Javier Duarte rechaza entregarse a México e iniciará el proceso de extradición en Guatemala

Javier Duarte rechaza entregarse a México e iniciará el proceso de extradición en Guatemala

El exgobernador comenzará en los tribunales guatemaltecos un trámite que puede durar entre cuatro meses y un año

Nota de LUIS PABLO BEAUREGARD/

El País, México 19 ABR 2017 - 20:27

189 días de silencio llegaron a su fin este miércoles. Javier Duarte, el exgobernador de Veracruz, ha encarado a un tribunal por primera vez desde que se dio a la fuga en octubre pasado. El político expulsado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) escuchó de la voz de los fiscales guatemaltecos los delitos por los que México lo reclama: delincuencia organizada y lavado de dinero. “Durante su mandato realizó un complejo esquema de desvío de recursos y pretendió otorgarle apariencia de licitud”, leyó José Antonio Galdamés, uno de los fiscales. El ministerio público citó la acusación formulada por la Fiscalía mexicana, que responsabiliza a Duarte de encabezar y girar instrucciones a una red de testaferros que “compró propiedades con recursos que provenían de las arcas de Veracruz”.

El exmandatario negó entregarse a las autoridades mexicanas en su primera audiencia, pero dejó la puerta abierta para hacerlo durante el trámite legal, que inicia hoy y puede extenderse de cuatro meses hasta un año. “No puedo allanarme hasta que llegue la solicitud formal de extradición y que sea evaluada por mi defensoría. Esto no quiere decir que no lo vaya a hacer”, dijo Duarte. El Gobierno de Enrique Peña Nieto tiene 60 días desde hoy para presentar su solicitud formal y reclamar al prófugo.

Duarte llegó al mediodía a las instalaciones del Quinto Tribunal de sentencia penal. Recorrió cuatro cuadras desde el Fuerte San Rafael de Matamoros en un vehículo blindado hasta la Torre de Tribunales. Fue hasta que se abrieron las puertas de la camioneta que el político se dio cuenta de la expectativa que su caso ha despertado en México. Un enjambre de periodistas lo rodeó inmediatamente y no lo dejó un solo segundo hasta que entró a la sala de audiencias. La nube de reporteros le gritaba preguntas que cualquier mexicano pudo haberle hecho a quien se ha convertido en emblema de la corrupción política:

-“¿Tienes remordimientos?”

-“¿Sabes lo que te espera?”

-“¿Qué tienes que decirle a los veracruzanos?”

El exgobernador se mantuvo en silencio ante las increpaciones. Caminó en el centro de la turba con el rostro serio, duro. El acusado, rodeado por policías guatemaltecos, iba vestido con una camisa a cuadros y con un chaleco de Kevlar. Estaba esposado. Al sentarse frente a los tres jueces confirmó llamarse Javier Duarte de Ochoa, tener 43 años, ser exfuncionario público y ostentar un doctorado en Economía.

El proceso que siguió a este formalismo dibujó el camino que le espera a Duarte una vez que sea entregado a México. El acusado estaba sentado en una silla, encarando a los jueces del tribunal. A su izquierda dos abogados de oficio y su defensor privado, Pablo Campuzano. A su derecha, los fiscales. Galdamés leyó la minuciosa descripción que el Gobierno mexicano ha hecho de la red de lavado de dinero que Duarte construyó para desviar dinero público.

La trama de desvío de dinero inició a finales de 2010, cuando Duarte llegó al Gobierno de Veracruz. “Invitó a varios de sus amigos a colaborar con él para hacer negocios”, citó el fiscal Galdamés de la causa penal 97/2016, de la Procuraduría General de la República. Esos amigos reclutados --algunos de los cuales han declarado ante las autoridades-- son: Alfonso Ortega, Moisés Manzur, Mario Rosales, José Juan Janeiro Rodríguez y Rafael Rosas Bocardo.

Cada uno tenía una función específica en la red, pero todos sirvieron de testaferros para las propiedades que Duarte acumuló a lo largo de su mandato. Alfonso Ortega se ocupaba de buscar oportunidades para inversiones. Romero de la estructura, Manzur de los aspectos financieros. Rosas Bocardo daría su nombre para adquirir inmuebles y Rosales haría parecer todo legal desde una notaría.

La Fiscalía mexicana utilizó el testimonio de Ortega para construir el relato. Duarte le pidió en una fiesta de fin de año en 2010, celebrada en Ixtapa (Guerrero), recibir recursos y destinarlos a varias inversiones. Esa noche, según Ortega, se enteró que Duarte era propietario de tres departamentos en el complejo Finestre de la costa. Cada propiedad fue comprada en mayo de ese año, meses antes de que Duarte llegara al poder, por 1.5 millones de dólares cada uno. La vista de este miércoles también ha revelado que Duarte tiene, al menos, otra casa en Córdoba (Veracruz), un departamento en Boca del Río (Veracruz) y otro apartamento en la exclusiva zona de Campos Elíseos, en Polanco (Ciudad de México). Este último a nombre de Manzur. 

En febrero de 2011 el grupo creó una inmobiliaria. Tres meses después, la compañía fue utilizada para comprar dos casas en la exclusiva zona de Las Lomas, en la Ciudad de México, por 47 millones de pesos (2.4 millones de dólares). “Duarte dijo a Ortega que pretendía construir ahí su casa de retiro”, leyó el ministerio público.

La audiencia reveló con otro caso cómo funcionaba la red. El grupo compró 21 parcelas en un ejido del estado de Campeche por 20 millones de pesos. Ortega, Janeiros, Rosas Bocardo y Manzur falsificaron documentos para comprobar que habían vivido un año en la comunidad. Después, vendieron los terrenos a empresas fantasmas creadas por ellos a un precio otorgado por un tasador favorable. Las autoridades calculan que unos 350 millones de pesos (18.5 millones de dólares) de recursos de la Secretaría de Educación fueron desviados con este esquema para comprar propiedades. La Auditoría Superior de la Federación asegura que el Gobierno de Duarte no pudo comprobar el destino de 1.700 millones de dólares ejercidos en cuatro años. 

El boquete financiero provocado por los continuos desvíos comenzó a dar problemas a finales de 2015. El gobernador tenía problemas con el gasto corriente y solicitó a Janeiro facilitarle un crédito para cubrir nóminas y aguinaldos. Desde entonces, Duarte y su grupo de testaferros se enfocaron en ocultar sus huellas. En septiembre de 2016, Janeiro dijo a Duarte que no había podido “regularizar la sustracción” y que el asunto “era francamente complicado”. El operador explicó al gobernador que en el sistema bancario había evidencias del dinero que se llevó de la Secretaría de Educación a las empresas fantasmas.

Duarte huyó menos de un mes después de esa reunión. Vivió seis meses a salto de mata hasta que la policía mexicana lo cazó el sábado pasado en un balneario del lago de Atitlán. Duarte comienza hoy otro camino, rumbo al norte, que lo llevará hasta los tribunales mexicanos. Su juicio, una vez extraditado, será como el de hoy. Público y oral. Algo nunca antes visto en México.