Crímenes con trasfondo porril

Crímenes con trasfondo porril

Felipe y Alberto Cobian y Osorio

Proceso # 1833, 18 de diciembre de 2011

Inscrito en el clima de violencia que se generaliza en el país, un multihomicidio indignó a la sociedad tapatía, en particular a la comunidad de la Universidad de Guadalajara. Cuatro jóvenes preparatorianos y un padre de familia fueron asesinados y enterrados en la sede de la Federación de Estudiantes de Guadalajara (FEG). Estas muertes se suman a la historia negra de ese organismo porril, del que surgieron políticos de todo signo, varios de ellos con muy mala reputación.

GUADALAJARA, JAL.-“Pasen y revisen todo el edificio para que vean que no hay cuerpos enterrados ni armas”, dijo el presidente de la Federación de Estudiantes de Guadalajara (FEG), Tonatiuh Bravo Padilla, a un grupo de alumnos de sociología que a finales de los ochenta acudió a la sede fegista a pedir permiso para competir contra la planilla oficial que buscaba la representación en la Facultad de Filosofía y Letras.

El exdiputado Tonatiuh Bravo Padilla, rector por segunda ocasión del Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas (CUCEA), se refería en broma a la leyenda urbana de que en los extensos terrenos de la FEG –más de media hectárea– había muchos cadáveres enterrados.

Ahora que la Procuraduría General de Justicia de Jalisco (PGJ) exhumó cinco cadáveres en los terrenos que ocupa la FEG, la anécdota adquiere un matiz tan tétrico como el del edificio que alberga a dicha federación, por cuya presidencia pasaron también los hermanos Raúl y José Trinidad Padilla López, ambos exrectores de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

Según los peritajes, los cuerpos desen­terrados son de cuatro estudiantes de la preparatoria 8 y de un padre de familia que vendía churros en las inmediaciones de la FEG (Carlos Pereyra 100) y la Escuela Normal de Jalisco, en la glorieta del mismo nombre, en la colonia Miraflores. Para ello pagaba derecho de piso a la federación, una antigua práctica que se ha mantenido durante años en esta organización porril.

De acuerdo con el procurador Tomás Coronado Olmos, el multihomicidio estaría relacionado con el reclamo por el cobro excesivo de cuotas que la FEG aplicaba al padre de familia, cuyo nombre era Armando Gómez. Fuentes consultadas por este semanario refieren que la agrupación extorsiona a los vendedores ambulantes que se instalan cerca de escuelas secundarias, del Hospital Civil y del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI).

En un recorrido que Proceso realizó por lugares donde la FEG cobra derecho de piso, los ambulantes comentan que esa organización les exige el pago de 100 pesos semanales y la compra de una credencial en 600 pesos. A cambio, no los molestan los inspectores del ayuntamiento de Guadalajara.

Poco después de las dos de la tarde del miércoles 14, la UdeG emitió un boletín en el que informaba de la desaparición de cuatro alumnos de la preparatoria 8 y de un padre de familia. Precisó que los estudiantes desa­parecidos eran Francisco Javier Carrillo García, Gabriel Morán Cervantes, Juan Valentín Guerrero y Óscar Ismael Gómez Saucedo, hijo de Armando Gómez. Los muchachos cursaban el tercer semestre de preparatoria.

A esa hora, peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y elementos de la Policía Investigadora ya habían localizado en la parte trasera del edificio de la FEG dos cadáveres, hasta ese momento no identificados.

La policía ingresó al inmueble con una orden de cateo expedida a temprana hora del miércoles 14, a pesar de que la PGJ la había solicitado desde el sábado 10 al Juzgado 12 de lo Penal. El retraso es inexplicable.

Ese mismo día, la procuraduría recibió la denuncia de la desaparición de los cuatro jóvenes y del vendedor ambulante y padre de familia. Sus familiares los vieron por última vez el viernes 9 y al no saber nada de ellos en el curso de la noche, el sábado acudieron temprano a levantar la denuncia.

