Triunfo a medias de los vasallos del Vaticano
Jesusa Cervantes
Proceso # 1883, 18 de diciembre de 2011
Un reducido grupo de diputados de los tres principales partidos representados en el Congreso dio un albazo y aprobó modificaciones al artículo 24 constitucional para permitir que la Iglesia celebre ceremonias donde quiera y cuando quiera sin pedirle autorización a nadie. Un resto de pudor impidió que la controvertida iniciativa le permitiera al clero ignorar las leyes y meterse a la educación pública y al espacio radioeléctrico. Legisladores consultados confirman a Proceso que la maniobra fue promovida y orquestada por Enrique Peña Nieto…
El 16 de diciembre de 2009 Enrique Peña Nieto entabló relaciones personales con el jerarca del Vaticano cuando Benedicto XVI lo recibió con su entonces novia La Gaviota. Dos años después el político mexiquense operó para la Iglesia Católica al imponer en la Cámara de Diputados cambios constitucionales que permiten celebrar “individual o colectivamente” y “en público o en privado” ceremonias de culto.
Articulados, Iglesia y Poder Legislativo lograron la noche del jueves 15 –mediante un cuestionado proceso legislativo y votos divididos en las bancadas del PRI, del PRD y hasta del PAN– el reconocimiento constitucional a la “libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión”, y el permiso para los actos “de culto, ceremonias o devociones” en privado y en público.
Las pretensiones originales del grupo parlamentario priista eran mayores: que las iglesias ya no se sujetaran a las reglas de la Secretaría de Gobernación y pudieran reclamar enseñanza en escuelas públicas y futuras concesiones del espectro radioeléctrico.
Durante la discusión, el petista Jaime Cárdenas señaló a Peña Nieto como el promotor de los cambios, en tanto que el priista oaxaqueño Héctor Pablo Ramírez Puga deslizó que la razón obedecía a la anunciada visita del Papa a México.
“Con esto, Enrique Peña Nieto hace un guiño a la Iglesia para lograr su apoyo, así como recibir al Papa en su próxima visita con reglas más laxas para la Iglesia”, dijo Cárdenas a este semanario.
Proceso consultó a diversos legisladores, quienes revelaron que la desaprobación por parte de los priistas ocurrió en ambas cámaras y que incluso el nuevo presidente nacional del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, tuvo que operar para evitar “una rebelión”.
Por ejemplo, en el Senado, cuando el PRI celebraba su plenaria previa a la sesión, una legisladora reclamó: “Estamos enterados que es una solicitud de apoyo expreso de Enrique Peña Nieto para que se apruebe”. En tanto, en San Lázaro las bancadas priistas de Oaxaca, Tabasco y Nuevo León manifestaban su malestar por el regreso de privilegios a la Iglesia.
En su visita al Vaticano en 2009 Peña Nieto le ofreció a Benedicto XVI sus buenos oficios para reformar el artículo 24 constitucional. La respuesta del Papa fue que, en efecto, el tema de la “libertad religiosa forma parte de la agenda pendiente” de la Iglesia.
A lo largo de 2010 Peña Nieto se reunió en dos ocasiones con el nuncio apostólico, el presidente de la Comisión del Episcopado Mexicano, Carlos Aguiar Retes, y el arzobispo primado de México, Norberto Rivera, y les aseguró que sí saldría la reforma… pero pasaron los meses y nada, por lo que los jerarcas buscaron a Josefina Vázquez Mota para operar los cambios.
Lo anterior forma parte de la versión de uno de los seglares más cercanos a la jerarquía de la Iglesia católica en México.
Según la misma fuente, que dada su posición delicada solicitó el anonimato, el paso que obligó a Peña Nieto a impulsar la reforma fue que los jerarcas católicos le enviaron un mensaje diciendo que sería Vázquez Mota quien operaría la reforma; Peña Nieto se comunicó con Chuayffet para que éste forzara una sesión extraordinaria de la Comisión de Puntos Constitucionales y se sacara de la congeladora la iniciativa que se presentó el 20 de marzo de 2010.
Así, sorpresivamente PRI y PAN promovieron la reunión extraordinaria para el miércoles 14, relatan las fuentes consultadas.
