Pide
el GIEI a PGR investigar obstrucción de la justicia en caso Ayotzinapa
POR
LA REDACCIÓN ,
APRO, 1 MAYO, 2016 NACIONAL
CIUDAD
DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Los integrantes del Grupo Interdisciplinario de
Expertos Independientes (GIEI) recomendaron a la procuradora general de la
República, Arely Gómez, dar seguimiento a la investigación contra funcionarios
de la dependencia a su cargo por obstrucción de la justicia en el caso
Ayotzinapa.
Alejandro
Valencia, Ángela Buitrago, Carlos Beristáin, Claudia Paz y Francisco Cox
indicaron que junto con su segundo informe, dejaron a la funcionaria un
documento con 20 recomendaciones de seguimiento a las investigaciones del caso
de los 43 normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014.
En
un comunicado, el GIEI informó que los 20 puntos fueron expuestos a Arely Gómez
y al equipo que trabaja en el caso.
“Investigar
a todos los funcionarios públicos que hayan obstruido la investigación del caso
de Ayotzinapa. Entre estas cuestiones están la falta de diligencia, negligencia
o destrucción de evidencia en diferentes momentos de la investigación”, destaca
uno de los puntos.
El
GIEI considera que “se necesita investigar, tomando en cuenta la evidencia
presentada por el GIEI, la actuación de los funcionarios que aparecen en el
video el día 28 de octubre de 2014 en la orilla del río San Juan”.
El
GIEI indica en el comunicado que “espera que los hallazgos y líneas de
investigación propuestas así como las recomendaciones estructurales respecto a
la procuración de justicia, la búsqueda de los 43 jóvenes desaparecidos y la atención de las víctimas, fortalezcan el
Estado de Derecho y la lucha contra la impunidad”.
El
Grupo sugirió que en el caso Ayotzinapa sean tipificados otros delitos y
violaciones graves a los derechos humanos como desaparición forzada, homicidio,
encubrimiento, obstrucción a la justicia y abuso de autoridad, tortura, exceso
en el uso de la fuerza y lesiones y amenazas sufridas por los normalistas
sobrevivientes.
Además,
reiteró su recomendación a la PGR de que se continúe con la investigación del
traslado de drogas en camiones de pasajeros.
Tras
así determinarlo el gobierno de Enrique Peña Nieto, el mandato del GIEI terminó
ayer 30 abril.
A
continuación las 20 recomendaciones que realizaron los expertos a la PGR:
1.-
Unificación de las distintas causas penales
Se
requiere una acumulación procesal para investigar y juzgar de manera integral
los hechos de Ayotzinapa. Las distintas causas penales deben estar concentradas
y ser llevadas a cabo por jueces competentes y accesibles.
2.-Evitar
la fragmentación
Las
distintas Averiguaciones Previas que se han iniciado en contra de los
procesados vinculados con la investigación 1-2015 deben incorporarse a esta
investigación en su totalidad, para evitar la fragmentación de la investigación
y para que la Oficina del Caso Iguala pueda tener en cuenta el patrón de
actuación, el contexto y la conexidad de los delitos cometidos, lo que se
considera que es clave para determinar la responsabilidad y modus operandi.
3.-Investigación
integral
6.-Seguimiento
a la información de telefonía
Con
la información de telefonía incorporada en el expediente deben trazarse nuevas
líneas de investigación como la identificación de “caminante” y otros teléfonos
que parecen relevantes, dadas las horas críticas en las que tuvieron
comunicación con los presuntos perpetradores. Debe establecerse la identidad de
los usuarios de los teléfonos con quienes se comunican perpetradores y
autoridades clave en ese momento y que no han sido investigadas. Respecto a los
estudiantes, deben trazarse líneas de investigación a partir de los lugares
donde, posteriormente a la hora de detención, se siguieron activando sus
teléfonos.
7.-Balística
Es
necesario realizar la confrontación de la evidencia balística recogida en los
escenarios de Santa Teresa y Juan N. Álvarez, con la de las armas asignadas a
la Policía Municipal de Cocula, Policía Municipal de Huitzuco, Policía Estatal,
Policía Federal ya que hay evidencias de la posible participación de algunos de
sus miembros en los sucesos violentos ocurridos esa noche.
También
debe investigarse por qué la SEIDO vuelve al Basurero de Cocula el día 15 de
noviembre de 2014, cuál es el sustento para esta nueva diligencia en la cual se
levantan 42 casquillos en la zona alta del basurero cuando ya se había hecho la
revisión del sitio del suceso. Así como porque no fue notificado el Equipo
Argentino de Antropología Forense.
