Las columnas políticas hoy, jueves 19 de marzo de 2026

Tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, informes del Wall Street Journal señalan que su hijastro, Juan Carlos Valencia González, alias "El Tres", ha asumido el liderazgo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Nacido en California e hijo de Armando Valencia, antiguo jefe del Cártel del Milenio, la ciudadanía estadounidense de Valencia González plantea un complejo dilema jurídico y operativo para la administración de  Trump. Debido a las leyes de vigilancia de sus propios ciudadanos en el extranjero, cualquier acción directa o intervención de inteligencia requeriría autorizaciones excepcionales del Fiscal General y de tribunales secretos, en un contexto donde el gobierno de Claudia Sheinbaum mantiene un firme rechazo a la presencia de tropas extranjeras en territorio mexicano.

Por el momento, "El Tres" parece haber optado por una estrategia de bajo perfil, alejándose de la violencia extrema y los narcobloqueos que caracterizaron la caída de su padrastro en Tapalpa, Jalisco. Esta postura busca evitar el radar de las agencias estadounidenses y contener posibles fracturas internas frente a lugartenientes de alto rango como "El Jardinero". Sin embargo, la tensión es máxima: el CJNG sigue siendo una maquinaria financiera de miles de millones de dólares basada en el tráfico de fentanilo y la extorsión, mientras funcionarios mexicanos reconocen que, tras el uso de drones de la CIA para localizar al "Mencho", la confrontación con el grupo criminal ha llegado a un punto de no retorno.

Bajo esta nueva jerarquía, el desafío para ambos países radica en cómo desarticular una organización catalogada como narcoterrorista cuando su cabeza posee derechos constitucionales estadounidenses.

Las fuentes son anónimas pero las publica  diario Wall Street Journal (WSJ), 

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FGR incorpora hallazgos de Manuel Espino a investigación federal

Bajo la firma del reportero Manuel Espino, El Universal dio a conocer que la FGR formalizó la integración de la "narconómina" a la carpeta de investigación del CJNG. Estos documentos, obtenidos y publicados originalmente por Espino tras el operativo donde fue abatido alías "El Mencho", detallan una compleja red de sobornos a policías de Jalisco y Chiapas, gastos en grupos de choque y estrategias de control territorial en la Sierra-Costa de Michoacán.

A pesar del valor informativo de la labor de Espino, la propia FGR ha admitido que la validez legal de estos archivos como evidencia ante un juez es incierta. Esto se debe a que la zona de las cabañas en Tapalpa fue "contaminada" y "alterada" al no ser asegurada de inmediato, lo que compromete la cadena de custodia. No obstante, el reporte periodístico sigue siendo una pieza clave para que las autoridades desarrollen nuevas líneas de investigación sobre la actual reestructura operativa del grupo criminal.

El Universal, 19 de marzo

"Mediante el oficio FED/FEMDO/FEIDCS/CGB/0-0-00451/2026, la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud (FEIDCS), adscrita a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), solicitó a este diario la documentación señalada, derivado de la información publicada sobre los pagos que el grupo criminal realizaba a las policías de Jalisco y Chiapas; la distribución de su armamento, sus gastos en hackers y en base social, así como su estrategia para controlar el corredor de la Sierra-Costa michoacana.

“Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102 Apartado “A” de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; preceptos 1, 2, 3, 74, 127, 128, 129, 131, fracción IX, 212, 213, 214, 215 del Código Nacional de Procedimientos Penales; 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11 fracción IV, 13 fracción III, y 40 de la Ley de la Fiscalía General de la República; derivado de las notas periodísticas emitidas por el medio de comunicación a su cargo, en el mes de febrero del presente año, mediante el cual informa la localización de diversa documentación encontrada al interior de las cabañas ubicadas en Tapalpa, Jalisco; solicito a usted gire sus instrucciones para que, a la brevedad, sea entregada a personal de esta fiscalía la documentación en referencia a fin de que sea incorporada a los autos de la carpeta de investigación, con la finalidad de llegue a su curso la investigación”, refiere el escrito fechado el 18 de marzo de 2025.

La Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud solicitó a este diario la documentación sobre los pagos que realizaba el Cártel Jalisco.

En respuesta, EL UNIVERSAL entregó los documentos contables requeridos realizados a mano y de manera digital, cartas, sobres y un mapa táctico en las oficinas de la FEIDCS.

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Las columnas políticas hoy, jueves 19 de marzo de 2026

Templo Mayor/ REFORMA

QUÉ COSAS tan extrañas suceden en Tabasco. Según Pemex, en la refinería Dos Bocas se registró un fuerte incendio... ¡porque llovió! El asunto sería incluso divertido si no fuera porque en el siniestro registrado en la obra emblemática de la 4T, murieron cinco personas. Resulta extraño que Pemex se apresure a aclarar que cuatro eran de una empresa contratista, como si ese detalle hiciera menos grave el suceso.

¿QUÉ HAY DETRÁS de estos malabares? Un intento por hacer a un lado la verdad: que desde antes de su construcción, se había advertido que el lugar no era idóneo para una refinería. Pero con AMLO lo que importaba era lo que él deseaba y no las cuestiones técnicas, Dos Bocas se construyó donde no debía y cuando ni siquiera se necesitaba.

ESO EXPLICA que la planta sigue arrastrando los problemas que desde su concepción fueron advertidos y que en Palacio Nacional fueron ignorados.

INTERESANTE el Consejo Consultivo de Movimiento Ciudadano que fue presentado el martes con la integración de ex priistas, ex perredistas, académicos y empresarios, cuyo propósito es formular propuestas rumbo a los comicios de 2027.

ESTÁN Aurelio Nuño, titular de la SEP en el gobierno de Enrique Peña; Enrique Provencio, economista experto en temas de política social; Leticia Bonifaz, abogada, defensora de derechos humanos y ex colaboradora de gobiernos del PRD en la CDMX; Pablo Kuri, epidemiólogo de primer nivel; el activo empresario agrícola Bosco de la Vega y Enrique Lomnitz, experto en temas urbanos y de recuperación del agua.

TAMBIÉN FUE integrada Mariana Rodríguez, esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien no acudió a la ceremonia como una forma de expresar su descontento con la dirigencia nacional de Jorge Álvarez Máynez y Dante Delgado.

SEGÚN esto, los dirigentes naranjas le han dicho que no habrá ningún acercamiento ni intento de alianza con el PAN para las elecciones federales del próximo año ni para las de gobernador en Nuevo León. El meollo es que Samuel considera que es necesario acercarse con el PAN para bloquear que las tropas azules arropen a Adrián de la Garza como su candidato.

¿QUÉ QUISO hacer el PRI con eso de nombrar 50 defensores de México en los 17 estados que tendrán elección de gobernador? Además movilizarán a 6 mil 432 defensores del voto, en un aparente intento de hacer marcaje personal a los coordinadores que nombra Morena y que a la postre son sus candidatos a gobernador, pero que les puede salir muy caro.

TENDRÁ QUE CUIDAR no caer en campañas anticipadas porque a ellos el INE no se las va a dejar pasar. Y si Aurelio Nuño regresó políticamente con MC, Rosario Robles decidió reaparecer como lideresa tricolor de los "Defensores de México". Va por la revancha.

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Confidencial/ El Financiero

Activan modo oficialía de partes

Vaya exhibida la que se puso Óscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado. Primero afirmó que habría cambios de “comas, puntos y palabras” a la reforma enviada por la presidenta Claudia Sheimbaum en materia electoral y en específico sobre la revocación de mandato, y horas más tarde salió con que siempre no, que se quedaría tal cual se mandó. Una muestra más de que el Legislativo no es más que una mera oficialía de partes.

SHCP y Banxico, en misma ruta

De buen humor y juntos en la fila se dejaron ver ayer en la mañana, en una sala del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el secretario de Hacienda, Édgar Amador, y la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez, antes de abordar el avión que los trasladó a Cancún para participar en la 89A Convención Bancaria, que esta tarde será inaugurada por la presidenta Sheinbaum. Los responsables de las políticas fiscal y monetaria del país intervendrán en la sesión inaugural del evento, donde hay gran expectación entre los banqueros por escuchar sus mensajes ante la volatilidad financiera y la presión en los precios del petróleo que ha provocado el conflicto en Medio Oriente.

