Las columnas políticas hoy, domingo 6 de septiembre de 2016

Ocurrió ayer  en Colima…

Lo que vimos en Colima durante el segundo informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum es el retrato perfecto de una contradicción muy nuestra: lo que pasa cuando la liturgia del mitin oficial choca de bruces con la rabia legítima del territorio.

Sobre el pasto sintético de aquella unidad deportiva se montó la escenografía clásica del poder. Por un lado, la estructura corporativa de siempre: sindicalistas del SNTE, de la CROC, operadores locales como la aspirante a la gubernatura Rosa María Bayardo, y beneficiarios de programas sociales listos para aplaudir.

Pero del otro lado de las vallas había unas 300 personas —pescadores, salineros y ambientalistas del movimiento Salvemos Cuyutlán— que no venían a aplaudir, sino a gritar una verdad incómoda: que la ampliación del Puerto de Manzanillo amenaza con destruir el equilibrio ecológico de su laguna y echar abajo sus fuentes de trabajo.

Y aquí es donde el evento se empieza a desbarrancar. En lugar de abrir un canal de diálogo o al menos recibir con altura de miras a los inconformes, la respuesta desde el templete fue un ejercicio de asfixia democrática.

Al verse interrumpida por los reclamos y por un megáfono que no soltaba el dedo del renglón, la mandataria detuvo su discurso y condujo una secuencia inédita para someter el silencio de los manifestantes a votación:

Primer llamado: Pidió a los asistentes que bajaran las lonas y se dirigió directamente a los manifestantes para proponerles atenderlos al final de la asamblea, bajo el argumento de que "la democracia es lo que opine la mayoría". Puso a votación el derecho de los inconformes a seguir gritando con la pregunta: "¿Quién opina que sigan gritando mientras está el evento?

Levanten la mano quién opina que… 'No', bueno"., dijo...

Inmediatamente después, planteó la opción contraria para exigir orden: "Bueno, ahora vamos a poner a votación: ¿Quién opina que respeten el evento y al final los recibo, los escucho?", obteniendo el respaldo de sus simpatizantes con un "¡Yo!". Se comprometió diciendo: "Entonces, ya a los que gritan en este momento, los atiendo al final de la asamblea. Y si siguen gritando, pues ya sabemos que son unos irrespetuosos. ¿Cierto?", a lo que los asistentes respondieron con un "¡Sí!".

Tras recibir el apoyo de la multitud, declaró ganadora a la opción de la mayoría y descalificó a los inconformes señalando: "Bueno, mayoría. Ya si no respetan a la mayoría, pues es que son unos irrespetuosos, ¿verdad?". Ante la persistencia de los gritos y consignas con megáfono, la mandataria volvió a intervenir durante el evento para reiterar la exigencia basada en el resultado de su consulta: "Oigan, ya votamos, ya es la mayoría, ¿verdad? Por respeto, que guardan silencio".

Pero ganar una votación a favor del silencio entre quienes ya fueron acarreados para aplaudir no es democracia; es un avasallamiento, con todo respeto.

Cuando ese mecanismo no funcionó y los gritos siguieron creciendo, se recurrió al comodín favorito del régimen: el diagnóstico político facilón. La presidenta optó por minimizar la protesta tachando a los manifestantes de "infiltrados" del PRIAN, bajo el argumento peregrino de que, si su demanda fuera legítima, se habrían esperado sumisos al final del evento.

En medio de ese forcejeo, la tarde se puso todavía más tensa con jaloneos por equipos de perifoneo y el desvanecimiento de una menor de edad ante la saturación de la carpa.

Mientras tanto, el discurso volaba lejos de Colima. Se habló de prohibir la doble nacionalidad a futuros candidatos y se hizo un repaso histórico por el fantasma del neoliberalismo: de la Madrid, Salinas, el Fobaproa y la reciente foto de Vicente Fox con Alito Moreno.

Usar los agravios del pasado para invalidar los reclamos del presente es una salida discursiva muy cómoda, pero que no le quita la sed a los pescadores ni salva a la presa Cuyutlán.

La postal de cierre lo dice todo. La asamblea terminó con el coro unánime del "¡No estás sola!", mientras la presidenta se retiraba flanqueada por la gobernadora Indira Vizcaíno y su equipo de seguridad.

¿Y los inconformes?

Bien gracias. La promesa de atenderlos se diluyó y terminaron entregando sus papeles a través de un subordinado, atrapados al otro lado de las vallas.

