Instalación del Sistema Nacional de Atención a Víctimas,

Palabras del Presidente Enrique Peña Nieto, durante la Instalación del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, que tuvo lugar en el Salón Manuel Ávila Camacho de la Residencia Oficial

15 de enero de 2014
“...siendo hoy, 15 de enero del 2014, de conformidad con lo establecido en la Ley General de Víctimas, declaro formalmente instalado el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, con la confianza de que hoy contribuirá a construir un México en paz, con justicia para todos.“

Muy buenos días a todas y a todos ustedes.

Quiero saludar al señor Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

A la Presidenta de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

A los integrantes de esta Comisión de Atención a Víctimas.

Al señor Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Al señor Gobernador del Estado de Coahuila.

A los integrantes del Gabinete del Gobierno de la República que tienen incidencia directa en este tema que hoy nos ocupa, que es la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República.

Al Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Y, también, saludar a la representación de otros órdenes de Gobierno, no sólo del orden Federal, sino, también, de los otros Poderes.

A los Presidentes de las Comisiones de Justicia, tanto en el Senado de la República, como en la Cámara de Diputados.

Al Presidente de la Conferencia de Congresos Locales, que está aquí presente.

Y de la Conferencia de Comisiones de Derechos Humanos de todo el país.

Y, como lo he señalado, a los integrantes de esta Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que están aquí presentes, y que además ha sido ya debidamente instalada.

Y que el día de hoy damos paso, primero, a un mandato de ley, que es, precisamente, la instalación de este Sistema Nacional de Atención a Víctimas. Y en el que se acredita, de manera muy puntual con la presencia de todas y de todos ustedes, la participación del Estado mexicano, de los distintos Poderes del orden Federal, de los órdenes estatales, precisamente, para dar atención a las víctimas de nuestro país.

 Como lo hemos señalado de manera reiterada, el Gobierno de la República tiene un compromiso indeclinable con las víctimas del delito y con quienes han padecido, lamentablemente, violaciones a sus derechos humanos.

 Congruente con ello, como aquí lo ha expuesto ya hace un momento el Secretario de Gobernación, una de las primeras decisiones que asumí como Presidente de la República fue publicar la Ley General de Víctimas.

 Como ustedes lo saben, se trata de un ordenamiento de vanguardia, porque un ordenamiento, como tal, lo hay en muy pocos países, y en la región prácticamente en ninguna.

 Somos de los primeros países, como lo fuimos a inicios del Siglo XX, en establecer garantías sociales para nuestro país y ser de los primeros países en asumir este compromiso por parte del Estado mexicano en esta asignatura, la de atención a víctimas del delito.

 Somos también uno de los primeros países que establece un ordenamiento legal para garantizar la protección del Estado mexicano a las víctimas del delito.

 Para alcanzar estos objetivos, la legislación mandata la instrumentación de un nuevo Sistema Nacional de Atención a Víctimas, que precisamente el día de hoy ha quedado debidamente instalado y formalizado, de acuerdo a lo que mandata la ley.

 Un elemento central de este sistema es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que se erige como órgano vigilante y de control de ley.

 En octubre pasado, después de un proceso de selección público, abierto y minucioso, los siete Comisionados, aquí presentes, rindieron protesta ante el Senado de la República.

 Para dar viabilidad y fortaleza institucional a esta nueva Comisión Ejecutiva se realizaron modificaciones jurídicas, de esta manera, hace justamente una semana, se publicó el decreto que transforma la Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito, PROVÍCTIMA, en la nueva Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

 Y como lo ha señalado la Presidenta de esta Comisión Ejecutiva, se han dado ya los primeros pasos, precisamente, para esta transición, en lo que era anteriormente PROVÍCTIMA, a ser parte ahora de esta Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con los recursos materiales, humanos, financieros, que darán mayor respaldo y fortaleza a esta Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

 A partir de ahora, la Comisión Ejecutiva es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con autonomía técnica y de gestión, así como con personalidad jurídica y patrimonio propio; es decir, cuenta con recursos humanos, materiales y financieros necesarios para cumplir con sus atribuciones.

 La creación de la Comisión Ejecutiva es un paso fundamental para aplicar la Ley General de Víctimas.