A corregir sobre la marcha

El oficialismo en el Senado prácticamente dio la razón al PAN de que el plan B “está hecho con las patas”, pues si algo se corrige solo será el tope de regidores. Óscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, afirmó que apenas se dieron cuenta que hay municipios que tienen menos de siete regidores. O sea, les tendrían que sumar si pasa la iniciativa como viene. Error que, señaló Ricardo Anaya, coordinador del PAN, da cuenta de la “torpeza de la gente que trabaja con la presidenta, ¡Está para que la corran!”.

Carpetazo a videos de Pío

El TEPJF confirmó la decisión del INE de declarar infundado el procedimiento de queja en materia de fiscalización contra Morena, por el video de David León, extitular de la Comisión Nacional de Protección Civil, entregando dinero en efectivo a Pío López Obrador, hermano del expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presuntamente como aportación ilícita al partido. Luego de años de indagatorias y cuestionamientos, el asunto llega a su fin. ¿Alguien esperaba algún resultado distinto?

Abre el PAN la puerta a una alianza con el PRI en NL

Aunque ha dicho que irán como PAN y alejados del PRI en las próximas contiendas electorales, al final el dirigente nacional panista, Jorge Romero, parece abrir la puerta a una alianza con los azules en Nuevo León. Y es que, después de que Alito Moreno “destapó” al aspirante de su partido a la gubernatura, al alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, como “defensor de México” en la entidad, Romero también dijo que De la Garza “es un buen gobernante”. Y es más, aseguró que su partido no se va a pelear con otros partidos por siglas y que si la gente quiere a tal candidato sabrán escuchar, porque “el enemigo a vencer es Morena, no otro”. ¿Se volverán a juntar?

¡Mayer era el suplente!

Lo que le faltaba al actor Sergio Mayer. Resulta que logró su curul como legislador plurinominal en 2024 “por un error del sistema” durante la inscripción en el proceso interno del partido. Y fue nada menos que su suplente, Luis Morales Flores, quien ayer, al dejar la curul por el regreso de Mayer a San Lázaro, reveló que, por un “error en el sistema”, lo inscribieron en las listas de Morena como suplente, cuando en realidad fue nominado en la “tómbola” como el propietario. “Me dijeron: ‘fírmale aquí’ aunque me habían puesto como suplente, cuando yo había sido propietario”, acusó.

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Estrictamente Personal

Sabotajes e impunidad/Raymundo Riva Palacio

El Financiero, marzo 19, 2026 | 

En el régimen se ha abierto una fractura sobre el combate al crimen organizado. Los más leales al expresidente Andrés Manuel López Obrador levantaron una muralla contra cualquier intento de la presidenta Claudia Sheinbaum de abrir procesos que terminen en responsabilidades para militantes de Morena por presuntos vínculos con cárteles de las drogas. El desafío del ala radical del obradorismo debilita la posición de Sheinbaum frente a Estados Unidos, que está presionando para que lleve a proceso a políticos, sin los cuales, afirman, las organizaciones criminales no podrían haber crecido ni fortalecido a los niveles actuales.

Sheinbaum se ha tenido que correr de posición para evitar que suceda lo que a veces parece inevitable: una intervención unilateral de Estados Unidos en territorio mexicano. De no querer ceder a las presiones y abrir causas penales contra figuras de Morena, consideró fórmulas para limpiar su casa, con la mira puesta en salvaguardar la soberanía y dar señales a Washington de que la impunidad se acabó, y ganar más tiempo frente a los impulsos del presidente Donald Trump.

Pero no pudo. En el reciente Consejo Nacional de Morena, a principios de este mes, se propuso una serie de mecanismos para poder separar de sus cargos y la pérdida de fuero de gobernadores y presidentes municipales por manejo de recursos de procedencia ilícita y presuntos nexos con el crimen organizado, junto con una iniciativa en el Congreso para agilizar los procesos de desafuero de legisladores que se encontraran en situaciones similares. No avanzó ni siquiera a votación.

