Las columnas políticas hoy, jueves 18 de julio de 2024

Emplazan a 'Alito' Moreno a explicar su riqueza

Líderes y ex dirigentes priistas exigieron a su líder nacional, Alejandro "Alito" Moreno Cárdenas, que aclare el origen de su riqueza, comenzando por su mansión en Campeche valuada en 300 millones de pesos.

Los ex presidentes del PRI Dulce María Sauri y Enrique Ochoa, así como el senador Miguel Ángel Osorio Chong, urgieron a que explique cómo fue que tiene una residencia millonaria.

Manifestaron que hasta el momento, el presidente del PRI no ha aclarado de dónde proviene su capital, tras ser investigado por recursos de procedencia ilícita, enriquecimiento ilícito y peculado por la Fiscalía General de Justicia de Campeche.

REFORMA publicó imágenes de la casa de Alejandro Moreno en Lomas del Castillo, en la capital de Campeche.

Sauri señaló que una mansión de ese tipo y los lujosos acabados no alcanzan a pagarse con un salario de servidor público. Ironizó, incluso, en que posiblemente el dirigente tricolor se sacó la Lotería, y eso nadie lo sabe.

El senador Miguel Ángel Osorio Chong aseguró que "Alito" Moreno se aferra a la presidencia del PRI para protegerse, porque no puede explicar cómo es que se ha hecho de una casa de 300 millones de pesos. (Reforma).

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Las columnas políticas hoy, jueves 18 de julio de 2024

Templo Mayor/ Reforma

MÁS QUE los nombres, sería interesante saber cuál es el proyecto que tiene Claudia Sheinbaum para la Secretaría de Turismo. Luego de que ese sector fue tan maltratado en el gobierno de AMLO, los empresarios del ramo esperan de la Presidenta electa una reconsideración sobre el valor y la importancia de la industria turística.

ADEMÁS de Turismo, se espera que también sean anunciados hoy, en la ya tradicional tanda de los jueves, las y los titulares de las secretarías del Trabajo y de Cultura. Además de Sedena y Marina que serán hasta septiembre, siguen pendientes los nombramientos en dependencias clave como la Comisión Federal de Electricidad y Pemex. Y también los del IMSS, ISSSTE e Infonavit.

LAS NEGOCIACIONES en la Segob sobre el conflicto en la Universidad Autónoma de Sinaloa parece que algo avanzaron en el acercamiento de posiciones.

LA COSA ESTÁ que arde. Por un lado, hay quienes exigen cuentas a la UAS por los desvíos que sospechan del financiamiento público hacia el Partido Sinaloense, de Melesio Cuén. A la vez que hay distintas iniciativas en el Congreso estatal para reformar a la UAS.

POR OTRO LADO, están los que acusan una persecución política del gobernador Rubén Rocha en contra del ex rector Jesús Madueña Molina, pues le fincó denuncias penales por compras irregulares. Madueña alega que el tema es político y consiguió una suspensión de un juez de distrito, pero no puede ser reinstalado en el cargo.

EL ENCARGADO DE la rectoría, Robespierre Lizárraga, también tiene una investigación penal y hasta el gobernador dijo que los títulos universitarios firmados por él... ¡no valían!

ROCHA Y ROBESPIERRE dialogaron este martes con Luisa María Alcalde de mediadora y acordaron seguir el proceso de la reforma universitaria con vigilancia federal; y discutir el tema de las denuncias penales contra autoridades universitarias.

LA DIRIGENTE DEL PAN en Sinaloa, Roxana Rubio, se metió al asunto y manifestó en Culiacán que está de acuerdo en la rendición de cuentas de los dineros gastados por las autoridades universitarias y en que la Auditoría Superior del Estado audite los recursos públicos dados a la UAS, aunque pidió que le bajaran a la persecución política. E ironizó diciendo que como es política la cosa, mejor pongan de rector a un panista, porque el pleito entre viejos aliados ha afectado no solo a los universitarios, sino a la entidad.

EN LA CASA de subastas Sotheby's, un fósil de estegosaurio (de 150 millones de años de antigüedad) impuso nuevo récord al venderse en casi 45 millones de dólares. Caray, si de fósiles se trataba, en el sindicato ferrocarrilero lo habrían conseguido un poquito más barato.