 Al estar plenamente operativa esta Comisión Ejecutiva, hoy ha quedado, como ya lo he señalado, instalado este Sistema Nacional de Atención a Víctimas.

 De esta manera nace, el día de hoy, legalmente la instancia rectora del Estado mexicano encargada de definir y aplicar la política pública de apoyo a víctimas.

 Su función será determinante en el diseño de programas y acciones más eficaces, así como en la mejora de los esquemas de coordinación entre los tres órdenes de Gobierno y las organizaciones de la sociedad civil.

 Su objetivo es claro, y aquí me permito solamente enunciar algunos de los objetivos que mandata la propia Ley General de Víctimas:

 Que las víctimas puedan ser tratadas por las autoridades de manera respetuosa, sensible, pero, sobre todo, humana.

 Recibir asistencia, atención y protección del Estado, salvaguardando su integridad física y psicológica.

 Tener acceso a la reparación integral del daño que padecieron.

 Conocer la verdad sobre el delito que sufrieron.

 Y ser informados con precisión del proceso penal contra sus agresores.

 Como órgano operativo, el nuevo Sistema Nacional de Atención a Víctimas, la Comisión Ejecutiva deberá centrar sus esfuerzos en tres acciones esenciales:

 Primera. Construir el Registro Nacional de Víctimas. Este registro, que será alimentado por las Comisiones Ejecutivas Estatales, facilitará el acceso de las víctimas a la ayuda prevista en  la Ley.

 Segunda acción. Definir las reglas de operación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.

 Y tercera. Determinar las medidas de asesoría jurídica que los tres órdenes de Gobierno brindarán a las víctimas.

 De esta forma, los afectados tendrán el respaldo de profesionales del derecho, que los defiendan legalmente y protejan en sus intereses.

 A partir de ahora, el siguiente paso es agilizar la instalación de las Comisiones Ejecutivas Estatales, compromiso que aquí se ha hecho en voz del Presidente de la Comisión de Justicia de la Conferencia Nacional de Gobernadores; y armonizar las legislaciones locales con lo establecido en la Ley General de Víctimas.

 Estoy seguro que los señores Gobernadores, el señor Jefe de Gobierno del Distrito Federal,  en el compromiso que también aquí públicamente ha asumido él para lo que hace al Gobierno de nuestra capital, y los legisladores locales, darán celeridad a este proceso, porque la causa de las víctimas nos convoca y compromete a todos.

En este mismo sentido, exhorto respetuosamente a la Comisión Ejecutiva a realizar una amplia consulta ciudadana para elaborar el Programa Integral de Atención a Víctimas, retomando las mejores propuestas e ideas de especialistas y actores de la sociedad civil.

Con la creación de la Comisión Ejecutiva y la instalación el día de hoy del Sistema Nacional de Atención a Víctimas y la elaboración del Programa Integral de Atención a Víctimas, México, sin duda, estará a la vanguardia internacional en esta asignatura.

Pero lo más importante: El Estado podrá responder adecuadamente a las legítimas demandas de quienes sufrieron a causa del delito o de una violación a sus derechos humanos.

Señoras y señores:

La dignidad de una Nación también se expresa en la calidad de la atención y el trato institucional que reciben las víctimas de la violencia.

Somos conscientes de que aún tenemos camino por recorrer en materia de derechos humanos, pero estoy convencido de que estamos avanzando en la ruta correcta.

Refrendo el compromiso del Gobierno de la República para ejercer un Gobierno abierto, sensible y cercano a las víctimas, que escuche y atienda sus demandas.

Hacer justicia no sólo implica que los culpables reciban el castigo y la sanción que la ley prevé y merece, sino, también, reivindicar los derechos de las víctimas.

En esta misión colectiva, los poderes públicos, los tres Órdenes de Gobierno y la ciudadanía en general, debemos trabajar de manera conjunta, armonizada y, sobre todo, en este compromiso que hoy se establece en la ley que, sin duda, mandata para el Estado mexicano y, para la sociedad en general, dar atención oportuna y adecuada a las víctimas que lamentablemente han sido sujetas de algún delito o de la falta a los derechos humanos.

Yo quiero agradecer la presencia de todas y todos ustedes.