El presidente del Consejo, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, junto con Rafael Barajas, El Fisgón, el monero de La Jornada, que es el principal asesor político de López Obrador y maneja el Instituto de Formación Política de Morena, sabotearon la propuesta. No procedía, argumentó Durazo, de acuerdo con detalles de la negociación frustrada, argumentando la “integridad” del obradorismo siguiendo el ejemplo del expresidente.

La broma se cuenta sola, pero con esa justificación, que parecería cínica, selló la posibilidad de que en México figuras como él, otra decena de gobernadores –todos de Morena menos uno–, y alcaldes en los estados obradoristas en la frontera con Estados Unidos, Michoacán y Sinaloa, sobre quienes existen investigaciones en Estados Unidos, pudieran ser sujetos de acciones penales en México.

La construcción de una muralla de impunidad para políticos mexicanos en México socava la cooperación con Estados Unidos al dejar al gobierno confrontado con el partido en el poder. La imagen más poderosa de esta disociación fue la fotografía de la reciente reunión en Washington del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, con el director de la DEA, Terry Cole, que subrayó el entorno de confianza que ha logrado restituir el gobierno, dados los antecedentes de Cole en su paso por México durante los primeros años de la administración de López Obrador.

Cole hizo la primera lista de 30 nombres de políticos de Morena vinculados con el crimen organizado, como respuesta a la forma como la Fiscalía General de la República exoneró por la vía rápida al general Salvador Cienfuegos, por su presunta relación con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva, de la que lo acusaba el Departamento de Justicia. Este caso sigue vivo en Washington.

La fractura no solo fue con ese sabotaje. Desde hace algunas semanas, las plumas que reflejan el pensamiento del ala dura del obradorismo han estado golpeando a García Harfuch, acusándolo de ser complaciente con Trump, con lo cual lastiman a Sheinbaum, y sugiriendo que tiene que diseñar una política de seguridad que enfrente las presiones de Washington. Sibilinamente proponen la restauración de la política de abrazos, no balazos, que permita a los cárteles seguir operando, una vez más bajo el manto protector o la complicidad del gobierno, como sucedió con López Obrador, que también tiene investigaciones abiertas en aquel país.

Esa política no va a regresar. Ni siquiera tiene que ver con la presión de Trump, sino con la viabilidad del país, como fue el diagnóstico que le entregaron a Sheinbaum desde la campaña presidencial, mucho tiempo antes de que Trump se convirtiera en una fuerza intervencionista amenazante. Sheinbaum lo resistió largo tiempo, y en septiembre se negó a presentar al Senado un acuerdo de seguridad con Estados Unidos, bajo presión del secretario de Estado, Marco Rubio. De la misma manera, cada vez que le han presentado listas de políticos morenistas vinculados con el crimen organizado, su respuesta ha sido que le entreguen las pruebas –aunque ella tiene las propias–.

La mejor solución para navegar en esos dos ecosistemas era la propuesta al Consejo Político de Morena, pero como le dijo Rubio cuando se reunieron en Palacio Nacional en septiembre, ante su negativa de llevar al Senado el acuerdo de seguridad bilateral, no tiene la fuerza interna para imponerse. El ala dura de Morena, al igual que ella, teme que haya una acción unilateral, pero, a diferencia de Sheinbaum, los radicales de López Obrador, en defensa de los delincuentes que tienen en esa trinchera, están apostando a que México sea su búnker.

El obradorismo radical no quiere recortar sus pérdidas y, al final, puede perder más, porque no parece leer correctamente la hoja de ruta de Washington, similar a la que hicieron con Venezuela: ir construyendo una narrativa que fue de lo general a lo particular, a los detalles y al sentir que un ataque era inminente, creando las condiciones de opinión pública que hicieran menos costosas sus acciones quirúrgicas.