Al final, quedó la sensación de que, en la plaza pública, el aplauso comprado sigue pesando mucho más que la voz real de la gente Yani Valencia no es infiltrada ni prianista, es una activista colimense que en uso de sus derechos protestó frente a la C. Presidenta de la República…, y fue nota….El quid es que fue tratada con violencia…¿Quién fue el agresor?..

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Las columnas políticas hoy, domingo 6 de septiembre de 2016

Templo Mayor/ REFORMA

UNA BUENA: las autoridades federales acumularon esta semana una racha de golpes al contrabando de cigarrillos provenientes de Asia, principalmente de Singapur.

UNA MALA: aun con los decomisos recientes de millones de piezas en el AICM y en la aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán, los comerciantes minoristas advierten que uno de cada cuatro cigarrillos que se venden en el país son de contrabando.

UNA PEOR: además de las consecuencias económicas, los productos de tabaco que entran de manera ilegal se distribuyen en el comercio informal, en donde no hay control para evitar su venta a menores de edad, y eso se convierte en un serio problema de salud pública.

A VER, A VER. ¿Cómo está eso de que se tolera con amabilidad a los morenistas cuando insultan e interrumpen a gobernadores opositores en eventos de la Presidenta, pero se regaña y descalifica a quienes discrepan de los mandatarios guindas?

PORQUE las protestas en el evento de Claudia Sheinbaum ayer en Colima, donde activistas ambientales reclamaron por el plan para ampliar el Puerto de Manzanillo y una mujer con megáfono lanzó acusaciones de narcotráfico contra Morena, resultó en un arrebato de la Presidenta que no se había visto antes.

LA MANDATARIA reviró desde el estrado, los tachó de irrespetuosos y les dijo que seguro eran prianistas, lo que prendió el ánimo de los simpatizantes de la 4T. De inmediato la porra guinda se puso a lanzar vivas y a aplaudir para acallar a los manifestantes, e incluso hubo quienes los querían sacar a la fuerza. Y aunque la sangre no llegó al río, sí hubo tensión ante la posibilidad de un enfrentamiento.

LA GIRA de la Presidenta por las 32 entidades del país para difundir su Segundo Informe apenas comienza y ocurre en un clima muuuy politizado.

QUEDA claro que el adelantamiento de los tiempos rumbo a las elecciones de 2027 puede provocar situaciones similares sobre todo en los estados que, como Colima, renovarán gubernatura. Ojalá prevalezca la prudencia de todas las partes involucradas, empezando por la Presidenta.

RESULTÓ significativo que el arranque de Morena en la CDMX con miras al 2027 fuera en Tlatelolco, ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc, en donde gobierna la opositora Alessandra Rojo de la Vega.

Y MÁS AÚN que una de las oradoras principales fuera la alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez, figura muy cercana a la diputada federal Dolores Padierna y a René Bejarano, quienes hicieron de la Cuauhtémoc su feudo hace algunos años.

¿SERÁ que el bejaranismo quiere adelantarse a otros grupos morenistas, como el de Ricardo Monreal, en la lucha por recuperar la alcaldía considerada como la "joya de la corona"? Es pregunta desde el centro.

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Jonathan Meléndez: Los límites de contar la tragedia/Leslie Idalia Jiménez Urzua

 EL UNIVERSAL, | 06-09-26 

Hay algo profundamente roto en la manera en que contamos la violencia en México.

Esta semana, un multihomicidio conmocionó al país, el músico Jonathan Meléndez, su esposa embarazada Ana Paula Barragán, su hija Sofía de tres años, su perrito y Aleida Romero trabajadora del hogar, fueron asesinados en circunstancias que todavía son materia de investigación. Un niño de seis años sobrevivió a la masacre.

El hecho es, por sí mismo, devastador, pero mientras las autoridades investigan qué ocurrió, una parte del periodismo decidió hacer otra cosa: convertir la tragedia en espectáculo y no es la primera vez. Probablemente tampoco será la última.

En México existe una larga y lamentable tradición de carroña periodística alrededor de la violencia. Basta que un asesinato se vuelva viral para que comiencen a circular fotografías del lugar de los hechos, imágenes de los cuerpos, registros periciales, información de las carpetas de investigación y detalles que, en principio, no tendrían por qué encontrarse en manos de cualquiera.

