Reos... de la iniciativa privada/RODRIGO VERA

Reos... de la iniciativa privada/RODRIGO VERA

Revista Proceso No- 1905, 12 de mayo de 2013;

Los señores del dinero en México ya metieron las manos en un negocio que hasta hace poco les era ajeno: las cárceles. Empresarios como Carlos Slim, Olegario Vázquez Raña y las familias Hank y Quintana ya construyen prisiones gracias a que en el sexenio pasado Genaro García Luna, entonces secretario de Seguridad Pública, les abrió la puerta a ese esquema copiado de Estados Unidos. Pero voces disidentes alertan: Privatizar el sistema penitenciario es darle paso al crimen organizado para que lo controle, ahora sí formalmente.

 Con el respaldo del gobierno, la iniciativa privada ya incursiona en la construcción y administración de cárceles en México, pues descubrió que el sistema penitenciario nacional, con una población de más de 238 mil reclusos, es un importantísimo “nicho de negocios” del que puede sacar jugosas ganancias.

 Pese a carecer de experiencia en un ramo tan delicado para la seguridad, ya empiezan a invertir sumas multimillonarias en el rubro algunos empresarios como Carlos Slim y Olegario Vázquez Raña y las familias Hank Rhon y Quintana.

 El actual promotor de las cárceles privadas es el titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Manuel Mondragón y Kalb, quien alaba así las bondades de este tipo de prisiones: “En ningún caso hay autogobierno ni manejo interno de estupefacientes ni violaciones a los derechos humanos”.

 Pero algunos analistas rechazan tajantemente este discurso idílico del gobierno y advierten que ahora hasta el crimen organizado podrá manejar formalmente las prisiones mediante este lucrativo esquema privatizador que facilita el lavado de dinero.

 El exdiputado perredista Alfonso Suárez del Real, quien desde hace años ha alertado sobre los peligros de la privatización de las cárceles, comenta: “Es muy riesgoso para la seguridad del país dejar en manos privadas la construcción y administración de nuestras prisiones, pues se facilita el lavado de dinero. A este circuito de inversiones podrá entrar fácilmente dinero del crimen organizado en cualquiera de sus modalidades: Los cárteles de la droga, del tráfico de armas o incluso de la trata de personas”.

 –¿Se presta entonces a la triangulación de recursos y a valerse de prestanombres?

 –Por supuesto. Pueden darse ocultas alianzas empresariales entre distintos grupos. Lo peor es que el gobierno se está reservando toda esa información con el argumento de que las prisiones son instalaciones de seguridad. De ahí que incluso las concesiones a los empresarios las otorgue por adjudicación directa y no mediante concurso.

 “Hasta el momento no sabemos qué empresas y empresarios están participando, qué alianzas están tejiendo entre ellos, cuánto están invirtiendo y cuántas cárceles ya están manejando en todo el país. Sólo tenemos información aislada de algunas cárceles federales y estatales manejadas por la iniciativa privada.”

 –¿Realmente es un buen negocio el manejo de las prisiones?

 –¡Claro! Es un nicho de negocios muy redituable. Y el negocio empieza desde la misma construcción, que resulta costosa por la calidad de los materiales. Los muros deben levantarse con materiales muy particulares que eviten cualquier intento de fuga o ataque armado. El sofisticado equipo tecnológico de seguridad también es caro.

 “Ya construida la prisión, la empresa privada se encarga del mantenimiento y la administración integral por un lapso de unos 20 años. Provee al recluso de alimentación, lavado de ropa, servicio médico… ¡Todo! A excepción de la seguridad, que le corresponde al Estado.

 “En las cárceles privadas estadunidenses los reclusos pagan una determinada cuota por estos servicios. Ignoro si aquí se vaya a aplicar el mismo esquema o si el Estado vaya a pagar a plazos este financiamiento privado. Lo cierto es que al concluir el lapso de esos 20 años la empresa ya recuperó lo invertido y además obtuvo grandes ganancias. Y es entonces cuando le entrega al Estado las instalaciones.”

 –¿Se aplicará el modelo de la prisión-fábrica para hacer las cárceles todavía más rentables?

 –Ese modelo ya se viene aplicando en algunas prisiones. Ahí está el caso del empresario Kamel Nacif, cuyos talleres de maquila de ropa estaban en algunas prisiones del estado de Puebla. La elaboración de artesanías también se da en algunas cárceles. Pero ahora podría generalizarse una industria carcelaria aprovechando que se tiene mano de obra cautiva y barata, que puede explotarse fácilmente sin darle prestaciones sociales.

 “Gente que sabe de negocios asegura que actualmente es más rentable invertir en prisiones que en otras obras públicas, como la construcción de las líneas del Metro o los segundos pisos de la Ciudad de México. Por eso los empresarios empiezan a participar en el jugoso negocio carcelario.”

 “Servicio de hotelería”

 El grupo empresarial que comenzó a presionar para invertir en ese rubro fue el de la familia Hank, sobre todo Carlos Hank González, presidente del Grupo Financiero Interacciones, quien declaró en 2006: “Nosotros construiríamos los ceresos y les prestaríamos el servicio de hotelería… La seguridad de los reclusos estaría en manos del gobierno”.