El martes 13, cinco secretarios –tres del PRI: Héctor Guevara Ramírez, Reginaldo Rivera de la Torre y Francisco Saracho Navarro, así como dos del PAN: Alberto Pérez Cuevas y Gustavo González Hernández– solicitaron al presidente de la comisión, el perredista Juventino Castro y Castro, una reunión extraordinaria para el siguiente día a fin de aprobar el dictamen.
Castro les explicó que legalmente estaba impedido, pues el reglamento de la Cámara exige convocar con 24 horas de antelación, además de que dicha solicitud la tenían que hacer por lo menos seis secretarios y no cinco.
El hecho no les importó a priistas y panistas, quienes con 19 asistentes y sin el aviso a los legisladores de PRD y PT realizaron el encuentro y aprobaron los cambios constitucionales que se sometieron al pleno el jueves 15.
La citada operación fue solicitada por Peña Nieto y sus seguidores. El diputado perredista y secretario de la Comisión, Nazario Norberto, dice a Proceso que fue el propio presidente de la Mesa Directiva, Emilio Chuayffet, quien les dijo a los priistas que realizaran la reunión, calificada por la oposición como “ilegal”.
Los operadores de Peña Nieto en San Lázaro mantuvieron en secreto sus pretensiones hasta el último momento. El miércoles 14, cuando aún no se reunía la Comisión de Puntos Constitucionales para aprobar el dictamen, desde la Cámara de Diputados salió una llamada al Senado para solicitar ayuda y avalar los cambios que se aprobarían en el pleno el día siguiente.
La respuesta de los senadores a esa llamada fue que en todo caso el tema se discutiría en febrero, cuando el Senado reiniciará sus trabajos legislativos. La mañana del jueves 15, cuando el escándalo generado por el contenido de la pretendida reforma ya estaba en los medios, la alerta llegó al Senado, que realizaba su plenaria previa a la última sesión.
Los senadores reclamaron una explicación por la información difundida en los medios, toda vez que las nuevas facultades otorgadas a la Iglesia la libraban de solicitar permisos a la Secretaría de Gobernación, la encargada de aplicar la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Y es que en el dictamen se “abrogaba” el tercer párrafo, que la obligaba a ello.
Pedro Joaquín tuvo que asistir a la reunión para calmar los ánimos de los senadores, quienes le reclamaron que ese partido estuviera “siendo tan obsequioso con el clero, aún más que los propios panistas”.
Un legislador le recordó que abrogar el tercer párrafo del artículo 24 de la Constitución “significaba borrar en los hechos la Ley de Asociaciones Religiosas, que es la que reglamenta las acciones de la Iglesia”. Incluso se le reclamó que los diputados del PRI hubieran aprobado en comisiones un dictamen distinto al que ya la misma mesa directiva de dicha Comisión había aprobado y que lo único que contenía era el cumplimiento del Pacto de San José, que es el reconocimiento de la libertad religiosa.
A esa hora en la Cámara de Diputados los legisladores priistas de Oaxaca, Tabasco y Nuevo León ya habían manifestado al coordinador su preocupación por el contenido.
“Lo que está sucediendo allá –le dijo un senador al presidente del PRI– es que estamos enterados de que se trata de una solicitud de apoyo expreso de Peña Nieto para que se apruebe”. Joaquín escuchó en silencio los reclamos y las aseveraciones sin desmentir nada.
Articulados, Iglesia y Poder Legislativo lograron la noche del jueves 15 –mediante un cuestionado proceso legislativo y votos divididos en las bancadas del PRI, del PRD y hasta del PAN– el reconocimiento constitucional a la “libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión”, y el permiso para los actos “de culto, ceremonias o devociones” en privado y en público.
Las pretensiones originales del grupo parlamentario priista eran mayores: que las iglesias ya no se sujetaran a las reglas de la Secretaría de Gobernación y pudieran reclamar enseñanza en escuelas públicas y futuras concesiones del espectro radioeléctrico.
Durante la discusión, el petista Jaime Cárdenas señaló a Peña Nieto como el promotor de los cambios, en tanto que el priista oaxaqueño Héctor Pablo Ramírez Puga deslizó que la razón obedecía a la anunciada visita del Papa a México.
