Infamia
histórica del priismo y sus aliados/JESUSA
CERVANTES
Revista Proceso # 2028, 13 de septiembre de 2015
Diputados
priistas hicieron de todo para ocultar la ola de desapariciones forzadas que
impera en México. “¡(Proclamamos) nuestra objeción a un trámite que sería
absolutamente indebido! (Sería) oportunismo francamente insultante para estas
víctimas”, tronó desde su curul en San Lázaro el vicecoordinador de la bancada
del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín.
Así,
amparado en una supuesta preocupación por los 43 estudiantes de Ayotzinapa
levantados y desaparecidos en septiembre de 2014, el PRI maniobró y mintió para
cerrar el paso a la propuesta de instituir el 26 de septiembre como Día
Nacional de Condena a la Desaparición Forzada.
La
historia comenzó el martes 8, cuando la fracción del PAN en la Cámara de
Diputados presentó la iniciativa, que implicaba reconocer –desde uno de los
tres poderes de la Unión, el Legislativo– que en México ocurre a gran escala la
desaparición forzada.
“Insultante
es que el Estado siga mintiendo; insultante es que quieran verle la cara a los
mexicanos. ¡Eso es insultante! No es insultante un trámite como el que se
pretende dar a esta iniciativa”, le reviró a Ramírez el diputado del PRD
Daniel Ordóñez Hernández, quien junto a toda su bancada respaldaba el
planteamiento de Acción Nacional.
Al
final, el PRI se comprometió a discutir el tema el miércoles 9 y aprobarlo el
jueves 10 en el pleno, así que los panistas retiraron su propuesta. Pero llegó
el jueves y el PRI no cumplió. De hecho, hoy opera para borrar el término de
“desaparición forzada” y evitar con ello cualquier traza que entrañe la
aceptación tácita y legal de que en México ocurre ese delito, explica a Proceso
Miguel Ángel Yunes Linares, diputado federal panista.
El
terror a la palabra
El
8 de octubre del año pasado, 12 días después de la desaparición de los 43
estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa (Guerrero),
la Cámara de Diputados aprobó crear una comisión especial para dar seguimiento
a las investigaciones. Esto permitía a los legisladores entrevistarse con
militares y autoridades de todos los niveles.
Conformada
por siete diputados, uno por partido, la comisión apenas vivió cinco meses,
pues el 19 de febrero el pleno de la Cámara aprobó desaparecerla y “ahorrar con
ello presupuesto”.
El
presidente de la comisión, el panista Guillermo Anaya Llamas, nunca recibió los
informes oficiales solicitados a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)
y a la Procuraduría General de la República (PGR); además, contó con dos
secretarías técnicas sólo por un periodo de dos meses. De hecho, de diciembre
al 14 de marzo, cuando la comisión fue extinguida, el secretario particular del
panista operó como “secretario técnico” de la comisión.
Zazil
Carreras Ángeles –asesora de Ricardo Mejía, diputado de Movimiento Ciudadano
(MC) e integrante de la comisión– detalló entonces los obstáculos que enfrentó
dicho grupo legislativo, entre ellos la falta de interés del representante del
PRI, Manuel Añorve; la insistencia de la legisladora del PVEM Ruth Zavaleta
para que no se cuestionara a las pocas autoridades entrevistadas, y la negativa
del propio presidente, Guillermo Anaya, para acudir al cuartel del 27 Batallón
de Infantería de la Sedena (ubicado en Iguala, Guerrero, donde ocurrieron los
hechos), recorrer el lugar de los ataques o ir al basurero de Cocula (donde
supuestamente fueron incinerados los normalistas), “pues no se trata de un recorrido
turístico”, alegaba.
El
9 de febrero de 2015, la comisión se reunió con la entonces subprocuradora
Jurídica y de Asuntos Internacionales, Mariana Benítez Tiburcio, hoy diputada
federal por el PRI. Ahí, los legisladores Ricardo Mejía, de MC, y Lilia
Aguilar, del Partido del Trabajo, le preguntaron por qué la PGR no tipificaba
el delito cometido contra los estudiantes como desaparición forzada.
La
funcionaria les respondió que no lo hicieron porque la desaparición forzada
implicaba una pena menor que el secuestro, homicidio o delincuencia organizada.