Ha pasado mucho tiempo entre las primeras declaraciones de Trump sobre la captura de México por el crimen organizado y este martes, cuando el general Gregory Guillot, comandante de la Fuerza Aérea del Comando Norte y del Comando de Defensa Aeroespacial Norteamericano, afirmó ante el Comité de las Fuerzas Armadas del Congreso que, aunque el crimen organizado no se ha enfrentado directamente contra las tropas estadounidenses, el acoso contra funcionarios de ese país ha ido aumentando, junto con el hackeo de sus comunicaciones por parte de los cárteles.

La trayectoria de la narrativa es clara.

Guillot fue muy preciso en su testimonio, cuya declaración escrita tuvo una extensión inusual de 21 páginas y una evocación al buque de guerra Maine y al Golfo de Tonkin, donde supuestos ataques a militares estadounidenses fueron su justificación para iniciar la guerra contra España por Cuba y en Vietnam.

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Bancos y paranoicos

JAQUE MATE / Sergio Sarmiento 

 REFORMA, 19 marzo 2026

"Solo los paranoicos sobreviven". Andy Grove

CANCÚN.- Una de las mayores preocupaciones de los bancos mexicanos en estos momentos tiene que ver con el lavado de dinero. Se entiende. Apenas el 25 de junio de 2025 la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió un comunicado en el que señaló a tres instituciones financieras mexicanas, CI Banco, Intercam y Vector, "como fuentes de preocupación principal en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides".

Este simple comunicado se convirtió en una sentencia de muerte para las tres. Sin embargo, el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, declaró el 10 de septiembre en la mañanera: "No hay pruebas fehacientes".

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), es cierto, les cobró multas por 185 millones de pesos en conjunto a las tres, pero por omisiones de control y no porque se les hubieren encontrado operaciones relacionadas con el narco. Hasta el momento ni las autoridades estadounidenses ni las mexicanas han promovido acusaciones penales contra nadie, pero para el caso da igual. El gobierno mexicano tuvo que intervenir, y lo hizo con rapidez y eficiencia, pero las tres ya han desaparecido.

Los banqueros y financieros mexicanos están redoblando ahora esfuerzos para evitar transacciones ilegales. Jorge Arce, director general de HSBC en México y Latinoamérica, me dijo ayer en radio: "Nos la tomamos muy en serio. Yo vengo de una institución en la que es una religión ese tipo de protección... Estamos definiendo qué tipos de controles tenemos que tener, en adición a lo que regulatoriamente tenemos que asumir... El banco invirtió en inteligencia artificial para monitorear transacciones... Aquí solo los paranoicos van a sobrevivir". Eduardo Osuna de BBVA le dijo a Reforma que las acciones contra CI Banco e Intercam fueron "una preocupación para todo el sistema... Y fue una alerta. Tenemos que estar conscientes que tenemos que seguir trabajando fuertemente en prevención de lavado de dinero".

Las medidas de precaución han generado problemas a muchos usuarios de la banca. La apertura de cuentas se ha vuelto cada vez más complicada. Si bien las medidas de precaución son producto de presiones de Estados Unidos, es más complicado abrir una cuenta en México que en la Unión Americana.

Una de las acciones que se han tomado en nuestro país para evitar que estas dificultades afecten a las personas de escasos recursos, ya que de por sí México tiene un muy bajo nivel de bancarización, es ofrecer lo que se llaman cuentas N2. Estas tienen un límite de depósitos mensuales de hasta tres mil UDIs, poco más de 26 mil pesos, y para su apertura solo se requiere identificación y comprobante de domicilio.

Me parece positivo que la banca mexicana esté fortaleciendo sus medidas para evitar operaciones de lavado de dinero, pero considero incorrecto que las autoridades estadounidenses hayan impulsado acciones que destruyeron en unas horas a tres instituciones financieras mexicanas sin que realmente hubiera pruebas de que hubiesen realizado operaciones vinculadas al narcotráfico. Hasta la fecha, en efecto, no hemos sabido de ninguna operación ilícita de CI Banco, Intercam o Vector. Quizá sus directivos fueron omisos en aplicar algunas medidas de precaución, como ha señalado la CNBV, pero es un pésimo mensaje que el gobierno estadounidense pueda condenar a muerte a cualquier firma mexicana por simples sospechas y sin necesidad de presentar pruebas. Este es un poder de destrucción inaudito. Solo con pruebas fehacientes deberían ventilarse acusaciones de este tipo.

