdo. La carta a Espinosa expresa: “Usted reprueba el fallecimiento (de los jóvenes mexicanos) como si se tratara de un accidente cualquiera”. Y pregunta: “¿Acaso el gobierno colombiano es un amigo entrañable del gobierno mexicano y, por lo tanto, de gobierno a gobierno no nos atrevemos a reclamarle por las víctimas mexicanas?”. También expresan que la petición del gobierno mexicano de “una compensación” a Colombia “nunca ha sido una demanda nuestra, no se nos consultó al respecto y sale del contexto de nuestras demandas”.
Concluyen: “Nuestros muchachos eran investigadores sociales, que con sus conocimientos fueron punto de unión con los pueblos hermanos, verdaderos embajadores de México en América Latina”. Marcelo Franco señala: “Eso lo agregamos porque lo fundamental es la reparación del daño moral que han hecho a la memoria de nuestros hijos por parte del gobierno, del Poli y de muchos periodistas”.
Álvaro refiere que en la última reunión que tuvieron con el subsecretario, les dijo: “Créanme que su demanda no la tenemos aquí, durmiendo en un cajón. Ya la tienen en Los Pinos. ¡Ah!, le respondí, entonces Felipe Calderón la tiene en un cajón. Se molestó. Desde entonces no hemos vuelto a hablar”.
Su esposa, Rita, asegura: “Tenemos la esperanza, ahora que venga el presidente Raúl Correa, de hablar con él. Si no se puede, al menos que hable del tema con Calderón, que él abogue por nosotros ante nuestro propio gobierno”.
Por lo pronto, por sugerencia de la ALDHU y del propio embajador en Ecuador, se sabe que Lucía Morett permanecerá en la nación andina al menos hasta que concluya la visita de Correa. Y se sabe que los dirigentes de la ong también viajarán, esos mismos días, a México.