La
subprocuradora llegó acompañada de cuando menos 11 peritos. Entre ellos estaba
la coordinadora especial de Servicios Periciales de la PGR, Sara Mónica Medina
Alegría, quien salvó a su jefa alegando que la Procuraduría había “solicitado
que se investigara como desaparición forzada, pero el expediente ya estaba en
manos de tribunales”. Y abundó: “El juez no tiene por justificado el
ocultamiento porque el fin comisivo no fue desaparecerlos o secuestrarlos (a
los estudiantes), sino matarlos”.
En
el segundo informe de actividades que la comisión especial entregó –el 19 de
febrero– a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) se insiste en que,
durante el encuentro que sostuvieron, los representantes de la PGR dijeron a
los diputados que “no se están fincando cargos por desaparición forzada de
personas derivado de que la pena prevista por el Código Penal Federal es
inferior al castigo que pudieran obtener por otros delitos, como el homicidio
calificado o el secuestro”.
En
el mismo documento se relata la junta que la comisión tuvo con Ariel Dultzky,
relator del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o
Involuntarias, realizado el 13 de noviembre. Dultzky calificó el ataque como
“de una extrema gravedad” y apuntó que, en sus cuatro años en el cargo, nunca
había recibido “un caso donde 43 personas desaparezcan forzadamente en un solo
incidente”.
La
investigación, les dijo, ponía a la Cámara de Diputados ante la “posibilidad
histórica” de comenzar a llenar el vacío “en materia de asumir la
responsabilidad política por el fenómeno de extrema gravedad de las
desapariciones forzadas que ocurrieron y continúan ocurriendo en México”.
Hizo
hincapié en “la falta de responsabilidad política frente a la situación
generalizada y sistemática de las desapariciones forzadas en México y en los
vacíos legislativos en la materia”.
Les
recordó que en 2011 el grupo a su cargo visitó Guerrero. “Para nosotros
sintetiza y es el hilo conductor que une a las desapariciones de la ‘guerra
sucia’ con las desapariciones actuales y las carencias del Estado mexicano”.
En
la página nueve de aquel informe legislativo se establece que el representante
de la ONU les advirtió: “No puede ignorarse el problema de desapariciones
forzadas, pues está presente por décadas, de manera que el gobierno, el Estado
y la sociedad mexicana tendrán que resolverlo”.
Entre
las recomendaciones que Naciones Unidas hizo al gobierno mexicano en 2011, les
recordó Dultzky, se incluyó “que reconociera la dimensión del problema de la
desaparición forzada como primer paso necesario para desarrollar medidas
integrales y efectivas para su erradicación”.
Día
de las víctimas
Hoy,
la fracción del PRI –respaldada por sus aliados: PVEM y Nueva Alianza– se niega
a reconocer la existencia del delito de desaparición forzada en México. Prueba
de ello fue su incumplimiento para debatir el tema en tribuna el miércoles 9.
Cuando,
a través de la diputada Guadalupe González Suástegui, el PAN propuso instituir
el 26 de septiembre como Día Nacional de Condena a la Desaparición Forzada, el
PRI enfureció, sobre todo cuando el abogado y expriista Miguel Ángel Yunes
Linares pidió que la iniciativa se votara en ese mismo instante por ser “de
urgente y obvia resolución”.
El
PRI operó a través de su vicecoordinador, Jorge Carlos Ramírez Marín, para
echar abajo la petición y conseguir más tiempo para “cabildear” el rechazo.
Con
el argumento de que se trataba de un procedimiento ilegal, Ramírez Marín atacó
a Yunes Linares, acusándolo de “oportunista” y de insultar a las víctimas (los
43 estudiantes y sus familias) con “un albazo” legislativo.
El
PRD, mediante Daniel Ordóñez Hernández; MC, con Omar Ortega Álvarez, y Morena,
con Juan Romero Tenorio, respaldaron al PAN en su iniciativa… pero Acción
Nacional reculó. La impericia del coordinador, Marko Cortés, lo llevó a creer
en la palabra del PRI, que aseguró que se aprobaría el tema en la sesión del
jueves 10, cosa que no ocurrió.