 Nieto del profesor Carlos Hank González por el lado paterno, y del empresario Roberto González Barrera, por el materno, el joven ejecutivo señalaba que Interacciones le cobraría al gobierno por cada uno de los internos: “El esquema es como el de una carretera: Se cobra cada vez que pasa un auto; aquí se cobraría por cada uno de los reos”.

Y después de unos 15 o 20 años de haberlos explotado –decía–, los penales pasarían a manos del gobierno. Detallaba que su esquema empresarial era el de Proyectos de Prestación de Servicios (PPS).

Cuando fue diputado por el PRD (2006-2009), Suárez del Real alertaba sobre los riesgos de dejar las prisiones en manos de empresarios, particularmente en las de los descendientes del profesor Hank González.

“Aunque no me toca acusarla de algún delito, pues parto de la presunción de inocencia, existen señalamientos que achacan a la familia Hank González alianzas no legales y lavado de recursos. Tenemos indicios que ponen en duda su presunción de inocencia. ¿Cómo asegurarnos de que ahora no habrá lavado de dinero en esas prisiones, de que no entrarán recursos del narcotráfico?”, decía Suárez del Real, quien además argumentaba la falta de experiencia de los empresarios mexicanos para administrar penales (Proceso 1704).

Al morir (2001), el profesor Hank González dejó a sus hijos pujantes negocios, entre los que aparte de Interacciones figuraban Grupo Hermes, Laredo National Bancshares, Grupo Caliente y plantaciones en Costa Rica.

Su hijo menor, Jorge Hank Rhon, exalcalde de Tijuana, se vio envuelto en negocios poco claros, como el de casas de apuestas en algunas ciudades del país, el del hipódromo y galgódromo de Tijuana, entre otros giros ligados a los juegos de azar. A mediados de 2011 estuvo preso por acopio de armas.

Su otro hijo, Carlos Hank Rhon, fue denunciado formalmente a finales de los noventa por la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) pues trasgredió las leyes bancarias de ese país y se valió indebidamente de prestanombres para hacerse del control del Laredo National Bank. Se le impuso una multa de 40 millones de dólares (Proceso 1294).

De nada valieron aquellas advertencias del legislador, pues finalmente Carlos Hank González –hijo de Carlos Hank Rhon y perteneciente al Grupo Atlacomulco, que ya llegó a Los Pinos– se está haciendo del control de algunas cárceles a través de Interacciones.

Los Hank ya tienen bajo su mando el Centro de Reclusión Estatal de Ciudad Valles, San Luis Potosí, al que le invirtieron mil 200 millones de pesos en asociación con la constructora Ingenieros Civiles Asociados (ICA), de la familia Quintana. Los Hank también financiaron dos centros de máxima y mediana seguridad en el Distrito Federal, con 500 millones de pesos para cada uno.

Carlos Slim no quiere quedarse atrás en el negocio carcelario. Acaba de firmar un acuerdo para participar en la construcción de dos centros penitenciarios: uno en Morelos y otro en Chiapas.

Esta participación la tenía la desarrolladora de vivienda Homex, que decidió vendérsela a Grupo Financiero Inbursa e Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina (IDEAL), ambas de Carlos Slim.

En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, Homex informó que con esta venta estima recibir recursos por alrededor de 4 mil millones de pesos. Mientras que Gerardo de Nicolás, director general de la desarrolladora, indicó que esos recursos “serán aprovechados para fortalecer nuestra posición financiera y acelerar nuestras operaciones en la división de vivienda”.

El dueño del periódico Excélsior y de los hospitales Ángeles, Olegario Vázquez Raña, también incursionó en el negocio de las prisiones por conducto de su empresa Promotora y Desarrolladora Mexicana (Prodemex), que construye penales en Durango y Michoacán. Prodemex también hizo importantes obras viales en el Estado de México cuando Enrique Peña Nieto gobernaba esa entidad.

 Por su parte ICA –que actualmente dirige Alonso Quintana– construyó el Centro Federal de Readaptación Social número 11, en Sonora, regido igualmente por el esquema empresarial de los PPS.

 Otras empresas que intervienen en el rubro son Tradeco, Arendal, La Nacional y La Peninsular, entre otras. Están construyendo prisiones estatales y federales en el Distrito Federal, Coahuila, Chiapas, Durango, Morelos, Guanajuato, Sonora, Michoacán…

 A su vez Pedro Aspe Armella, mentor del Grupo Atlacomulco y quien fuera secretario de Hacienda en el sexenio de Carlos Salinas, está diseñando proyectos de inversión carcelaria a través de su empresa Protego Asesores.

 Así en México entra al boom del negocio carcelario, impulsado por los gobiernos federal y estatales.

 Esquema sajón

 El encargado del sistema penitenciario federal, Mondragón y Kalb, señala que a la iniciativa privada se le encargaron ocho cárceles federales; ya terminó dos y seis están en construcción.

 Y elogió así las ventajas de la cárcel privada: “Las fallas son tan poco sensibles que no se conocen. En ningún caso hay autogobierno ni manejo interno de estupefacientes ni violaciones a los derechos humanos”.