Éste es un paso formal que hoy estamos dando, conforme a lo que mandata la propia Ley General de Víctimas, pero estoy convencido que el hecho de que estemos en este evento, simple, pero protocolario y formal, y que acredita la presencia de Poderes y de órdenes de Gobierno que estamos comprometidos con esta causa.

Estoy convencido de que el compromiso que todas y todos hemos, el día de hoy, hecho en esta instalación del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, nos permitirá avanzar en esta tarea que hoy es el del Estado mexicano y, también, de la sociedad en su conjunto.

Deseo éxito a las tareas que aquí nos hemos comprometido.

Muchísimas gracias y muchas felicidades.

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Diversas intervenciones durante la Instalación del Sistema Nacional de Atención a Víctimas

-MODERADORA: En el inicio de este acto, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, procederá a la Instalación del Sistema Nacional de Atención a Víctimas.

-PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO: Señoras y señores:

Muy buenos días a todas y a todos ustedes.

Saludo a los integrantes de este Sistema Nacional de Atención a Víctimas.

Y procedo a la Declaratoria  para, posteriormente, hacer algunos comentarios y emitir un mensaje con respecto al reto que tenemos en esta materia.

Pero, siendo hoy, 15 de enero del 2014, de conformidad con lo establecido en la Ley General de Víctimas, declaro formalmente instalado el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, con la confianza de que hoy contribuirá a construir un México en paz, con justicia para todos.

Deseo éxito a estos trabajos que este Sistema prevé deban llevarse a cabo, para darle atención a las víctimas de nuestro país.

Felicidades y éxito a quienes contribuyen y trabajan en esta causa.

Muchas gracias.

-MODERADOR: Queda en uso de la palabra el Secretario de Gobernación, licenciado Miguel Ángel Osorio Chong.

-SECRETARIO MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG: Con su autorización, señor Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto.

A todas y a todos:

Muy buenos días­.

La instalación del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, que hoy nos convoca, es un paso fundamental para construir la sociedad de pleno respeto a los derechos a la que se comprometió el Presidente Enrique Peña Nieto.

Es la respuesta del Estado mexicano a una legítima demanda.

La adecuada atención a las víctimas nos exigía contar con una ley  nacional, instituciones eficaces  y acciones coordinadas entre todos los niveles y órdenes de Gobierno.

No podemos olvidar las circunstancias que llevaron al diseño de la Ley que crea este Sistema. La sociedad civil organizada impulsó una respuesta a las voces que reclamaban atención y justicia. Así, se diseñó un esquema de corresponsabilidad en materia de atención a víctimas.

El Presidente, sensible a estas voces, se comprometió e instruyó, el primer día de su mandato, el desistimiento de la controversia constitucional que existía sobre la Ley General de Víctimas y ordenó la publicación inmediata de la misma.

Sabíamos que era una ley perfectible que tenía deficiencias, pero era mejor partir de una base para contar con una normatividad que protegiera, cuanto antes, a las víctimas.

Por ello, a tan sólo cuatro meses de su publicación,  el Congreso de la Unión, sensible también, la reformó, atendiendo las preocupaciones e incorporando las aportaciones de la sociedad civil, para hacerla viable y operativa.

Hoy, es un logro de todos que México cuente con un ordenamiento con los más altos estándares internacionales y que modifica el paradigma desde una visión de justicia restaurativa.

Pero buenas leyes no bastan para generar justicia. Era necesario contar con instituciones sólidas para garantizar su efectiva aplicación. Así, se crearon nuevas instancias de planeación, coordinación y ejecución para materializar sus fines y objetivos.

Con la integración de la Comisión Ejecutiva y la instalación, el día de hoy, del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, el Estado mexicano está cumpliendo con ello.

El Sistema es por ley la instancia de coordinación y formulación de políticas públicas, que se implementen para la protección, asistencia, atención, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de las víctimas en los ámbitos local, Federal y también el municipal.

Acorde con estas transformaciones, en el Gobierno de la República realizamos cambios para que todas las dependencias, particularmente las encargadas de la seguridad, tuvieran en el centro de su actuación a los ciudadanos, especialmente a quienes habían sufrido de la violación de sus derechos.

En este sentido, en la Secretaría de Gobernación se llevaron a cabo las siguientes acciones:

Uno. Fortalecimos la Subsecretaría de Derechos Humanos, para tener cercanía, promover el diálogo y escuchar a las víctimas.