“Con esto, Enrique Peña Nieto hace un guiño a la Iglesia para lograr su apoyo, así como recibir al Papa en su próxima visita con reglas más laxas para la Iglesia”, dijo Cárdenas a este semanario.
Proceso consultó a diversos legisladores, quienes revelaron que la desaprobación por parte de los priistas ocurrió en ambas cámaras y que incluso el nuevo presidente nacional del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, tuvo que operar para evitar “una rebelión”.
Por ejemplo, en el Senado, cuando el PRI celebraba su plenaria previa a la sesión, una legisladora reclamó: “Estamos enterados que es una solicitud de apoyo expreso de Enrique Peña Nieto para que se apruebe”. En tanto, en San Lázaro las bancadas priistas de Oaxaca, Tabasco y Nuevo León manifestaban su malestar por el regreso de privilegios a la Iglesia.
En su visita al Vaticano en 2009 Peña Nieto le ofreció a Benedicto XVI sus buenos oficios para reformar el artículo 24 constitucional. La respuesta del Papa fue que, en efecto, el tema de la “libertad religiosa forma parte de la agenda pendiente” de la Iglesia.
A lo largo de 2010 Peña Nieto se reunió en dos ocasiones con el nuncio apostólico, el presidente de la Comisión del Episcopado Mexicano, Carlos Aguiar Retes, y el arzobispo primado de México, Norberto Rivera, y les aseguró que sí saldría la reforma… pero pasaron los meses y nada, por lo que los jerarcas buscaron a Josefina Vázquez Mota para operar los cambios.
Lo anterior forma parte de la versión de uno de los seglares más cercanos a la jerarquía de la Iglesia católica en México.
Según la misma fuente, que dada su posición delicada solicitó el anonimato, el paso que obligó a Peña Nieto a impulsar la reforma fue que los jerarcas católicos le enviaron un mensaje diciendo que sería Vázquez Mota quien operaría la reforma; Peña Nieto se comunicó con Chuayffet para que éste forzara una sesión extraordinaria de la Comisión de Puntos Constitucionales y se sacara de la congeladora la iniciativa que se presentó el 20 de marzo de 2010.
Así, sorpresivamente PRI y PAN promovieron la reunión extraordinaria para el miércoles 14, relatan las fuentes consultadas.
El martes 13, cinco secretarios –tres del PRI: Héctor Guevara Ramírez, Reginaldo Rivera de la Torre y Francisco Saracho Navarro, así como dos del PAN: Alberto Pérez Cuevas y Gustavo González Hernández– solicitaron al presidente de la comisión, el perredista Juventino Castro y Castro, una reunión extraordinaria para el siguiente día a fin de aprobar el dictamen.
Castro les explicó que legalmente estaba impedido, pues el reglamento de la Cámara exige convocar con 24 horas de antelación, además de que dicha solicitud la tenían que hacer por lo menos seis secretarios y no cinco.
El hecho no les importó a priistas y panistas, quienes con 19 asistentes y sin el aviso a los legisladores de PRD y PT realizaron el encuentro y aprobaron los cambios constitucionales que se sometieron al pleno el jueves 15.
La citada operación fue solicitada por Peña Nieto y sus seguidores. El diputado perredista y secretario de la Comisión, Nazario Norberto, dice a Proceso que fue el propio presidente de la Mesa Directiva, Emilio Chuayffet, quien les dijo a los priistas que realizaran la reunión, calificada por la oposición como “ilegal”.
Los operadores de Peña Nieto en San Lázaro mantuvieron en secreto sus pretensiones hasta el último momento. El miércoles 14, cuando aún no se reunía la Comisión de Puntos Constitucionales para aprobar el dictamen, desde la Cámara de Diputados salió una llamada al Senado para solicitar ayuda y avalar los cambios que se aprobarían en el pleno el día siguiente.
La respuesta de los senadores a esa llamada fue que en todo caso el tema se discutiría en febrero, cuando el Senado reiniciará sus trabajos legislativos. La mañana del jueves 15, cuando el escándalo generado por el contenido de la pretendida reforma ya estaba en los medios, la alerta llegó al Senado, que realizaba su plenaria previa a la última sesión.
