De acuerdo con la información publicada por la reportera Liliana Estevez en Milenio, a 12 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la FGR confirma que el caso sigue sin registrar una sola sentencia condenatoria firme. El balance oficial destaca por la liberación de múltiples implicados y el giro hacia nuevas acusaciones por encubrimiento de alto nivel.
Cifras del proceso judicial (al corte de agosto 2026):
Resoluciones: 3 sentencias absolutorias y 41 personas liberadas por falta de elementos para ser procesadas.
Estado de los implicados: 94 personas sujetas a proceso, 67 investigadas y 38 imputadas.
Órdenes de aprehensión: De 271 solicitadas, 173 han sido ejecutadas, 19 siguen pendientes y 21 fueron canceladas o revocadas.
El giro en la investigación:
El reportaje detalla que la fiscal Ernestina Godoy abrió una nueva línea de investigación enfocada en la destrucción deliberada de evidencia. Se trata de las grabaciones de las cámaras 12 y 15 del Palacio de Justicia de Iguala, que habrían captado a policías interceptando el autobús Estrella de Oro 1531.
Aunque la versión inicial justificó la pérdida de los videos por "fallas técnicas", dictámenes forenses y testimonios de testigos protegidos confirmaron que el material sí existió y fue extraído en octubre de 2014.
Con base en estos testimonios, detalla la nota, la FGR obtuvo una orden de aprehensión contra el exgobernador Ángel Aguirre Rivero, acusado de desaparición forzada y delitos contra la administración de justicia por presuntamente ordenar la sustracción y destrucción de estas grabaciones.
Finalmente, el texto adelanta que, antes de que se cumpla el duodécimo aniversario este 26 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum presentará un informe ampliado detallando estos recientes hallazgos, las pruebas que los sustentan y el estado de las líneas de investigación vigentes.
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Liliana Estevez, reportera/ Milenio…, 24 de septiembre
Pesquisas de Ayotzinapa suman 12 años sin sentencias por desaparición de los 43 estudiantes en Iguala
A 12 años de las investigaciones que inició la entonces Procuraduría General de la República (PGR) por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la Fiscalía General de la República (FGR) reporta que el caso no registra sentencias condenatorias firmes.
La institución informó, en cambio, de tres sentencias absolutorias y de 41 personas que obtuvieron su libertad durante los procesos penales relacionados con los hechos ocurridos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Los datos fueron proporcionados por ese organismo en respuesta a una solicitud de transparencia fechada en agosto de 2026, previo al duodécimo aniversario de la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”.
La Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), de la FGR, informó que mantenía una carpeta de investigación en trámite y seis expedientes consignados.
Además, reportó 67 personas investigadas, 38 imputadas y 94 sujetas a proceso.
En materia de órdenes de aprehensión, la Fiscalía indicó que habían sido solicitadas 271 desde el inicio de las investigaciones.
De ellas, 213 fueron concedidas por autoridades judiciales y 173 habían sido ejecutadas. Otras 19 permanecían pendientes de cumplimiento, mientras que 21 fueron canceladas, revocadas o dejadas sin efecto.
La FGR informó que 41 personas obtuvieron su libertad durante los procedimientos, debido a la falta de elementos para ser procesadas; en tanto que se extinguió la acción penal en contra de una, a causa de su fallecimiento.
En cuanto al número de dictámenes periciales y diligencias ministeriales, la institución de procuración de justicia reveló que no se cuenta con dichos desgloses.
La totalidad de la investigación está dentro de la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015. En tanto que en el proceso intervinieron el GIEI, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAJ).
En cada caso presentaron informes, fichas de búsqueda, bitácoras, reportes y análisis telefónicos, entre otros documentos.
Por su parte, la entonces Procuraduría General de la República presentó el informe Estado que guarda la investigación de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.
"Derivado de lo anterior, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, realizó la presentación de los siguientes informes del ‘Caso Ayotzinapa’: ‘Informe Ayotzinapa III’, ‘Resumen’, ‘Mandato medida cautelar MC/409/14 CIDH’; ‘Ayotzinapa IV’, ‘Situación actual del caso a los 8 años de los hechos’; ‘Informe GIEI V’, ‘Una visión global sobre los hechos, las responsabilidades y la situación del Caso Ayotzinapa, a ocho años y medio del caso’ e ‘Informe Ayotzinapa VI’ Hallazgos, avances, obstáculos y pendientes’", añade el documento.
Los videos que reabrieron una investigación
Las cámaras de seguridad 12 y 15 instaladas en el exterior del Palacio de Justicia de Guerrero, en Iguala, se convirtieron recientemente en un nuevo frente de la investigación para la actual FGR.
El 6 de agosto, la fiscal Ernestina Godoy adelantó en un mensaje que, como parte de un nuevo modelo de investigación emprendido por la institución a su cargo, realizaron un reanálisis exhaustivo y detallado respecto al actuar de exfuncionarios involucrados que derivó en la apertura de líneas de investigación.
Entre estas, la posible destrucción de videos de evidencia de las cámaras 12 y 15 de seguridad instaladas al exterior del Palacio de Justicia de Guerrero, en Iguala, y que darían información para conocer el paradero de los estudiantes que iban a bordo del autobús Estrella de Oro número 1531.
Las cámaras habrían capturado el momento en que la unidad fue detenida por policías municipales y estatales.
De acuerdo con la Fiscalía, coincidente con el Informe Ayotzinapa III elaborado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de 2022, pese a que las versiones oficiales indicaron la inexistencia del material derivado de presuntas fallas técnicas en su sistema, indagatorias posteriores acreditaron la falsedad de esa versión.
"Hay que tener en cuenta que en el Palacio de Justicia existían cámaras que registraron lo sucedido. Dichas grabaciones se señaló que se habían borrado y transferido a dispositivos que se habrían deteriorado. Sin embargo, el dictamen de informática forense (...) señaló que el 6 de octubre hubo cuatro conexiones vía red para realizar copias de video de las cámaras 12 y 15 (...), de ellas ninguna se recuperó para la investigación porque fueron negadas", señala el Informe.
Según la FGR, una persona colaboradora declaró en enero que los videos sí existían e identificó a quien presuntamente los sustrajo para entregarlos al entonces gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, además de referir que fue amenazada para guardar silencio.
En mayo, agregó la Fiscalía, un segundo testigo protegido reforzó esa versión y señaló al mismo funcionario como la persona que habría ordenado, durante una reunión con servidores públicos de alto nivel de su administración, desaparecer evidencia relacionada con los hechos ocurridos en las inmediaciones del Palacio de Justicia.
Con esos elementos, la FGR obtuvo una orden de aprehensión contra el exgobernador, a quien imputó los delitos de desaparición forzada de personas y contra la administración de justicia.
La Fiscalía sostiene que el ocultamiento de las grabaciones no habría sido una falla técnica ni un hecho aislado, sino una acción deliberada para impedir que esa evidencia llegara a la investigación.
La acusación forma parte de una investigación penal en curso y será en tribunales donde se determinen las responsabilidades.
La ampliación de resultados podría formar parte del informe sobre las nuevas investigaciones del caso que la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó en su conferencia del lunes 21 de septiembre, el cual será presentado antes del 12.º aniversario del día 26.
Refirió que la Fiscalía Especializada expondrá las líneas de investigación que mantiene abiertas, así como datos sobre las personas detenidas, las pruebas que sustentan las investigaciones y los avances hasta ahora obtenidos.
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