8.-ADN
Se
debe establecer una fecha para la recepción de los resultados de Innsbruck. La
PGR debe evitar transmitir información pública sobre las fechas específicas de
dichas comunicaciones dado que aumentan el nivel de expectativa, presión sobre
los familiares y estrés. La incertidumbre sobre el momento en que va a llegar
este resultado, aumenta el sufrimiento de las víctimas. Hay que tener en cuenta
que han pasado más de dieciséis meses desde que se enviaron los restos. La
comunicación debe acordarse de forma consensuada con los peritos de los
representantes de las víctimas, el Equipo Argentino de Antropología Forense
(EAAF).
La
Oficina de Investigación del caso Iguala debe continuar con preparación
realizada por el GIEI para la identificación de la ropa y objetos encontrados
en los autobuses.
9.-Documentos
y videos
La
PGR deberá requerir la documentación militar relevante, sobre los sucesos de la
noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, misma que no se ha incorporado a la
investigación. También deberá requerir los planes locales de seguridad,
reportes, convenios, competencia de las distintas autoridades de seguridad que
muestren los procedimientos de actuación. Así como la actuación de las
diferentes corporaciones en función de dichos planes de actuación.
La
PGR debe recuperar evidencia de videos de C4 y otros que no se encuentran en el
expediente, incluyendo el material fotográfico tomado por el militar de
inteligencia del escenario del Palacio de Justicia.
10.-Investigar
posible traslado de estupefacientes
Es
necesario darle seguimiento a la asistencia jurídica enviada la tercera semana
de marzo de 2016 y a partir de la información que con la misma se obtenga se
establezcan las diligencias necesarias para agotar esta línea de investigación.
Entre estas, la indagación sobre la existencia de laboratorios clandestinos en
la zona, el movimiento del dinero, las rutas utilizadas para el traslado de
heroína hacia Estados Unidos, el medio de transporte utilizado. Si los
propietarios de los medios de transporte son empresas, indagar sobre los
propietarios, accionistas, socios.
11.-Plena
identificación del quinto autobús y de documentos y declaraciones sobre el caso
Deben
realizarse los peritajes que sean necesarios para establecer cuál fue el
autobús que efectivamente salió de la Central Camionera la noche del 26 y 27 de
septiembre de 2014. Asimismo, deberá investigarse si existen funcionarios
responsables, de que los hechos sobre este autobús se omitieran en las distintas
consignaciones iniciales.
Por
otra parte, las contradicciones entre la declaración del chofer ante la PGR con
su propio manuscrito firmado que confirma la versión de los normalistas y las
declaraciones de los responsables de la empresa, debe ser investigada en
profundidad y así como la plena identificación de su conductor en relación con
las imágenes obtenidas en el video.
12.-Investigar
denuncias por malos tratos o torturas con las debidas garantías
En
el primer informe, se hizo del conocimiento de la PGR, que el 80% de los 80
detenidos habían sufrido lesiones que debían ser investigadas. En el segundo
informe se presentan 17 casos que revisten serios indicios de torturas. Si bien
los jueces han indicado a la PGR la realización de informes basados en el
Protocolo de Estambul, estos no pueden diferirse más en el tiempo y tienen que
realizarse con la participación de peritos independientes con experiencia en la
evaluación de casos de tortura y uso del Protocolo de Estambul.
Por
otra parte, y de forma complementaria, el GIEI espera que la investigación de
la CNDH sobre las quejas planteadas ante dicha institución se base en los
mismos estándares, tal y como ha sido el trabajo realizado por el GIEI con sus
equipos.
13.-Determinar
otras responsabilidades en los hechos y en la investigación
Investigar
si la actuación de todos los cuerpos de seguridad que estuvieron presentes en
los hechos fue acorde a derecho. Especialmente investigar la posible
participación de miembros de la Policía Federal y la Policía Estatal en la
escena del Palacio de Justicia, el retén anterior a dicho lugar y la desviación
del tráfico vehicular cuando se estaba dando el ataque al bus Estrella de Oro
1531, en el escenario del puente del Palacio de Justicia.
A
la luz de los hallazgos incluidos en el informe Ayotzinapa II, investigar si
todos los cuerpos de seguridad que estuvieron presentes en diferentes lugares y
horas en que se desarrollaron los hechos como Policía Federal, Policía Federal
Ministerial, Policía Estatal cumplieron con sus respectivos protocolos de
actuación, especialmente, con la obligación de proteger a los ciudadanos. En relación a la Policía Federal y Policía
Federal Ministerial indagar si cumplieron con su obligación de investigar a
partir de la orden de la PGR de las 22h30 de la noche del 26, y las
correspondientes responsabilidades.
14.-Llevar
a cabo nuevas capturas
Capturar
a la mayor brevedad, y que sean dispuestos de manera inmediata a las
autoridades judiciales, a los presuntos responsables de mayor nivel como Felipe
Flores Velásquez, Secretario de Seguridad Pública de Iguala en el momento de
los hechos y Alejandro Tenescalco Mejía, ex miembro de la policía municipal de
Iguala.