Los senadores reclamaron una explicación por la información difundida en los medios, toda vez que las nuevas facultades otorgadas a la Iglesia la libraban de solicitar permisos a la Secretaría de Gobernación, la encargada de aplicar la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Y es que en el dictamen se “abrogaba” el tercer párrafo, que la obligaba a ello.
Pedro Joaquín tuvo que asistir a la reunión para calmar los ánimos de los senadores, quienes le reclamaron que ese partido estuviera “siendo tan obsequioso con el clero, aún más que los propios panistas”.
Un legislador le recordó que abrogar el tercer párrafo del artículo 24 de la Constitución “significaba borrar en los hechos la Ley de Asociaciones Religiosas, que es la que reglamenta las acciones de la Iglesia”. Incluso se le reclamó que los diputados del PRI hubieran aprobado en comisiones un dictamen distinto al que ya la misma mesa directiva de dicha Comisión había aprobado y que lo único que contenía era el cumplimiento del Pacto de San José, que es el reconocimiento de la libertad religiosa.
A esa hora en la Cámara de Diputados los legisladores priistas de Oaxaca, Tabasco y Nuevo León ya habían manifestado al coordinador su preocupación por el contenido.
“Lo que está sucediendo allá –le dijo un senador al presidente del PRI– es que estamos enterados de que se trata de una solicitud de apoyo expreso de Peña Nieto para que se apruebe”. Joaquín escuchó en silencio los reclamos y las aseveraciones sin desmentir nada.
Cambio acotado
La discusión, negociación y aprobación de la reforma al artículo 24 en la Cámara de Diputados siguió un tortuoso camino a lo largo del jueves 15.
Dos elementos ayudaron a crispar los ánimos de los opositores de la reforma: uno, el día anterior el sacerdote católico José de Jesús Aguilar Valdés acudió a la Cámara de Diputados, un edificio público, para realizar un acto de culto: “bendecir” la sala de prensa. La ceremonia fue promovida por 31 reporteros de la fuente y de ella tuvo conocimiento en todo momento Emilio Chuayffet.
El segundo tema que se cruzaba y contaminaba la discusión y aprobación de la reforma era la designación del nuevo presidente de la Mesa Directiva, el perredista Guadalupe Acosta Naranjo, quien sustituirá a Chuayffet.
En medio de estos dos acontecimientos, del reclamo por el “ilegal” proceso de aprobación en comisiones del dictamen del 24 constitucional, algunos legisladores del PRD y los del PT tomaron la tribuna en dos ocasiones para evitar la aprobación. Además una fracción del PRI se negaba a “traicionar” el espíritu de las leyes de Reforma, que separaron a Estado e Iglesia.
Para evitar la rebelión priista, Pedro Joaquín tuvo que aceptar una negociación y “conciliar una versión final que dejara en claro que se trata de una redacción totalmente distinta a la presentada”, revelaron las fuentes consultadas.
El PRD en su negociación por la presidencia de la Mesa Directiva, la amenaza constante de la toma de tribuna del PT y una parte del PRD y el malestar de un importante número de priistas generó cambios sustanciales al dictamen.
El primer dictamen, presentado el 20 de marzo de 2010 por el priista Ricardo López Pescador, establecía primero la libertad de conciencia y religión y su manifestación “individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de ritos, las prácticas, la difusión y la enseñanza; siempre que no constituyan un delito o una falta sancionados por la ley”. Además derogaba la obligación de las iglesias de sujetarse a la Ley de Asociaciones Religiosas y, sobre todo, establecía un último párrafo que dejaba ver las intenciones de que la Iglesia interviniera en la educación pública:
“El Estado respetará la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.”
La Comisión de Puntos Constitucionales elaboró un proyecto de dictamen que reintegraba la obligación de sujetarse a la Ley de Asociaciones Religiosas y respetando el Pacto de San José, dejó el primer párrafo de la siguiente manera:
“Todo individuo tiene derecho a la libertad religiosa, de conciencia y a profesar la que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley.”
Éste era el dictamen que la comisión debió discutir. Pero PRI y PAN, durante la reunión de la noche del miércoles 14, presentaron otro totalmente distinto, lo votaron y fue el que se presentó al pleno la mañana del 15, lo que generó malestar entre sus correligionarios.