Dos. Acordamos con la Cruz Roja su asistencia técnica en materia de protocolos de búsqueda de personas no localizadas y atención a sus familias.

Tres. En el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, se han impulsado acuerdos de solución amistosa, que permiten avanzar sin dilación en el cumplimiento de medidas que  garanticen la no repetición y la reparación del daño a víctimas.

Cuatro. Se ha instruido que todas las dependencias y organismos de la Administración Pública Federal adecúen sus programas, líneas de acción y reglas de operación para la atención  a víctimas.

Cinco. Se exhortó a las legislaturas de los estados a adecuar su marco normativo para armonizarlo con la nueva ley.

Estamos conscientes que tenemos mucho trabajo por delante. Les informo que, conforme a lo instruyó el Presidente de la República, se cuenta ya con un proyecto de reglamento de la Ley General, que contiene aportaciones de la sociedad civil y que fue sometido a la opinión de los integrantes de la Comisión Ejecutiva, tal como se mandata.

En los próximos días iniciaremos el proceso de consulta con instancias de la Administración Pública, a fin de avanzar en su publicación; en la publicación de este proyecto del Reglamento de la Ley General que he mencionado.

La atención y apoyo a quienes han sufrido violaciones a sus derechos humanos, es un reclamo central de la sociedad y en el Gobierno de la República  así lo entendemos.

La Ley General de Víctimas y la instalación hoy del Sistema Nacional de Protección así lo demuestran.

Son un compromiso cumplido y un avance sustantivo en la agenda de este Gobierno que tiene como prioridad el pleno respeto a la integridad del ser humano.

Aplicando la ley, haciendo valer el Estado de Derecho, con acciones y hechos concretos, reiteramos que las personas y su dignidad son el centro de todas las decisiones de este Gobierno.

Muchas gracias por su atención.

-MODERADORA: Interviene enseguida la Presidenta de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, licenciada María Olga Noriega Sáenz.

-LIC. MARÍA OLGA NORIEGA SÁENZ: Señor licenciado Enrique Peña Nieto, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Presidente del Sistema Nacional de Atención a Víctimas.

Distinguidas y distinguidos integrantes del Sistema Nacional de Atención a Víctimas.

Señoras y señores:

La Ley General de Víctimas aprobada por el Congreso de la Unión a mediados del 2012 y promulgada por el Ejecutivo Federal el 9 de enero de 2013, es producto de un cambio de paradigma en la forma en que la sociedad y el Estado Mexicano conciben el fenómeno de la violencia a partir de la relación víctima-victimario.

La Ley General de Víctimas reconoce y garantiza los derechos de las víctimas del delito y de las violaciones a los derechos humanos como una forma de equilibrar la balanza de la justicia en México, y comenzar así a saldar una deuda histórica con quienes por décadas han buscado infructuosamente el acceso a la justicia en el más amplio y humano sentido de la expresión.

Hoy, con la distinguida presencia positiva participación y firme compromiso de todos y cada uno de nosotros, se pone en funcionamiento el Sistema Nacional de Atención a Víctimas para que como órgano de Estado establezca y coordine las acciones y medidas necesarias y adecuadas que promuevan, respeten, protejan, garanticen y permitan el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas en nuestro país.

Para ello, los servidores públicos que integramos este Sistema Nacional, debemos desarrollar instrumentos para que en el ámbito de nuestras respectivas competencias cumplamos las obligaciones de prevenir, investigar y sancionar a los responsables de la Comisión de Delitos y de violaciones a los derechos humanos.

Y con ello, lograr la reparación integral a la persona que sufrió el daño o menoscabo.

El Sistema Nacional de Atención a Víctimas fue creado por el legislador como órgano de Estado en el cual participan representantes de las instituciones Federales, de las entidades federativas, de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial y de los organismos públicos de defensa y protección de los derechos humanos.

Asimismo, para complementar y fortalecer el Sistema Nacional, está prevista la participación de la sociedad civil organizada, a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Esta Comisión Ejecutiva, como órgano operativo del Sistema Nacional en comento, está conformada por miembros de la sociedad civil, de los cuales cuatro fuimos propuestos por universidades públicas del país y tres, por Organizaciones no Gubernamentales.