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Disidentes de Alito festejan proyecto del Tribunal

Bajo Reserva/ EL UNIVERSAL

Nos cuentan que los priistas que exigen invalidar la Asamblea del PRI y la reforma estatutaria que permite la reelección de Alejandro Moreno, consideran que algunos no leyeron bien el proyecto del magistrado Reyes Rodríguez para que el PRI se pronuncie sobre las impugnaciones. Según los disidentes de Alito, de aprobarse, será un avance para lograr el objetivo porque establece como plazo fatal el 22 de julio para que el partido resuelva, lo cual da certeza al proceso porque, independientemente de lo que responda la Comisión de Justicia del tricolor, los magistrados ya tendrán materia para entrarle de fondo al asunto. La “impugnación madre”, nos hacen ver, es la que tiene que ver con la legalidad de la 24 Asamblea priista, que se realizó antes de que concluya el actual proceso electoral, lo que, aseguran, constituye una flagrante violación a la ley electoral. ¿De veras podrán con las maniobras de Alito? Lo bueno es que ya hay fecha para averiguarlo.

Fichaje estelar del Grupo Jalisco de MC enoja a los regios

Quien creía que la división en Movimiento Ciudadano se había superado, que vuelva a revisar. Nos cuentan que esta semana, la alcaldesa electa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, designó como su jefe de gabinete a Mario Silva, experto en política pública y temas metropolitanos. Hasta ahí, todo bien, pero nos recuerdan que don Mario era secretario técnico del gobierno de Nuevo León, y pieza clave para el mandatario local Samuel García. Nos cuentan que el funcionario ya había trabajado con los gobiernos emecistas en Jalisco y decidió regresar a sus orígenes, movimiento que no cayó nada bien por las tierras regias. Nos explican que entre los grupos Jalisco y Monterrey hay tal rivalidad, que esto hay que entenderlo como si fuera una estrella del Barcelona que fichara con el más odiado rival, es decir el Real Madrid.

Del “no es falso, pero se exagera” a la “mentira construida”

En la mañanera de ayer en Palacio Nacional, Elizabeth García Vilchis, popularmente conocida como la señorita de las mentiras, afirmó que es falso el dato de que en México 20% de los jóvenes entre 15 y 29 años no estudian ni trabajan. Doña Elizabeth, quien acuñó entre otras aquella frase de que “no es falso, pero se exagera”, ahora dijo que es una “mentira construida”. Nos hacen ver que quizá es demasiado pedir, pero tal vez le ayudaría revisar el portal interactivo de la OCDE y constate el número de personas en esa situación que hay en cada país de la organización. ¿Será que como ya nada más le quedan dos meses y medio se está esmerando para dejar nuevas frases para el recuerdo?

Por más que le rasca a los conteos, el PRD no llega al 3%

Nos hacen ver que la estrategia del PRD de impugnar ante el Tribunal Electoral no está dando resultado. En la sesión de ayer fueron declarados improcedentes más de 20 juicios contra la constancia de mayoría y validez de diputaciones federales, argumentando situaciones de violencia, entre otras causas. La Sala Superior del mantuvo firmes estos triunfos, en su mayoría de la 4T. Nos dicen que el Sol Azteca buscaba el mayor número de votos para ver si rascando a la desesperada rescataba su registro. Pero sigue lejos del 3% mínimo de votación requerido.

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Estrictamente personal

 Oligopolio de medicinas/Raymundo Riva Palacio

El Financiero, 18 de julio 

El presidente volvió a sacudir el gallinero de la transición del poder con otra irrupción indebida al anticipar que los directores del Seguro Social, de la Cofepris y el subsecretario de Salud que lo han acompañado estos años, “probablemente” serían ratificados en sus cargos en la próxima administración. Una vez más no le dejó espacio a la presidenta electa Claudia Sheinbaum para tomar la última decisión ni para que fuera ella, a quien le compete, darlos a conocer. El albazo de Andrés Manuel López Obrador no deja de tener un hipertexto preocupante, porque ese sector, y en particular en el rubro de las medicinas, los escándalos en su entorno sobre presunto tráfico de influencias y corrupción, han sido constantes y sonoros.