El dictamen de la comisión, como lo hacía el priista, derogaba la obligación de sujetarse a la Ley de Asociaciones Religiosas. El primer párrafo, rezaba: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de practicar, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. Nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política”.
Diversos legisladores que pidieron el anonimato aseguran a Proceso que la coordinación del PRI presionó a los perredistas con impedir la llegada de Guadalupe Acosta Naranjo a la Presidencia de la Mesa Directiva si mantenían su oposición a la reforma.
Finalmente los perredistas de la corriente de Acosta Naranjo, Los Chuchos, aceptaron y votaron a favor. El PRD se partió en tres: Los Chuchos (20) votaron a favor, los lopezobradoristas (22) en contra y 25 más prefirieron ausentarse.
Sorteado el obstáculo con los perredistas aún quedaba la rebelión del PRI, por lo que Joaquín dio la orden para que se modificara el dictamen. El encargado de deshacer el entuerto fue Felipe Solís Acero, quien incluyó la fracción derogada que obliga a las iglesias a sujetarse a la Ley de Asociaciones Religiosas.
Además modificaron el párrafo primero, que quedó así: “Toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos de culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley”.
A pesar de los cambios y pese a la operación de Peña Nieto hubo 17 votos del PRI en contra –de los oaxaqueños y tabasqueños–, 102 a favor y 115 prefirieron ausentarse y no votar, entre ellos Alfonso Navarrete Prida y Sebastián Lerdo de Tejada.
Nazario Norberto aclaró que lo peligroso de la reforma es que se mantuvieran los términos “individual o colectivamente” y “público y privado”, pues dijo que ello abría la puerta a que la Iglesia reclamara su derecho a ejercer su religión en edificios públicos, a enseñar en las escuelas públicas y a reclamar concesiones públicas de radio y televisión.
El promotor de la reforma, López Pescador, dijo que no significaba la participación de la Iglesia en la educación, pues eso se garantizaba con el artículo 3 de la Constitución, ni se le permitía a la Iglesia acceder a las concesiones de radio o televisión. Lo mismo expresó el panista Alberto Pérez Cuevas; incluso fue más allá: dijo que aunque algunos se quieren colgar la medalla, “es falso que haya sido promovido el cambio por Peña Nieto”.
Varios legisladores consideraron que las pretensiones de Peña Nieto de ofrecerle todo a la Iglesia en busca de su respaldo político no se pudieron lograr. “Habrá que ver si lo aprobado les gusta a los jerarcas”, comentó uno de ellos.
La cercanía que inició Peña Nieto en diciembre de 2009 con Benedicto XVI estuvo en todo momento respaldada por el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Carlos Aguiar Retes, quien lo acompañó al Vaticano el 16 de diciembre de ese año. La relación entre el Papa y Peña Nieto rindió frutos, pues de manera “personal” el Vaticano lo invitó para que asistiera el 1 de mayo de 2010 a la beatificación de Juan Pablo II, invitación que el mexiquense declinó.
Dos elementos ayudaron a crispar los ánimos de los opositores de la reforma: uno, el día anterior el sacerdote católico José de Jesús Aguilar Valdés acudió a la Cámara de Diputados, un edificio público, para realizar un acto de culto: “bendecir” la sala de prensa. La ceremonia fue promovida por 31 reporteros de la fuente y de ella tuvo conocimiento en todo momento Emilio Chuayffet.
El segundo tema que se cruzaba y contaminaba la discusión y aprobación de la reforma era la designación del nuevo presidente de la Mesa Directiva, el perredista Guadalupe Acosta Naranjo, quien sustituirá a Chuayffet.
En medio de estos dos acontecimientos, del reclamo por el “ilegal” proceso de aprobación en comisiones del dictamen del 24 constitucional, algunos legisladores del PRD y los del PT tomaron la tribuna en dos ocasiones para evitar la aprobación. Además una fracción del PRI se negaba a “traicionar” el espíritu de las leyes de Reforma, que separaron a Estado e Iglesia.
Para evitar la rebelión priista, Pedro Joaquín tuvo que aceptar una negociación y “conciliar una versión final que dejara en claro que se trata de una redacción totalmente distinta a la presentada”, revelaron las fuentes consultadas.
El PRD en su negociación por la presidencia de la Mesa Directiva, la amenaza constante de la toma de tribuna del PT y una parte del PRD y el malestar de un importante número de priistas generó cambios sustanciales al dictamen.