Todos especializados en la atención a víctimas y derechos humanos.

A través de la Comisión Ejecutiva se invita a la sociedad civil a colaborar en la generación de diagnósticos y propuestas que habrán de presentarse ante este Sistema Nacional.

En breve, la Comisión Ejecutiva dará a conocer el calendario para la realización de diversos foros temáticos y consultas públicas que nos permitan elaborar la propuesta de programa anual de atención a víctimas.

Para llevar a cabo dicho programa, la Comisión Ejecutiva habrá de considerar los factores transversales que agravan la situación de las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos.

Por ejemplo, el fenómeno de la discriminación múltiple, esto es la estigmatización a que están sujetas algunas personas por su condición de víctimas, a lo que se suma, el hecho de pertenecer a grupos de población identificados en situación de vulnerabilidad como por ejemplo, los indígenas, los adultos mayores, las personas con capacidades diferentes, las mujeres, las niñas y los niños.

A la luz de estas situaciones específicas, los diagnósticos que elabore la Comisión Ejecutiva, tendrán por objeto articular una política integral y transformadora de la realidad de las víctimas en México.

Será integral, porque considerará todos los elementos que confluyen en el fenómeno delictivo o de violación a los derechos humanos y transformadora, porque pretenderá brindar a la persona en tal situación, las herramientas idóneas que le ayuden a hacer efectiva la atención y reparación integral del daño o menoscabo sufrido, así como favorecer su fortalecimiento y resilencia para lograr su reincorporación a la vida social.

Precisamente, es en este punto donde la Ley General de Víctimas innova un paradigma transformador e incluyente al transitar de una visión lineal de causa-efecto del fenómeno delictivo a una perspectiva integral y sistémica.

Por un lado, la Ley coloca a la víctima en el centro del interés y esfuerzo del Estado para atenderla de forma completa, esto es, brindándole ayuda inmediata, así como asistencia y protección para lograr la reparación integral del daño o menoscabo.

Y por otro lado. Al brindar tal atención, el Estado estará trabajando para empoderar a la persona a fin de que ésta logre trascender su condición de víctima y con dignidad crear un proyecto propio de vida.

Así, en la medida en que la sociedad y el Estado Mexicano atendamos y apoyemos a las víctimas a superar esta condición, estaremos trabajando a favor de la prevención de futuros delitos y de violaciones a los derechos humanos y, en consecuencia, en favor de la reconciliación social con estabilidad y con paz.

Para ello, el Pleno de la Comisión Ejecutiva está listo para iniciar la coordinación con las dependencias del Gobierno Federal y las entidades federativas, para atender las demandas de las víctimas en los tres órdenes de Gobierno.

En cuanto a los gobiernos locales, los vínculos habrán de establecerse a través de la Comisión Ejecutiva en atención a las cinco regiones previstas en el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En otro orden de ideas, la Comisión Ejecutiva cuenta con los recursos previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, para cumplir con sus fines y realizar sus actividades, conforme a lo previsto en la Ley General de Víctimas.

En breve, la Comisión Ejecutiva llevará a cabo la creación del Fideicomiso del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral con una institución fiduciaria pública, que garantice los más estrictos estándares de seguridad jurídica y operativa, así como de transparencia y de rendición de cuentas.

En cuanto al Registro Nacional de Víctimas, la Comisión Ejecutiva está diseñando los conceptos y requerimientos informáticos, considerando que se trata de un sistema que será alimentado por múltiples agentes de los tres órdenes de Gobierno.

Respecto a la asesoría jurídica Federal, la Comisión Ejecutiva está en proceso de designar a su titular y de integrar su junta directiva, a fin de diseñar la estrategia más eficiente para iniciar operaciones a la brevedad; tomando en cuenta la exigencia de la ley de contar con asesores jurídicos y equipo de apoyo en cada Juzgado de Distrito, Tribunal de Circuito y Agencia Investigadora de la Procuraduría General de la República, considerando los recursos financieros asignados a la Comisión Ejecutiva en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Aprovechamos la ocasión para informarle a usted, señor Presidente, y a los miembros de este Sistema Nacional que hoy se instaura, que en atención a los artículos transitorios segundo, fracciones cuarta y quinta, y quinto del decreto de transformación de la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos, antes PROVÍCTIMA, en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, esta entidad ha iniciado ya el proceso de transferencia del personal adscrito, y de los recursos financieros, materiales y tecnológicos asignados a la Subprocuraduría de Personas Desaparecidas o no Localizadas de la anterior PROVÍCTIMA, a la Procuraduría General de la República.