· PARA MORENA

Sigue diciendo la presidenta Sheinbaum que la razón de la reforma electoral, ahora en su plan B, es ahorrar dinero. Pero las medidas concretas que está impulsando, como empatar la "revocación" o ratificación de mandato con las elecciones intermedias, confirman que el propósito fundamental es fortalecer a Morena.

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El regreso de la DEA: entre el pragmatismo y el riesgo

"Cuidado con la DEA", advierte hoy Carlos A. Pérez Ricart en su colaboración de Reforma, y no puedo sino coincidir con su lectura sobre una institución que, históricamente, ha jugado con cartas propias en nuestro territorio. Carlos desmenuza el reciente acercamiento —tanto diplomático como operativo— entre el Gobierno de México y la agencia estadounidense, interpretándolo como un giro pragmático tras años de tensiones y desconfianza soberanista.

En el centro de la escena aparece Omar García Harfuch, quien por instrucción de la presidenta Sheinbaum, viajó a Washington para entrevistarse con el titular de la DEA, Terrance Christopher "Terry" Cole. Se tomaron la foto, sí, pero mientras Omar habla de fortalecer la cooperación en temas como el tráfico de armas y la reducción de la violencia, y "Terry" Cole emite mensajes sobre "comunidades más seguras", el fondo de la relación sugiere matices mucho más complejos.

Para Pérez Ricart, esta reactivación busca superar el aislamiento del sexenio anterior, impulsada por la presión de Washington y nuestra propia necesidad de inteligencia criminal. Sin embargo, hay que decirlo: el Ejército Mexicano mantiene la relación con las demás agencias de mayor peso, especialmente aquellas en el entorno del Comando Norte, lo cual equilibra —o complica— el tablero institucional.

Pérez Ricart lanza una advertencia necesaria: los éxitos de la DEA —basados casi siempre en la espectacularidad de las detenciones— rara vez se traducen en una paz duradera. Es la eterna asimetría estructural: Estados Unidos define las prioridades y México administra los márgenes. El autor cita, con justa razón, el caso del General Salvador Cienfuegos como un punto de quiebre en esta historia de claroscuros.

A pesar de la utilidad técnica que pueda ofrecer esta alianza, el autor —quien ha estudiado la institución por años— enfatiza los riesgos de una apertura acrítica hacia una burocracia que opera con agendas paralelas. Su lógica suele prolongar los conflictos en lugar de estabilizarlos, dejando a los funcionarios mexicanos en una posición de vulnerabilidad política. La historia nos ha enseñado que el aislamiento no fue la ruta, pero la cercanía excesiva suele ser costosa para las carreras políticas y para nuestra soberanía operativa.

Por su parte, Raymundo Riva Palacio, en su columna Estrictamente Personal, aporta un dato inquietante: Terry Cole habría confeccionado una lista de 30 políticos de Morena presuntamente vinculados al crimen, como una suerte de "cobro" de Washington por lo sucedido con el General Cienfuegos.

Aquí me resulta difícil digerir la afirmación de Raymundo, a quien aprecio por sus análisis, pero considero que esta vez se equivoca —a menos que tenga fuentes de acero— al decir que el caso Cienfuegos "sigue vivo en Washington". Seguí de cerca ese proceso y tengo la convicción de que lo ocurrido fue una perversión procedimental de la DEA en tiempos electorales.

Hay que recordar los hechos: el 18 de noviembre de 2020, el alto militar en retiro regresó a México desde Nueva Jersey como un ciudadano libre, repatriado sin cargos tras el desistimiento del Departamento de Justicia. Semanas después, la FGR lo exoneró totalmente, como quedó asentado en el comunicado 013/21. Las investigaciones demostraron que el General nunca tuvo encuentros ni comunicación con la organización delictiva en cuestión, ni realizó actos para protegerlos. Para México, bajo el rigor de la ley y la soberanía jurídica, el caso no "sigue vivo"; está cerrado y sentenciado por la verdad de los hechos.