Bajo su mandato se han consolidado dos grupos que controlan el mercado de las medicinas, un negocio de 150 mil millones de pesos anuales en el sector privado y de 120 mil millones en el gubernamental. Los grupos están en pugna, y ambos han crecido al amparo del obradorato, que al iniciar la administración emprendió el desmantelamiento del sistema de distribución y comercialización de medicinas argumentando que estaban rompiendo con un mecanismo de corrupción. Lo que resultó de esa cruzada fue contraproducente.

Las empresas mexicanas a las que dejaron de contratar, comenzaron a vender en el mundo y elevaron sus ganancias, mientras que el desastre que provocó la dupla de Raquel Buenrostro, como oficial mayor de la Secretaría de Hacienda, y el exsubsecretario de Salud Hugo López-Gatell con sus fijaciones ideológicas, provocó un desabasto que causó muertes, mientras que la nueva institución que se creó para que el gobierno realizara las compras y la distribución, el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), fue un experimento fallido que obligó a que el gobierno saliera a comprar medicinas al mundo, varias de ellas manufacturadas por los laboratorios mexicanos a quienes dejaron de adquirírselas, pero a mayor precio por todos los costos agregados.

En el caos de las medicinas surgieron los dos grandes grupos que han formado un oligopolio, uno privado y otro cercano a López Obrador.

El relacionado al presidente es conocido como el Grupo Tabasco, que según fuentes de la industria, encabeza Alejandro Calderón Alipi, responsable de la compra consolidada de medicamentos y equipos en el Insabi, y desde agosto titular del IMSS-Bienestar, en remplazo de una funcionaria con más de 30 años de experiencia, que no duró un año en el cargo. La conexión con Tabasco, reveló en diciembre pasado Mexicanos Contra la Corrupción, se dio por la relación de negocios entre el hermano de Calderón Alipi, César Mauricio, con Jorge Amílcar Olán Aparicio, viejo amigo de Andrés López Beltrán, hijo del presidente, y el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.

López Hernández apadrinó a los Calderón Alipi en Arcar, una empresa de distribución de medicamentos en Tabasco, donde presuntamente es socio Manuel Velasco, exgobernador de Chiapas, que colocó en el Seguro Social a varios miembros de su equipo administrativo, incluido a su exsecretario de Finanzas Manuel Pedrero, asesor del director Zoé Robledo, y Nemesio Ponce, coordinador técnico de Servicios Indirectos de la institución, que está relacionado con los proceso de licitación, y que operan con Salim Orci, titular del Órgano de Control Interno de la dependencia, que a su vez está asociado con Adrián Cervantes, que hasta este gobierno había sido uno de los más importantes distribuidores de medicinas y equipos para el sector público.

En ese grupo figura Olán Aparicio, cuyos negocios en el sector y sus relaciones han sido detallados por Mario Gutiérrez Vega y Mauricio Rubí en Latinus, revelando grabaciones donde presume su relación con los hijos del presidente. Otro integrante de este bloque de beneficiados es Mario Pacciano, un joven empresario que se relacionó con los tabasqueños durante la pandemia a través de la empresa Maremi, bastante indiscreto y que alardea de haber inyectado recursos a la campaña presidencial de Sheinbaum.

El otro bloque en el oligopolio de las medicinas lo componen empresarios que tienen tiempo en el sector, como el Grupo Kosmos y Darobi, de la familia Landsmanas -la futura secretaria de Energía, Luz Elena González trabajó con Jack Landsmanas, cabeza del grupo-, que también recibió contratos para proveer de alimentos en las cárceles federales por parte de Sergio Montaño, cuando fue oficial mayor de la Secretaría de Seguridad Pública en la gestión de Genaro García Luna. El otro con experiencia es Alexis Nikkin Gaxiola, experto también en criptomonedas y finanzas digitales y uno de los socios de Latinus.