Señor Presidente.

Señoras y señores integrantes del Sistema Nacional de Atención a Víctimas:

Los miembros del pleno de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas estamos comprometidos con ustedes, y con la sociedad mexicana en su conjunto, en coadyuvar para la positiva transformación de nuestro país, a través de la implementación de un modelo de atención a las víctimas, que privilegie el respeto a los derechos humanos, y proporcione asistencia oportuna e integral a la persona en situación de víctima, a la par que promueva la reparación integral del daño o menoscabo sufrido, empoderándola para recuperar y generar con dignidad su proyecto de vida.

Estamos convencidos que sólo así fomentaremos la reconciliación nacional y la reconstrucción del tejido social, para edificar un México con respeto, orden, seguridad y paz.

Muchas gracias a todos.

-MODERADOR: Corresponde la siguiente intervención al Gobernador del Estado de Coahuila y Coordinador de la Comisión de Justicia de la CONAGO, licenciado Rubén Moreira Valdez.

 -GOBERNADOR RUBÉN MOREIRA VALDEZ: Señor Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto; Ministro Juan Silva Meza, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; señores Diputados y Senadores.

 Licenciada María Olga Noriega Sáenz, Presidenta de esta Comisión Ejecutiva; licenciado Miguel Osorio Chong, Secretario de Gobernación; doctor Raúl Plascencia Villanueva, ombudsman nacional.

 Miguel Ángel Mancera Espinosa, Jefe de Gobierno del Distrito Federal; distinguidos integrantes del Sistema Nacional; señoras y señores:

En primer término, quiero agradecer la oportunidad para intervenir en este importante evento, que al igual que a todos me complace mucho la instalación del Sistema Nacional de Atención a Víctimas.

Como Gobernador e integrante de las Comisiones de Derechos Humanos y Justicia de la Conferencia Nacional de Gobernadores, y representante de la misma ante la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos delitos, quiero hacer algunos comentarios.

Es innegable que la violencia que llegó al país hace años ha dejado una terrible secuela de víctimas. En mi estado, por ejemplo, tenemos una lamentable realidad, más de mil 600 personas desaparecidas en poco más de una década, que ahora, en coordinación con el Gobierno Federal y con la participación de sus familias, buscamos incansablemente.

Al mismo tiempo, que nos esforzamos por hacer justicia, pero vemos aún con tristeza el desamparo de sus esposas y sus hijos, el cual tratamos de disminuir con algunas acciones.

El año que recién terminó tuvo importantes acontecimientos en materia de derechos humanos, entre ellos, la publicación de la Ley General de Víctimas el día 9 de enero.

Usted, señor Presidente, retiró las controversias jurídicas que existían sobre ella. Y recuerdo que en ese entonces, manifestó que la entrada en vigor del texto era un paso importante, aún cuando tenía que perfeccionarse. Hoy reconozco que este gesto nos tiene aquí, pues evitó graves retrasos.

Meses después nuestros Legisladores Federales e importantes y reconocidos organismos de la sociedad civil, trabajaron una amplia reforma que, al aprobarse, dio un mejor sentido a la ley y un horizonte más amplio de protección a las víctimas.

No dudo, que como todas las leyes, ésta se pueda seguir perfeccionando, pero hoy tenemos un instrumento que en su aplicación marcará una diferencia favorable y total en materia de derechos de las víctimas.

Como Gobernador, quiero señalar que todos estamos en la ruta de hacer justicia a las víctimas de los delitos, a sus familias y proteger, incluso, con mucho ánimo a sus defensores.

En la provincia hoy, y desde hace tiempo, hay esfuerzos, también, en este sentido.

Resalto las Leyes de Protección a Víctimas del Estado de Nuevo León, y con modestia, las recientes iniciativas enviadas al Congreso de Coahuila para, entre otras cosas, castigar la desaparición de personas, y la que sirve para crear la condición de ausencia por desaparición, figura distinta a la presunción de muerte y a la declaratoria de ausencia, que tanto lastima a las familias de las víctimas, pero con la cual queremos generar derechos a los desaparecidos, evitar lesiones a su patrimonio, a los derechos ya constituidos y permitir a sus familias una vida digna.