Sin
embargo, el miércoles 9 el tema se abordó en la Jucopo y ahí el PRI habló
claramente: “Si la quieren (aprobar) el jueves, quitan ‘desaparición forzada’”,
advirtió Ramírez Marín a Federico Döring, vicecoordinador del PAN y encargado
de redactar la iniciativa.
“No
se puede poner ‘desaparición forzada’ porque ya existe un día internacional, y
es el 30 de agosto”, argumentó Ramírez Marín. Luego sostuvo que “poner
‘desaparición forzada’ implicaría presuponer que están muertos y existe una
posibilidad de que estén vivos”.
Döring
le reviró: “¡Ah, caray! ¿Cómo que están con vida? ¡Pero si fue tu gobierno del
PRI y tu procurador el que dijo que están muertos y habían sido quemados! Por
lo menos ésa fue ‘la verdad histórica’ que nos dieron. Y ahora dices que
podrían estar vivos. Ya no entendemos”.
A
Ramírez Marín se le descompuso el rostro por la rabia. Se había hecho bolas con
sus propias palabras, pues acababa de descalificar la versión que el 7 de
noviembre de 2014 difundió el entonces procurador general de la República,
Jesús Murillo Karam.
El
coordinador priista, César Camacho, entró a su rescate y dijo: “Bueno, es sólo
un procedimiento, y todos estamos de acuerdo en el tema (sic)”.
Guadalupe
Acosta Naranjo, vicecoordinador del PRD, dijo que durante el encuentro la
discusión fue “el término de ‘desaparición forzada’”, pues el PRI pedía que, en
lugar de establecer “el 26 de septiembre como Día Nacional de Condena a la
Desaparición Forzada”, se quedara como “26 de septiembre, Día de las Víctimas
de Ayotzinapa”.
Yunes
Linares apuntó que la pretensión del PRI “es atenuar” el concepto, porque no le
conviene reconocer que la desaparición forzada existe.
En
la misma reunión, Ramírez Marín dijo a los panistas que, si querían la
conmemoración, no sería mediante un cambio a la Ley sobre el Escudo, la Bandera
y el Himno Nacionales que ordenara izar la enseña patria a media asta el 26 de
septiembre. “Sería mediante un decreto… si lo quieres”, expresó mirando a
Döring.
El
amago del PRI funcionó, y PAN, PRD, Morena y MC aceptaron discutir por unos
días más “el término adecuado”. De cualquier modo, la triada PRI-PVEM-Panal
tiene mayoría en la Cámara (260 votos), contra los 240 que suman los partidos
de oposición y legisladores independientes.
A
la salida del encuentro, el coordinador del PAN, Marko Cortés, dijo en
conferencia de prensa que Ayotzinapa es un tema que “duele a todos” y que aún
se debatía “el nombre del día” conmemorativo.
Políticamente
el término es fuerte, aseveró Döring, “pero es una realidad, y el caso de los
43 es uno de los tantos casos más de desapariciones forzadas en México”.
En
la exposición de motivos de la iniciativa panista se reclama “que bajo toda
falta de credibilidad y descontento social, después de la versión oficial de un
cansado procurador, las líneas de investigación se cerraron y el caso se fue a
la línea del olvido por parte del Ejecutivo federal”.
Se
recuerda que, el 6 de septiembre, el informe del Grupo Interdisciplinario de
Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Desarrollo estableció
que no hay prueba científica de que los normalistas fueran quemados en el
basurero de Cocula.
Por
ello, sostienen, “esta aseveración pone en evidencia el ocultamiento de
información o negligencia del entonces procurador, y en su caso del Ejecutivo
federal, para dar respuestas contundentes sobre uno de tantos casos de
desaparición forzada en México”.
A
su vez, Rocío Nahle, coordinadora de Morena, manifestó que el interés de su
partido es crear una nueva comisión investigadora, que parta del informe de la
CIDH. En su propuesta –que se votará el martes junto con la de la conmemoración
del 26 de septiembre– se prevé que el PRI aporte ocho integrantes; el PAN,
cinco; el PRD, tres; el PVEM, dos; Morena, dos; MC, dos; Panal, uno, y el
Partido Encuentro Social, uno. La presidencia sería rotativa. l
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