15.-Investigar
el patrimonio de presuntos responsables
Investigar
el patrimonio de los presuntos responsables del caso, si su origen es lícito o
no, si se corresponde con su perfil de ingresos, si existen o ha habido
transacciones de bienes entre ellos o con otras personas, así como si han
acudido a testaferros u otras maniobras fraudulentas para ocultar sus haberes y
propiedades. Los resultados de dichas investigaciones deben ser incorporadas al
expediente y a las causas penales abiertas.
16.-Investigar
la posible obstrucción de la investigación
Investigar
a todos los funcionarios públicos que hayan obstruido la investigación del caso
de Ayotzinapa. Entre estas cuestiones están la falta de diligencia, negligencia
o destrucción de evidencia en diferentes momentos de la investigación, que han
sido señalados en los dos informes publicados por el GIEI.
Desde
enero de 2016, el GIEI señaló que existieron dificultades y obstrucciones a la
investigación, la fragmentación del expediente y el control de numerosas
peticiones y procedimientos por parte de la SEIDO, lo que limitó el trabajo del
nuevo equipo de investigación. Por otra se necesita investigar, tomando en
cuenta la evidencia presentada por el GIEI, la actuación de los funcionarios
que aparecen en el video el día 28 de octubre de 2014 en la orilla del Río San
Juan realizando inspección del lugar con un inculpado, la recogida de evidencia
en el río y el ocultamiento de dichos procedimientos al EAAF.
17.-Cambiar
la narrativa del caso
La
investigación llevada a cabo por el GIEI en sus dos informes Ayotzinapa I y II,
ha mostrado numerosos elementos que ponen en cuestión circunstancias dadas por
válidas en la llamada “verdad histórica”. En abril de 2016, es momento de que
la PGR cambie su versión pública sobre los hechos e incorpore los hallazgos que
expliquen tanto: a) las motivaciones de los normalistas, b) el desarrollo de
los hechos, y c) la falta de claridad sobre el destino de los normalistas. Es
decir, la realidad de por qué fueron los normalistas a Iguala, la no evidencia
de que estuvieran infiltrados ni fueran confundidos por las autoridades con el
narcotráfico, ni atacaron el acto político que había terminado cuando llegaron
y otras circunstancias señaladas como origen del ataque. Incorporar los
hallazgos relevantes ya probados sobre las circunstancias de los hechos, los
diferentes ataques y las actuaciones de diferentes corporaciones.
Es
necesario que se señale que no existe certeza sobre el destino de los
normalistas, las evidencias muestran tanto que uno de ellos fue identificado a
partir de un resto óseo, pero también de que al menos uno de ellos existe
evidencia telefónica que señalaría que se encontraba vivo a la 1:16h de la
madrugada. La narrativa señalada hasta ahora como escenario final de los 43
normalistas del basurero de Cocula debe ser puesta en cuestión a partir de los
peritajes científicos ya presentados por el GIEI y el EAAF, incluyendo aquellos
que señalan que no puede responderse a dicha pregunta y que señalan que se
necesitarían hacer nuevos estudios experimentales.
18.-
Continuar con los procesos de búsqueda y la investigación de nuevas
informaciones
Las
diligencias de búsqueda no deben interrumpirse puesto que los estudiantes
siguen desaparecidos. Mientras no se esclarezcan los hechos completamente y no
se ubique el paradero de los normalistas, las búsquedas deben continuar. La
desaparición forzada es una violación de derechos humanos de carácter
permanente y suponen una herida abierta en los familiares que necesitan
respuestas que generen credibilidad y confianza, y no traten de dar respuestas
que no se basan en evidencias científicas y una investigación acorde a los
estándares internacionales.
19.-
Mantener los espacios de diálogo y comunicación con los familiares
El
GIEI ha contribuido a abrir espacios de diálogo con la PGR y las instituciones,
y considera que dichos espacios tienen que responder a las necesidades de las
víctimas de tener un seguimiento efectivo de la investigación y conocimiento
del caso como parte de su derecho a la justicia. Las reglas de comunicación establecidas
en distintos acuerdos deben cumplirse de forma respetuosa y estricta, evitando
las formas de comunicación pública sin informar previamente a los familiares y
poder responder a sus dudas mediante el diálogo y el respeto a sus derechos. De
ello depende que las instituciones recuperen la credibilidad necesaria para
generar confianza en las víctimas.
20.-
Evitar las formas de victimización de las víctimas y promover su seguridad
El
caso Ayotzinapa los informes del GIEI han mostrado numerosas formas de nueva
victimización de las víctimas en los procesos de investigación, las versiones
públicas de los hechos o los intentos de estigmatizar a los familiares. Las
acciones realizadas contra los familiares deben ser investigadas también en el
futuro para promover un contexto de confianza y seguridad para quienes son el
elemento central del sentido de la justicia.
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