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Cuidado con la DEA/Carlos A. Pérez Ricart

REFORMA, 19 marzo 2026

He sido un crítico feroz de la DEA.

No por convicción ideológica ni por consigna, sino por evidencia acumulada. Durante años estudié su operación en México: hablé con sus agentes, revisé archivos y reconstruí casos. De ese trabajo surgió incluso un libro (Cien años de espías y drogas, 2022).

Un hallazgo recorre toda la investigación: los éxitos de la DEA rara vez se traducen en una reducción sostenida de la violencia en México. Sus métricas no son las nuestras. Sus resultados, tampoco.

Esa constatación no pertenece sólo al pasado. Es también un punto de partida para leer el presente. De ahí que convenga observar con cautela cualquier reconfiguración de la relación entre la agencia y el gobierno de México.

Ahí algo parece empezar a moverse.

El pasado fin de semana, Omar García Harfuch viajó a Washington, se reunió con el director de la DEA y se fotografió con él en un gesto que ambas partes hicieron público.

En una relación marcada en el pasado sexenio por la distancia -y por momentos por la desconfianza abierta-, la imagen dice más que un simple comunicado. Marca un giro. Sugiere el cierre de un periodo de fricción y la apertura de otro tipo de entendimiento.

Tras el quiebre que siguió al caso Cienfuegos y los diferendos que tensaron el final del sexenio obradorista -incluidas las filtraciones al New York Times meses antes de la elección de 2024-, la agencia vuelve a ocupar un lugar preponderante en la relación bilateral.

El movimiento es comprensible, quizás inevitable. México enfrenta presiones crecientes y requiere acceso a inteligencia. Estados Unidos, por su parte, ha colocado al narcotráfico en el centro de su agenda. En ese marco, la reactivación de los canales de cooperación aparece como decisión pragmática.

Resulta pertinente, sin embargo, una mirada más detenida y la advertencia de sus consecuencias.

La DEA no es un socio técnico y neutral. Es una burocracia con intereses propios. Sus oficinas operan con amplios márgenes de autonomía, responden a incentivos locales y, en ocasiones, persiguen agendas que divergen entre sí -y frente a otras prioridades del propio gobierno estadounidense.

Esa estructura tiene implicaciones. Lo que desde su sede central se presenta como estrategia rara vez lo es en sentido estricto. Más bien, son intervenciones parciales: investigaciones paralelas, informantes cruzados, prioridades cambiantes. No hay una visión de conjunto, sino una acumulación de operaciones en medio del caos.

Esa lógica desordena. Mantiene en marcha una guerra que no busca terminar, sino prolongarse bajo la forma de intervención permanente. La DEA no está diseñada para cerrar ciclos, sino para prolongarlos. Sus éxitos se miden en detenciones, decomisos, casos abiertos; no en la estabilización de los territorios donde interviene.

En ese sentido, la DEA encarna una de las expresiones más crudas -y menos articuladas- de la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina.

La historia deja poco margen para la duda. La cercanía con la agencia rara vez es políticamente inocua. Acercarse demasiado al sol tiene sus riesgos. Ahí es donde García Harfuch debe extremar cautelas.

Su perfil -policía de carrera con aspiraciones políticas- explica la apuesta por reactivar la cooperación. Pero también exige prudencia. No debe olvidar que la relación no ocurre entre iguales. Nunca ocurre entre iguales: Estados Unidos define prioridades; México administra márgenes.

Durante años, el debate en México ha oscilado entre dos extremos: la apertura acrítica (2006-2012) y el repliegue soberanista (2018-2024). Ninguno resolvió el problema. El primero ignoró los efectos de la intervención externa. El segundo subestimó la naturaleza global del fenómeno criminal.

La foto en Washington sugiere un nuevo comienzo; falta ver bajo qué términos. Todo depende de sus condiciones: qué se comparte, qué se permite y bajo qué controles opera.

Hay, sin embargo, algo que no conviene perder de vista: para quien aspira a reducir los homicidios -y a sostener su ascendente carrera- la cercanía con la DEA rara vez paga.

La historia -y su panteón político- está llena de policías que apostaron por esa proximidad y terminaron atrapados en sus costos.

@perezricart