El primer dictamen, presentado el 20 de marzo de 2010 por el priista Ricardo López Pescador, establecía primero la libertad de conciencia y religión y su manifestación “individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de ritos, las prácticas, la difusión y la enseñanza; siempre que no constituyan un delito o una falta sancionados por la ley”. Además derogaba la obligación de las iglesias de sujetarse a la Ley de Asociaciones Religiosas y, sobre todo, establecía un último párrafo que dejaba ver las intenciones de que la Iglesia interviniera en la educación pública:
“El Estado respetará la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.”
La Comisión de Puntos Constitucionales elaboró un proyecto de dictamen que reintegraba la obligación de sujetarse a la Ley de Asociaciones Religiosas y respetando el Pacto de San José, dejó el primer párrafo de la siguiente manera:
“Todo individuo tiene derecho a la libertad religiosa, de conciencia y a profesar la que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley.”
Éste era el dictamen que la comisión debió discutir. Pero PRI y PAN, durante la reunión de la noche del miércoles 14, presentaron otro totalmente distinto, lo votaron y fue el que se presentó al pleno la mañana del 15, lo que generó malestar entre sus correligionarios.
El dictamen de la comisión, como lo hacía el priista, derogaba la obligación de sujetarse a la Ley de Asociaciones Religiosas. El primer párrafo, rezaba: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de practicar, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. Nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política”.
Diversos legisladores que pidieron el anonimato aseguran a Proceso que la coordinación del PRI presionó a los perredistas con impedir la llegada de Guadalupe Acosta Naranjo a la Presidencia de la Mesa Directiva si mantenían su oposición a la reforma.
Finalmente los perredistas de la corriente de Acosta Naranjo, Los Chuchos, aceptaron y votaron a favor. El PRD se partió en tres: Los Chuchos (20) votaron a favor, los lopezobradoristas (22) en contra y 25 más prefirieron ausentarse.
Sorteado el obstáculo con los perredistas aún quedaba la rebelión del PRI, por lo que Joaquín dio la orden para que se modificara el dictamen. El encargado de deshacer el entuerto fue Felipe Solís Acero, quien incluyó la fracción derogada que obliga a las iglesias a sujetarse a la Ley de Asociaciones Religiosas.
Además modificaron el párrafo primero, que quedó así: “Toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos de culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley”.
A pesar de los cambios y pese a la operación de Peña Nieto hubo 17 votos del PRI en contra –de los oaxaqueños y tabasqueños–, 102 a favor y 115 prefirieron ausentarse y no votar, entre ellos Alfonso Navarrete Prida y Sebastián Lerdo de Tejada.
Nazario Norberto aclaró que lo peligroso de la reforma es que se mantuvieran los términos “individual o colectivamente” y “público y privado”, pues dijo que ello abría la puerta a que la Iglesia reclamara su derecho a ejercer su religión en edificios públicos, a enseñar en las escuelas públicas y a reclamar concesiones públicas de radio y televisión.
El promotor de la reforma, López Pescador, dijo que no significaba la participación de la Iglesia en la educación, pues eso se garantizaba con el artículo 3 de la Constitución, ni se le permitía a la Iglesia acceder a las concesiones de radio o televisión. Lo mismo expresó el panista Alberto Pérez Cuevas; incluso fue más allá: dijo que aunque algunos se quieren colgar la medalla, “es falso que haya sido promovido el cambio por Peña Nieto”.
Varios legisladores consideraron que las pretensiones de Peña Nieto de ofrecerle todo a la Iglesia en busca de su respaldo político no se pudieron lograr. “Habrá que ver si lo aprobado les gusta a los jerarcas”, comentó uno de ellos.
La cercanía que inició Peña Nieto en diciembre de 2009 con Benedicto XVI estuvo en todo momento respaldada por el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Carlos Aguiar Retes, quien lo acompañó al Vaticano el 16 de diciembre de ese año. La relación entre el Papa y Peña Nieto rindió frutos, pues de manera “personal” el Vaticano lo invitó para que asistiera el 1 de mayo de 2010 a la beatificación de Juan Pablo II, invitación que el mexiquense declinó.
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