En este bloque de empresarios, la compañía que sobresale como la que mayor contratos tuvo durante este gobierno es Traxión, que encabeza Aby Lijstszain, un consorcio de transportes consolidado, que tiene las mudanzas MyM y LIPU, que durante el gobierno de Marcelo Ebrard en la Ciudad de México, obtuvieron el contrato para proveer el servicio de transporte obligatorio para todas las escuelas primarias. Traxión, que no tenía experiencia en el transporte de medicamentos, compró en marzo de 2022 la empresa experta en logística Medistik, y a los tres meses obtuvieron su primer contrato de distribución de medicamentos del Seguro Social y de todos los medicamentos de la paraestatal Birmex, que produce, importa y comercializa vacunas.

Antes de entrar al ramo de las medicinas, Traxión proporcionó apoyo logístico al gobierno a través de Gabriel García Hernández, quien era el operador electoral del presidente. Ya metido en el sector, Traxión tuvo resultados que levantaron las cejas de muchos. El año pasado tramitó y obtuvo 300 registros nuevos de medicamentos por parte de la Cofepris, con lo que controlaron la oferta y la venta de medicinas en el Seguro Social, cuando el promedio para concluir ese proceso es de dos años y en comparación con PISA, el gran consorcio mexicano, que no logra más de 30 registros nuevos por año.

El negocio de las medicinas en este sexenio tiene un camino sembrado de minas, algunas de las cuales han explotado, pero otras más todavía no, lo que permite pensar que los escándalos en el sector serán transexenales.

X: @rivapa

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Tormenta perfecta sobre Monterrey/Héctor De Mauleón

El Universal, 18/07/2024 |;

La pugna entre tres grandes organizaciones del crimen organizado ha desatado una tormenta perfecta sobre el estado de Nuevo León y en especial en la zona metropolitana de Monterrey, en donde una violencia inédita se ha disparado.

En lo que va del año casi 900 muertas violentas se han registrado en la entidad, y se ha registrado también una cifra escandalosa: 45 homicidios en las primeras dos semanas de julio.

El martes pasado el Cártel del Noreste (CDN), una escisión de Los Zetas, dejó narcomantas en tres municipios de la zona metropolitana: Benito Juárez, Guadalupe y Santa Catarina.

En estas, anunció el inicio de nuevas matanzas en la región: “Venimos a limpiar el pueblo de toda la bola de ratas, como Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco, Cártel del Golfo e independientes (…) Ábranse o busquen línea”.

En respuesta, un brazo operativo del Cártel del Golfo bombardeó de inmediato las redes sociales con supuestas ofertas de “trabajo”:

“Somos gente del Golfo quien quiere jale para hacer una limpieza en Monterrey de las ratas del CDN, la paga es de 35 mil mensuales. Manden mensaje. Att. Cártel del Golfo Grupo Escorpión”.

De acuerdo con reportes de seguridad, desde que a fines del año pasado los líderes del Cártel de Sinaloa, en respuesta a presiones del gobierno estadounidense, “prohibieron” la producción y venta de fentanilo en aquel estado, los narcolaboratorios de ese cártel fueron trasladados a Monterrey con apoyo de autoridades municipales.

Al mismo tiempo, la Operativa Coahuila, un brazo armado del Cártel del Noreste conocido también Los Chuckys, inició su avance desde la frontera con Coahuila, donde controla entre otras cosas el tráfico de migrantes.

Por otra parte, se registró también el avance desde Tamaulipas, con protección de autoridades del gobierno del emecista Samuel García, según los reportes consultados, de células de Los Metros y el Grupo Toros, de Cártel del Golfo, organización que desde hace tiempo ha encontrado en la capital del estado un paraíso para el lavado de dinero.

Con el contubernio de emecistas, panistas y priistas, estos tres grupos se han lanzado a la conquista de Monterrey y su zona metropolitana, en donde los enfrentamientos entre el Cártel del Noreste y el Cártel del Golfo se han recrudecido en los últimos meses, y en donde ambas organizaciones se han propuesto sacar del estado a las células del Cártel de Sinaloa que obedecen a los hijos del Chapo Guzmán, así como al grupo de Ismael El Mayo Zambada.

Drogas, migrantes, huachicol, lavado de dinero y tráfico de armas es el botín que entre enero y lo que va de julio ha superado en más de 100 los homicidios registrados en el mismo lapso de 2023.

A finales del año pasado, sicarios del Cártel del Noreste dejaron hieleras y bolsas de plástico con restos humanos en calles, parques, avenidas transitadas y carreteras de seis municipios cercanos a Monterrey.