En entrevista con el diario La Jornada, publicada el pasado 25 de marzo, Mondragón y Kalb adelantó que –aparte de las ocho prisiones federales ya otorgadas– se le pedirá a la iniciativa privada que construya otras 10 federales, pues el objetivo es que todas juntas tengan capacidad para albergar a 75 mil reos.

Actualmente, explicó, existen alrededor de 50 mil internos por delitos del fuero federal. De manera que con las nuevas prisiones se aumentará en 50% la capacidad penitenciaria federal, que se traduce en 25 mil reos más.

 Con un lenguaje eufemístico, la iniciativa privada viene publicitando que sus servicios a los reclusos son de “hospedería”, para crear la impresión de que son similares a los de los hoteles. Sus inversiones se enfocan principalmente en los 238 mil 269 reos que hay en todas las cárceles del país, tanto del fuero común como del federal y según las estadísticas de 2012.

 La subsecretaria del Sistema Penitenciario del Distrito Federal, Mayela Almonte Solís, propone que sean “autofinanciables” las cárceles capitalinas a través de la participación de la iniciativa privada, que obtendría una “renta mensual por costo-interno”.

 Y para que la prisión deje de ser “una carga millonaria para el erario”, añadió, sus internos también deben producir, comercializar y hasta exportar productos, así como “bancarizar sus ingresos”. Ante esto la Secretaría de Hacienda –dijo– tendría que reconocer a los centros de readaptación como contribuyentes bajo el régimen de personas morales, a fin de que puedan generar comprobantes fiscales.

 El ómbudsman del Distrito Federal, Luis González Placencia, apoya este proyecto de privatización: “El que se otorguen bajo el régimen de outsourcing algunos servicios de las instituciones penitenciarias, como el servicio de comida, parece ser una idea bastante razonable”, dice.

 En tanto, los legisladores de la capital ya discuten la nueva Ley de Centros de Reclusión del Distrito Federal, que prevé crear fábricas dentro de los penales, entre otras medidas privatizadoras.

 Sin embargo, el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia, ha advertido que “hay que tener mucho cuidado con la idea de la privatización” y que no debe tomarse “a la ligera” la “administración” de los penales, pues son asuntos que interesan a la “delincuencia organizada”.

 Muchos motines que estallan en los penales son expresión de las pugnas entre los cárteles de la droga que extendieron su guerra por el control de la venta de estupefacientes a los centros de reclusión, donde incluso logran controlar a directivos y custodios (Proceso 1668).

 Empresas constructoras ligadas al crimen organizado también han participado en obras realizadas en algunos penales, como sucedió con la constructora Safie, ligada a los Beltrán Leyva, que en 2009 remodeló el penal de Cancún gracias al apoyo que le dio el entonces secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, Salvador Rocha Vargas, quien luego fue arrestado por sus vínculos con el narcotráfico (Proceso 1732).

Por estos y otros antecedentes, Alfonso Suárez del Real insiste en que el crimen organizado podrá controlar más fácilmente las cárceles aprovechando la privatización, la cual tampoco garantiza que no habrá autogobiernos o que no se violarán los derechos humanos.

Comenta: “En Estados Unidos existen observatorios encargados de estudiar el funcionamiento de las cárceles privadas de ese país, como el que dirige Jim McGreevey, exgobernador de Nueva Jersey, quien llegó a la conclusión de que esas prisiones reducen al reo a una mercancía altamente rentable. Pero además en ellas sigue habiendo venta de droga, homicidios, prostitución, segregación racial, etcétera”.

–¿Cómo surgió la idea de implantar la cárcel privada en México?

–Para empezar, ese tipo de cárcel proviene de los países sajones, cuya concepción del sistema penitenciario es muy punitiva. No cree que el delincuente sea capaz de redimirse y de lograr una reinserción social. Por eso hay que castigarlo y mantenerlo aislado.

“En cambio, el sistema penitenciario mexicano es de origen latino y católico, cuyo objetivo central es la reinserción social del recluso bajo el supuesto de que el pecador puede enmendar su conducta.

“Es muy reciente la introducción a México del modelo sajón. Lo introdujo Genaro García Luna siendo titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal en el sexenio pasado, cuando esa instancia manejaba las cárceles federales. García Luna echó a andar la privatización de las prisiones. Ahora su labor la continúa Mondragón y Kalb, quien tiene una férrea formación marino-militar.

“Me preocupa que Mondragón proyecte construir tantas cárceles y aumentar sus espacios para 75 mil reclusos del orden federal, para que así los empresarios tengan un negocio redituable. A ellos les conviene tener las prisiones llenas.”

–¿De dónde irán a sacar gente para ocupar esos espacios?

–De criminalizar más la pobreza y la disidencia social. Ahora lo estamos viendo con la criminalización de los maestros disidentes en Guerrero y Michoacán o de las policías comunitarias a las que se empieza a ligar con la delincuencia. El llamado “estado de bienestar” se está transformando en un Estado punitivo y carcelario, sin cauces para que la población se gane dignamente la vida.