Es la figura que se refiere el transitorio segundo de la reforma y el Artículo 21 del mencionado texto, y que es un gran y justo reclamo de quienes esperan el regreso de los desaparecidos.

Por cierto, estas iniciativas en mi estado se construyeron con las agrupaciones de familias de personas desaparecidas, organizaciones defensoras de derechos humanos y actores importantes de la sociedad de Coahuila, como la Diócesis de Saltillo.

Señor Presidente:

La instalación del Sistema Nacional de Atención a Víctimas es un paso muy importante. Lo felicito a usted por la decisión que tiene en el campo de los derechos humanos y también a la Secretaría de Gobernación.

Pero, además, quiero comentarle que impulsaremos en el seno de la CONAGO, y en esto creo que comparto opinión con el doctor Mancera, el acompañamiento de las entidades federativas a este esfuerzo legislativo, no sólo con las reformas que son urgentes para armonizar el marco jurídico, sino también con la voluntad para generar políticas públicas en materia de seguridad y en materia de derechos humanos.

El último examen periódico universal en materia de derechos humanos de la ONU nos debe hacer reflexionar que lo que se evalúa es el Estado mexicano; es decir, a todos y no a un gobierno.

Quienes representamos a las entidades federativas, hoy tenemos que asumir la responsabilidad a la que me refiero líneas arriba.

Para que México esté en paz y vivamos en un ambiente de respeto integral de los derechos humanos, no sólo debemos coadyuvar, porque esa palabra tiene un tanto de significado de apoyo a alguien más y no como lo es, el compromiso propio.

Tenemos la obligación de asumir plenamente nuestra responsabilidad con las y los ciudadanos, y construir con la Federación la colaboración y coordinación en todo caso.

A mí, en lo particular esto último, me refiero a la coordinación, me ha resultado fácil, pues en la dependencia encargada de la política interior, y en especial en su titular, hemos encontrado las respuestas para cumplir con las obligaciones que me impuso la ciudadanía que en su momento voto por mí.

A los estados nos corresponden urgentemente algunas de las siguientes acciones:

Uno. Crear las comisiones ejecutivas locales.

Dos. Integrar el registro estatal de víctimas.

Tres. Establecer la asesoría jurídica local.

Y cuatro. Construir el fondo de ayuda, asistencia y reparación integral.

La Conferencia Nacional de Gobernadores ha demostrado ser un espacio efectivo para la discusión de los grandes temas nacionales y el impulso de políticas públicas en nuestro país.

Quiero dejar la certeza en usted, señor Presidente, en todos los integrantes del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, que impulsaremos desde la CONAGO la armonización legal para que los congresos locales expidan las normas que garanticen a las víctimas respeto a los derechos humanos, asistencia y justicia.

Termino, agradeciendo a todos su atención.

Muchas gracias.

-MODERADORA: Escuchemos la intervención del Jefe de Gobierno del Distrito Federal y Coordinador de la CONAGO, doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa.

-DR. MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA: Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes.

Licenciado Enrique Peña Nieto, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; señor Presidente de la Suprema Corte; muy distinguidos y distinguidas integrantes de la Mesa de Instalación del Sistema Nacional de Atención a Víctimas:

Garantizar la efectividad en el ejercicio de los derechos, en particular cuando se trata de las víctimas, es una obligación del Estado mexicano, asumida no sólo en la ley fundamental y en las leyes secundarias, sino en el marco del Sistema Internacional de Derechos Humanos, del cual México forma parte.

La integración del Sistema Nacional de Atención a Víctimas y su implementación a nivel Federal y de las entidades, materializa este compromiso, un compromiso con todas y con todos los ciudadanos, con todos los Órdenes de Gobierno, un compromiso con la atención a las víctimas.

Quienes tenemos la responsabilidad de conducir los gobiernos de las entidades federativas ratificamos este compromiso; compromiso con el pleno respeto al derecho humano fundamental para el funcionamiento de los sistemas de justicia, la garantía de las víctimas a gozar de protección, atención y defensa de sus derechos.