Reacciona la UdeG

Contrariamente a lo que ocurrió en noviembre pasado, cuando se presentaron al menos 10 denuncias por la desaparición de las 26 personas que luego fueron encontradas asesinadas junto a los Arcos del Milenio, en esta ocasión la PGJ actuó con celeridad y acudió el mismo día a las instalaciones de la federación.

Familiares de las víctimas estaban seguros de que a los desaparecidos les había ocurrido algo terrible en la FEG, pues a este lugar se habían dirigido el viernes 9 para arreglar un asunto. Un compañero de los estudiantes confirmó su certeza cuando les comentó a los familiares que el grupo había ido a ese lugar. También les dijo que él no los pudo acompañar por motivos de trabajo y eso lo salvó.

Los policías encontraron el edificio abandonado y se percataron de que junto a una cancha de frontón había tierra removida. Por ello solicitaron la orden de cateo.

En el primer día de excavaciones, que concluyeron alrededor de las 10 de la noche, los peritos forenses localizaron tres cadáveres. Al segundo día, el jueves 15, exhumaron a los otros dos. Todos fueron llevados al Servicio Médico Forense para la autopsia e identificación. Pudo comprobarse que murieron por impacto de arma de fuego y por heridas de objeto punzocortante.

El asesinato múltiple puso en alerta a la UdeG. Incluso Raúl Padilla López, el hombre fuerte de esta casa de estudios desde hace 23 años, tuvo que suspender un viaje a Los Ángeles, California, a donde acude con frecuencia.

La UdeG difundió un boletín en el que dio cuenta de la desaparición de cinco personas. También advirtió de “la existencia de grupos armados que operan con plena impunidad y sin que la autoridad haga algo al respecto”. Asimismo publicó en los diarios dos desplegados dirigidos al presidente Felipe Calderón, al gobernador Emilio González y al secretario de Gobernación, Alejandro Poiré.

En el primer desplegado, aparecido el jueves 15, la institución pedía la búsqueda y localización de los estudiantes y el padre desaparecidos. Se quejaba de “la inseguridad que priva en el país y crea una sensación de vulnerabilidad en la sociedad”. En el segundo demanda castigar a los culpables de la masacre, así como la desaparición de la FEG y la entrega de su edificio a la casa de estudios.

Además, los firmantes, miembros del consejo de rectores encabezados por Marco Antonio Cortés Guardado, se quejan por la impunidad de que goza la FEG y piden que “se castigue a los responsables de la red de corrupción” que a su juicio se da gracias a quienes fungen como “padrinos” políticos de ese organismo. Sin embargo, no mencionan los nombres de los presuntos protectores.

Puntualizan: “Todo apunta a actos de extorsión a cargo de integrantes de la pseudorganización denominada Federación de Estudiantes de Guadalajara (FEG) y la operación de grupos armados y porriles que asesinaron a cuatro estudiantes menores de edad… y al padre de uno de ellos, y los enterraron en fosas clandestinas en sus propias instalaciones.

“Es necesario que se aclare, sin dejar espacio a ninguna duda, la participación de este organismo gangsteril en estos atroces acontecimientos y se castigue a los responsables. Se deben investigar a fondo las prácticas de la FEG en la venta de protección a vendedores ambulantes, el control de cooperativas escolares de escuelas secundarias y los actos de violencia en las preparatorias 1, 2, 11, Vocacional, Politécnica, de Tonalá Norte, en la Feria Internacional del Libro y en las instalaciones de la FEU y otras dependencias universitarias, “y que se reintegren a la UdeG las instalaciones ocupadas en forma ilegal en el Hospital Civil y en (la calle) Carlos Pereyra.”

Finalmente, en el documento publicado el viernes 16 la casa de estudios manifestó su “consternación y solidaridad con los familiares de las víctimas y con la comunidad universitaria de la preparatoria 8, por los recientes acontecimientos”.

Negro historial

El presidente de la FEG, Israel Mariscal Quezada, se deslindó de los asesinatos y en su cuenta de Facebook aseguró que la organización ha hecho a un lado las prácticas violentas que la caracterizaron cuando era dirigida por personajes desagradables. Añadió que éstos ahora “intentan olvidar de dónde salieron y el periodo de impunidad que ellos mismos propiciaron y dirigieron”.