El grupo delincuencial buscaba desde entonces visibilizar al máximo los niveles de violencia extrema a que había llegado. “Los tenemos ubicados”, “esto va para todos”, se leía en las narcomantas abandonadas entonces junto a los cuerpos.

Había llegado a Monterrey el periodo de violencia más virulento en 11 años: algo que no se veía en la capital desde los años oscuros en que esta fue tomada por Los Zetas.

A principios de 2024 fue detenido en San Pedro Garza García el jefe del grupo Escorpión del Cártel del Golfo, José Alberto García Vilano, La Kena o Ciclón 19, mientras compraba trajes en una tienda de lujo.

Meses antes se había perseguido en Salinas Victoria al líder máximo del Cártel del Noreste, Gerardo Treviño Chávez, El Huevo (sobrino del sanguinario Z-40, de nefasta memoria), quien, refugiado en ese municipio, dirigía las actividades y ordenaba las ejecuciones perpetradas por ese grupo criminal (finalmente, fue detenido por fuerzas militares en Nuevo Laredo, Tamaulipas).

La caída de ambos líderes desató reacomodos que exacerbaron la violencia en Nuevo León. A ese coctel explosivo, con apoyo de funcionarios de la fiscalía y de la Agencia Estatal de Investigación, según los reportes consultados, se agregó el avance de grupos llegados desde Sinaloa, que evadían la presión que el Ejército había desatado sobre ellos tanto en ese estado como en Sonora.

El resultado es un territorio asediado por la actividad criminal, que embarra a diversos grupos políticos, y se suma al catálogo nacional de regiones donde fracasó la estrategia del gobierno federal en su manejo del crimen organizado.

Una tormenta perfecta: un dato más del desastre que se prepara a heredar de su antecesor el gobierno entrante de Claudia Sheinbaum.

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Política zoom

La prisa de la reforma judicial/Ricardo Raphael

Milenio,  18.07.2024 /

La reforma al Poder Judicial no se votará en septiembre con la nueva legislatura. El dictamen será aprobado por la representación de las diputaciones que cerrará labores un mes antes de que deje la Presidencia el mandatario Andrés Manuel López Obrador.

La iniciativa entrará a comisiones antes de que termine este mes y se presentará a votación del pleno en agosto. En septiembre pasará al Senado.

Antes de 2021 esta ruta habría sido imposible. Sin embargo, el reglamento de la Cámara baja fue modificado ese año para abrir la puerta a que un dictamen aprobado durante una legislatura anterior, una vez que se encuentre en poder de la Mesa Directiva, pueda saltar de legislatura.

El artículo 288 de ese reglamento, reformado en abril de 2021, establece que al término de cada legislatura, la Secretaría de Servicios Parlamentarios elaborará un listado de los dictámenes sancionados con el propósito de que sean sometidos a votación durante el primer periodo de sesiones del parlamento entrante.

Así que no hay obstáculo legal para que la mitad del trabajo legislativo se realice entre julio y agosto y la iniciativa de reforma judicial sea aprobada en septiembre.

Esto quiere decir que en el mes de septiembre llegará al Senado la propuesta de someter a votación popular los cargos de jueces, magistrados y ministros.

De esta manera se evitarán dilaciones que pudieran descarrilar una decisión política tomada prácticamente desde el mes de febrero y que, por la vía de las urnas, obtuvo luz verde.

Han perdido la batalla quienes tenían la esperanza de que esta decisión tan importante para el futuro del Estado mexicano tuviese un cauce parsimonioso con el propósito de analizar y discutir cada una de las aristas.

Queda como último reducto que Morena y sus aliados no logren la mayoría calificada en la Cámara alta y que el bloque completo de senadoras y senadores de oposición cierre filas no tanto para derribar la iniciativa, sino para negociar los puntos y las comas más relevants.