No se puede hablar de la situación de víctimas sin hacer referencia a la reforma constitucional en materia de derechos humanos. La observancia del principio pro persona muestra la importancia también de esta reforma y del compromiso ratificado de México de actuar siempre en el marco del mayor respeto a los derechos humanos.

En este contexto debe de tratarse la problemática. Es una problemática relativa a la protección de víctimas, debe existir un compromiso inexcusable del Gobierno mexicano, de las entidades federativas, de implementar políticas públicas que garanticen esa protección. Entiendo que esa es una de nuestras tareas fundamentales en este Sistema Nacional de Atención a Víctimas.

En los estados y en el Distrito Federal hemos iniciado los trabajos que la ley nos reclama, creando o fortaleciendo estructuras que nos permitan brindar atención oportuna, eficaz, profesional, ética y responsable a las víctimas del delito.

Creo que es una oportunidad fundamental para trabajar de la mano con los derechos humanos para que tanto el Estado mexicano como las entidades homologuemos protocolos, podamos alcanzar los estándares que reclama la atención a las víctimas del delito.

Hoy estamos trabajando de la mano con la Procuraduría General de la República en todas las entidades.

Quiero comentarle, señor Presidente, que hay avances sustanciales en la materia de búsqueda de personas. Éste es uno de los reclamos más sentidos: los ausentes, los conceptos a veces ya pasados, pasados de época, que tenemos que estar revisando y que tenemos que actualizar. El reclamo de las víctimas es permanente, el reclamo de las víctimas es actual.

Debemos trabajar de la mano con una trilogía superada. Debemos de reconocer que en el proceso, en el procedimiento penal la víctima hoy juega un papel fundamental, hay que empoderarla, hay que volver a su dignidad.

Es necesario transitar hacia modelos que consideren a las víctimas como sujetos, como sujetos con derechos, como sujetos que requieren ser empoderados en todos los sentidos. Debemos revisar nuestros esquemas de reparación del daño, no sólo se trata de alcanzar la aplicación de la ley en el responsable, sino de resarcir todas y cada una de las consecuencias materiales y psicológicas que lleva el delito.

Hay que trabajar de manera integral con los tribunales. Debemos de observar los criterios de la jurisprudencia. Es indispensable fortalecer los mecanismos de reacción de los grupos y, por supuesto, también de las instancias de derechos humanos.

Hoy, nosotros, en los estados, refrendamos este compromiso. Es un compromiso de actuación, y me parece muy importante dejar sentada en esta mesa la necesidad de crear un ordenamiento, una estructura jurídica, señor Presidente, que permita homologar en todas las entidades esta armonización con la ley general. Un modelo que a la manera del sistema acusatorio, que hoy cuenta con un referente, que es el Código de Procedimientos Federal,  permite conocer los criterios de homologación.

Yo creo que éste se vuelve un punto fundamental para alcanzar los objetivos que estamos planteando.

Saludamos, por supuesto, la instalación del Sistema Nacional de Atención a Víctimas. Esto es algo que es y se vuelve tarea cotidiana para todos nosotros, en las diferentes entidades.

En la CONAGO estaremos muy atentos para poder apoyar los trabajos de este sistema. Estaremos muy atentos para poder sumar en todo lo que se requiera puntos a favor de la atención de las víctimas del delito.

El derecho a la justicia se traduce, por supuesto, en la posibilidad de contar con recursos judiciales adecuados, efectivos, con autoridades imparciales y, por supuesto, con una tarea de gobierno con visión de derechos humanos.

Reiteramos esta tarea. Esta tarea formará parte de las agendas de la CONAGO. Esta tarea formará parte de los compromisos que hoy estamos asumiendo. Lo hacemos a nombre de todos y cada uno de los gobernadores, de todos y cada uno de los gobernantes de la República.

Estaremos sumando esfuerzos con la Federación y estaremos sumando esfuerzos con las víctimas del delito, a quienes nosotros debemos todo nuestro respeto y todo nuestro compromiso de trabajo.

Muchísimas gracias por la oportunidad de dirigirme a todos ustedes.

Gracias, señor Presidente.

(A CONTINUACIÓN, HIZO USO DE LA PALABRA EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al inicio...