Y entonces aparece la pregunta incómoda: ¿quién está filtrando toda esa información?, porque esas fotografías no aparecen mágicamente en redes sociales. Alguien las toma, las resguarda, tiene acceso a ellas y ese alguien decide venderlas.

Una persona puede ser asesinada violentamente y, después de su muerte, perder incluso el control sobre la última imagen que existirá de su cuerpo. Cuando ocurre una muerte violenta, el cuerpo de la víctima se convierte en evidencia. Se fotografía, se documenta, se examina y, eventualmente, se practica una necropsia. Todo ello forma parte de una investigación criminal y responde a una finalidad legítima: esclarecer los hechos y procurar justicia.

Pero una cosa es que una fotografía exista porque una investigación penal la necesita y otra, completamente distinta, es que termine circulando en medios y redes sociales para alimentar el morbo. La víctima ya no puede decidir.

No puede decir que no quiere que su cuerpo sea fotografiado. No puede impedir que una imagen de su último momento de vulnerabilidad sea reproducida. No puede reclamar cuando alguien coloca una marca de agua sobre su cadáver, como si aquella imagen fuera una propiedad intelectual más y tampoco puede defenderse cuando alguien convierte esa imagen en contenido.

El artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece el carácter reservado de los registros de investigación, salvo las excepciones previstas por la propia legislación. Las fotografías y demás registros que forman parte de una carpeta de investigación no son material de libre acceso para quien tenga curiosidad, contactos o una fuente dentro de una institución.

Después del feminicidio de Ingrid Escamilla, México discutió precisamente esto. La indignación provocada por la filtración y difusión de fotografías de su cuerpo llevó a reformas conocidas coloquialmente como “Ley Ingrid”, con las que se buscó sancionar la difusión indebida de imágenes e información relacionada con víctimas.

El problema es que una ley no sirve de mucho si quienes tienen la obligación de hacerla cumplir convierten su acceso privilegiado a la información en una mercancía. La impunidad no solamente se expresa cuando un asesinato queda sin esclarecer, también se advierte cuando quienes tienen acceso a una investigación pueden violentar nuevamente a una víctima sin consecuencias.

Y aquí hay otro elemento que hemos decidido olvidar: En este caso hay un niño de seis años que sobrevivió, que crecerá, tendrá que vivir con el trauma de haber perdido a su familia en circunstancias violentas. Tendrá que reconstruir su vida después de una experiencia que ningún niño debería atravesar. Y, además, tendrá que crecer en un país que ya convirtió la tragedia de su familia en contenido.

Las víctimas no siempre tienen voz en las historias que contamos sobre ellas. Mucho menos cuando están muertas. Y las niñas, niños y adolescentes que sobreviven a un hecho violento tampoco deberían convertirse en personajes de una crónica construida alrededor de su trauma.

Existe una diferencia enorme entre explicar un hecho de interés público y apropiarse del dolor ajeno. Informar es decir qué ocurrió, qué se sabe, qué no se sabe, qué están investigando las autoridades y cuáles son las responsabilidades que podrían derivarse de los hechos.

Exhibir es mostrar aquello que puede generar más clics. Informar busca que la sociedad comprenda. El morbo busca que la sociedad mire.

Mi hermano fue asesinado y con el paso del tiempo he perdido algunos recuerdos de él. Ya no recuerdo con claridad su voz. Hay momentos de su rostro que mi memoria ha ido borrando y hay cosas de nuestra convivencia que hoy apenas puedo reconstruir. Pero hay una imagen que permanece intacta, la de haberlo visto muerto en la portada de un periódico.

Quizá para quien tomó esa fotografía fue una imagen más. Para quien la publicó, probablemente fue una nota más. Para quien compró el periódico, quizá fue una noticia que leyó durante unos minutos, pero para mi familia fue otra cosa, era mi hermano y esa diferencia es precisamente la que muchas veces parece perderse cuando hablamos de nota roja.

Por eso me parece profundamente equivocado llamar “condescendencia” al reclamo de las víctimas y sus familias por un tratamiento digno. No estamos pidiendo que se oculte la violencia ni estamos pidiendo que se trate a las personas como si fueran incapaces de comprender lo ocurrido, lo que estamos pidiendo es algo más básico: respeto.

Que una víctima no tenga que morir dos veces: primero a manos de quien la asesinó y después a manos de quienes convierten su cadáver en contenido.