Zoom: De haber comenzado la Cámara de Diputados la dictaminación de la iniciativa en septiembre, el presidente López Obrador habría dejado la silla presidencial sin concluir este último eslabón de su obra política. Evitar ese escenario es la principal razón de la prisa

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El Segundo tirador

JAQUE MATE / Sergio Sarmiento

 EN REFORMA

"La liviandad a la hora de repartir acusaciones

desde el máximo poder ha 

alcanzado alturas -o bajezas- nunca... 

vistas en el México moderno". María Amparo Casar

El atentado del 13 de julio contra Donaldo Trump le ha servido al presidente López Obrador para revivir una de sus viejas obsesiones, el asesinato de otro Donaldo, Colosio. En este, como en otros temas, AMLO sigue al pie de la letra los principios de propaganda de Joseph Goebbels: repetir constantemente unas cuantas ideas, dar solo un lado de los argumentos, criticar siempre a los opositores y escoger a un enemigo para vilipendiarlo de manera sistemática.

A López Obrador no le interesan ni la justicia ni la familia Colosio. Si así fuera, habría atendido la súplica del 29 de enero de Luis Donaldo Colosio Riojas, el hijo del candidato: "Apelando... a la compasión del Presidente, yo diría que mejor indulte a Mario Aburto..., que ponga un carpetazo final a este asunto, que permita que tanto mi familia como México sanemos... Este asunto ha estado ya muy manoseado y yo creo que no es justo para la gente, todos, incluida la familia..., que estén reciclando el tema con tal de sacar una raja política".

AMLO ha preferido seguir sacando raja política: "Creo que ayudaría mucho -dijo el 15 de julio- que el Poder Judicial resolviera sobre la apelación que hizo la Fiscalía [General de la República] acerca de la orden de aprehensión del segundo tirador en el asesinato de Colosio, sin que esto signifique que ya es culpable". La Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, repitió fielmente: "Es un asunto que tendría que definir la fiscalía, pero recuerden que hace poco habló del segundo tirador, incluso de su vínculo con García Luna. Obviamente es muy importante que eso se conozca y que esto que encontró la fiscalía continúe investigándose".

La tesis del segundo tirador en el caso Colosio es muy vieja, pero fue descartada por las pruebas periciales. Jorge Antonio Sánchez Ortega, el exagente del Cisen al que hoy la FGR y el propio Presidente quieren convertir en el segundo tirador, fue detenido en Lomas Taurinas la tarde misma del asesinato. Tenía manchas de sangre de Colosio en la chamarra y dio positivo a la prueba de rodizonato de sodio, lo cual sugería que había disparado recientemente un arma de fuego. Se le dejó en libertad, sin embargo, cuando se demostró que los dos disparos contra Colosio los había hecho Aburto con una pistola Taurus calibre .38 especial. Esta tenía dos casquillos percutidos. El primer proyectil atravesó la cabeza de Colosio y salió volando, nunca se recuperó. El segundo, que entró en sedal por el vientre, se encontró en el suelo donde cayó el candidato; se comprobó que era de la Taurus. Los dos disparos se hicieron a corta distancia. Los videos muestran a Aburto cuando hace el primero. El otro fue inmediato, pero Sánchez Ortega no se encontraba cerca de Colosio.

Ayer López Obrador regresó al tema: "En el caso del asesinato del candidato Colosio, ¿se acuerdan que hablamos de cómo un juez niega la aprehensión? Pues ya tengo el informe de la Fiscalía en donde se está esperando una resolución. Se presentó un recurso de queja y el juez no quiere resolverlo". En realidad, no sorprende la negativa: las periciales demuestran que los dos disparos los hizo Aburto con la Taurus.

A AMLO, sin embargo, no le interesan ni las pruebas ni los videos, solo que Sánchez Ortega trabajaba como agente del Cisen y Genaro García Luna, a los 26 años, "era subdirector... de operaciones del Cisen, precisamente en el final del gobierno de Carlos Salinas de Gortari", como dijo el 30 de enero. Fiel a la doctrina Goebbels, sugiere que dos de sus villanos favoritos, García Luna y Salinas, participaron en ese asesinato hace 30 años, aunque no haya pruebas. Con razón le molestan tanto los jueces independientes.

· CASITA

¿Para qué tanto escándalo? A Alito le hizo justicia la revolución. Cualquier gobernador o presidente de partido puede, con trabajo duro y un poco de suerte, comprar una casa de 300 millones de pesos, o más casas, porque solamente hemos visto la de Campeche.

www.sergiosarmiento.com

 

 

 

 

 

 

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