Mariscal declaró a los medios que el asesinato de cinco personas y la localización de sus cuerpos es “un hecho aislado” que no afecta el desarrollo histórico de la organización que encabeza.

Por su parte, el gobernador Emilio González Márquez reveló que hay algunas pistas de los asesinos. La procuraduría identificó a un sujeto a quien le apodan El Tatuado como uno de los presuntos responsables. El viernes 16 por la tarde, cerca de 5 mil universitarios (entre estudiantes y directivos) demandaron castigo para los asesinos de los alumnos de la preparatoria 8.

Ahora, la UdeG reclama para sí el edificio de la FEG. Este inmueble está en poder del gobierno estatal desde 2004, cuando la administración municipal encabezada por Emilio González entregó ese espacio al gobierno de Francisco Ramírez Acuña, ambos de extracción panista y quienes han tenido fricciones con el grupo UdeG liderado por Raúl Padilla López.

La FEG nació en 1948 al desaparecer el FESO (Federación de Estudiantes Socialistas de Occidente), cuyo último presidente fue Raúl Padilla Gutiérrez, padre de Raúl y de Trinidad Padilla López. Desde entonces, la agrupación creció al amparo del poder y de ahí surgieron políticos priistas; casi todos sus principales dirigentes llegaron a ser diputados o senadores. Así ocurrió con Miguel Naranjo Granda, Carlos Ramírez Ladewig –quien se convirtió en su cacique hasta su violenta muerte en 1973–, José Luis Lamadrid, José Guadalupe Zuno, José Manuel Correa y Félix Flores, entre otros. Los gobernadores Guillermo Cosío Vidaurri y Carlos Rivera Aceves también tuvieron relación con esa organización de raigambre porril.

Cuando se formó el movimiento estudiantil de 1968, la FEG fue baluarte del gobierno diazordacista por medio del entonces gobernador Francisco Medina Ascencio, quien tuvo la encomienda de sobornar a los dirigentes fegistas con puestos públicos, autos, relojes Rólex, terrenos y aun con el edificio donde ocurrió el múltiple asesinato, y sobre todo con protección e impunidad. Así, algunos líderes, como Carlos Morales García, El Pelacuas, se convirtieron en jefes de grupos mafiosos.

Algunos de sus dirigentes murieron violentamente, como Fernando Medina Lúa o Hermenegildo Romo. Después, del seno de la FEG vendría el nacimiento, entre otros, del FER (Frente Estudiantil Revolucionario) y el FRAP (Frente Revolucionario Armado Popular).

Otros expresidentes del organismo estudiantil fueron más afortunados, como Enrique Zambrano Villa, Enrique Alfaro Anguiano, los hermanos Padilla López y Carlos Briseño Torres, quienes llegaron a ser rectores de la UdeG. Este último merece mención aparte porque terminó suicidándose el 19 de noviembre de 2009 luego de ser destituido por diferencias con Raúl Padilla.

A finales de los ochenta, cuando Padilla se hizo de la rectoría de la UdeG, cortó de tajo con la FEG. En la práctica emuló a Ramírez Ladewig al crear y manejar la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) y la convirtió en el organismo oficial del estudiantado.

Al tiempo que se descubrieron los cadáveres en las fosas clandestinas de la FEG se conoció de la sentencia a 30 años de prisión que impuso el juez décimo penal en contra de Iván Gómez López como uno de los responsables del crimen contra el exdirector de la preparatoria 7 Fernando González Sandoval, brazo derecho del presidente de la Feria Internacional del Libro. Casualmente, González fue acribillado (también) un 9 de diciembre, pero de 2009, en las calles de Pablo Neruda y Patria, cerca de la Universidad Autónoma de Guadalajara.

El homicidio supuestamente fue orquestado por los hermanos Gustavo y Richard Mancilla. Los dos eran escoltas de Padilla y estaban dados de alta en la nómina de la Procuraduría General de Justicia. Sin embargo, la fiscalía no ha ejercido ninguna acción penal contra ellos, según comenta Alfonso Partida Caballero, abogado de la UdeG para ese caso.