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Cumplir con la extradición/Enrique Krauze 

REFORMA, 06 septiembre 2026

Hay muchas razones para poner cara a las arbitrariedades del gobierno de Trump, pero el diferendo actual en torno a la extradición de los políticos ligados al crimen organizado no es una de esas razones. No es Estados Unidos quien está amenazando (por ahora, afortunadamente) la soberanía de México. Es nuestro gobierno quien (ahora mismo, desgraciadamente) supedita la soberanía nacional de México a la soberanía personal de esos delincuentes.

La delicadísima situación por la que atraviesa la relación entre los dos países me ha llevado a recordar un antecedente que viene al caso. Hace exactamente un siglo, en el verano de 1926, el gobierno de Estados Unidos -con la soberbia imperial que siempre le ha sido característica- amenazó a México con una nueva acción militar, una más, que recordaba las ominosas invasiones e intervenciones de 1847, 1914 y 1916. Sus razones eran absurdas e injustificadas. Las compañías petroleras americanas, recelosas de la Constitución de 1917, sostenían que la legislación sobre nuestros recursos naturales -en específico, el artículo 27- atentaba contra sus derechos adquiridos y por tanto no debía ser aplicada con retroactividad. A partir de ahí los petroleros pagaron y propagaron la versión de que México iba por el camino de convertirse en una nueva Unión Soviética. El presidente Coolidge les prestaba atención. En los periódicos de la furibunda cadena Hearst se hablaba abiertamente de castigar al "Soviet Mexico". La guerra estuvo a punto de estallar.

El presidente Calles reaccionó con firmeza, prudencia y responsabilidad. Una astuta operación de inteligencia (planeada por el secretario del Trabajo y líder obrero Luis N. Morones) sacó a la luz documentos que probaban los planes intervencionistas que fraguaba el gobierno a espaldas del Congreso. Manuel C. Téllez, nuestro embajador, prodigó esfuerzos para desmontar la bomba diplomática. Al mismo tiempo, varios sensatos representantes en Washington (como Fiorello H. La Guardia) así como influyentes periodistas e intelectuales americanos (Walter Lippmann, Carleton Beals) persuadieron a Coolidge de que el nacionalismo mexicano era legítimo y no tenía que ver con el comunismo. Y un nuevo embajador, Dwight Morrow, llegó a México en 1927 con la consigna de limar las asperezas y reconstruir sobre nuevas bases la relación entre los vecinos. La guerra no estalló y los efectos de la paz entre ambos países fueron duraderos, tanto así que la relación resistió la nacionalización del petróleo llevada a cabo finalmente por el presidente Cárdenas en 1938.

Ahora la situación es completamente distinta. El reclamo proviene del Departamento de Justicia que exige el cumplimiento de un Tratado de Extradición firmado por ambas naciones y vigente. Su demanda se origina en el daño en vidas humanas que el crimen organizado y sus cómplices políticos han provocado en su territorio. En este caso específico, quien atenta contra el derecho no es el gobierno americano sino el mexicano.

Ante la exigencia de cumplir una obligación jurídica internacional (cuyo rango es idéntico al de la Constitución) la presidenta Sheinbaum ha reaccionado de una manera desconcertante. Por un lado, su gobierno ha dejado de repartir abrazos a los criminales. Por otro, cobija a los políticos aliados a los criminales insistiendo, demagógicamente, en que "no hay pruebas". Si esos políticos son inocentes, ¿no sería mejor que lo probaran en los tribunales? En lugar de dar inicio al proceso legal previsto en el tratado, ha elegido la confrontación con nuestro principal socio comercial, con quien nos une un vínculo económico y social que compromete la vida diaria de millones de familias.

Los mexicanos que viven en nuestro país y los que viven en Estados Unidos necesitan un gobierno que los defienda. Pero la actitud defensiva no debe nublar el cuadro más amplio. ¡Cuántos países vecinos quisieran tener la relación de intercambio humano y comercial que tenemos con Estados Unidos! Los números no mienten, aunque la ideología, la ceguera o la mala fe los distorsione. Por eso importa fortalecer los vínculos constructivos con el vecino. Y por eso cumplir -aunque ya sea extemporáneamente- con el Tratado de Extradición es nada menos que un imperativo histórico.

Si la presidenta no actúa en ese sentido, pasará a la historia por haber provocado una crisis diplomática de consecuencias aterradoras. Si cumple, tendrá la autoridad política y moral que se requiere para enfrentar las veleidades de Trump.

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